Brasil

• Comportamiento tendencial: Entre 2020 y 2024, la capacidad renovable instalada de Brasil creció continuamente, pasando de ~145 GW a ~170 GW, con el índice de entrada renovable (base 2022) evolucionando de 0,89 a 1,11, evidenciando una aceleración en la incorporación de estas fuentes. La participación renovable en la matriz energética subió ligeramente, del 85% al 86% en 2024, reflejando un avance modesto. Sin embargo, el país no pudo cumplir las metas de benchmark propuestas para ninguno de los años analizados, incluido 2024.

• Comportamiento interanual: En el análisis interanual, las adiciones anuales de capacidad renovable variaron: aproximadamente 5,7 GW entre 2020-2021, 6,8 GW entre 2021-2022, 9,4 GW entre 2022-2023 y 1,9 GW entre 2023-2024, indicando una expansión máxima en 2023 seguida de una leve desaceleración. La capacidad de combustibles fósiles, a su vez, creció hasta 2023 y disminuyó en 2024, contribuyendo al aumento de la participación renovable al 87,32%. La distancia al benchmark aumentó cada año, mostrando que la tasa de crecimiento, aunque positiva, sigue por debajo de las metas establecidas.

• Comparación benchmark: Entre 2020 y 2024, la brecha entre la capacidad renovable instalada y el benchmark creció progresivamente. En 2020, el déficit era de solo ~6,8 GW; en 2021 se amplió a ~11,6 GW; en 2022 saltó a ~20,6 GW; en 2023 alcanzó ~30,5 GW; y en 2024 llegó a ~48,8 GW. Esto revela que, aunque Brasil expandió su capacidad renovable continuamente, la tasa de crecimiento estuvo sistemáticamente por debajo de las metas, con la brecha casi sextuplicada en cinco años.

La brecha progresiva entre la capacidad renovable instalada de Brasil (~145 GW a ~170 GW) y la referencia de benchmark (152 GW a 217,5 GW) entre 2020 y 2024 se explica por la convergencia de factores macroeconómicos, regulatorios y estructurales que se intensificaron especialmente en 2024.

En el frente monetario, la reversión abrupta del ciclo de recorte de la tasa Selic, la tasa de interés básica de Brasil, que terminó 2024 en 12,25%, después de un ciclo de endurecimiento que comenzó en septiembre de 2024 cuando la tasa estaba en 10,5%, y alcanzando el 15% en 2025, aumentó drásticamente el costo del capital para proyectos intensivos en infraestructura y de larga maduración. La aproximada devaluación del 22% del real brasileño en relación al dólar en 2024, la peor entre las monedas del G20, encareció los equipos importados precisamente cuando el gobierno triplicó el arancel de importación sobre módulos solares, elevándolo del 9,6% al 25% en 2024.

El paquete fiscal de noviembre fue rechazado por gran parte del mercado financiero, profundizando la crisis de credibilidad que ahuyentó a los inversores extranjeros. En el frente regulatorio, las subastas de 2024 se enfocaron en energía existente mientras las nuevas subastas de generación renovable fueron pospuestas, y el recorte alcanzó niveles críticos. En agosto de 2024, se recortó el 12% de la producción solar potencial, según datos del ONS. El recorte total aumentó del 0,5% en 2022 al 3,6% en 2023, 9,3% en 2024 y 20,6% en 2025. El recorte alcanzó aproximadamente el 27% para solar en 2025 (Rystad Energy), acumulando pérdidas superiores a US$ 300 millones. La peor temporada de incendios forestales jamás registrada en el país (30,8 millones de hectáreas, un aumento del 79%) y la sequía histórica que empujó la bandera tarifaria al nivel rojo 2 retroalimentó la inflación y la presión sobre las tasas de interés, creando un círculo vicioso que encareció precisamente las inversiones necesarias para diversificar la matriz energética.

• Comportamiento tendencial: Entre 2019 y 2024, la intensidad energética de Brasil fluctuó en el rango de 3.475–3.601 MJ/USD, sin una trayectoria descendente sostenida. Comenzando en 3.558,78 MJ/USD en 2019, el indicador alcanzó su pico en 3.600,65 en 2020 y terminó 2024 en 3.475,04 — el valor más bajo del período. La mejora acumulada en eficiencia energética durante los seis años fue de aproximadamente 2,35%, lo que representa poco más de la mitad de la meta global del 4% (ver gráfico de Mejoras en Eficiencia Energética), dejando una brecha de aproximadamente 1,65 puntos porcentuales por cerrar. Además, la mejora anual promedio fue de alrededor del 0,47%, un ritmo insuficiente para converger a la meta dentro del período analizado. En ningún año la variación alcanzó siquiera la mitad de la meta del 4%: el mejor desempeño registrado fue 2,35% (2021–2022), y en dos de los cinco intervalos hubo un retroceso. El patrón sugiere un progreso lento y desigual, aún lejos del nivel necesario para cumplir la meta de eficiencia energética establecida.}

• Comportamiento interanual: La intensidad energética varió cíclicamente, con aumentos de +41,87 MJ/USD (en 2019–2020 y 2022–2023) siempre seguidos de reducciones equivalentes o mayores. La mayor ganancia de eficiencia ocurrió entre 2021 y 2022, con una reducción de 83,74 MJ/USD en intensidad, equivalente a una mejora del 2,35%, aún 1,65 p.p. por debajo de la meta del 4%. Las mayores pérdidas de eficiencia, de -1,18% y -1,20%, ocurrieron en 2019–2020 y 2022–2023, respectivamente, años en los que la intensidad aumentó en 41,87 MJ/USD. Cada año de declive fue seguido por una recuperación en el período subsiguiente, configurando un patrón oscilatorio que impide ganancias acumulativas consistentes. La alternancia sistemática entre ganancias modestas (1,16%–2,35%) y pérdidas (-1,18% a -1,20%) mantiene la trayectoria atrapada en un ciclo de compensación, distanciando el resultado acumulado de la meta general del 4%.

