Chile

• Comportamiento tendencial: la capacidad renovable, sin contar la hidroeléctrica de gran tamaño, creció desde 6,1 GW en 2020 a 19 GW al cierre de diciembre de 2025 (aumentó aproximadamente 2 GW solo durante 2025). Las tecnologías solar fotovoltaica y eólica lideran esta expansión. Este crecimiento sostenido responde a políticas de Estado consistente con energías renovables, incluyendo las leyes de cuota de ERNC, los contratos de suministro con bloques horarios, los compromisos de descarbonización de grandes clientes mineros, el costo competitivo de las fuentes renovables, la implementación de la Ley N°21.505 de Almacenamiento y la Ley N°21.721 de Transición Energética, orientada a resolver los cuellos de botella en transmisión.

• Comportamiento interanual: la capacidad renovable no convencional creció desde 16.804 MW en enero de 2025 a 18.996 MW a fines de diciembre de 2025, un incremento del 13% en el año. Los mayores proyectos corresponden a las tecnologías solar fotovoltaica y eólica, con tamaños en torno a los 400 MW en ambos casos. La generación ERNC en diciembre de 2025 alcanzó 3.826 GWh, representando el 50,9% de la generación mensual del SEN (superando el 47% registrado en diciembre de 2024 de 3.451 GWh). La capacidad de sistemas de almacenamiento tipo BESS alcanzó una capacidad operativa relevante cercano a los 1.700 MW, con proyectos adicionales en construcción (6.596 MW) y otros con resolución ambiental aprobada (15.589 MW) (Acera 2026), señalando una expansión robusta del portafolio renovable con respaldo en flexibilidad.

• Comparación benchmark: el escenario de Progresión Sostenible de Transforma (2024) proyecta que Chile alcanzaría un 96% de generación renovable en 2030 con un aumento de 27,2 GW de capacidad ERNC. El ritmo de expansión observado es consistente con esta trayectoria: la capacidad instalada de energías renovables se incrementará 2,28 veces al 2030 (ó 3,07 veces excluyendo hidroeléctricas). Chile se ubica en la ruta correcta para cumplir la meta del GST de triplicar la capacidad instalada global.

La descarbonización del sector eléctrico avanza de la mano del crecimiento fotovoltaico y eólico, alcanzando una generación del 50,9% de la generación del SEN, superando el 47% registrado en diciembre de 2024. Por su parte, la Red Solar Comunitaria y el mecanismo de net-billing (Ley N°20.571) siguen expandiéndose con nuevos proyectos residenciales, contabilizando 38.049 unidades conectadas en todo el país, sumando una capacidad instalada de 445,6 MW (CNE 2026).

Los contratos de suministro con clientes regulados y grandes consumidores industriales, especialmente del sector minero, siguen impulsando la incorporación de nueva capacidad ERNC. La Ley N°21.721 de Transición Energética, promulgada en diciembre de 2024 y en plena implementación durante 2025, aborda los cuellos de botella en transmisión que limitan la inyección de renovables, posicionando la transmisión como sector habilitante de la descarbonización. Se mantiene pendiente la tramitación del proyecto de impulso a las ENRC que propone la meta del 60% al 2030 (Boletín N°14755-08), la cual contribuiría con un marco regulatorio que consolida la trayectoria de expansión renovable para los próximos años. 

Si bien Chile ha consolidado su avance en ERNC, persisten desafíos socioterritoriales para mejorar la inserción de energías renovables en los territorios y prevenir conflictos locales. Los deficientes mecanismos de planificación territorial y participación ciudadana para el despliegue de proyectos solares y eólicos principalmente, ha gatillado en tensiones con otros usos productivos de la tierra, afectación sobre áreas protegidas, de alto valor ambiental y zonas urbanas.

• Comportamiento tendencial: de acuerdo con la información disponible, en el periodo 2020-2024 se observa una tendencia decreciente en la intensidad energética del país.en línea con los compromisos establecidos en en la Ley de Eficiencia Energética. Considerando datos preliminares disponibles, el año 2025 seguiría la misma tendencia de disminución.

• Comportamiento interanual: la tendencia entre 2023 y 2024 mantiene la dirección de mejora gradual observada desde 2019: el PIB volvió a crecer por sobre el consumo energético final, lo que se tradujo en una reducción del 2,8 % en la intensidad energética respecto de 2023. Por otra parte, aunque aún no se dispone de cifras oficiales consolidadas para 2025, el crecimiento del PIB cercano al 2,5% (Banco Central de Chile 2026) proyectado para ese año, combinado con un consumo energético total relativamente estable, anticipa una nueva mejora en la intensidad agregada.

