México

La evolución reciente muestra una expansión simultánea de energías limpias y tecnologías fósiles, lo que limita mejoras en renovabilidad y refleja una transición sin cambio estructural, consistente con el marco de política vigente (DOF, 2025).

Por su parte, la expansión de la capacidad renovable ocurre bajo un esquema de planeación estatal que prioriza confiabilidad y seguridad energética. En particular, instrumentos como el PLADESE (DOF, 2025) establecen una trayectoria de incorporación progresiva de energías limpias, en la que aproximadamente el 70% de la nueva capacidad corresponde a estas tecnologías, pero bajo un esquema de crecimiento planificado y no acelerado. El crecimiento anual cercano al 4% refleja una expansión sostenida pero controlada, insuficiente para cerrar la brecha frente al benchmark y consistente con un modelo de transición gradual.

• Comportamiento tendencial. México presenta una expansión renovable cercana al 18% entre 2020 y 2024, acompañada por un crecimiento fósil superior al 25%. Como resultado, el índice de renovabilidad se mantiene prácticamente estable (32%–34%), evidenciando una limitada transformación estructural de la matriz eléctrica.
• Comportamiento interanual. La capacidad renovable crece de forma irregular, mientras la capacidad fósil mantiene una expansión más sostenida.Esto se traduce en una reducción del índice de renovabilidad a 31% en el último año, reflejando una pérdida de participación relativa de las renovables y limitando avances consistentes en la descarbonización del sistema eléctrico. 
• Comparación benchmark. México mantiene una brecha persistente en capacidad renovable que no se reduce en el tiempo, pese a registrar tasas de crecimiento similares (~4% anual). La diferencia incluso se amplía ligeramente hacia 2024, lo que evidencia ausencia de convergencia. Este patrón indica que la trayectoria actual es insuficiente para alcanzar niveles más ambiciosos de transición energética, siendo consistente con un modelo de expansión gradual, pero limitado en términos de alineación con metas de mediano plazo. 

El sistema eléctrico mexicano presenta una expansión sostenida con incorporación gradual de energías limpias, sin transformación estructural.La capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aumentó de 78,447 MW en 2019 a 90,543 MW en 2024, equivalente a una tasa promedio anual cercana al 2.9% (DOF, 2025). En este mismo periodo, la capacidad de energías limpias creció de 26,900 MW a 33,441 MW, elevando su participación de 34.3% a 36.9%, en línea con lo reportado en el Balance Nacional de Energía (SENER, 2025a).

El crecimiento dentro del bloque limpio ha sido impulsado principalmente por energías renovables variables. De acuerdo con información del PLADESE (DOF, 2025), la energía solar fotovoltaica más que duplicó su capacidad, pasando de 3,646 MW a 7,961 MW, mientras que la eólica creció de 6,050 MW a 7,512 MW, concentrando conjuntamente cerca del 79% del incremento de las tecnologías limpias. Por su parte, las tecnologías limpias firmes como la hidroeléctrica (12.6 GW) y la nuclear (1.6 GW) se han mantenido prácticamente constantes, limitando su contribución a la transformación estructural del sistema. La capacidad fósil también se expandió, particularmente mediante el ciclo combinado, que pasó de 30,402 MW a 35,669 MW, consolidando el papel del gas natural como soporte del sistema eléctrico (SENER, 2025; DOF, 2025). Este patrón evidencia una dinámica de adición sin sustitución,

Esta información sugiere que México avanza bajo un esquema de transición gradual, en el que la expansión de energías renovables coexiste con una base térmica dominante, lo que condiciona la velocidad de descarbonización y la alineación con metas climáticas de mediano plazo.

El indicador refleja un desempeño limitado, con ausencia de mejora reciente y avances tendenciales insuficientes para consolidar una trayectoria sostenida.

• Comportamiento tendencial: La intensidad energética muestra una leve mejora entre 2020 y 2023, seguida de un deterioro en 2024.. En conjunto, la trayectoria sugiere una ausencia de mejora estructural sostenida, con avances temporales que no logran consolidarse en el tiempo. La mejora en eficiencia energética presenta un comportamiento volátil y no sostenido. Tras una caída en 2020 (-2.9%), se registran avances moderados entre 2021 y 2023 (1.4% anual), lo que sugiere mejoras graduales en el uso de energía. Sin embargo, en 2024 se observa un retroceso significativo (-5.9%), que revierte los avances previos. Esto evidencia una ausencia de consolidación, con alta sensibilidad a factores coyunturales (INEGI, 2023; SENER, 2025a; IEA, 2022).

La intensidad energética en México muestra una trayectoria inestable, sin mejoras sostenidas. Tras un incremento en 2020 (2,972.6 MJ/USD), se observa una reducción gradual hasta 2023 (2,847.0 MJ/USD), lo que sugiere avances moderados en eficiencia. Sin embargo, en 2024 se registra un deterioro significativo (3,014.5 MJ/USD), superando los niveles iniciales. Esta trayectoria responde principalmente a cambios en la composición sectorial de la economía, más que a mejoras tecnológicas estructurales. (INEGI, 2021; IEA, 2021;INEGI, 2023; SENER, 2025a; SENER, 2025a).