La ausencia de una clara tendencia continua a la baja en la intensidad energética brasileña, con la fluctuación descrita entre 3.475 y 3.600 MJ/USD, se justifica especialmente en los informes de la Empresa de Investigación Energética (EPE), como el Balance Energético Nacional (BEN) y el Plan Decenal de Expansión Energética (PDE) , por la fuerte dependencia estructural de sectores intensivos en electricidad y energía. La economía de Brasil se caracteriza por una base productiva anclada en la exportación de materias primas (acero, minería, celulosa y agronegocios) y por una logística fuertemente dependiente del transporte por carretera, que es menos eficiente. Dado que la generación de riqueza en estos sectores requiere un alto gasto energético por cada dólar de Producto Interno Bruto (PIB) generado, el país enfrenta severas dificultades estructurales para promover un “desacoplamiento” sostenible entre el crecimiento económico y la demanda energética. El avance en 2024 a 3.475 MJ/USD resulta del aumento récord en energía renovable, pero aún denota un progreso histórico de naturaleza mucho más reactiva que de cambio tecnológico profundo.

La dinámica oscilatoria interanual, marcada por deterioros y recuperaciones cíclicas inmediatas (como las variaciones de +42 MJ/USD), está fuertemente influenciada por choques exógenos y ciclos de mercado cortos. El deterioro significativo de la eficiencia observado en la transición de 2019 a 2020 (caída de eficiencia de ~0,012%) resultó de la pandemia de COVID-19: mientras el PIB sufrió una fuerte contracción debido al cierre de los servicios (un sector que genera alto valor agregado con bajo consumo energético), la demanda energética se mantuvo resiliente en la industria básica orientada a la exportación y en los sectores residenciales. En los años siguientes (2021 y 2022), la reapertura económica hizo que el sector de servicios creciera por encima del promedio nacional, elevando el PIB en una proporción mayor que la energía consumida para sostenerlo, lo que explica las mayores ganancias puntuales (como el ~0,024% entre 2021-2022). El deterioro específico en 2023 se explica por el desempeño de los sectores agrícola y de extracción mineral, que crecieron y presionaron nuevamente la intensidad, antes de que una recomposición y expansión de los servicios estabilizara el indicador en 2024 con ganancias de ~0,012%.

Finalmente, este patrón de ganancias intercaladas con retrocesos se mantiene por la vulnerabilidad sistémica de la matriz energética primaria a las condiciones climáticas, que anula los avances en políticas públicas específicas (como PROCEL o el Programa de Eficiencia Energética de ANEEL-PEE). La EPE detalla que los años hidrológicamente desfavorables frecuentemente fuerzan el despacho de plantas termoeléctricas, que tienen baja eficiencia termodinámica e inflan las pérdidas de transformación en la Oferta Interna de Energía. En contraste, los años lluviosos o años de adición significativa de capacidad eólica y solar descentralizada, factores que dominaron el panorama eléctrico brasileño alcanzando casi el 90% de renovabilidad en 2023–2024; reducen sustancialmente la energía perdida en la fuente, empujando el indicador artificialmente a la baja en el corto plazo. Dado que estas oscilaciones dependen en gran medida de la hidrología, los precios globales de las materias primas, y no de una renovación masiva del parque industrial o de la flota de vehículos pesados brasileña, los avances anuales son sistemáticamente anulados por variaciones cíclicas, formando el patrón irregular observado. Como resultado, las ganancias de eficiencia en Brasil siguen impulsadas principalmente por factores cíclicos y externos, más que por una transformación estructural sostenida.

• Comportamiento tendencial: Entre 2010 y 2024, la producción de combustibles fósiles en Brasil mostró una tendencia de crecimiento consistente, pasando de ~5.330 a ~8.480 PJ, impulsada principalmente por los campos del pre-sal. Las exportaciones siguieron este avance, triplicándose de ~1.370 a ~3.560 PJ, mientras que las importaciones siguieron una trayectoria inversa, cayendo de ~1.650 a ~1.180 PJ. El consumo interno, mientras tanto, se mantuvo relativamente estable, fluctuando alrededor de 5.200–5.800 PJ. Este patrón indica que el excedente de producción fue dirigido predominantemente al mercado externo.

• Comportamiento interanual: En el análisis interanual, la producción mostró un crecimiento casi continuo, con un salto notable de ~850 PJ entre 2022-2023, seguido de un leve declive en 2024. Las exportaciones siguieron este patrón, con una aceleración significativa a partir de 2016. Las importaciones fluctuaron, con caídas pronunciadas en 2016-2017 y recuperaciones puntuales en 2013 y 2021. El consumo mostró un comportamiento cíclico: creció hasta 2014, disminuyó entre 2015-2020, se recuperó parcialmente en 2021-2023 y cayó nuevamente en 2024, sugiriendo un desacoplamiento entre producción y demanda interna.