• Comparación benchmark: Chile ha superado la meta global del GST de duplicar la tasa anual promedio de mejora en eficiencia energética (4%). Con mejoras del 6% y 8% en 2021 y 2022, el país demuestra un desempeño por encima del estándar internacional. El Plan Nacional de Eficiencia Energética establece metas sectoriales ambiciosas: reducción del 4% de la intensidad de grandes consumidores al 2026, 30% de ahorro térmico en viviendas nuevas y duplicar el rendimiento de vehículos livianos al 2035.

La Ley N°21.305 de Eficiencia Energética, vigente desde el año 2012, ha impulsado avances sostenidos y progresivos en el desempeño energético del país. Esta normativa se estructura en cuatro ejes principales: la obligación para grandes consumidores industriales de implementar Sistemas de Gestión de Energía (SGE) cuando superan las 50 TCal/año; la introducción de estándares de eficiencia para vehículos livianos desde febrero de 2024; la implementación de etiquetado energético obligatorio en edificaciones nuevas, con una meta de reducción del consumo del 30% al 2026; y el fortalecimiento del reporte sistemático en el sector público, incorporando instituciones centralizadas en 2024 y descentralizadas en 2025. En este marco, el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022- 2026 establece como objetivo reducir la intensidad energética en un 15% al 2030 respecto de 2019.

Los resultados observados evidencian avances concretos. En el sector público, la intensidad de consumo promedio anual se redujo en un 15% entre 2017 y 2025 (Ministerio de Energía 2025), reflejando el impacto de la implementación de medidas de gestión energética. A nivel agregado, la intensidad energética del país muestra una tendencia de mejora gradual, evidenciando un desacople progresivo entre el crecimiento económico y el consumo de energía. En particular, datos de la Agencia Internacional de Energía indican que Chile logró una reducción del 27% en su intensidad energética entre 2000 y 2024 (IEA s.f.).

En cuanto al análisis sectorial, el sector transporte concentra los mayores niveles de intensidad energética, con valores en torno a 0,12 y 0,13 durante 2019 y 2023, que alcanzó su valor más alto hacia 2020 y posteriormente se evidencia una tendencia a la baja hacia 2023, que se puede explicar en parte por el impulso a la electromovilidad, particularmente de transporte público. Aunque el sector transporte continúa siendo significativamente superior al resto de los sectoriales, lo que responde a factores como la alta dependencia a combustibles fósiles, especialmente diésel y gasolina, y el crecimiento sostenido del parque automotriz. 

Los sectores del Agro, Pesca y Minería presentan niveles menores de intensidad energética, y relativamente estables en el tiempo. La electrificación de procesos productivos e incorporación de energías renovables ha contribuido a contener aumentos pronunciados. 

El resto de los sectores mantienen una intensidad energética baja y estable en el período de tiempo analizado. De esta manera, los datos muestran una brecha significativa entre sector transporte y el resto de los sectores, posicionándose como un área prioritaria para la política energética en Chile. 

• Comportamiento tendencial: en términos energéticos, la importación de combustibles en Chile se ha mantenido relativamente estable entre 2020 y 2025, con cifras que oscilan alrededor de 1,1 millones de TJ, con cambios interanuales bajo el 8%. Dado el cierre de unidades carboneras y el desplazamiento de generación térmica por el aumento de renovables, el consumo de carbón ha bajado de 272 a 143 PJ entre 2020 y 2025, sin embargo, ha aumentado de manera relevante la importación de crudo y diésel desde 537 a 640 PJ entre 2020 y 2025. En términos globales, se observa una tendencia a la baja, con una línea tendencial negativa.

• Comportamiento interanual: los registros oficiales muestran un aumento de 12,3% en el consumo total de energía el año 2023 respecto del 2022. La causa de este aumento es la combinación de una serie de factores, pero entre los más relevantes se encuentran el aumento de actividad industrial y minera, con la entrada de una nueva faena y en ciertos casos una baja en la ley mineral que obliga a utilizar más energía por unidad producida. El comportamiento interanual entre 2024 y 2025 muestra una reducción global en la energía de todos los combustibles importados de 3,6% pasando de 1,1 PJ a 1,07 PJ. La reducción más importante se presentó en el crudo y otros combustibles líquidos y un aumento en las importaciones de gas natural (Energía Abierta).