• Comportamiento interanual: A nivel interanual, la eficiencia energética es volátil. Tras mejoras entre 2021 y 2023, en 2024 se registra una caída de -5.9%, revirtiendo avances previos.
• Comparación benchmark: México se mantiene por debajo del benchmark de mejora del 4% anual, sin señales de convergencia. 

La eficiencia energética en México está estructuralmente condicionada por el sector transporte, que presenta los mayores niveles de intensidad y consumo energético.

El transporte concentra el mayor consumo energético y mantiene una alta intensidad, limitando mejoras agregadas.

De acuerdo con el BNE 2023 (SENER, 2025), El transporte concentra el mayor consumo energético y mantiene una alta intensidad, limitando mejoras agregadas.

El sector comercial y de servicios presenta baja intensidad y comportamiento estable, con mejoras relativas en eficiencia.3 (SENER, 2025), 

El sector público muestra avances operativos, aunque persiste dependencia de sistemas intensivos en energía.(Semarnat, 2025).

El sector agropecuario muestra mejoras marginales, pero mantiene alta dependencia de diésel, lo que limita su potencial de eficiencia. (SENER, 2025a).. Los retos incluyen la electrificación de maquinaria y sistemas de riego, eficiencia en bombeo y acceso a financiamiento (SEMARNAT, 2025).

El sector construcción presenta mejoras relativas, aunque con persistencia de combustibles fósiles. (SENER, 2025a). EEn este sentido, los retos se concentran en la implementación de estándares de eficiencia, electrificación de procesos y fortalecimiento de marcos regulatorios (SEMARNAT, 2025).

El sector residencial avanza en electrificación, con reducción parcial de biomasa, aunque persisten brechas en acceso a tecnologías eficientes. (SENER, 2025a).  En este contexto, se promueve la adopción de tecnologías más eficientes y la ventilación adecuada como parte del Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, implementado por la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el programa promueve la sustitución de fogones tradicionales por tecnologías de cocción más eficientes en zonas rurales. (SENER, 2025b). En conjunto, México presenta una eficiencia energética limitada, altamente dependiente de su estructura sectorial, lo que restringe mejoras sostenidas y la alineación con metas climáticas.

Los avances en la salida de fósiles son más visibles en el corto plazo que en el largo plazo, evidenciando una transición no estructural.

• Comportamiento tendencial: El consumo muestra avances sostenidos, mientras producción e importaciones evidencian ausencia de cambio estructural.La producción nacional cae de 8,767 en 2010 a 6,606 en 2023 (-24.6%), mientras las importaciones aumentan de 802 a 2,246(+180%), consolidando una mayor dependencia externa. Las exportaciones también disminuyeron (de 3,202 a 2,424), reduciendo su peso relativo en el balance energético. El consumo interno muestra una caída relevante en el largo plazo (de 5,504 a 4,461, -19%) Esta dinámica refleja una pérdida de autosuficiencia energética y mayor exposición a factores externos.

En términos de producción, se observa una caída estructural del petróleo (de 6,101 a 4,449 PJ, -27%), mientras que el gas natural presenta una reducción moderada y posterior recuperación. El carbón también disminuye de forma sostenida. El consumo de petróleo cae de 2,867 PJ en 2010 a 2,022 PJ en 2023 (-29%), mientras que el gas natural se mantiene elevado y relativamente estable (alrededor de 2,200–2,800 PJ), consolidándose como el principal energético. El carbón mineral muestra una tendencia decreciente de largo plazo, con alta volatilidad. Esta dinámica refleja una sustitución progresiva del petróleo por gas natural, lo que incrementa la dependencia externa en un contexto de declive productivo.

También es posible evidenciar un cambio estructural hacia un déficit creciente del comercio de energéticos fósiles en México. Mientras que en 2012 las exportaciones (50,878 MUSD) superaban ampliamente a las importaciones (34,200 MUSD), esta relación se invierte a partir de 2015, consolidando un patrón de dependencia externa.

Las exportaciones están dominadas por el petróleo, aunque muestran una tendencia decreciente de largo plazo (3,168 PJ en 2010 a 2,423 PJ en 2023), lo que refleja la caída en la producción. Las exportaciones de gas natural y carbón son marginales, sin relevancia en el balance. Por el lado de las importaciones, el gas natural es el principal energético importado, con un incremento sostenido de 579 PJ en 2010 a más de 2,100 PJ en 2023, lo que confirma una fuerte dependencia externa. El carbón mantiene niveles moderados, mientras que el petróleo prácticamente no se importa. Esto consolida un patrón de exportación de petróleo y dependencia de importaciones de gas natural.

• Comportamiento interanual: La dinámica interanual  destaca reducciones en exportaciones y consumo, mientras las importaciones mantienen avances limitados.Las importaciones aumentan de forma significativa hasta alcanzar un máximo en 2022 (74,114 MUSD ), más del doble que en 2012, mientras que las exportaciones muestran una tendencia general a la baja (33,194 MUSD en 2023). Aunque en 2023 se observa una reducción en importaciones, el déficit persiste.Esta dinámica responde a la caída de la producción de hidrocarburos y al aumento en la demanda de gas natural, reforzando la vulnerabilidad externa del sistema energético.

