Dimensiones

A la luz de este contexto global, los resultados regionales muestran avances desiguales en la mejora de la eficiencia energética entre los países evaluados. Chile y Colombia destacan como los únicos que han logrado superar el umbral de mejora del 4% anual en al menos dos años durante el periodo 2019–2022, alineándose con la meta del Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés) de duplicar la tasa de eficiencia energética al 2030. En el caso de Chile, este desempeño sobresaliente se explica por la implementación de un marco normativo robusto —como la Ley de Eficiencia Energética de 2021— y por una institucionalidad consolidada que promueve la reducción de consumo en sectores como industria, movilidad urbana y edificaciones públicas.

Colombia ha mostrado una notable recuperación en eficiencia energética tras un inicio rezagado en 2019 y 2020, años en los que registró mejoras negativas asociadas a distorsiones sectoriales y la pandemia. A partir de 2021, el país superó consistentemente la meta global del GST de 4% anual, alcanzando una mejora del 4,5% en 2021 y del 6,4% en 2022, lo que lo posiciona como uno de los líderes regionales en esta dimensión. Este desempeño refleja el impacto de políticas como el etiquetado obligatorio, estándares mínimos de desempeño energético y medidas en eficiencia en edificaciones y transporte. El reto ahora es sostener este ritmo con mayor financiamiento, seguimiento técnico y marcos legales más vinculantes.

Brasil, si bien parte de una matriz relativamente más eficiente y baja en intensidad energética, ha mostrado una evolución más gradual. Su tasa de mejora anual aún no alcanza el umbral deseado, situándose en 2,3% para 2022, pero mantiene una trayectoria ascendente tras la caída registrada durante la pandemia. Esto indica un potencial latente que podría ser catalizado mediante una estrategia nacional robusta, con metas sectoriales vinculantes y mecanismos financieros adecuados que aceleren los avances especialmente en transporte y procesos industriales, donde existen oportunidades de alto impacto.

Por su parte, México enfrenta mayores desafíos estructurales. A pesar de contar con metas legales de eficiencia energética, los resultados acumulados entre 2019 y 2022 muestran una evolución estancada, con dos años de retroceso y ninguno que alcance el umbral del 4%. Este desempeño limitado no responde a una falta de potencial técnico, sino a brechas persistentes en implementación, financiamiento y monitoreo. En este sentido, la reciente reforma energética de 2025 representa una oportunidad estratégica para reactivar la eficiencia energética como motor de la transición, siempre que se traduzca en instrumentos operativos efectivos, especialmente para los sectores con mayor consumo relativo.

A nivel regional, los resultados sugieren que la eficiencia energética aún no ocupa el lugar estratégico que podría tener en la transición energética justa. Aunque algunos países han logrado avances puntuales, es necesario fortalecer la planificación, consolidar marcos institucionales y movilizar mayores recursos para ampliar su alcance. La meta del GST sigue siendo viable, pero requerirá un esfuerzo sostenido y coordinado para cerrar brechas sectoriales y territoriales. La eficiencia energética representa una oportunidad accesible y de alto impacto para acelerar la transición, y su valorización como “primer combustible” puede ser clave para una región más resiliente, inclusiva y ambiciosa en materia climática.

El análisis comparativo de los cuatro países evidencia contrastes y desafíos profundos para lograr una transición ordenada y justa lejos de los combustibles fósiles en América Latina.

Brasil destaca por su altísima producción y exportación de crudo, consolidada en los últimos años gracias al presal (Capa geológica con petróleo, bajo sal, en aguas profundas del océano). Sus exportaciones energéticas han venido incrementando, superando por primera vez los 50.000 millones USD en 2022 y confirmando su papel de exportador neto, que ha sostenido desde 2018. Sin embargo, mantiene importaciones significativas, que tuvieron su pico en 2022 con 48.045 millones USD y descendieron a 35.671 en 2023, teniendo una relación de importación respecto de exportación de 74% en promedio entre 2018 y 2023  . Esta tendencia no se refleja en la relación entre consumo y producción de fósiles, que se invirtió en 2015 cuando la producción (6.498 PJ) superó el consumo (6.178 PJ), tras una caída en el consumo que tuvo su pico en 2014 (6.505 PJ), mientras que la producción ha crecido de forma continua desde 2013 cuando era 5.558 PJ y 10 años después en 2023 seguía con una tendencia alcista importante, pasando a 8.575PJ. Esta dualidad refuerza su dependencia estructural del petróleo, ya que la estabilidad en el consumo no se ha visto reflejada en una baja producción, exportación o importación, de manera que aunque se desligó en alguna medida el consumo de la producción, no se tomó como ventaja para diversificar hacia otros sectores productivos. Su estrategia de salida de fósiles sigue siendo limitada y ambigua: avanza en la descarbonización de su matriz eléctrica—una de las más limpias del mundo— y fortalece la producción de biocombustibles, pero con una agenda petrolera expansiva, con inversiones para exploración en nuevas fronteras, que incluyen principalmente el Margen Ecuatorial y cuencas en el Sur y Sudeste del país, con inversiones proyectadas de 79.000 millones de dólares hasta 2029.