Chile avanza en la descarbonización eléctrica a través del cierre programado de centrales a carbón. En 2023, la generación renovable superó por primera vez la generación fósil para la generación eléctrica (ACERA 2024). Posteriormente, el cronograma de descarbonización continuó avanzando, y en diciembre de 2025, con el cierre definitivo de las unidades CTM1, CTM2 e Infraestructura Energética Mejillones, que en conjunto suman 709 MW de capacidad bruta, se concretó el cierre de 14 centrales termoeléctricas, es decir la mitad de las que operaban en 2018. En el caso de IEM, inició proceso de reconversión a gas natural. Otras unidades, como Andinas y Hornitos, podrían ser reconvertidas durante 2026. Sin embargo, el cierre de centrales térmicas no ha incluído medidas de desmantelamiento y remediación, debido al incumplimiento de las obligaciones de cierre establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental de los proyectos y la ausencia fiscalización ambiental de la autoridad. 

Adicionalmente, dado que Chile produce muy poco petróleo, las importaciones de combustibles se convierten en un buen indicador del consumo interno, siendo los mayores consumidores los sectores de transporte e industria y minería.

Para el sector transporte, la Política Energética Nacional de 2022 incluye metas de movilidad sostenible como que al 2040 el 100% de los buses y taxis de transporte urbano, tanto públicos como privados, sean vehículos cero emisiones; al 2050, que al menos el 60% del parque vehicular particular y comercial esté compuesto por este tipo de vehículos; y que para 2035, todas las ventas de vehículos livianos y medianos nuevos, así como las nuevas incorporaciones al transporte público urbano, correspondan a unidades cero emisiones.

• Comportamiento tendencial: desde 2020, los subsidios al consumo de combustibles fósiles mostraron una tendencia creciente hasta alcanzar un máximo en 2022 (0,82% del PIB), impulsados por los mecanismos de estabilización de precios (MEPCO) activados ante la crisis energética global. Adicionalmente, persisten subsidios específicos en regiones extremas como Magallanes y exenciones al sector transporte (estimadas en 300–400 millones USD anuales).

El nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast, que inició su periodo en marzo de 2026, ha hecho un cambio radical en el mecanismo de estabilización de precios MEPCO, lo cual ha impactado con un aumento significativo de 35% en el precio de todos los combustibles líquidos, el cual se ha pasado directamente a precio. El gobierno está estudiando alternativas para mitigar el impacto en las familias más vulnerables, como congelamiento de precio a parafina y tarifas de transporte público, subsidio a taxis y colectivos, créditos para renovación de flota, entre otros.

• Comportamiento interanual: Durante el año 2024, el mecanismo MEPCO mantuvo una operación equilibrada con una recaudación neta estimada en US$72 millones. Se observó una caída del 3% anual en la recaudación del impuesto a los combustibles hacia finales de año debido a menores ventas de gasolina. El retiro gradual del subsidio, impulsado por precios internacionales del petróleo a la baja, permitió que el componente variable del impuesto sume recursos en lugar de restarlos. En 2025 aumentó el ingreso a US$114 millones (La Tercera 2026)

Sin embargo, esta situación ha cambiado radicalmente en los últimos meses, donde se ha observado un aumento sostenido del precio del petróleo a nivel internacional. El impacto se traduce en un aumento del subsidio, ya que el traspaso de precio a los consumidores tiene una pendiente acotada. No obstante, el gobierno incorporó un cambio en el funcionamiento del MEPCO que redujo su rol como amortiguador de precios permitiendo un mayor traspaso de los precios internacionales a los consumidores.

En términos de Subsidios explícitos, es decir, lo que el fisco efectivamente reasigna o gasta vía MEPCO, los datos disponibles sitúan a Chile en torno al 0,05%–0,82% del PIB, con un máximo de 0,82% en 2022 durante el conflicto bélico, y retorno a niveles de ~0,05% en 2023. Para 2024, dada la magnitud del subsidio en H1 (~US$ 153 millones sobre un PIB de ~US$ 340 billones), la estimación ronda el 0,04%–0,05% del PIB para el año completo. En 2025, con menor precio promedio del petróleo, la primera parte del año hubo un reembolso de gastos anteriores, pero esta situación cambió hacia fines de año, en línea con el aumento de los precios de referencia. 