La evolución del consumo y la producción por energético en México refleja una sustitución progresiva del petróleo por gas natural. El Balance Nacional de Energía (BNE) 2024 documenta la reducción del consumo de petrolíferos y el crecimiento del gas natural, asociado a la expansión de centrales de ciclo combinado y a cambios en la estructura del consumo final (SENER, 2025a). El PLADESE 2025–2039 reconoce al gas natural como un energético de transición, para garantizar confiabilidad y respaldar la integración de energías renovables, lo que consolida su papel en la matriz eléctrica (DOF, 2025). Esta dinámica se da en un contexto de declive en la producción petrolera nacional, lo que incrementa la dependencia de importaciones, particularmente de gas natural.

Esta dinámica ha derivado en un déficit creciente en la balanza comercial energética, particularmente en términos de gas natural. El Balance Nacional de Energía documenta este proceso al mostrar el aumento de importaciones y la caída relativa de exportaciones, evidenciando una mayor dependencia externa del sistema energético mexicano (SENER, 2025a).

El anuncio en abril de 2026, (Gobierno de México, 2026) sobre la posible reactivación del fracking (fracturación hidráulica) en México responde a la necesidad de reducir la dependencia de importaciones de gas natural, en un contexto donde este energético se ha consolidado como eje del sistema eléctrico. Esta medida busca fortalecer la seguridad energética mediante el aprovechamiento de recursos no convencionales. No obstante, genera preocupaciones por sus impactos ambientales, especialmente en el uso intensivo de agua y riesgos de contaminación. El debate refleja la tensión entre autosuficiencia energética y sostenibilidad ambiental en la política energética nacional.

• Comportamiento tendencial: La tendencia de largo plazo es débil, con valores bajos en subsidios al consumo (0.070) y moderados en producción (0.142). Esto indica escaso avance estructural en la reducción de subsidios, lo que limita mejoras sostenidas. La Gráfica 8 muestra que la evolución de los subsidios energéticos como proporción del PIB refleja cambios en la carga fiscal asociada al sector energético. La carga fiscal de los subsidios al consumo aumenta de 0.28% del PIB en 2020 a 1.19% en 2022, para posteriormente reducirse a 0.48% en 2024, sugiriendo una alta sensibilidad a factores coyunturales, tales como,  la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, el tipo de cambio y decisiones fiscales de corto plazo orientadas a contener la inflación. Por su parte, la carga fiscal de los subsidios a la producción alcanza un máximo de 0.65% del PIB en 2022 y disminuye significativamente hasta ~0.20% en 2024, indicando una pérdida de peso relativo. Esta reducción se explica por la priorización de subsidios al consumo frente a la producción, mediante estímulos fiscales orientados a estabilizar precios al consumidor, así como por restricciones presupuestarias y la influencia de los precios internacionales del petróleo (OECD, 2025;SHCP, 2025;MF, s.f.;OECD, 2025; SHCP, 2025).

La desagregación por combustible indica que el petróleo concentra la mayor parte de la carga fiscal. En consumo, su participación aumenta de aproximadamente 50% en 2020 a más de 80% en 2022, y disminuye posteriormente a alrededor de 70% en 2024. En producción, también representa la mayor proporción, con valores superiores al 90% en 2022, seguidos de una reducción. La electricidad concentra entre 20% y 40% del consumo, mientras que el gas mantiene participaciones menores (generalmente <10%), y el carbón es marginal (<1%).Los subsidios al consumo energético responden principalmente a objetivos de política social y estabilización de precios. En combustibles, se implementan mediante estímulos fiscales al IEPS para mitigar la volatilidad internacional (IMF, s.f.). mientras que en electricidad se concentran en el sector doméstico y se financian con transferencias presupuestarias, especialmente en tarifas de bajo consumo y esquemas estacionales (SHCP, 2024). 

• Comportamiento interanual. La dinámica interanual muestra ajustes relevantes en el corto plazo, con valores similares para subsidios al consumo (0.679) y a la producción (0.687). Esto sugiere modificaciones recientes en los niveles de subsidio, posiblemente asociadas a variaciones en precios. Sin embargo, estos cambios no necesariamente implican una reducción sostenida, sino una respuesta coyuntural.

Este resultado refleja una transición limitada, donde predominan ajustes de corto plazo sobre reformas estructurales orientadas a esquemas focalizados, transparentes y alineados con señales de precio y objetivos de transición energética (OECD, 2025; IFM, s.f.). En México, el comportamiento de los subsidios energéticos está determinado principalmente por factores de corto plazo, con implicaciones relevantes para la sostenibilidad fiscal y la transición energética. Los subsidios al consumo, especialmente en combustibles fósiles, responden a la política de estabilización de precios implementada mediante estímulos al IEPS por la SHCP, lo que permite contener presiones inflacionarias ante la volatilidad de los precios internacionales y del tipo de cambio  (IMF, s.f.). Este enfoque prioriza la protección del consumidor en el corto plazo, pero introduce presión para una reforma estructural.

En paralelo, los subsidios a la producción han reducido su peso relativo, lo que podría interpretarse como un avance parcial. No obstante, estos apoyos persisten a través de mecanismos fiscales y operativos dentro de Petróleos Mexicanos, más que mediante subsidios explícitos (OECD, 2025). Las restricciones presupuestarias han reforzado esta tendencia, al priorizar el gasto social y los subsidios al consumo (SHCP, 2024).

Adicionalmente, los subsidios eléctricos, administrados por la CFE, presentan un carácter más estructural, al estar orientados a objetivos redistributivos y financiados mediante transferencias presupuestarias, particularmente en el sector doméstico (SHCP, 2024).