México, cuenta con una historia como productor petrolero relevante pero contraria a la de Brasil, en tanto la producción de México pasó de 8.529 PJ en 2012 a 6.606 PJ en 2023, cuando Brasil incrementó de 5.559 PJ en 2012 a 8.575PJ en 2023.  Además,  una caída del 63% entre las exportaciones de 2012 y 2016, seguida por una caída sostenida en producción entre 2012 y 2019 del 33% , refleja un plan explícito de priorizar el mercado interno, que igual ha visto una reducción en consumo del 22% y un incremento en importación de 51%, todos los indicadores con un repunte en el periodo pos-pandemia. Lo anterior soportado además en una política que ha venido priorizando la soberanía energética a través de proyectos iniciados en 2019, como la construcción de la refinería Dos Bocas y la rehabilitación de las 6 refinerías que componían el sistema nacional de refinación. Las importaciones superan los 60.000 millones USD en los últimos años, evidenciando su vulnerabilidad energética y el reto de electrificar sectores como transporte. Combina intereses por elevar la producción elevada pero con signos de agotamiento en campos maduros, y una situación financiera de deuda insostenible por parte de Pemex, la petrolera nacional y principal. La Reforma Energética de 2025 ofrece un marco renovado para planificar la transición, aunque está acompañada por la Estrategia Nacional del sector hidrocarburos y gas natural  y el Derecho Petrolero para el Bienestar, que incluyen el uso de nuevas técnicas de exploración para incrementar las reservas a 10 años y mantener la producción en 1,8 millones de barriles diarios, además de incrementar la producción de gas natural, gasolina diésel, fertilizantes y la petroquímica nacional. Este enfoque orientado a la autosuficiencia fósil debe ir acompañado de una política clara de descarbonización para no limitar la reducción de demanda fósil.

Chile presenta un perfil distintivo como importador neto casi total de combustibles fósiles. En 2023, el país produjo solo 7%  en proporción al total de combustibles fósiles que consume. Su producción local de combustibles fósiles es mínima y estable, mientras que las importaciones, aunque más bajas que las de México o Brasil en valores absolutos, son igual de críticas para su suministro energético, representando el 65,5% de su matriz energética. Estas importaciones incrementaron un 233%, pasando de 6.815 MUSD en 2020 a 15.918 MUSD en 2023, incluyendo un pico histórico en 2022, y volviendo a niveles del 2012, momento desde el cual habían tenido una tendencia general a la baja. El consumo fósil se ha mantenido estable, con una caída en el periodo de pandemia, siguiendo la tendencia mundial, y su posterior aumento a niveles pre-pandemia. Su planificación para la salida de combustibles fósiles está claramente definida en el caso del carbón, con 11 centrales ya cerradas y 9 adicionales comprometidas a cierre o reconversión. Sin embargo, no existen aún compromisos claros para la reducción de la producción de petróleo y gas, ni del uso de combustibles fósiles,

Colombia se ubica en un punto intermedio, ya que no ha tenido variaciones tan significativas en producción como México y Brasil, aun cuando la producción de combustibles fósiles de Colombia en 2013 (5.889 PJ) era mayor a la de Brasil (5.559 PJ), lo que no ha vuelto ha suceder desde entonces, e incluso se ha vuelto mayor la disparidad tras la caída del 24% en producción en el 2020, que a 2023 seguía manteniéndose . Al igual que en Chile, el consumo se ha mantenido estable con un incremento gradual del 23% entre 2012 y 2023.Su economía presenta una marcada dependencia fiscal y comercial de las exportaciones fósiles, particularmente petróleo y carbón. A pesar de señales políticas de frenar nuevos contratos de exploración y explotación, sin un cronograma claro para la salida progresiva de la producción de combustibles fósiles, el país enfrenta el reto de sustituir ingresos públicos tanto nacionales como departamentales derivados de las exportaciones fósiles, reubicar empleos y proveer alternativas para reducir los impactos asociados a la salida de divisas, al tiempo que se promueve la electrificación y la diversificación económica.