• Comportamiento tendencial: la inversión en transición energética en Chile se ha concentrado en el desarrollo de fuentes renovables de generación eléctrica, aprovechando los recursos solares y eólicos de clase mundial del país y la caída sostenida del costo de inversión —los precios de las licitaciones de suministro regulado cayeron de ~USD 128/MWh en 2013 a ~USD 30/MWh en 2017—. Los motores principales han sido los contratos de largo plazo (licitaciones reguladas y PPA corporativos, especialmente mineros) y el retiro progresivo de la capacidad térmica a carbón comprometida para 2040. La tendencia evoluciona hacia un sistema eléctrico crecientemente renovable (70 % en 2024, meta 80 % al 2030) y, desde 2023–2024, se amplía hacia el almacenamiento en baterías y el hidrógeno verde, que extienden la transición hacia sectores más difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la industria de procesos y la minería.
• Comportamiento interanual: entre 2024 y 2025 se observa un cambio de escala en el flujo de capital. Mientras que en 2024 la inversión en renovables alcanzó un récord de USD 5.695 millones (un crecimiento anual superior al 200%), el 2025 se caracteriza por la diversificación del portafolio. Los cambios más notables incluyen:
  • • Almacenamiento masivo: El foco inversor se ha desplazado hacia proyectos de baterías (BESS), con cerca de 19 GW en evaluación para resolver cuellos de botella en la red, con una inversión estimada entre 8000 y 9000 millones de USD.
    • Hidrógeno Verde: El 2025 marca el fin de la “Fase 1” de la estrategia nacional, centrada en aplicaciones locales en minería y camiones pesados, preparando el terreno para inversiones proyectadas de USD 45.000 millones al 2030.

A nivel mundial, Chile es reconocido como un referente para economías emergentes, situándose en 2025 como el segundo país más avanzado de América Latina y el puesto 21 a nivel global en el Índice de Transición Energética. Esta posición atrae capitales internacionales interesados no solo en la generación de energía, sino en la cadena de valor de minerales críticos (litio y cobre) esenciales para la transición global. No obstante, el país enfrenta el desafío de reducir su dependencia de combustibles fósiles importados, por los que pagó USD 14 mil millones en 2024. 

La pobreza energética representa una forma crítica de exclusión que impide el acceso equitativo a servicios esenciales para una vida digna. Más allá de la simple ausencia de conexión eléctrica, esta condición afecta la capacidad de los hogares para satisfacer necesidades básicas como la cocción de alimentos y calefacción lo que repercute directamente en la salud física y mental de sus integrantes. Aunque en áreas urbanas la mayoría de los hogares utilizan combustibles denominados comerciales (gas, parafina) o tecnologías limpias, en las zonas rurales el uso de leña sigue siendo predominante, lo que incrementa la exposición a enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Calvo et al., 2021). Esta desigualdad territorial evidencia la urgencia de abordar la pobreza energética desde un enfoque de justicia social.

Asimismo, la pobreza energética tiene un marcado componente de género. En muchos contextos rurales, la falta de acceso a fuentes sostenibles obliga a las mujeres a asumir tareas adicionales como la recolección de leña, lo que limita su tiempo para otras actividades y aumenta su vulnerabilidad a riesgos físicos y sanitarios (Calvo et al., 2021). Estas desigualdades se agravan al considerar que el rol de gestoras de la energía doméstica asignado a las mujeres implica una mayor exposición a ambientes contaminados, temperaturas extremas y demandas de cuidado (Siles y Rojas, 2014; Amigo et al., 2018). Por tanto, superar la pobreza energética requiere políticas que no solo amplíen la cobertura, sino que también garanticen la calidad  de los energéticos y asequibilidad del servicio, en el marco de una transición energética verdaderamente justa.

Acceso a la electricidad

Chile muestra buenos índices de cobertura eléctrica, con cifras cercanas al 99% a nivel nacional, siendo un poco más alta en sectores urbanos que en sectores rurales. Una de las principales metas de la Política Energética Nacional es lograr un 100% de acceso a electricidad para todos los hogares al 2030;  y al año 2040 energía limpia de bajas emisiones para satisfacer necesidades de calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos.

En el siguiente cuadro se muestra una comparación del índice de Acceso a la Electricidad entre los años 2017 y 2022.