Esta tendencia sugiere una brecha entre estabilización y transición, mientras los subsidios cumplen una función social relevante, su diseño actual limita la generación de señales económicas consistentes con la descarbonización. Esto abre oportunidades para intervenciones orientadas a mejorar la focalización, fortalecer la transparencia fiscal y diseñar mecanismos de transición que permitan reducir subsidios de forma gradual sin comprometer objetivos sociales (IFM, s.f.; OECD, 2025).

Se espera que la tendencia mostrada se fortalezca con la implementación de los proyectos incluidos en la planeación sectorial a 2035, donde se prevén inversiones de gran escala lideradas por el sector público. En el ámbito eléctrico, el PLADESE contempla la incorporación de 29,074 MW hacia 2030, con inversiones superiores a USD 22 mil millones en generación, además de recursos adicionales en transmisión y distribución. Por su parte, PEMEX proyecta entre USD 9 y 11 mil  millones de inversión en refinación y entre USD 6 y 7 mil millones  en petroquímica, lo que evidencia una asignación significativa de recursos a hidrocarburos. 

El resultado agregado (33%) refleja una transición incipiente, donde las renovables avanzan en el largo plazo, pero los fósiles mantienen relevancia en el corto plazo.

• Comportamiento tendencial: La tendencia de largo plazo favorece claramente a las energías renovables (1.000), indicando una trayectoria sostenida de expansión. Por el contrario, los fósiles (0.011) muestran una ausencia de crecimiento estructural. La inversión energética en México muestra una alta volatilidad y ausencia de trayectoria sostenida, tanto en energías fósiles como renovables (véase la Gráfica 9). La inversión en renovables presenta una caída significativa entre 2019 y 2021 (5,190 a 1,830), seguida de una recuperación parcial en 2022 (2,040) y una nueva contracción en 2023 (1,300), con repunte en 2024 (2,290). La inversión en fósiles también presenta alta inestabilidad, con un pico en 2021 (1,728) y sin una tendencia clara de crecimiento o reducción estructural. En financiamiento, el flujo total cae de 594 en 2020 a 18 en 2023, con predominio inicial de deuda y posterior contracción, evidenciando restricciones de acceso a capital.
• Comportamiento interanual: La dinámica interanual muestra un comportamiento diferenciado entre renovables y fósiles. La inversión en fósiles (0.510) presenta un mayor dinamismo reciente, mientras que en renovables (0.040) el avance es limitado, lo que sugiere una desaceleración en el corto plazo de este tipo de inversiones.

Entre 2019 y 2024, la implementación de proyectos energéticos en México muestra una predominancia de proyectos fósiles sobre renovables, consistente con la dinámica de inversión observada. De acuerdo con la información asociada al PLADESE (DOF, 2025), la expansión reciente del sistema eléctrico ha estado dominada por centrales de ciclo combinado a gas natural, que forman parte de una base instalada superior a 35,600 MW, mientras que las energías renovables presentan una participación más acotada, con capacidades aproximadas de 7,961 MW en solar y 7,512 MW en eólica hacia los últimos años del periodo. No obstante, a nivel tecnológico, la matriz renovable se mantiene concentrada en generación hidroeléctrica, con aportaciones aún limitadas de energía solar, eólica y otras tecnologías emergentes. 

En términos de ejecución, la inversión en renovables refleja alta volatilidad, con montos que pasan de USD 5 mil millones  en 2019 a cerca de USD 2 mil millones  en 2021, con recuperación parcial en 2022 (USD 2 mil millones) y nueva caída en 2023 (USD 1 mil millones), lo que sugiere una implementación discontinua de proyectos. En este contexto, aunque existen instrumentos de planeación sectorial como el PLADESE 2025–2039, estas señales no se han traducido en flujos de inversión estables en el tiempo, lo que limita la consolidación de proyectos renovables. 

En contraste, los proyectos fósiles mantienen mayor estabilidad relativa, con un pico de inversión en 2021 (cerca de  USD 2 mil millones ) y continuidad en años posteriores. En cuanto a la localización geográfica de los proyectos renovables, de acuerdo con datos de la Convocatoria para esquemas de desarrollo mixto de CFE (SENER, 2026), se identifican proyectos en desarrollo por un total de 1,073 MW de capacidad fotovoltaica, localizados en Baja California (CFV Cerro Prieto, 215 MW) y la región noreste (CFV Concepción Mendizábal, 858 MW). Adicionalmente, la convocatoria define un requerimiento agregado de 6,500 MW de nueva capacidad, compuesto por 3,550 MW fotovoltaicos, 2,850 MW eólicos y 100 MW termosolares, con distribución regional en todo el país, destacando el noreste (2,260 MW), noroeste (1,000 MW), occidente (1,540 MW) y oriental (600 MW), así como participaciones en Baja California, norte y peninsular. El esquema contempla una estructura de capital indicativa de 54% CFE y 46% socio privado, con financiamiento predominantemente vía deuda (70–80%) y mecanismos contractuales que aseguran la bancabilidad del proyecto, incluyendo contratos de compraventa de energía (PPA) y operación y mantenimiento. En el caso de proyectos de Transmisión y distribución, el Plan de Expansión de la CFE 2025–2030 (CFE 2026) presenta una cartera de 58 proyectos agrupados en 49 paquetes, orientados al fortalecimiento de la red de transmisión y transformación a nivel nacional, con 2,702.9 km de líneas, 10,530 MVA de capacidad y 5,038.1 MVAr de compensación reactiva. Los proyectos se distribuyen en todo el país, con presencia en el noroeste (Baja California, Sonora, Sinaloa), norte (Chihuahua, Coahuila, Durango), occidente (Jalisco, Nayarit), centro (Estado de México, Querétaro, Guanajuato), oriente (Veracruz, Puebla) y sur-sureste (Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán), e incluyen tanto intervenciones puntuales de refuerzo (compensación reactiva, modernización y sustitución de equipos) como proyectos estructurales de mayor escala, como la integración de la red Noroeste–Norte (1,625 MVA y 1,175.9 km) y ampliaciones en zonas de alta demanda como Querétaro, Irapuato y el sureste.