En conjunto, los resultados muestran que la región enfrenta una encrucijada: las dinámicas comerciales dependientes de la producción fósil siguen siendo dominantes, aún cuando la urgencia climática llama a reducciones profundas y sostenidas. Más aún, superar esta contradicción requerirá una planeación juiciosa para que políticas más ambiciosas tengan el apoyo de mecanismos de financiamiento innovadores, cooperación internacional y una visión que permita la diversificación económica, priorizando la justicia social y territorial, para asegurar que la transición energética se dé de una forma verdaderamente justa y equitativa.

El análisis comparativo de la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles muestra enfoques diferenciados en Brasil, México, Chile y Colombia para abordar la reducción de estas transferencias fiscales, reflejando distintos grados de avance, prioridades políticas y capacidad institucional para apoyar una transición energética justa.

Brasil ha mantenido una política de contención relativamente estable en materia de subsidios fósiles. Tras el choque de precios de 2021–2022 en el periodo post pandemia y por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que generó un incremento en los subsidios a consumo en la mayoría de países del mundo, Brasil logró una reducción sostenida, gracias a la caída en exenciones fiscales asociadas al consumo por cuenta del retorno de los gravámenes a la gasolina Cide y PIS/Cofins, aunque manteniendo la exencion para el diésel cuyos volúmenes comercializados fueron mayores. En cambio los subsidios a producción incrementaron levemente, pasando de 1,93 billones de USD a 2 billones de USD por el aumento de las exenciones asociadas al Repetro. Con estos movimientos inversos,la carga fiscal total se redujo de 0,37% del PIB en 2021 a menos de 0,20% en 2023. La expectativa para el comportamiento de los próximos años es que los subsidios al consumo continúen la tendencia a la baja, mientras que los subsidios a producción incrementen en la medida que el plan del gobierno de Lula genera más incentivos para la cadena petrolera, como la Ley 15.075 de diciembre de 2024 que modifica la política energética del país para otorgar incentivos fiscales al sector de producción de petróleo y gas.

A pesar de ser el país que más subsidia los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe (ALC), asignando 16,4 billones USD, México ha mostrado avances notables en la reducción de subsidios al consumo tras el aumento en 2021, cuando incrementó de 0,28% en 2020 a 0,65% del PIB. Desde 2022 implementó ajustes fiscales que redujeron en gran medida estos subsidios pasando a 0,12% del PIB en 2022 y  0,07% del PIB en 2023. Sin embargo, por el lado de subsidios a producción, el país sigue batallando con la estabilidad financiera de su petrolera PEMEX, que al cierre de 2024 continuaba con un nivel de deuda muy alto, siendo sus pasivos 1.8 veces mayores al valor de la empresa, y donde las pérdidas de la empresa representaron el 81% de los apoyos fiscales otorgados por el gobierno. Lo anterior en una situación de reducción en la producción promedio de petróleo crudo de 11.2% y de extracción de gas natural 6% en 2024 respecto de 2019. Tras varios años de transferencias directas, reflejadas en el incremento de subsidios a producción entre 0,46% del PIB en 2020 y  0,65% del PIB en 2022, además de un reducción en la tasa del Derecho de Utilidad Compartido (DUC) pasando de 65% en 2019 a 30% en 2024, reflejada en la caída de subsidios a producción hasta 0,17% del PIB en 2023, y condonaciones en pagos de este derecho y el Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH), la nueva presidencia está implementando cambios en el regimen fiscal de PEMEX. El Derecho Petrolero para el Bienestar pasa a reemplazar el Derecho de Exploración (DEXPH), el DEXTH  y el DUC, además de eliminar el Impuesto sobre la Renta y otros cambios dentro de su Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural. Se prevé que el impacto en subsidios no será evidente en 2025, ya que se espera un aporte adicional de 136,210 millones MXN  por parte del gobierno a la deuda de Pemex, y algunas estimaciones preliminares indican que los cambios pueden ser insuficientes para generar una solución estructural que permita el autosostenimiento de Pemex, evitando mayores subsidios a futuro, y en cambio podrán significar una reducción de ingresos fiscales para el Estado mexicano. . 