En Chile, el acceso a la energía es alto y se mantiene cercano al 99%, gracias a un proceso sostenido de modernización. Sin embargo, aún existen viviendas aisladas, en su mayoría vinculadas a asentamientos rurales de subsistencia y comunidades indígenas sin suministro eléctrico. Paralelamente, en las últimas décadas ha aumentado el número de familias que viven en campamentos irregulares  (Techo 2025), principalmente en la periferia de las zonas urbanas y en condiciones de marginación. Este fenómeno podría explicar, en parte, la disminución del índice de acceso registrada entre 2017 y 2022. 

A continuación se presentan los datos sobre la composición de combustibles para la cocción de alimentos en Chile entre el año 2017 y 2022. 

Composición de energéticos en la cocción de alimentos

que define como limpias, entre las cuales destaca la electricidad, el gas natural conectado a red pública y gas propano/GLP (en cilindro o pipeta). De las variables analizadas podemos clasificar los combustibles y tecnologías de la siguiente forma:

La evolución de las fuentes de energía utilizadas para la cocción de alimentos en los hogares chilenos refleja una transición desde combustibles tradicionales hacia opciones más modernas y limpias.

Históricamente, la leña ha sido una fuente primaria de energía para la cocción, especialmente en zonas rurales y del sur del país. Sin embargo, su uso ha disminuido progresivamente debido a preocupaciones ambientales por superación de las normas de calidad del aire y de salud. Por su parte, el gas licuado (GLP) y el gas natural han ganado popularidad como fuente de energía para la cocción. Su uso se ha incrementado en áreas urbanas debido a su conveniencia, eficiencia y el despliegue de redes de distribución. A su vez, la electricidad ha emergido como una alternativa moderna para la cocción, especialmente en entornos urbanos. Aunque su adopción ha sido más lenta en comparación con el gas y en general se percibe como una fuente más cara.

Análisis de tendencia

En general se observa una leve disminución del uso de la leña como fuente de energía para la cocción de alimentos en favor del gas y la electricidad, esta última especialmente en sectores urbanos. Entre los elementos que influyen en este cambio se cuentan la mayor preocupación de la calidad del aire y de los efectos sobre la salud, además de la eficiencia económica de los sustitutos gas y electricidad, si bien la electricidad se percibe como un energético caro y algo de desconfianza en la continuidad de suministro.

La calidad del suministro eléctrico en Chile ha mostrado una tendencia general de mejora en las últimas dos décadas, aunque persisten desafíos estructurales y eventos críticos que evidencian vulnerabilidades en el sistema.

A pesar de los avances, eventos recientes han puesto en evidencia vulnerabilidades del sistema eléctrico chileno. En febrero de 2025, un apagón masivo afectó al 80% de la población debido a una falla en una línea de transmisión, subrayando la urgencia de fortalecer la infraestructura y la resiliencia del sistema. Asimismo, en 2024, intensas lluvias en Santiago provocaron prolongados cortes de energía en clientes residenciales, superando los límites establecidos por la normativa eléctrica.

En general Chile muestra buenos índices de acceso a la electricidad, y parece posible avanzar en línea con el objetivo de 100% de suministro a los hogares al 2030. En términos de uso de energéticos para cocción de alimentos también se aprecia un cambio hacia fuentes más limpias, si bien el uso de electricidad es todavía muy incipiente principalmente porque se percibe como menos confiable que el gas. Respecto a la calidad de suministro, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) solamente lleva registro del indicador SAIDI y en general este índice se ha movido entre 12 y hasta 14 horas de falta de suministro, todavía lejos del objetivo de 5 horas de la Política Energética Nacional  al 2035.

La transición energética en Chile, impulsada principalmente como una estrategia para enfrentar el cambio climático y diversificar la matriz energética, ha cobrado relevancia desde la promulgación de la primera Ley de Energías Renovables en 2008, y luego más aceleradamente a partir del año 2019, con el anuncio del retiro voluntario de las centrales termoeléctricas a carbón con fecha límite al año 2040. Ambos hitos en la política pública generaron un acelerado despliegue de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) como solar y eólica, pero al mismo tiempo han tensionado los territorios por competencia de uso de suelo para la producción de alimentos, su localización cercana a las viviendas, a áreas protegidas, al borde costero con rutas de aves migratorias, y en ecosistemas frágiles, o  áreas de alto valor turístico, entre otros. 