Por su parte, el Plan Estratégico de PEMEX (PEMEX, 2025) confirma que, en este periodo, la prioridad ha sido el fortalecimiento de la infraestructura fósil, mediante la rehabilitación de refinerías, el desarrollo de campos y la recuperación petroquímica. Aunque las inversiones más cuantificadas corresponden al periodo proyectado (2025–2035), se establece una trayectoria que incluye proyectos estratégicos como Ixachi, Quesqui y desarrollos en aguas profundas, así como la rehabilitación industrial, que posteriormente se traduce en inversiones proyectadas entre los USD 9 y 11 mil  millones  en refinación y alrededor de USD 6 – 7 mil millones  en petroquímica. Asimismo, el Plan plantea integrar a Petróleos Mexicanos como generador estratégico de carga base en el sistema eléctrico mediante proyectos de cogeneración, iniciando con la incorporación de la capacidad del CPG Nuevo Pemex al Mercado Eléctrico Mayorista mediante el aprovechamiento de excedentes.  

En cuanto a la distribución regional, el Plan presenta una focalización geográfica en el Golfo de México y la región sur-sureste del país. En exploración y producción, destacan desarrollos como Zama y Trion en aguas del Golfo, así como la reactivación de campos maduros y la exploración en áreas fronterizas a nivel nacional. En gas natural, se plantea una meta de producción de entre 4,700 y 5,000 MMpcd hacia 2028, mientras que la expansión de infraestructura se concentra en el sureste mediante proyectos de gasoductos como el Interoceánico (Oaxaca–Veracruz–Tabasco), Conexión Maya y Coatzacoalcos II (Veracruz). En refinación y petroquímica, las inversiones se ubican principalmente en polos industriales existentes del sur-sureste, incluyendo Tula (Hidalgo), Minatitlán (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Madero (Tamaulipas), Cangrejera y Morelos (Veracruz), Pajaritos (Veracruz) y Escolín (Veracruz).  

A mediano plazo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se prevé el desarrollo de nuevas centrales con entrada en operación a partir de 2030 y una capacidad conjunta superior a 2,100 MW. Destacan tres proyectos: Cogeneración Tula, con excedentes de hasta 650 MW (5,500 GWh); Salina Cruz, con aproximadamente 600 MW (5,000 GWh); y Cangrejera, con hasta 900 MW (7,500 GWh). Estos proyectos buscan fortalecer la oferta eléctrica y el desarrollo regional.

La planeación energética en México para el periodo 2025–2035 refleja una estrategia dual que combina la expansión del sector eléctrico con el fortalecimiento del sector hidrocarburos. Por un lado, el PLADESE 2025–2039 (DOF, 2025) prevé una expansión significativa del sistema eléctrico, con una adición estimada de 29,074 MW hacia 2030, de los cuales 22,674 MW serán desarrollados por CFE y al menos 6,400 MW por inversión privada en energías limpias. Esta expansión implica inversiones superiores a USD 22 mil millones en generación, además de USD 3 mil millones en distribución, la misma cifra en transmisión, con un enfoque en confiabilidad operativa y crecimiento de la capacidad renovable.

Esta trayectoria coexiste con una política en hidrocarburos, en donde el Plan Estratégico de PEMEX 2025–2035 (PEMEX, 2025) contempla inversiones relevantes en exploración y extracción, buscando sostener la producción mediante inversiones en campos existentes y nuevos desarrollos, incluyendo esquemas mixtos. Esta coexistencia implica una transición gradual y no lineal, lo cual plantea desafíos en términos de alineación con objetivos climáticos y eficiencia en la asignación de recursos, particularmente en un contexto de restricciones fiscales y volatilidad en los mercados energéticos. En conjunto, esta dinámica refleja una transición energética incipiente y fragmentada, con limitaciones estructurales para sostener el crecimiento de energías limpias. 

Entre 2017 y 2024, los indicadores de continuidad del servicio eléctrico en México muestran una mejora sostenida en la calidad y confiabilidad del suministro. El Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema (SAIDI) disminuyó de 29.264 horas en 2017 a 16.708 horas en 2024, equivalente a una reducción aproximada de 43 %, mientras que el Índice de Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI) pasó de 0.575 a 0.375 interrupciones por usuario, una disminución cercana a 35 %. La tendencia refleja que los usuarios experimentaron menos interrupciones y de menor duración

Los informes anuales de la CFE (CFE, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) asocian estas mejoras con programas de mantenimiento, expansión y modernización de infraestructura en transmisión y distribución, así como con el fortalecimiento operativo de las redes eléctricas. Entre las acciones reportadas destacan la construcción y ampliación de subestaciones, nuevas líneas de transmisión y distribución, modernización de medidores, automatización de redes y reforzamiento de sistemas de respuesta ante fallas y contingencias. Sin embargo, los informes también mencionan que la infraestructura eléctrica continúa expuesta a riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos, particularmente huracanes, tormentas y frentes fríos, que generan afectaciones masivas a usuarios y daños relevantes en redes eléctricas.

