Argentina

• Comportamiento tendencial. En la última década, la participación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica argentina ha crecido de manera sostenida, impulsada principalmente por las Leyes 27.191 y 27.424. Sin embargo, este crecimiento partió de niveles bajos y no ha sido suficiente para modificar estructuralmente la alta dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, no se han alcanzado plenamente las metas establecidas, lo que refleja limitaciones en la implementación y en la planificación energética.

• Comportamiento interanual. En el último período, se observa una desaceleración en la incorporación de nueva capacidad renovable, en línea con la menor dinamización de los instrumentos de promoción y con las restricciones en la infraestructura. Esto se vincula también con una menor prioridad en la diversificación de la matriz energética, en un contexto donde las políticas recientes han puesto mayor énfasis en el desarrollo de actividades extractivas y proyectos de gran escala.

• Comparación benchmark. Si bien Argentina ha incrementado la participación de energías renovables en los últimos años, su desempeño relativo puede estar sobreestimado si se incluyen grandes centrales hidroeléctricas dentro de esta categoría. En línea con la legislación nacional (Ley 27.191), resulta clave distinguir estas fuentes de las renovables no convencionales. Asimismo, estas tecnologías suelen excluirse de los análisis comparativos debido a sus impactos socioambientales, lo que puede distorsionar la evaluación del progreso en la transición energética.

La expansión de las energías renovables en Argentina durante la última década responde principalmente a marcos normativos específicos, como las Leyes 27.191 y 27.424. Sin embargo, este crecimiento no ha sido suficiente para transformar estructuralmente una matriz energética fuertemente dependiente de los combustibles fósiles.

Desde una perspectiva tendencial, el aumento de la capacidad instalada renovable partió de niveles bajos y enfrentó limitaciones estructurales vinculadas a restricciones en infraestructura de transporte eléctrico, dificultades de financiamiento y debilidades en la planificación energética. Asimismo, el incumplimiento de las metas establecidas por la Ley 27.191 evidencia problemas en la implementación de las políticas públicas.

En términos interanuales, se observa una desaceleración en la incorporación de nueva capacidad renovable, asociada a la falta de continuidad de los instrumentos de promoción y a un cambio en las prioridades de política energética, que han puesto mayor énfasis en el desarrollo de sectores extractivos y proyectos de gran escala.

A su vez, la política de promoción ha privilegiado el desarrollo de proyectos renovables de gran escala por sobre soluciones descentralizadas, lo que limita su contribución a una transición energética más inclusiva y territorialmente justa. Esta orientación se ve reforzada por la falta de continuidad de instrumentos como el FODIS, que buscaban impulsar la generación distribuida.

Finalmente, en relación con el benchmark, el desempeño de Argentina puede estar sobreestimado si se consideran como renovables las grandes centrales hidroeléctricas, que no solo quedan excluidas de la definición legal nacional, sino que además presentan impactos socioambientales significativos. En este sentido, los avances observados no reflejan plenamente una transición energética estructural, sino más bien un proceso parcial y con importantes contradicciones.

• Comportamiento tendencial: En términos tendenciales, los indicadores de intensidad energética y del índice de mejoras en eficiencia muestran avances limitados y sin una trayectoria sostenida. Si bien se registran mejoras puntuales, estas han estado influenciadas por factores coyunturales, lo que impide una reducción estructural del consumo energético. A nivel sectorial, el transporte presenta mayores avances, mientras que sectores como el residencial e industrial muestran un menor dinamismo.

• Comportamiento interanual:  En el análisis interanual, los indicadores de eficiencia energética presentan variaciones asociadas principalmente a factores coyunturales, como cambios en la actividad económica o en los precios de la energía. A nivel sectorial, el transporte muestra mayor sensibilidad a estas variables. Esto evidencia la ausencia de políticas públicas sostenidas en materia de eficiencia energética.

• Comparación benchmark:  En relación con el benchmark, Argentina presenta un rezago en la implementación de políticas de eficiencia energética en comparación con trayectorias compatibles con la transición energética. A nivel sectorial, las diferencias observadas refuerzan esta brecha: los avances en transporte responden en gran medida a factores tecnológicos y de mercado, mientras que sectores clave como el residencial e industrial no evidencia mejoras consistentes.
  

El desempeño de la eficiencia energética en la Argentina, de acuerdo con los indicadores de intensidad energética y del índice de mejoras en eficiencia, evidencian avances limitados y una ausencia de trayectoria sostenida. Si bien se registran mejoras puntuales, estas no configuran una reducción estructural del consumo energético en relación con la actividad económica, lo que refleja la baja priorización de la eficiencia como eje estratégico de la política energética. 

A nivel sectorial, las mejoras presentan un comportamiento desigual. El sector transporte muestra un mayor dinamismo, pudiendo estar asociado principalmente a la incorporación de tecnologías más eficientes y a la sensibilidad del consumo frente a variaciones en los precios de los combustibles. Sin embargo, esto no responde necesariamente a una política pública estructural en materia de eficiencia energética sino a una situación macroeconómica inestable y volátil.