El crecimiento significativo de la producción de combustibles fósiles en Brasil entre 2010 y 2024, así como la escalada de sus exportaciones, se justifica en gran medida por el desarrollo y maduración de los campos del polígono pre-sal (como Tupi, Búzios y Mero). En 2024, la producción anual promedio de Brasil alcanzó 3,358 millones de barriles de petróleo por día (bbl/d) y 153 millones de metros cúbicos por día de gas natural, totalizando 4,322 millones de barriles de petróleo equivalente por día (boe/d), solo un 0,5% por debajo del récord histórico establecido en 2023. Los reservorios del pre-sal por sí solos representaron, en promedio, el 78,29% de la producción nacional de petróleo y gas, confirmando el papel decisivo de la extracción en aguas ultraprofundas en la configuración de la matriz productiva del país. A medida que Petrobras y las empresas asociadas instalaron nuevas unidades flotantes de producción, almacenamiento y descarga (FPSOs) y ganaron eficiencia en la extracción en aguas ultraprofundas, la producción nacional dio saltos significativos, justificando la aceleración observada a partir de 2016. Las reservas también se expandieron, las reservas probadas de petróleo alcanzaron 16,8 mil millones de barriles en 2024, un aumento del 6% respecto al año anterior, reforzando la trayectoria a largo plazo del sector. Dado que la capacidad de refinación de Brasil no mantuvo el ritmo de esta expansión en la misma proporción y el consumo interno se mantuvo estable, el crudo de alta calidad del pre-sal fue canalizado al mercado internacional. En 2024, las exportaciones de petróleo crudo alcanzaron 1,7 millones de barriles por día, mientras que las importaciones totalizaron solo 282 mil barriles por día, evidenciando un superávit exportador estructural. Esto explica el claro desacoplamiento, Brasil se consolidó como un gran exportador de petróleo crudo, dirigiendo el excedente de producción predominantemente al exterior, mientras las refinerías nacionales operaban cerca de su techo instalado, produciendo 2,2 millones de barriles/día de derivados, equivalente al 86,4% de la capacidad de refinación instalada.

El comportamiento cíclico del consumo interno y las fluctuaciones puntuales en las importaciones reflejan directamente las crisis económicas y los choques climáticos (hidrológicos) enfrentados por el país. El aumento del consumo hasta 2014 fue impulsado por el crecimiento del PIB, el auge de las materias primas, y las políticas de subsidio a los combustibles. En contraste, la severa recesión de 2015-2016 y la pandemia de 2020 causaron fuertes contracciones en la industria y el transporte, reduciendo la demanda. Las importaciones, compuestas en gran parte por diésel y Gas Natural Licuado (GNL), siguieron estas adversidades: la caída en 2016-2017 refleja la recesión, mientras que los picos en 2013 y 2021 ocurrieron durante crisis hídricas severas. En esos años de sequía, el país tuvo que masivamente activar la flota termoeléctrica fósil de reserva, forzando un aumento atípico en las importaciones para garantizar el suministro eléctrico nacional.

Finalmente, los movimientos interanuales más recientes (2022-2024) consolidan la dinámica de transición y eficiencia operativa del sector. El gran salto de producción entre 2022 y 2023 se atribuye a la entrada récord de nuevos sistemas de producción en la Cuenca de Santos. El leve declive en la producción y la caída del consumo observada en 2024 se explican por paradas de mantenimiento programadas en plataformas más antiguas en la Cuenca de Campos y por el declive natural de campos maduros. Además, la disminución del consumo de combustibles fósiles en 2024 está fuertemente vinculada al aumento de los mandatos de mezcla de biocombustibles (como mayores porcentajes de biodiésel y etanol) y la fuerte expansión de la generación eléctrica eólica y solar.

• Comportamiento tendencial: Entre 2020 y 2024, los subsidios al consumo de combustibles fósiles en Brasil como porcentaje del PIB mostraron una trayectoria fluctuante. Después de subir del 0,0014% en 2020 al 0,0018% en 2021, el indicador disminuyó consecutivamente a un mínimo del 0,0009% en 2023, sugiriendo una tendencia a la baja. Sin embargo, en 2024 hubo una reversión abrupta, con el valor saltando al 0,005%, el más alto del período. Los subsidios a la producción, mientras tanto, se mantuvieron en cero en todos los años, indicando que el apoyo gubernamental se concentra exclusivamente en el lado del consumidor.
• Comportamiento interanual: En el análisis interanual, los subsidios al consumo de combustibles fósiles mostraron variaciones significativas. Entre 2020-2021, hubo un aumento de ~27%. En 2021-2022, se produjo una disminución de ~19%, seguida de una reducción adicional de ~39% entre 2022-2023, constituyendo dos años consecutivos de contracción. Sin embargo, entre 2023-2024, el indicador se disparó con un crecimiento de ~462%, rompiendo drásticamente la tendencia descendente anterior. Esta variación atípica en 2024 sugiere un cambio significativo en la política de subsidios o choques de precios de combustibles que requirieron una mayor intervención gubernamental.

Estos movimientos cíclicos demuestran que el apoyo al consumo de combustibles fósiles en Brasil es esencialmente de naturaleza cíclica e involucra volúmenes muy superiores a las pequeñas fracciones del 0,001% al 0,005% del PIB. Como demuestra la historia reciente, ya sea a través de los miles de millones en subsidios al diésel justo después de la huelga de los camioneros (2018), o a través del uso de la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE) para financiar la activación de plantas termoeléctricas de emergencia durante la crisis hídrica de 2021, el Estado utiliza frecuentemente alivios fiscales como “amortiguadores” económicos siempre que hay cuellos de botella en el suministro o picos globales de precios. Aunque la disminución de los subsidios al consumo en 2024 indica un ajuste fiscal a corto plazo, el mantenimiento de incentivos a la producción multimillonarios demuestra que el país aún incentiva fuertemente su industria básica de combustibles fósiles, demostrando cuán compleja y lenta es la verdadera transición energética estructural.

• Comportamiento tendencial: Los tres sectores exhiben una tendencia de crecimiento general durante el período 2019–2024, aunque con intensidades marcadamente diferentes. La inversión en combustibles fósiles saltó de US$ 46,2 mil millones a US$ 72,9 mil millones, alcanzando un pico en 2023 de US$ 85,0 mil millones. La minería y canteras muestra la trayectoria ascendente más consistente, triplicándose de US$ 7,8 mil millones a US$ 26,6 mil millones. Las renovables crecieron fuertemente hasta 2023 (US$ 27,4 mil millones) pero retrocedieron en 2024, señalando una posible desaceleración en el sector. 