Chile tiene una diferencia importante entre los países aquí mencionados, porque dentro de su estructura productiva el petróleo no es protagonista, de manera que no cuenta con subsidios a la producción. El mayor aportante al incremento en subsidios entre 2021 y 2022 fue el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) que subsidia el precio de la gasolina automotríz, del petróleo diesel, del gas licuado de petróleo de uso vehicular y del gas natural comprimido de uso vehicular.  Este mecanismo de corto plazo requirió tres modificaciones a su límite menor de recaudo, pasando de 500 millones USD a 750 millones USD en enero, luego en marzo se incrementó a 1.500 millones USD  y en junio a 3.000 millones USD, además se tuvo que ajustar la banda de precio de referencia que usualmente es ± 5% sobre el precio de referencia para responder a la volatilidad cuasada por la guerra entre Rusia y Ucrania. El gasto pasó de 124,91 millones USD (0,05% del PIB) en 2020 a un pico de 2.470,57 millones USD (0,82%) en 2022, cayendo drásticamente en 2023 a 151,48 millones USD (0,05%), un nivel equiparable al punto de partida respecto del PIB. La caída en 2023 responde a la rapidez en la respuesta del gobierno para ajustar el mecanismo y la flexibilidad resultante para que este siga el precio internacional. Cuando los precios internacionales disminuyeron en 2023, el país capitalizó no solo disminuyendo el monto del subsidio, sino generando ingresos por medio del cambio en el plazo para modificar el precio, pasando de semanal a cada tres semanas en enero de 2023 y permitiendo al diésel una mayor caída del precio, de manera que el mecanismo mantuviera su neutralidad fiscal. Con base en lo anterior, las expectativas de los subsidios para Chile no son de desmonté, los subsidios seguirán variando de acuerdo con las fluctuaciones internacionales del precio del combustible.

Colombia enfrenta uno de los panoramas más complejos de la región, ya que ha  mostrado un crecimiento sostenido de la carga fiscal de subsidios entre 2020 y 2023. Jalonado principalmente por los subsidios al consumo , los subsidios totales a combustibles fósiles han pasado de 0,18% del PIB en 2020 a 1,93% en 2023, con un gasto total de 7.442 millones USD en 2023. Los subsidios al consumo, compuestos principalmente por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), sufrieron los impactos del incremento en el precio internacional entre 2020 y 2022, acumulando un déficit equivalente al 2,5% del PIB en 2022. Tras esta situación el gobierno ha avanzado en el desmonte del fondo con incrementos paulatinos en el precio la gasolina, empezando en julio de 2022, y llegando a precios internacionales en 2025. Por el otro lado, el diésel (ACPM) cuyo precio también está subsidiado por este fondo ha requerido de más tiempo, con incrementos en el precio iniciando en septiembre de 2024 y tras negociaciones con el gremio de transportadores de carga, ha pasado de 9.000 COP/gal en 2020 a 10.658 COP/gal en junio de 2025, y se estima que el subsidio restante sea de 1.650 COP/gal. El siguiente incremento al precio se espera en los próximos meses bajo la implementación del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025, llevando el diésel a precio internacional para el 28% del parque automotor que utiliza este combustible, siendo caracterizado por carros de alta gama y excluyendo al transporte de carga y pasajeros, que representa el monto restante. Mientras tanto, el superávit que genera que el precio de la gasolina se ubique por encima del precio internacional está contribuyendo al pago del subsidio al diésel, por lo que se espera que a medida que se implementan mayores medidas, el déficit del FEPC siga reduciéndose generando una carga fiscal cada vez menor al gobierno con miras a que sea neutro para el 2027.  En conjunto, esta comparación subraya que la eliminación de subsidios fósiles es un indicador clave del compromiso con la transición energética justa. Los cuatro países han hecho esfuerzos en la reducción de los subsidios al consumo de combustibles fósiles, siendo Colombia el más rezagado en el proceso, pero con avances que se espera se materialicen en los datos de los siguientes años; y Chile el de mejor respuesta para controlar el precio nacional y actualizar la brecha, manteniendo neutro su mecanismo fiscal, pero sin miras hacia un desmonte. Por otro lado, aunque los subsidios a producción son inferiores a los de consumo, pueden reflejar en mejor medida la postura del gobierno respecto de la salida de combustibles fósiles. La perspectiva para Brasil y México puede empeorar respecto del 2023, momento en el cual se perciben estables e incluso a la baja. La política de incentivos al sector petrolero en Brasil, y los intentos por darle mayor estabilidad financiera a Pemex en México pueden invertir la tendencia para los próximos años y alejarse de los objetivos de transición energética justa.