A esto se suma en los últimos años el fomento de la industria del hidrógeno verde en las regiones de Magallanes y Antofagasta, a través de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde publicada en 2020 y el Plan de Acción de Hidrógeno Verde publicado en 2024, que conlleva una mayor expansión y ocupación territorial de  las ERNC para energizar los procesos de desalinización y electrólisis para  la producción del hidrógeno y la expansión de  infraestructura energética, industrial, portuaria y de transporte terrestre  en territorios no urbanizados, generando un uso del territorio aún más intensivo. 

Por último, en el norte del país cobra relevancia la amenaza asociada a la explotación de minerales estratégicos para la transición energética, como el litio. La Estrategia Nacional del Litio, publicada en 2023, habilita la explotación de todos los salares ubicados en la zona altiplánica de las regiones del norte de Chile (con excepción de aquellos bajo protección), lo que ha generado críticas por consolidar un modelo extractivista al servicio de la transición energética. 

Los conflictos ambientales asociados al sector eléctrico en Chile tienen una larga trayectoria. Históricamente, han surgido frente a proyectos hidroeléctricos, debido a la intervención de ríos, ecosistemas de alto valor ambiental y territorios indígenas; así como frente a centrales termoeléctricas a carbón, por la degradación del borde costero, el desplazamiento de la pesca artesanal, la emisión de contaminantes, la afectación de cultivos agrícolas y la disposición de cenizas. En 2010, la Fundación Chile Sustentable, en un análisis sobre los principales conflictos asociados al uso del agua, identificó 11 casos vinculados a proyectos de generación hidroeléctrica en las regiones centro, sur y austral del país. Posteriormente, en 2018, el Observatorio de Conflictos Socioambientales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registró un total de 48 conflictos relacionados con el sector energético.

Por otra parte, Carranza et al (2020) identificaron 104 conflictos socioambientales vinculados al sector energético, concentrados principalmente en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Araucanía, Biobío y Maule. De acuerdo con este estudio, el sector energético es la actividad productiva con mayor número de proyectos generadores de conflictos en Chile, representando el 31% del total registrado. 

En la región de Antofagasta se identificaron 14 proyectos energéticos con conflicto. En Valparaíso, 6 proyectos con conflictos. En ambas regiones, el sector productivo que más ha desencadenado conflictos territoriales es el energético, representando un 33% y un 15% respectivamente de todos los conflictos presentes en la región. 

Hacia las regiones del Sur también dominan conflictos energéticos, mayoritariamente por generación hidroeléctrica.  En esto destacan las regiones de la Araucanía, Biobío y Maule, donde también la industria energética es la principal desencadenante de conflictos ambientales y territoriales, con un 60%, 57% y 57%, respectivamente Carranza et al (2020). 

Algunas de las principales causas que desencadenan conflictos con proyectos de generación mediante  Energías Renovables No Convencionales (ERNC) radican en los criterios de localización de los proyectos (Gil et al 2022), debido principalmente a una deficiente planificación territorial para el desarrollo del sector eléctrico (ACERA 2024). A diferencia del discurso que promueve estas tecnologías como limpias y sostenibles, su masificación ha generado efectos negativos y pérdida de aceptación social  en territorios rurales y comunidades locales. 

Algunos problemas se han desencadenado por la cercanía entre la infraestructura de los proyectos y las viviendas, en algunos casos siendo su localización a menos de 500 metros. En la comuna de Los Ángeles (región del Biobío) por ejemplo, los vecinos junto con el alcalde han solicitado detener la construcción de parques eólicos por su afectación sobre los asentamientos humanos y su calidad de vida. Algunos de los impactos son: el efecto sombra provocado por los aerogeneradores, el ruido constante de las turbinas y la pérdida de valor del paisaje. 

También los proyectos de generación mediante ERNC han generado tensiones por la instalación de campos solares y eólicos en terrenos de uso agrícola, debido a una competencia directa entre los proyectos energéticos y su infraestructura asociada con otros usos de suelo, como la producción  agrícola (Gil et al 2022). 

Por ejemplo, el Proyecto Fotovoltaico “Triqueta” en Catemu, Región de Valparaíso, contempla la instalación de paneles solares en aproximadamente 280 hectáreas de suelos agrícolas. Esto ha levantado preocupación entre agricultores locales porque temen pérdida de tierras productivas y afectación sobre su soberanía alimentaria (Barassi 2025). 