• Comportamiento interanual: En 2020, todos los sectores fueron golpeados por la pandemia excepto las renovables, que avanzaron un 25%. En 2021 y 2022, se produjo una recuperación generalizada, liderada por las renovables (+73% y +74%) y la minería (+87% en 2022). Para 2023, el impulso se desaceleró: los combustibles fósiles subieron un 36%, mientras que las renovables prácticamente se estancaron (+0,3%). En 2024, se produjo una reversión notable — los combustibles fósiles cayeron un 14% y las renovables disminuyeron un 11%, mientras que la minería continuó expandiéndose (+12%), siendo el único sector con crecimiento sostenido durante el año. 

El año 2024 marcó un punto de inflexión significativo en la dinámica de inversión de Brasil. Tras el récord histórico establecido en 2023 (US$ 85 mil millones), la inversión en combustibles fósiles retrocedió a US$ 72,9 mil millones — una caída del 14%. Aún así, el nivel se mantuvo muy por encima del promedio del período (US$ 59,4 mil millones), sostenido por la expansión de las operaciones del pre-sal y la puesta en marcha de nuevos FPSOs, como el Maria Quitéria y el Marechal Duque de Caxias. El Plan Estratégico de Petrobras 2024–2028 destinó US$ 102 mil millones, reforzando la prioridad que Brasil asigna al petróleo, que generó una ganancia récord de R$ 110,1 mil millones en 2024.

La minería y canteras desafió la tendencia de los otros sectores y alcanzó un máximo histórico de US$ 26,6 mil millones en 2024, consolidando la trayectoria ascendente que comenzó en 2020 (US$ 7,7 mil millones). Los ingresos del sector crecieron un 9,1%, y el mineral de hierro representó el 59,4% del total, impulsado por un tipo de cambio favorable y la demanda asiática. Este fue el único sector con expansión continua durante todo el período, confirmando la posición de Brasil como un centro global de materias primas minerales, particularmente en los estados de Minas Gerais y Pará.

Las renovables, a su vez, se separaron de la fuerte trayectoria de crecimiento observada entre 2020 y 2023, cuando la inversión aumentó de US$ 9 mil millones a US$ 27,4 mil millones. En 2024, la inversión cayó a US$ 24,3 mil millones, impulsada por el colapso del sector eólico (–31% en instalaciones), que fue afectado por sobreoferta en el Nordeste, recorte y la ausencia de nuevas subastas de energía desde 2022. La energía solar compensó parcialmente la caída, con R$ 54,9 mil millones invertidos (+30%), impulsada por la generación distribuida.

En resumen, 2024 revela una paradoja: Brasil expandió la minería pero desaceleró su transición energética mientras mantenía una inversión robusta en combustibles fósiles, señalando una tensión estructural entre su retórica de descarbonización y su práctica de inversión real, lo que destaca un creciente desalineamiento entre la asignación de capital y los objetivos de descarbonización a largo plazo.

Acceso a la electricidad

Contexto y variables analizadas: El primer gráfico muestra la evolución del acceso a la electricidad de en los hogares de Brasil entre 2016 y 2022, desglosado por:

• Acceso total, representado por la línea azul.
• Acceso en zonas urbanas, representado por la línea naranja.
• Acceso en zonas rurales, representado por la línea verde.

Análisis de tendencia:

• Global: El acceso a la electricidad a nivel nacional se ha mantenido estable en 99.8% desde 2016. 
• Urbano: La cabecera presenta altas tasas de electrificación desde el 2016 cercanas al 100%, oscilando entre 99.8% y 99.9% hasta el 2023, lo que indica que se ha mantenido el mismo porcentaje de acceso a la electricidad a pesar de las ampliaciones del sector residencial. 
• Rural: La electrificación en zonas rurales también ha crecido desde un 98.5% en el 2016 hasta 99%, representando un incremento de 0.5 puntos porcentuales. 

Brasil posee una de las tasas de electrificación más altas del mundo; en el año 2023, el 99,8% de los hogares estaban conectados a la red eléctrica. Aunque este índice puede ser considerado un indicador de acceso universal, alrededor de un millón de personas aún viven sin acceso a la electricidad en el país. A pesar de los avances significativos en la universalización del acceso a la energía eléctrica, el país aún enfrenta desafíos, especialmente en las zonas rurales y remotas. En la Región Norte, por ejemplo, 85% de los hogares rurales tiene acceso a la red eléctrica convencional, mientras que el 96,7% cuenta con fuentes alternativas o sistemas aislados.

En este contexto, los principales desafíos, más allá de la garantía del acceso, radican en mantener la calidad del suministro eléctrico y reducir sus costos, de modo que se posibilite un acceso justo y equitativo a un sistema eléctrico estable. Políticas públicas como Luz para Todos y Mais Luz para a Amazônia han contribuido al crecimiento sostenido de la implementación de redes eléctricas urbanas y rurales en los últimos años; sin embargo, el reto sigue siendo el costo y la calidad del servicio, lo cual se refleja en los datos de uso de la energía. Aunque el acceso pueda estar garantizado, su utilización se vuelve, en muchos casos, inviable para una parte de la población que depende de variables económicas.

Composición de energéticos en la cocción de alimentos

Según la Organización Mundial de la Salud, los combustibles y tecnologías que se conocen como limpias están listadas y definidas en el siguiente artículo. De las variables analizadas podemos clasificar los combustibles y tecnologías de la tabla anterior de la siguiente forma:

Contexto y variables analizadas: Este gráfico muestra la evolución del acceso a métodos de cocción mediante distintos energéticos en los hogares de Brasil entre 2019 y 2023.

Análisis de tendencia

El gráfico 9 muestra datos superpuestos de los energéticos utilizados, en éste, se puede observar un decrecimiento del uso de la leña y electricidad en Brasil, mientras el gas natural predomina en la matriz energética de la cocción de alimentos, principalmente en cilindros de GLP. 

Si bien se evidencia que existe un decrecimiento en el uso de la leña, reemplazado por tecnologías limpias, ésta sigue desempeñando un rol importante. Lo cual deriva en afectaciones para la salud ya que cuando se utilizan fuentes contaminantes para cocción o calefacción se aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Calvo et al., 2021). 