Los cuatro países analizados muestran trayectorias disímiles en cuanto a inversiones en transición energética, influenciadas por decisiones de política, entornos regulatorios y acceso al financiamiento. 

México enfrenta un escenario contradictorio: posee condiciones naturales excepcionales y un alto potencial solar (30 GW al 2030), pero ha experimentado una caída drástica de 91,8% en inversiones renovables entre 2018 y 2023. Aunque existen iniciativas como Ejido Solar y proyectos relevantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la tendencia general evidencia desinversión sostenida y desconfianza del sector privado, afectada por cambios normativos regresivos durante la administración 2018–2024. La nueva Ley del Sector Eléctrico de 2025 introduce oportunidades con esquemas de inversión mixta, y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 que incluye 7 parques eólicos y 9 fotovoltaicos de CFE, además de obras que refuerzan el sistema de transmisión, son señales que podrán atraer mayor inversión, pero su impacto dependerá de que se de mayor certidumbre para los actores financieros. 

Colombia presenta un patrón de inversión intermitente, marcado por picos asociados a hitos regulatorios (Ley 1715, subastas de 2019) y caídas ligadas a la ejecución irregular y coyunturas externas como la pandemia. Sin embargo, su comportamiento tendencial es creciente, alcanzando en 2023 una inversión de USD 1.300 millones, destacándose como uno de los mercados más dinámicos de la región, solo por detrás de Brasil y Chile. El país también ha avanzado en instrumentos financieros innovadores (CCLIP BID,Líneas de redescuento de Bancóldex) que apuntan a mejorar la profundidad y atender las necesidades de financiamiento de proyectos de pequeña escala. No obstante, la banca local aún prioriza portafolios dominados por proyectos fósiles, con más del 60% del financiamiento energético destinado a actividades fósiles y menos del 40% destinado a fuentes renovables (incluyendo hidroeléctricas). Esto pone en evidencia la necesidad de reorientar el sistema financiero hacia objetivos climáticos más ambiciosos.

Chile muestra un proceso de transición que comenzó con gran ímpetu y ha logrado consolidar una arquitectura institucional robusta. La inversión acumulada entre 2018 y 2023 supera los USD 19.000 millones en energías renovables, aunque con una tendencia decreciente desde 2019. El país combina esfuerzos públicos y privados, destacando la implementación de programas como el Plan de Eficiencia Energética y la estrategia de hidrógeno verde. La inversión pública está orientada hacia la inclusión energética y el desarrollo territorial, pero su peso sigue siendo limitado en relación con el capital privado. La variación positiva de 14% entre 2022 y 2023, si bien es modesta frente al salto entre 2018 y 2019, constituye en un hito en tanto revierte la tendencia decreciente  presentada entre 2019 y 2022. 

Brasil combina una tendencia ascendente de largo plazo con una alarmante intensificación de inversiones fósiles. Aunque las energías renovables han sido históricamente impulsadas por programas como PROINFA, las inversiones en petróleo fueron casi ocho veces mayores que las renovables 2018 y 2023. La caída de 15% entre 2022 y 2023 marca un punto de inflexión que puede reflejar sobreoferta, retrasos en subastas y desalineación entre inversión y planificación. A diferencia de los otros países, Brasil sostuvo la inversión renovable durante la pandemia gracias a subsidios tarifarios, pero enfrenta el riesgo de que el crecimiento del sector fósil desplace la atención política y financiera de la transición energética.