Los resultados son consistentes con estudios recientes sobre pobreza energética y calidad del servicio eléctrico, los cuales identifican la continuidad del suministro como un componente relevante del bienestar energético de los hogares. Soriano-Hernández et al. (2022) señalan que la calidad y estabilidad del servicio influyen directamente en las condiciones de habitabilidad, conservación de alimentos, iluminación y funcionamiento de equipos esenciales.

Asimismo, investigaciones de Weiss et al. (2022) y Guzmán-Rosas et al. (2023) muestran que la confiabilidad del suministro adquiere mayor relevancia en regiones con altas temperaturas y creciente uso de sistemas de climatización residencial. En estos contextos, menores tiempos de interrupción pueden contribuir a mejorar las condiciones de confort térmico y reducir afectaciones asociadas a eventos prolongados de falla eléctrica.

El porcentaje de hogares que utilizan gas* aumentó de 83.9 % en 2018 a 86.6 % en 2024, equivalente a un incremento de 2.7 puntos porcentuales. El uso de leña o carbón disminuyó de 14.4 % a 11.2 %, una reducción de 3.2 % durante el mismo periodo. El uso de otros energéticos se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 1.6 % y 1.9 %. 

La tendencia observada sugiere una mejora gradual en las condiciones de acceso energético residencial, complementada por programas públicos orientados a reducir el uso de biomasa tradicional. Entre estas acciones, destaca el Programa de Estufas Eficientes de leña para el Bienestar (SENER, 2025), enfocado en la sustitución de fogones tradicionales por tecnologías de cocción más eficientes en hogares rurales y comunidades con uso intensivo de leña, con el objetivo de disminuir exposición al humo intradomiciliario y mejorar las condiciones de bienestar energético.

*Aunque el gas es clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un combustible de cocción limpia por sus menores impactos sobre la salud frente a la biomasa tradicional, no puede considerarse una tecnología limpia dentro de la transición energética debido a su origen fósil y sus emisiones asociadas.

Entre 2018 y 2025, México registró una mejora sostenida en la accesibilidad económica a la electricidad para hogares vinculados al salario mínimo. Durante este periodo, el salario mínimo general aumentó de $88 a $279 diarios, mientras que la cantidad de electricidad que puede adquirirse destinando el 10 % de ese ingreso pasó de 8 kWh a 17 kWh. Esto representa un incremento aproximado de 112 % en la capacidad adquisitiva energética de los hogares de menores ingresos.

La evolución más significativa ocurrió entre 2018 y 2023, cuando la tarifa promedio doméstica de bajo consumo se mantuvo cercana a 1 $/kWh y el indicador de accesibilidad aumentó de 8 a 15 kWh. Incluso después del ajuste tarifario observado en 2024 y 2025, el crecimiento salarial permitió mantener una trayectoria positiva, incrementando el indicador de 16 a 17 kWh.

Los resultados coinciden con estudios recientes sobre gasto energético en México. Labeaga et al. (2021) identifican que 25.8 % de los hogares destinan más del 10 % de sus ingresos al consumo energético doméstico. Por su parte, Soriano-Hernández et al. (2022) estiman que 36.7 % de los hogares presentan condiciones asociadas a pobreza energética, particularmente en estados con menores ingresos y viviendas con baja eficiencia térmica.

Estudios de Weiss et al. (2022) y Guzmán-Rosas et al. (2023) muestran que las viviendas con aislamiento térmico deficiente incrementan el consumo eléctrico destinado a enfriamiento, especialmente en regiones cálidas del norte del país. En estos casos, aun con mejoras salariales, el gasto eléctrico puede aumentar debido a mayores necesidades de climatización.

En resumen, los incrementos salariales recientes han contribuido a mejorar la asequibilidad del consumo eléctrico básico; sin embargo, los datos también indican que la reducción de la pobreza energética requiere medidas complementarias orientadas a eficiencia energética, calidad de vivienda, acceso a tecnologías eficientes y mecanismos de protección frente a incrementos tarifarios.

La literatura especializada identifica al menos 267 proyectos con algún tipo de conflictividad socioambiental en México y 25 casos en América relacionados con minerales para la transición energética (Hernández-Cedeño et al., 2021; Walter et al., 2023). Los conflictos se concentran en regiones como el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y zonas mineras del norte del país (Portador García & Solórzano Tello, 2024; Torres, 2025). Entre las principales causas destacan mecanismos de consulta insuficientes, impactos sobre agua y biodiversidad, y distribución desigual de beneficios (Zárate-Toledo et al., 2021). Hernández-Cedeño et al. (2021) estiman que esta conflictividad puede reducir entre 10 % y 39 % la probabilidad de éxito de los proyectos energéticos. A futuro, la expansión de infraestructura energética podría incrementar riesgos sociales y ambientales en territorios vulnerables; sin embargo, instrumentos como la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE) y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) representan oportunidades para fortalecer procesos de participación, mitigación y seguimiento de impactos.  