Según los datos del último informe Tracking SDG7, para el año 2022 el 97% de la población de Brasil tiene acceso a métodos de cocción limpios (clean cooking). Aunque los métodos eléctricos de cocción están en franco crecimiento en el país, especialmente con el uso de electrodomésticos como el microondas, el gas licuado de petróleo (GLP) sigue siendo el método más tradicional y prevalente en la vida cotidiana de las familias brasileñas. Esto se debe tanto a la instalación convencional de los hogares como a los incentivos fiscales y programas de asistencia, como el auxílio-gás. Por otro lado, no existen incentivos tecnológicos ni financieros orientados a facilitar la transición y adaptación de las familias al uso de la energía eléctrica como sustituto del GLP.

Equidad del servicio eléctrico

La asequibilidad energética es un componente central de la justicia distributiva dentro de la transición energética justa. En esta categoría se evalúa la relación entre el salario mínimo legal y el costo promedio nacional del kWh de electricidad, a través de un índice que estima cuánta energía puede adquirirse con el 10% del ingreso de un trabajador formal. Este indicador permite evaluar si las tarifas de energía evolucionan en concordancia con la capacidad adquisitiva de los hogares, ofreciendo así una aproximación al principio de “energía como derecho y no como privilegio”.

Contexto y variables analizadas:

• Las variables analizadas en el gráfico son el Salario Mínimo, un dato grueso como la tarifa promedio anual (como una media nacional de las distintas empresas comercializadoras de energía) y la cantidad de energía en kWh que se puede adquirir con el 10% del ingreso mensual.
• Entre 2017 y 2023, el salario mínimo en Brasil experimentó un aumento sostenido, pasando de R$ 937 a R$ 1,302. Sin embargo, este crecimiento no siempre se tradujo en una mejora constante del poder adquisitivo energético. Durante los primeros años del periodo, el incremento en las tarifas promedio de electricidad que subieron de R$ 0.45/kWh en 2017 a R$ 0.66/kWh en 2023 superó al alza del salario mínimo, lo que redujo la cantidad de energía que podía adquirirse destinando el 10 % del ingreso mensual: de 207 kWh en 2017 cayó a 175 kWh en 2021, marcando el punto más bajo del periodo. A partir de 2022, sin embargo, se observa una recuperación en el poder adquisitivo energético, alcanzando los 198 kWh en 2023. Aunque este valor aún no supera el nivel de 2017, representa una mejora del 13 % respecto al mínimo de 2021.

Análisis de tendencia:

Iniciativas del gobierno federal buscan reducir la pobreza energética y promover la inclusión, como la Tarifa Social de Energía Eléctrica (TSEE), vigente desde 2010 y que actualmente beneficia a 40 millones de personas. El programa contempla a familias con un consumo de hasta 220 kilovatios/hora (kWh) y con ingresos mensuales de hasta medio salario mínimo por persona, ofreciendo descuentos proporcionales y criterios específicos para poblaciones indígenas y quilombolas. El programa es financiado por la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE), que en 2024 alcanzó un total de R $6,4 mil millones en subsidios.

La falta de adaptación de la matriz eléctrica nacional, compuesta mayoritariamente por fuentes hidroeléctricas, a los nuevos regímenes de precipitaciones, implica una mayor dependencia del accionamiento de las termoeléctricas. Estas, además de generar mayores emisiones por utilizar combustibles fósiles, también presentan un costo más elevado para el consumidor final. Este costo adicional se incorpora en la tarifa eléctrica y se distribuye de forma equitativa entre todos los consumidores, lo que impacta de manera más significativa en el costo de vida de las familias de bajos ingresos. Para el año 2025, la activación de las termoeléctricas podría provocar un aumento de hasta el 13% en la factura de electricidad, debido al incremento del Costo Marginal de Operación (CMO). Las revisiones tarifarias también inciden en el índice de uso de la energía eléctrica; en los últimos años, los reajustes han sido más elevados en los estados de la región amazónica, lo que ha llevado a que las tarifas de esta región se sitúen entre las más altas del país. Esta situación evidencia la ausencia de una perspectiva de justicia climática en la distribución de los costos del sistema eléctrico.

Estos factores explican la tendencia a la disminución en el uso de electricidad: aunque el acceso al servicio sea prácticamente universal, el alto costo del recurso puede hacer inviable su consumo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad social.

La diversificación de la matriz renovable también constituye una herramienta clave para una transición justa. La mayoría de los municipios brasileños presenta altos índices de incidencia solar durante gran parte del año. Por lo tanto, garantizar la seguridad energética a nivel local mediante inversiones en energía fotovoltaica representa una solución replicable para superar la pobreza energética, especialmente en regiones de difícil acceso y en comunidades aisladas. El complemento a la red tradicional a través de mecanismos como la generación distribuida (GD) ofrece una gran oportunidad para generar empleo e ingresos en las comunidades, incluyendo a poblaciones históricamente marginadas por la falta de acceso a la red eléctrica convencional.

Medidas como el Marco Legal de la Generación Distribuida (Ley nº 14.300/2022) contribuyen positivamente al equilibrio entre las demandas del sector fotovoltaico y los requisitos de las distribuidoras de energía eléctrica. Esta ley, aprobada en 2022, regula las modalidades de generación, el Sistema de Compensación de Energía Eléctrica (SCEE) y el Programa de Energía Renovable Social (PERS). No obstante, el acceso a los paneles solares sigue estando limitado a una pequeña parte de la población. Se están desarrollando mecanismos de financiación promovidos por bancos públicos e iniciativas de empresas sociales, con el objetivo de escalar la transición energética e incluir la producción de energía solar como herramienta de transición justa y de generación de ingresos.