En contraste, sectores como el residencial y el industrial presentan un menor nivel de balance, vinculado a la ausencia de políticas sostenidas, incentivos adecuados y programas que promuevan un uso más racional y eficiente de la energía. Asimismo, es importante considerar el efecto rebote, mediante el cual mejoras en eficiencia pueden derivar en un aumento del consumo total de energía si no se acompañan de políticas que promuevan cambios en los patrones de uso y consumo.

En relación con el benchmark, Argentina presenta un desempeño rezagado, con una brecha significativa respecto a trayectorias compatibles con la transición energética. Fortalecer la eficiencia requiere no solo ampliar los instrumentos existentes, sino también integrarla de manera transversal en la planificación energética y climática, incorporando una perspectiva de suficiencia, equidad y derecho a la energía.

• Comportamiento tendencial: En términos tendenciales, la producción de combustibles fósiles en Argentina muestra una trayectoria creciente, particularmente en gas natural y petróleo, consolidando su rol en la matriz energética y promovido por el impulso exportador. Esta dinámica refleja la ausencia de una estrategia orientada a la reducción progresiva de la dependencia fósil y la continuidad de un modelo basado en la explotación de hidrocarburos, en tensión con los objetivos climáticos, la protección de los ecosistemas y un acceso adecuado, continuo y asequible a la energía; a la vez que manifiesta una política energética en dirección contraria.

• Comportamiento interanual: En el período reciente, se observa un aumento en la producción y exportación de hidrocarburos, en línea con políticas que priorizan el desarrollo del sector como motor económico. Este comportamiento se vincula con el impulso a nuevos proyectos e infraestructura, incluyendo iniciativas de GNL, que refuerzan una trayectoria de expansión fósil incompatible con una reducción sostenida de emisiones.

La dinámica de los combustibles fósiles en Argentina evidencia la ausencia de una estrategia orientada a su reducción progresiva y ordenada. Por el contrario, el país continúa profundizando un modelo energético basado en la expansión de la producción y exportación de hidrocarburos, particularmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta y el impulso a proyectos de gas natural licuado (GNL).

Desde una perspectiva tendencial, el aumento sostenido de la producción de petróleo y gas, junto con el desarrollo de infraestructura asociada, consolida una trayectoria de largo plazo que resulta incompatible con los compromisos climáticos asumidos. Esta expansión no solo refuerza la dependencia estructural de los combustibles fósiles, sino que también genera impactos socioambientales y territoriales significativos, concentrados en las zonas de extracción.

Asimismo, la persistencia de políticas en favor de los combustibles fósiles contribuye a sostener este modelo. Los subsidios, como ejemplo, buscan reducir los costos de producción y consumo, sin embargo, cuando es de manera directa están apoyando a sectores más vulnerables en el acceso a la energía. No hay una apuesta clara a reducir su peso en la matriz primaria, ni a una diversificación económico productiva tal que se proyecten exportaciones por fuera de las energéticas. Mientras no se diseñen políticas que reemplacen de manera progresiva los hidrocarburos, no se incentivará una transición justa, hacia fuentes más sostenibles.

Al mismo tiempo, esta dinámica convive con importantes desigualdades en el acceso a la energía, evidenciando que la centralidad del modelo fósil no ha garantizado servicios energéticos seguros, asequibles y continuos para toda la población.

Mientras instituciones financieras, como el FMI, continúen teniendo injerencia en el desarrollo de las políticas energéticas, tanto el abandono de los combustibles fósiles del país, como el desarrollo productivo interno que pueda reemplazar al sector en su rol económico laboral, se hace más complejo.

En este contexto, la ausencia de una hoja de ruta para reducir la producción y el consumo de combustibles fósiles, sumada a la promoción activa de nuevas inversiones e infraestructura asociada, no solo evidencia una incoherencia con los compromisos climáticos, sino que consolida un modelo energético que profundiza desigualdades sociales y territoriales. Lejos de garantizar el acceso equitativo a la energía, este enfoque reproduce una lógica extractiva orientada a la exportación, donde los beneficios se concentran y los impactos se territorializan. Esto pone en evidencia que la transición energética no puede pensarse únicamente en términos de sustitución tecnológica, sino que requiere una redefinición de las prioridades del sistema energético en clave de derechos, equidad y justicia socioambiental.

• Comportamiento tendencial: En términos tendenciales, los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina, especialmente aquellos orientados a la oferta, han mostrado una persistencia en el tiempo, reflejando la centralidad de estos para sostener la matriz energética marcadamente hidrocarburíferas. Si bien se han registrado cambios en su composición, es necesario tener en cuenta las reiteradas devaluaciones que sufrió el país, el peso de la inflación y los ajustes fiscales como medidas que influyen en el comportamiento. Lamentablemente, si se observan disminuciones no tienen que ver con una intención de transformación de la matriz energética, si no a reducciones de gastos fiscales, que luego provocan crisis, haciendo que se retomen las políticas de subsidios. Es así que no se observa una trayectoria sostenida de reducción estructural, lo que evidencia la dificultad de alinear la política de subsidios con los objetivos de transición energética justa.