México cuenta con un conjunto amplio de mecanismos de participación pública en materia ambiental, climática y energética que abarcan distintas etapas del ciclo de política pública y de los proyectos, desde procesos de planeación territorial y consulta climática hasta mecanismos de evaluación ambiental, participación comunitaria y acceso a la justicia.

Los mecanismos preventivos (ex ante), como el ordenamiento ecológico participativo y la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), representan oportunidades relevantes para identificar riesgos sociales y ambientales antes de la ejecución de proyectos. En particular, la MISSE incorpora procesos de evaluación social y consulta en proyectos energéticos, lo que puede contribuir a reducir conflictividad y mejorar la aceptación territorial. De forma complementaria, los instrumentos de política climática y los consejos consultivos permiten incorporar perspectivas de actores sociales, académicos y comunitarios en procesos de planeación nacional.

Sin embargo, varios mecanismos mantienen un carácter consultivo o parcialmente vinculante, lo que limita su capacidad de incidencia efectiva en decisiones finales. Asimismo, algunos instrumentos, como la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), suelen implementarse cuando los proyectos ya se encuentran definidos técnica y financieramente, reduciendo el margen para ajustes sustantivos y aumentando el riesgo de judicialización o retrasos.

Los mecanismos con mayor fortaleza jurídica corresponden al acceso a la información y al acceso a la justicia, incluyendo plataformas de transparencia, denuncias ambientales y juicios de amparo. Estos instrumentos funcionan como salvaguardas institucionales, aunque generalmente operan de manera reactiva.

En resumen, el marco mexicano cuenta con una base institucional relevante para fortalecer la gobernanza ambiental y energética. Sin embargo, persisten oportunidades para mejorar la articulación entre instrumentos sociales y ambientales, ampliar la participación temprana y fortalecer la implementación efectiva de mecanismos preventivos, particularmente en regiones con alta sensibilidad social y ambiental.

El marco legal mexicano en materia ambiental, social y energética incorpora diversos instrumentos de evaluación, consulta y autorización aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), respaldada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (SEMARNAT, 1988), tiene como objetivo identificar, prevenir y mitigar impactos sobre aire, agua, biodiversidad y ecosistemas antes de la ejecución de los proyectos. El procedimiento incorpora mecanismos de consulta pública y reuniones informativas que buscan fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.

En el sector energético, la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), prevista en la Ley del Sector Eléctrico (DOF, 2025a), tiene como objetivo evaluar impactos sociales y comunitarios asociados a proyectos energéticos. Este instrumento incorpora procesos de consulta social estructurada y medidas de mitigación orientadas a reducir riesgos de conflictividad territorial y social, particularmente en comunidades potencialmente afectadas.

El Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2024), autoriza o condiciona la remoción de vegetación forestal para proyectos de infraestructura y energía. Aunque su enfoque es predominantemente técnico y administrativo, constituye un mecanismo para la protección de ecosistemas y recursos forestales.

México también cuenta con la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas que tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, los permisos regulatorios energéticos previstos en la Ley del Sector Eléctrico (DOF, 2025a) y su reglamento (DOF, 2025b) autorizan actividades como generación, autoconsumo e interconexión. Aunque tienen un carácter principalmente técnico, forman parte del entramado institucional que define la viabilidad legal de los proyectos energéticos.

Estos instrumentos ofrecen oportunidades para fortalecer la articulación entre mecanismos sociales y ambientales, ampliar la incidencia de los procesos de consulta y consolidar la implementación de mecanismos preventivos en territorios con alta sensibilidad socioambiental. 

De acuerdo con estimaciones de International Renewable Energy Agency (IRENA, 2026), el empleo en energías renovables en México disminuyó de 111,268 puestos en 2020 a 78,521 en 2024, equivalente a una reducción acumulada aproximada de 29.4 %. La mayor caída ocurrió entre 2020 y 2021, cuando el empleo total se redujo cerca de 26 %, reflejando una desaceleración en el desarrollo de nuevos proyectos renovables.

La energía solar fotovoltaica se mantuvo como la principal fuente de empleo renovable, aunque pasó de 34,490 empleos en 2020 a 23,700 en 2024 (-31 %). La energía eólica presentó la mayor contracción, al reducirse de 26,000 a 5,900 empleos (-77 %). En contraste, la hidroelectricidad aumentó de 17,328 a 20,131 empleos (+16 %), mientras que la geotermia y la biomasa sólida permanecieron estables. La tendencia refleja una alta sensibilidad del empleo renovable al ritmo de inversión y expansión de proyectos.

Entre 2010 y 2025, el empleo asociado a actividades fósiles en México mostró una tendencia general de disminución, pasando de 156,131 empleos en 2010 a 128,509 en 2025, equivalente a una reducción acumulada cercana a 17.7 %. El nivel más alto de la serie se registró en 2013, con 162,441 empleos, mientras que el valor mínimo se observó en 2022, con 123,380 puestos de trabajo (INEGI, 2026; PEMEX, 2026).