Contexto y variables analizadas:

El DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) y el FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) son indicadores utilizados en la industria eléctrica de Brasil para evaluar la calidad del servicio. El primero mide la duración promedio de las interrupciones por cliente y el segundo la duración promedio de la frecuencia de las mismas. Un decrecimiento del DEC o FEC bajo sugieren una reducción de las interrupciones o frecuencia del servicio.

Análisis de tendencia: 

• De forma nacional, ambos índices se han reducido de forma considerable, en el caso del DEC decrece en un 14% para el 2022 en relación al 2016, y para el FEC un 25% para el 2022 en relación al 2016. Estas cifras, aunque son un número grueso, indican una mejora en la calidad del servicio.

El avance observado en los últimos años es el resultado de un conjunto de acciones adoptadas por la Aneel, como: la implementación de nuevas reglas de calidad en los contratos de concesión de las distribuidoras, el establecimiento de compensaciones económicas para los consumidores, la creación de incentivos tarifarios a través del Componente de Calidad, la adopción de planes de resultados para las distribuidoras con desempeño insatisfactorio, el fortalecimiento de las fiscalizaciones por parte de la Agencia y la definición de límites de interrupciones cada vez más estrictos para las concesionarias. Así los indicadores del DEC y FEC observados han mantenido una tendencia a la baja en 2023. En comparación con los años anteriores, registraron sus valores más bajos en 2023, ubicándose también por debajo de los límites definidos por la ANEEL.

Aunque ha habido mejoras a lo largo de los años, todavía existen regiones, especialmente en el Norte y el Nordeste, con un desempeño por debajo del ideal. La infraestructura eléctrica brasileña es desigual: mientras que las zonas urbanas e industrializadas (como el Sudeste y el Sur) cuentan con una mejor calidad en el suministro, las regiones más remotas o menos desarrolladas enfrentan cortes frecuentes, inestabilidad en la tensión y largos tiempos de restablecimiento. Esta disparidad afecta la competitividad regional y la calidad de vida. 

Los principales desafíos, más allá de la garantía del acceso, radican en mantener la calidad del suministro eléctrico y reducir sus costos, de modo que se posibilite un acceso justo y equitativo a un sistema eléctrico estable. El desafío es garantizar un suministro confiable, estable y equitativo en todo el territorio nacional, integrando las fuentes renovables y el flujo de la generación distribuida.

Brasil ha logrado una electrificación casi universal, con el 99,8% de los hogares conectados a la red en 2023. Sin embargo, esta cifra oculta desigualdades persistentes, especialmente en regiones rurales y amazónicas donde el acceso aún depende de soluciones aisladas. A pesar de la disminución en el uso de combustibles contaminantes como leña y carbón, estos siguen siendo relevantes en la cocción de alimentos, lo que plantea riesgos para la salud y revela una transición incompleta hacia tecnologías limpias. 

El acceso efectivo a la electricidad también está condicionado por su costo: aunque programas como la Tarifa Social de Energía Eléctrica han beneficiado a millones de personas, las tarifas elevadas y la activación de termoeléctricas han disminuido la cantidad de energía asequible para hogares vulnerables. 

Si bien la calidad del servicio ha mejorado, su distribución sigue siendo desigual. En conjunto, la pobreza energética en Brasil adopta hoy formas más estructurales, vinculadas a la asequibilidad, calidad e inequidad territorial del sistema energético.

Si bien los mecanismos de participación están contemplados en las normativas vigentes, su implementación no ha sido efectivamente conducida de manera inclusiva ni transparente. La legislación que regula el proceso de licenciamiento ambiental en Brasil establece que todo emprendimiento localizado en las cercanías de áreas protegidas, territorios de pueblos y comunidades tradicionales, o en zonas de alta sensibilidad ambiental, debe someterse a un proceso de consulta libre, previa e informada, conforme a los compromisos asumidos por el Estado brasileño en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se exige la elaboración de planes de relacionamiento y la ejecución de ciclos de monitoreo y evaluación.

En 2023 se instalaron 5.481 km de líneas de transmisión del Sistema Interconectado Nacional de Brasil. Aunque este indicador es considerado relevante para la expansión de la red eléctrica, el proceso de implementación de estas grandes infraestructuras genera impactos socioambientales frecuentemente desatendidos. En casos en que las líneas de transmisión atraviesan áreas protegidas, como unidades de conservación o territorios indígenas, se evidencia que los procedimientos legales para el proceso de licenciamiento, incluyendo la consulta libre, previa e informada (Convenio 169 de la OIT), no son aplicados de manera adecuada. Además, las concesionarias de energía eléctrica no muestran disposición para revisar los proyectos con el fin de minimizar los impactos sobre estas comunidades, priorizando cuestiones financieras.

Un caso emblemático en Brasil es el Linhão do Tucuruí, concebido como una solución al aislamiento eléctrico del estado de Roraima y a las frecuentes interrupciones del suministro, este proyecto, iniciado en 2022, se ha convertido en un foco constante de conflictos debido a que atraviesa territorios indígenas, tierras de comunidades rurales, bosques públicos y áreas protegidas. Esta situación ha generado profundas preocupaciones entre las poblaciones afectadas, que ven amenazados sus derechos, su modo de vida y la conservación de sus territorios.

No obstante la relevancia estratégica del proyecto para la seguridad energética de la región, no se ha desarrollado una aproximación integrada que equilibre adecuadamente las necesidades de suministro eléctrico con la protección social y ambiental. La falta de una planificación que contemple de manera conjunta la seguridad energética, los derechos de las comunidades locales y la conservación del medio ambiente ha contribuido a la generación de conflictos y a la vulneración de los territorios afectados. 

De manera general, los conflictos socioambientales actuales relacionados con la transición energética en Brasil se concentran en la región amazónica, debido a la explotación de minerales críticos, y en el noreste brasileño, en la región conocida como los corredores eólicos, donde los impactos de los parques eólicos recaen sobre las comunidades locales. Además de estos modelos más recientes, en diversas regiones del país, comunidades rurales, tradicionales y pueblos indígenas han sido afectados por la construcción de centrales hidroeléctricas desde la década de 1980. La construcción de las represas ha resultado en la pérdida de territorios y bosques, lo que ha conllevado a la expropiación, el desplazamiento y la precarización de los medios de vida, con indemnizaciones que no han sido reparadoras.