También en Colbún, región del Maule, se formó un movimiento ciudadano “No más zona de sacrificio para Colbún y su gente”, a raíz del Proyecto Panimávida Solar, que busca instalarse en 160 hectáreas de suelo agrícola. La ciudadanía ha manifestado a las autoridades locales, nacionales y hasta al presidente de la República su rechazo al proyecto por la alta concentración de proyectos renovables que afectan la actividad agrícola del sector. 

Respecto al proceso de descarbonización, los conflictos se concentran en las 5 comunas donde han operado las centrales termoeléctricas a carbón, o también llamadas “zonas de sacrificio”; Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero/Puchuncaví y Coronel. Se reclaman afectaciones persistentes sobre la salud de las personas y el medio ambiente, y una falta de medidas de remediación y reparación para la comunidad, el medio ambiente  y los territorios. Aunque 11 centrales de generación a carbón han dejado de operar en 3 de dichas ciudades, no se han implementado planes de cierre integrales. Los pasivos ambientales, tales como las infraestructuras energéticas obsoletas, las canchas de acopio de carbón  permanecen abandonadas y los depósitos de cenizas siguen sin manejo adecuado; además, los impactos acumulativos de décadas de emisiones contaminantes no han sido reparados. 

Otros ejes críticos son la explotación del litio en el norte del país y el desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde (H2V). En Magallanes se han desencadenado conflictos por el ingreso a evaluación ambiental de grandes proyectos de hidrógeno, como el Proyecto Parque Eólico Faro del Sur, en Cabo Negro, para el cual la ciudadanía ingresó casi 500 observaciones ciudadanas en su Estudio de Impacto Ambiental. Se advierte desde distintos sectores un uso intensivo del territorio necesario para la producción de H2V, asociado a la extensa instalación de aerogeneradores, plantas de electrólisis, líneas de transmisión, puertos, acueductos, etc. En 2023 se creó el Panel Ciudadano H2 de Magallanes, que visibiliza las preocupaciones frente a la arremetida de dichos proyectos.

Los principales mecanismos de participación ciudadana en Chile son los enmarcados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y el proceso de aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regula la consulta indígena. 

• La Participación Ciudadana (PAC) en proyectos sometidos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental es uno de los más utilizados, sobre todo en procesos con conflicto. Este mecanismo busca incluir a la ciudadanía en la evaluación de proyectos o actividades con potencial impacto ambiental (Sandoval – Aldana 2024). La PAC está establecida en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 4, que obliga al Estado a facilitar estos procesos y garantizar el acceso a la información ambiental. 

Los ciudadanos pueden formular observaciones a las propuestas de los titulares del proyecto, durante un plazo legal, y luego recibir respuestas del titular a dichas observaciones. No obstante, este proceso de participación no es vinculante, por lo que las observaciones ciudadanas no influyen de manera efectiva en las decisiones de si un proyecto es aprobado o rechazado, lo que genera insatisfacción y desconfianza en el proceso. 

• Convenio 169. Otro instrumento que existe es la consulta indígena, regulada bajo el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos indígenas cada vez que se promueven medidas que puedan afectarles directamente. Además, el Decreto Supremo 40 del Ministerio de Medio Ambiente regula  la consulta indígena en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siempre que un proyecto o actividad genera afectaciones sobre uno o más grupos pertenecientes a pueblos indígenas. Al igual que la PAC, la consulta indígena no es vinculante, sin embargo, el Estado – o los titulares de proyecto – deben justificar la inclusión o no de las observaciones de los pueblos indígenas. 

Un avance significativo en materia de participación y fortalecimiento de los derechos ambientales, ha sido  la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú en 2022, que promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. El desafío aún está en su implementación efectiva.

En el marco de la Transición Energética el despliegue acelerado de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) ha generado conflictos socioambientales en las distintas macrozonas del país, con externalidades negativas sobre las comunidades y medios de vida, principalmente por falta de ordenamiento y planificación territorial y la ausencia de mecanismos efectivos de redistribución de beneficios y participación vinculante. Es probable que la cantidad de conflictos vayan en aumento en los próximos años, debido a la expansión acelerada y masiva de las energías renovables, a la presión y especulación en torno a la explotación del litio, y el modelo industrial adoptado para el desarrollo de la industria del Hidrógeno Verde. 

Además, las denominadas “zonas de sacrificio” – como Tocopilla, Coronel y Quintero-Puchuncaví – siguen cargando con pasivos ambientales  y los impactos acumulativos de décadas de contaminación y sobre la salud de la población, sin planes de remediación ni cierre integral de las infraestructuras termoeléctricas.