• Comportamiento interanual:  En el período reciente, se observan variaciones significativas en el nivel de subsidios energéticos, asociadas principalmente a factores macroeconómicos y decisiones de política fiscal.  Si bien se registra una reducción en algunos componentes, esto no responde a una estrategia de eliminación progresiva, sino a una reconfiguración del esquema de subsidios, que mantiene incentivos relevantes a la producción de combustibles fósiles.

La discusión sobre los subsidios a los combustibles fósiles en Argentina no puede abordarse únicamente como un problema de eficiencia económica o de asignación de recursos, sino como una cuestión estructural vinculada al modelo energético, la política fiscal y la garantía de derechos. En este sentido, los subsidios han operado históricamente como un mecanismo de sostenimiento del sistema fósil, tanto a través de incentivos a la producción como del financiamiento del consumo energético. Sin embargo, en las recurrentes crisis socioeconómicas que atraviesa el país, los subsidios a la demanda cumplen un rol fundamental para garantizar el derecho a la energía.

Tal como señala French (2025), el esquema actual presenta tensiones significativas en términos de progresividad, eficiencia y coherencia climática. Sin embargo, el debate sobre su eliminación suele centrarse de manera desproporcionada en los denominados “subsidios a la demanda”, sin considerar adecuadamente su rol en garantizar el acceso a la energía ni las condiciones estructurales que limitan la sustitución por alternativas más limpias.

La eliminación abrupta de estos subsidios, sin la disponibilidad previa de alternativas energéticas accesibles, asequibles y sostenibles, puede agravar las situaciones de pobreza energética y profundizar desigualdades sociales.

En este contexto, avanzar hacia la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles requiere una estrategia integral que priorice la equidad, el acceso y la justicia socioambiental, reorientando los recursos públicos hacia la ampliación de alternativas energéticas y evitando trasladar los costos de la transición a los sectores más vulnerables.

• Comportamiento tendencial:  En términos tendenciales, si bien las inversiones presentan un comportamiento variable, la orientación de la política energética y de los instrumentos de incentivo sugiere una predominancia de proyectos de gran escala, vinculados a sectores extractivos y a desarrollos energéticos centralizados. En este sentido, iniciativas recientes como el RIGI refuerzan esta tendencia, al promover inversiones en sectores como hidrocarburos, minería y proyectos energéticos de gran escala, incluyendo desarrollos renovables que no necesariamente se alinean con criterios de sostenibilidad ni con el enfoque de transición energética justa, como grandes represas hidroeléctricas.

• Comportamiento interanual:En el análisis interanual, se identifica una marcada volatilidad en los niveles de inversión, con variaciones significativas entre los distintos años del período analizado. Estas fluctuaciones reflejan la sensibilidad de las inversiones a factores económicos y contextuales, más que a una planificación sostenida en materia de transición energética. Asimismo, la falta de información desagregada por sector limita la posibilidad de evaluar con precisión la evolución de las inversiones entre distintos tipos de fuentes energéticas.

La dinámica de las inversiones energéticas en Argentina evidencia la ausencia de una estrategia consistente orientada a la transición energética. Si bien se registran inversiones tanto en energías renovables como en sectores fósiles, su comportamiento variable en el tiempo y la falta de información desagregada limitan la posibilidad de identificar una trayectoria clara de reorientación del financiamiento hacia fuentes más sostenibles.

En este contexto, la orientación de la política energética y de los instrumentos de incentivo resulta clave para comprender la dirección de las inversiones. En particular, iniciativas recientes como RIGI refuerzan una lógica de promoción de proyectos de gran escala, vinculados a sectores extractivos como hidrocarburos y minería, así como a desarrollos energéticos centralizados.

Asimismo, resulta relevante considerar que parte de las inversiones clasificadas como “renovables” pueden corresponder a proyectos de gran escala, como grandes centrales hidroeléctricas, que no se alinean con los criterios establecidos por la normativa nacional ni con un enfoque de transición energética justa, en tanto presentan impactos socioambientales significativos y no contribuyen necesariamente a mejorar el acceso equitativo a la energía.

En contraste, las inversiones en energías renovables de pequeña y mediana escala, así como en soluciones descentralizadas orientadas a abordar la pobreza energética, han tenido un desarrollo limitado y discontinuo. Esto evidencia que el principal desafío no radica únicamente en el volumen de inversión, sino en su orientación, escala y distribución territorial, aspectos centrales para avanzar hacia un modelo energético más equitativo, sostenible y basado en el acceso a la energía como derecho.