Los resultados antes expuestos permiten evidenciar que Colombia y Chile lideran en términos de consistencia institucional y evolución tendencial. Colombia, en particular, ha logrado mantener un flujo creciente de inversión limpia, reforzado por instrumentos financieros como el CCLIP y alianzas público-privadas, aunque aún convive con una fuerte presencia de capital fósil, y sigue siendo necesario superar cuellos de botella administrativos que retrasan en promedio, entre 3 – 7 años la entrada en operación de proyectos de FNCER. Chile, con una inversión acumulada destacable y una institucionalidad sólida, enfrenta una ralentización reciente que podría afectar su liderazgo si no se reactiva con medidas claras.

México y Brasil comparten un patrón de contradicción estructural. México ha perdido tracción por decisiones que limitaron el rol del sector privado, afectando su capacidad de atraer inversión externa, a pesar de su altísimo potencial solar. Brasil por su parte, mantiene una tendencia de crecimiento renovable, pero esta es eclipsada por una estrategia de expansión petrolera que, de continuar, podría comprometer los logros alcanzados. Ambos países necesitan redefinir su narrativa energética para generar un entorno confiable que favorezca la transición justa.

En síntesis, la región aún no logra sostener flujos de inversión compatibles con las necesidades de descarbonización, pese a tener condiciones técnicas, recursos naturales e instrumentos emergentes. La prioridad debe apuntar a consolidar arquitecturas financieras verdes, lograr marcos regulatorios estables y desincentivar las inversiones fósiles mediante señales claras y coordinadas desde los gobiernos. La coherencia entre metas climáticas e inversión efectiva es un eje central para acelerar una transición energética justa en América Latina.

En Chile, el componente de justicia en la transición energética ha mostrado avances importantes en acceso y cobertura, pero persisten tensiones ligadas a la participación ciudadana en la toma de decisiones. El país ha alcanzado niveles casi universales de electricidad y ha mejorado la calidad del servicio, aunque todavía está rezagado en algunas regiones rurales. La dependencia de biomasa para la cocción sigue siendo significativa. Si bien existen programas de reconversión energética en territorios carboníferos y mecanismos de participación vinculados a proyectos renovables, aún no se han consolidado avances claros en planes de transición justa que integren plenamente criterios de reconversión laboral, redistribución de beneficios y fortalecimiento comunitario. 

En Colombia, la dimensión de justicia refleja avances parciales y desigualdades marcadas a nivel territorial. La cobertura eléctrica se ha ampliado, pero persisten rezagos en zonas rurales y dispersas; lo que evidencia que la calidad y asequibilidad siguen siendo un desafío. El uso de la leña en la cocción de alimentos permanece extendido en comunidades rurales, lo que afecta la salud y equidad de género. Además, el país enfrenta altos niveles de conflictos socioambientales relacionados con proyectos energéticos, en un contexto en el que la consulta previa carece de un marco legal robusto para garantizar incidencia en las decisiones. En materia laboral, el empleo en renovables crece rápidamente, aunque no existe un programa claro de reconversión ni de cierre de brechas de género. 

En México, la justicia energética ha sido incorporada recientemente al marco normativo con la reforma de 2025 que reconoce explícitamente la pobreza energética y la participación social como ejes de la transición. Sin embargo, persisten retos estructurales: aunque la cobertura eléctrica es prácticamente universal, el 36,7% de los hogares son clasificados en pobreza energética multidimensional. Los avances en asequibilidad tarifaria se deben en parte al incremento del salario mínimo, pero el acceso a cocción limpia presenta desigualdades regionales. La participación comunitaria requiere mayores herramientas para incidir en la toma de decisiones, y las brechas de género en el empleo energético se mantienen, con solo 16% de participación femenina en el sector.

En Brasil, la justicia en la transición energética presenta un panorama dual. El país ha alcanzado niveles casi universales de acceso a electricidad y a tecnologías limpias de cocción, pero persisten desigualdades en la calidad del servicio y en la equidad tarifaria. Los mecanismos de participación y distribución de beneficios aunque existen, requieren profundizar en la comprensión de las problemáticas territoriales y responder a las necesidades locales e incluir a las  comunidades afectadas por proyectos energéticos. En el ámbito laboral, Brasil concentra el mayor número de empleos en energías renovables de la región, particularmente en eólica y solar, aunque este dinamismo no siempre se traduce en garantías de transición justa para los trabajadores desplazados del sector fósil.