Aunque existen mecanismos formales de participación en Chile, como la Participación Ciudadana (PAC) en el marco del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Consulta Indígena bajo el Convenio 169 de la OIT, ninguno de los procesos es vinculante, lo que reduce su efectividad y genera frustración en la población.

La PAC se limita a un proceso reactivo, con tiempos acotados y escasa influencia en la toma de decisiones finales sobre los proyectos. La Consulta Indígena, aunque reconocida normativamente, enfrenta críticas por su aplicación limitada, tardía y sin incidencia real en la reconfiguración de los proyectos.

La adhesión al Acuerdo de Escazú en 2022 representa un avance normativo importante, pero su implementación aún enfrenta desafíos significativos, especialmente en garantizar acceso efectivo a la justicia ambiental y participación sustantiva.

Respecto a la información presentada en esta sección, los datos disponibles y documentados provienen principalmente de estimaciones realizadas el año 2018, en el contexto y como insumo para la Mesa de Descarbonización liderada por el gobierno de Chile antes del lanzamiento del Plan de Descarbonización de 2019.

Un estudio realizado por INODU para el gobierno de Chile en 2018 estimó que la generación a carbón en Chile genera aproximadamente 4.100 puestos de empleos permanentes, y otros 1.500 puestos de empleos indirectos. 

El mismo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo de 2018 mostró que la generación de electricidad en base a carbón genera 4.317 empleos contratados directa e indirectamente por las empresas, y 9.345 empleos indirectos, aunque en su estimación incorporó todos los procesos involucrados, desde la obtención del combustible hasta la generación de energía (BID, 2018). 

La Fundación Chile Sustentable estimó el número de empleos directos asociados a la operación de centrales a carbón, a partir de la información declarada por las empresas en sus respectivas Evaluaciones de Impacto Ambiental y Resoluciones de Calificación Ambiental. El cálculo arrojó un total de 1.212 trabajadores directos a nivel nacional, vinculados a la operación de las 28 centrales termoeléctricas a carbón que originalmente operaban en Chile (Chile Sustentable, 2020). 

Por su parte, la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), a abril de 2025, cuenta con una dotación de 3.445 trabajadores.

Un estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2018 estimó que se podrían crear entre 32.000 y 40.000 nuevos puestos de empleos directos e indirectos hacia 2030, vinculados al desarrollo de otras alternativas de generación eléctrica  que reemplazan la generación en base a carbón y combustibles fósiles (BID, 2018).

Por su parte, datos de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) estiman que en la última década se han generado 17.000 puestos de trabajo, entre puestos permanentes y transitorios, asociados al desarrollo, construcción y operación de proyectos de generación eléctrica con base en fuentes renovables. Si proyectamos el aumento de Energías Renovables necesario para el retiro de las centrales termoeléctricas a carbón, se podrían generar 22.000  nuevos puestos de trabajo al año 2030.  

Si bien estas cifras son útiles como estimación, presentan limitaciones, pues no reflejan con precisión la cantidad actual de empleos directos e indirectos en el sector renovable. Persiste el desafío de transparentar y sistematizar esta información.

La dimensión de empleos en el contexto de la Transición Energética Justa en Chile presenta tanto oportunidades como desafíos relevantes. Por un lado, la información disponible confirma que la matriz energética tradicional, especialmente la generación a carbón, sostiene una cantidad considerable de empleos directos e indirectos, aunque con cifras variables según la fuente y el método de estimación. Por otro lado, se proyecta que el desarrollo de energías renovables tiene un potencial significativo para crear nuevos puestos de trabajo, con estimaciones que oscilan entre 22.000 y 40.000 empleos para 2030, dependiendo del ritmo de expansión tecnológica y de la capacidad institucional para impulsar una transición planificada. 

Sin embargo, la dimensión laboral aún carece de datos sistemáticos y desagregados, lo que limita una evaluación precisa del balance neto de empleos y de su calidad (formalidad, estabilidad, condiciones laborales). Esta opacidad dificulta la implementación de políticas activas para una transición justa, especialmente en regiones dependientes de actividades intensivas en combustibles fósiles. La necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo laboral, incorporar criterios de justicia territorial y fomentar el diálogo social emerge como una prioridad para que la transformación energética genere empleo digno y equitativo.