Los conflictos actuales van más allá de la violación de los derechos territoriales; los parques eólicos también han provocado especulación inmobiliaria, lo que ha aumentado el costo de vida para las comunidades locales. Otra cuestión muy presente es el incremento de casos de violencia contra mujeres y niñas, especialmente durante la fase de construcción de los parques eólicos, que moviliza principalmente a trabajadores hombres hacia pequeños municipios brasileños.

En el estado de Ceará, se ha observado en las comunidades quilombolas con parques eólicos instalados un aumento en los casos de embarazo y posterior abandono de los padres al finalizar las obras, situación conocida como “Hijos del Viento”. En el estado de Bahía, las comunidades de al menos 11 municipios mantienen conflictos con empresas del sector, algunos de ellos con disputas que se extienden por más de una década. En la Amazonía, la minería de minerales críticos y estratégicos para la transición energética amenaza la continuidad de las tierras indígenas y ejerce presión sobre las poblaciones ribereñas y extractivistas, provocando inseguridad y alteraciones en la dinámica de vida de estas comunidades.

Casos como estos evidencian el racismo ambiental y la falta de responsabilidad socioambiental, incompatibles con los principios de justicia climática, dado que las empresas no garantizan la seguridad ni la preservación de los modos de vida de las localidades donde se ubican los emprendimientos, además de que los beneficios generados no se distribuyen de manera equitativa entre las comunidades locales, que muchas veces continúan en situación de inseguridad energética.

No obstante, a pesar del marco jurídico establecido, los procedimientos actualmente aplicados se revelan insuficientes. Las comunidades afectadas no son adecuadamente integradas en los procesos decisorios, ni informadas de manera amplia, contextualizada y culturalmente adecuada sobre los posibles impactos y perjuicios de los emprendimientos en sus territorios. En un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, los procesos de consulta deben ser concebidos como instrumentos de promoción de la justicia climática, mediante la incorporación de prácticas participativas, formativas y transparentes que garanticen una participación plena, efectiva y representativa.

La carencia de criterios e indicadores de justicia climática dentro de los procesos de licenciamiento ambiental, así como la ausencia de datos unificados que permitan evaluar el grado de participación social en la concepción de los emprendimientos, imposibilita una evaluación cabal y objetiva de la situación en Brasil. Dada la extensión continental del país y el contexto de diversidades sociales y geográficas, resulta inviable realizar un mapeo exhaustivo de los conflictos socioambientales vinculados a la transición energética. Gran parte de las situaciones conflictivas son monitoreadas por organizaciones de la sociedad civil, aunque de manera fragmentada y localizada. En consecuencia, cualquier intento de cuantificación de esta problemática estará necesariamente subestimado.

Como si no fuera suficiente, el parlamento brasileño está impulsando iniciativas legislativas que buscan facilitar y acelerar los procesos de licenciamiento ambiental para emprendimientos económicos. Estas propuestas, bajo el argumento de promover el desarrollo económico y la inversión, tienden a flexibilizar los requisitos legales y reducir los frágiles mecanismos de control y participación social establecidos. Esta postura genera graves riesgos socioambientales, poniendo en riesgo territorios protegidos, la biodiversidad, así como los derechos de comunidades indígenas y tradicionales. Además, la reducción de los espacios de consulta pública y participación comunitaria debilita la posibilidad de garantizar una transición energética justa y respetuosa con los principios de justicia climática. O sea, visto el contexto nacional, la facilitación del licenciamiento sin los debidos controles puede profundizar las desigualdades sociales y ambientales ya existentes en Brasil.

La transición justa depende directamente de la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades para los trabajadores de la industria de combustibles fósiles. En los últimos años, se ha observado una tendencia al alza en la generación de empleos vinculados a la transición energética en Brasil. En 2023, se registró el mayor crecimiento mundial, con un aumento del 18%, situando a Brasil en el tercer lugar del ranking global.

Brasil no dispone, de manera oficial, de datos desagregados lo suficientemente robustos como para que se pueda conocer con precisión cuántas personas están empleadas, directa o indirectamente, en sectores fósiles o altamente dependientes de combustibles fósiles, como los servicios asociados a la mecánica automotriz y las tiendas de conveniencia instaladas en estaciones de servicio.

De todos modos, se sabe que la exportación de petróleo es el principal producto de exportación del país, y Petrobras, la empresa pública dedicada a la exploración, refinación y comercialización de hidrocarburos, sigue siendo una campeona nacional en materia de inversiones y de transferencia de fondos tributarios al erario público. Para ser más preciso, esta empresa estatal de capital abierto no solo lidera la producción de petróleo y gas en el país, sino que también articula una extensa cadena de valor que abarca actividades de exploración, producción, refinación, transporte y logística.

Según su Plan Estratégico 2024–2028, Petrobras estima que sus inversiones generarán aproximadamente 280 mil empleos directos e indirectos por año. Actualmente, Petrobras reporta más de 45 mil empleados directos en su estructura organizativa, lo cual da cuenta de su peso institucional y operativo. 

Es sabido que Petrobras ha financiado históricamente una amplia gama de proyectos de desarrollo en Brasil, desempeñando un papel crucial en la economía nacional. Sin embargo, en un contexto global marcado por la expectativa de reducción en la demanda de petróleo y por la urgente necesidad de generar empleos verdes, la falta de ambición climática de la compañía y su insistencia en expandir la infraestructura fósil representan un riesgo significativo.