La reducción del empleo fósil está asociada no sólo a menor actividad laboral directa, sino también a presiones financieras, pasivos laborales, obligaciones pensionarias, modernización operativa, riesgos ambientales y riesgos de transición energética. Pemex reconoce exposición a riesgos climáticos, posibles mayores costos regulatorios y presión por descarbonización, factores que pueden afectar inversión, operación y empleo futuro(PEMEX, 2026).

La información sugiere la necesidad de fortalecer políticas de transición justa orientadas a reconversión laboral, capacitación técnica y diversificación económica en territorios dependientes de actividades fósiles.

De acuerdo con (Jiménez Torres et al, 2026), la pobreza energética en el sureste de México está asociada con bajos ingresos, viviendas precarias y alta exposición climática; el estudio identifica que más de 65% de los municipios presenta alta vulnerabilidad energética y que más de 70% del territorio requiere enfriamiento significativo. (Hernandez & Patino-Echeverri, 2022) señalan que los hogares de mayores ingresos concentran una proporción importante de los subsidios eléctricos, mientras que los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos al pago de electricidad. Asimismo, (Rosas Flores et al, 2024) indican que la eliminación de subsidios energéticos tendría efectos regresivos sobre hogares vulnerables, aunque mecanismos compensatorios podrían mitigar dichos impactos. En Oaxaca, (Martínez Mendoza et al, 2025) identifican que sólo 7.2% de los hogares supera el umbral del 10% del ingreso destinado a energía, aunque persisten limitaciones relevantes de confort térmico y alta dependencia de leña en zonas rurales; mientras (Adli et al, 2024) estiman que entre 4.9 y 7.2 millones de hogares requieren aire acondicionado pero no cuentan con él, principalmente en regiones tropicales y en hogares de bajo nivel socioeconómico.

Por su parte, los análisis sobre vivienda y consumo energético sugieren que las condiciones constructivas y la baja eficiencia energética incrementan significativamente la vulnerabilidad de los hogares, particularmente en contextos climáticos extremos (Alba Gómez & Rogel Villalba, 2024). Asimismo, (Soriano-Hernández et al, 2022) identifican que la pobreza energética combina restricciones de acceso y asequibilidad, afectando aproximadamente al 61% de los hogares mexicanos. Por su parte, (Labeaga et al, 2021) estiman que alrededor del 25.8% de los hogares destina más del 10% de su ingreso a energía. En una dimensión estructural, (Guzmán-Rosas, 2022) muestra que la población indígena enfrenta mayores niveles de pobreza y esfuerzo energético, pese a que la cobertura eléctrica nacional supera el 98%. Complementariamente, (Weiss et al, 2024) demuestran que la regulación de calidad redujo significativamente los indicadores SAIDI y SAIFI en América Latina. Además, (Ferrall et al, 2022) señalan que las métricas tradicionales de confiabilidad son insuficientes, ya que las interrupciones económicas pueden multiplicar hasta por cuatro la falta de confiabilidad experimentada por los hogares.

Los conflictos socioambientales en proyectos energéticos no son eventos aislados, sino el resultado de la interacción entre modelos de desarrollo, marcos regulatorios y relaciones de poder asimétricas entre el Estado, las empresas y las comunidades (Hernández-Cedeño et al., 2021; Olmedo Neri, 2021). En México se han documentado al menos 267 proyectos con algún tipo de conflictividad, así como 25 casos en América vinculados a minerales para la transición energética (Hernández-Cedeño et al., 2021; Walter et al., 2023). Estos conflictos tienden a concentrarse en regiones con alta riqueza de recursos naturales y presencia de pueblos indígenas, como el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y zonas mineras del norte de México (Portador García & Solórzano Tello, 2024; Torres, 2025).

Las causas estructurales son consistentes en la literatura e incluyen la falta de consulta efectiva y participación informada, los impactos ambientales, especialmente sobre el agua y la biodiversidad, la distribución desigual de beneficios y la reconfiguración del territorio para fines productivos o energéticos (Hernández-Cedeño et al., 2021; Zárate-Toledo et al., 2021). Diversos estudios advierten que los proyectos de transición energética pueden reproducir dinámicas extractivas, al priorizar la rentabilidad económica sobre los derechos territoriales y ambientales (Alonso Serna, 2022; Walter et al., 2023).

En términos de impactos, se documentan procesos de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y degradación de ecosistemas, así como desplazamiento, fragmentación comunitaria y afectaciones a medios de vida tradicionales y prácticas culturales (Torres, 2025; Portador García & Solórzano Tello, 2024). Esta conflictividad incide directamente en la viabilidad de los proyectos energéticos, reduciendo su probabilidad de éxito entre un 10% y un 39%, lo que posiciona el riesgo social como un factor crítico en la planeación energética (Hernández-Cedeño et al., 2021).

En este contexto, el marco legal vigente en México integra instrumentos para prevenir y gestionar conflictos socioambientales en proyectos energéticos. La Ley del Sector Eléctrico (DOF, 2025a) y su reglamento (DOF, 2025b), establecen la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), que permite identificar y mitigar impactos sociales desde etapas tempranas, incorporando participación comunitaria (arts. 50 y 54). Complementariamente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (SEMARNAT, 1988) regula la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para evaluar y mitigar riesgos ambientales (arts. 28–35). La articulación de ambos instrumentos fortalece la transparencia, la participación informada y la gestión adaptativa, reduciendo conflictos; sin embargo, su efectividad depende de su adecuada implementación y coordinación institucional.