Esta estrategia puede conducir al desperdicio de recursos valiosos en forma de activos varados (stranded assets), comprometiendo tanto a la competitividad futura de la empresa como al papel transformador que podría desempeñar en una transición energética justa y sostenible. De hecho, su Plan Estratégico 2050 aunque contempla metas de neutralidad en las emisiones operacionales y expansión en áreas como biocombustibles, petroquímica de base renovable y captura de carbono, está claramente desalineado con el papel de liderazgo que la empresa debería asumir para mantenerse como un verdadero tesoro nacional del pueblo brasileño.

Al insistir en perpetuar negocios ambientalmente destructivos, en un escenario de evidente reducción de precios derivada de la caída esperada en la demanda global, Petrobras obstaculiza una transición justa en Brasil. Renuncia, así, a liderar por el ejemplo, al dejar pasar la oportunidad de convertirse en una petrolera descarbonizada que exporta su modelo de negocio al mundo, genera capitales alineados con el clima, impulsa la creación de empleos verdes y en sectores de bajo carbono, comercializa energía renovable de forma sostenible y fortalece el soft power climático de Brasil en el escenario internacional.

Brasil se posiciona como uno de los países más relevantes en términos de empleo en energías renovables a nivel global, concentrando aproximadamente el 10% de los empleos totales del sector en el mundo. Este liderazgo se explica no solo por su matriz energética históricamente diversificada, sino también por su política activa de promoción de fuentes renovables y su amplia base industrial.

Según datos de IRENA para 2023, Brasil reportó un total estimado de 1,566,590 personas empleadas en todas las tecnologías renovables, destacándose por su gran volumen en comparación con otros países de la región.

Entre las tecnologías con mayor generación de empleo destacan:

• Energía solar fotovoltaica, con 264.000 empleos estimados, se consolida como la segunda fuente de empleo renovable en el país. Este crecimiento refleja tanto la expansión acelerada de la capacidad instalada como el fortalecimiento de una cadena de valor nacional, especialmente en la instalación y mantenimiento de sistemas distribuidos.
• Energía hidroeléctrica, a pesar de su madurez y menor expansión reciente, sigue representando una fuente relevante de ocupación, con 177.325 empleos. La operación de grandes centrales y la gestión de recursos hídricos contribuyen a mantener estos niveles.
• Energía eólica generó 80.300 empleos en 2023, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior. Este dinamismo sigue la tendencia global, y se asocia tanto a la construcción de nuevos parques en el noreste del país como al fortalecimiento de proveedores locales. Cabe destacar que Brasil concentra el 6% del empleo global en esta tecnología, lo que lo posiciona como un actor clave en su cadena de suministro internacional.
• Sistemas de calefacción solar (solar térmica), aunque con menor visibilidad, representaron 50.700 empleos, destacando su papel en usos residenciales y comerciales.
• Si bien Brasil no reporta empleos significativos en tecnologías como geotermia, energía oceánica, bombas de calor o residuos, el conjunto de tecnologías solares, hidráulicas y eólicas ya conforma una base laboral robusta, con potencial de crecimiento adicional hacia 2030.
• Empleos en biocombustibles, a pesar de ocupar el primer lugar en términos de empleo total con 994.260 personas empleadas en biocombustibles líquidos, esta categoría merece un tratamiento especial. Los biocombustibles han sido históricamente uno de los pilares de la política energética brasileña, particularmente en el sector transporte. Sin embargo, su inclusión como tecnología “renovable” ha sido objeto de creciente debate debido a los impactos ambientales y sociales asociados, como el uso intensivo de tierras, el desplazamiento de cultivos alimentarios y las emisiones indirectas vinculadas al cambio de uso de suelo.

Los datos históricos sobre los empleos generados por el sector de energía fósil no están disponibles en bases unificadas y actualizadas, lo que lleva a comparaciones y análisis imprecisos. Algunas asociaciones realizan esfuerzos de recopilación de datos, como es el caso de ABESPetro. Los datos indican una tendencia a la baja en los puestos de trabajo directos e indirectos durante la década de 2012-2021. Aunque en 2021 los puestos de trabajo mostraron un leve aumento, se mantuvieron estables en torno a los 500 mil desde 2016, cuando se produjo la caída más significativa de la década. Dado el escenario de crecimiento del sector de energías renovables y la no recuperación del nivel de empleo de 2021 en el sector fósil, el mercado laboral del sector de petróleo y gas tiende a perder espacio frente al sector de renovables aún en esta década.

El análisis comparado entre el sector fósil y el renovable en Brasil revela una transformación progresiva, aunque aún parcial, del perfil ocupacional del sistema energético nacional. Si bien el sector de combustibles fósiles, liderado por Petrobras, continúa siendo una fuente significativa de empleo directo e indirecto, las energías renovables ya superan ampliamente al sector fósil en términos de volumen total de empleos generados, especialmente si se incluye la cadena de biocombustibles.

Según estimaciones recientes, el sector renovable emplea a más de 1,56 millones de personas, frente a un rango estimado de alrededor de 500.000 empleos fósiles, cifra que no ha logrado recuperarse desde la caída registrada en 2016. 

No obstante, es necesario matizar la interpretación del liderazgo renovable: el 63% de los empleos en renovables provienen de los biocombustibles líquidos, una tecnología cuya sostenibilidad está en entredicho. Los impactos socioambientales asociados  al uso intensivo de tierras, presión sobre sistemas agrícolas y emisiones indirectas  limitan su consideración como vector prioritario de transición justa. Por ello, aunque su peso laboral es significativo, su inclusión debe leerse con cautela en términos de justicia ambiental.

En conjunto, los datos disponibles sugieren una reconfiguración del mercado laboral energético brasileño, en la que las renovables están ganando terreno frente al estancamiento del empleo fósil. Sin embargo, esta transición no es automática ni lineal: exige políticas activas de formación técnica, reconversión laboral y desarrollo industrial local. De no mediar estas estrategias, el país corre el riesgo de reproducir desigualdades territoriales y sectoriales, incluso dentro de un sistema energético en transformación.