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Fecha de la última actualización: 07 de Octubre 2026

A la luz de este contexto global, los resultados regionales muestran avances desiguales en la mejora de la eficiencia energética entre los países evaluados.

Colombia (100), Chile (92) y Costa Rica (85) alcanzaron el nivel muy alto. Colombia redujo su intensidad energética cerca de un 13 % entre 2019 y 2024, con mejoras del 7,7 % en 2022 y del 6,1 % en 2024 que superaron el umbral de referencia del 4 % anual, asociado a la meta del primer Balance Mundial de duplicar la tasa de mejora de la eficiencia. El avance no fue lineal: en 2023 el indicador retrocedió un 2,1 %. Chile es el único país con una reducción continua entre 2020 y 2024. En el último año mejoró un 2,8 %, aunque el informe atribuye este resultado a que el PIB creció más rápido que el consumo final de energía, lo cual no es lo mismo que una ganancia tecnológica. En el largo plazo, su intensidad energética cayó un 27 % entre 2000 y 2024, y la Ley 21.305 fortaleció los sistemas de gestión de energía, los estándares de eficiencia vehicular y el etiquetado energético de las edificaciones. Costa Rica redujo su intensidad alrededor de un 12 % entre 2020 y 2024, con una trayectoria discontinua: el retroceso de 2023 coincidió con el fenómeno de El Niño y un mayor uso de combustibles.

Brasil (44, nivel medio) y Argentina (36, nivel bajo) terminaron el periodo con una intensidad menor a la inicial, pero sin una trayectoria sostenida. En Brasil, la reducción acumulada entre 2019 y 2024 fue del 2,35 %, una mejora media anual cercana al 0,47 %: alrededor de una octava parte del ritmo de referencia. La industria básica, la producción de materias primas y el transporte carretero sostienen una demanda energética elevada. En Argentina, las mejoras de 2021 a 2023 (2,74 %, 1,41 % y 1,43 %) se revirtieron parcialmente con un retroceso del 1,45 % en 2024, que el informe asocia a factores coyunturales y a la ausencia de una estrategia integral de eficiencia energética.

México (5, nivel muy bajo) presenta el mayor deterioro. Después de reducir su intensidad energética entre 2020 y 2023, el indicador aumentó un 5,9 % en 2024 y superó el nivel de 2020: un solo año deterioró las mejoras de los tres anteriores.

El transporte es la restricción común. En Costa Rica concentra cerca del 85 % del consumo de combustibles fósiles; en Colombia, las motocicletas representan cerca del 63 % del parque automotor; en México y Brasil, la demanda del transporte sigue dependiendo de derivados del petróleo. ¿Queremos que la eficiencia de nuestras economías siga dependiendo del ciclo económico, o de políticas capaces de sobrevivirlo?

Fecha de la última actualización: 07 de Octubre 2026

Ninguno de los seis países reduce al mismo tiempo la producción, el consumo y la dependencia comercial de los combustibles fósiles. Las reducciones existen, pero son parciales: un combustible se sustituye por otro, la producción nacional se reemplaza con importaciones, o la extracción cae mientras el consumo interno sube. Reducirse no es salir.

Los países exportadores mantienen incentivos económicos y fiscales para seguir produciendo. En Brasil, la producción aumentó un 59 % y las exportaciones un 160 % entre 2010 y 2024, aunque el consumo interno se mantuvo entre 5.200 y 5.800 PJ y disminuyó en 2024 por la mayor incorporación de biocombustibles y de energía eólica y solar. Argentina mantiene una matriz primaria compuesta en un 86 % por fuentes fósiles y continúa ampliando la producción de petróleo y gas. Colombia siguió una trayectoria distinta: su producción cayó un 29 % entre 2012 y 2023, pero el consumo interno alcanzó un máximo en 2023, impulsado por la demanda de combustibles líquidos del transporte, y los fósiles todavía representan cerca del 75 % de su matriz primaria.

Los avances relativos de México y Chile muestran por qué una reducción parcial no basta. México disminuyó su consumo fósil un 19 % entre 2010 y 2023, de 5.504 PJ a 4.461 PJ, pero la caída se concentró en el petróleo; el gas natural se consolidó como principal combustible del sistema y las importaciones crecieron un 180 %, sobre todo por la demanda de gas. Chile redujo su consumo de carbón cerca de un 47 % entre 2020 y 2025, de 272 PJ a 143 PJ, mientras sus importaciones de petróleo y diésel aumentaron de 537 PJ a 640 PJ. Costa Rica importa la totalidad de los derivados que consume y en 2024 alcanzó un máximo de 4.099 millones de litros, un 8,39 % más que el año anterior, con el transporte como destino de cerca del 85 % del consumo.

En las calificaciones, México (58) y Chile (50) se ubican en el nivel medio; Colombia (37), Argentina (36) y Brasil (26), en el nivel bajo; y Costa Rica, en el nivel muy bajo, mediante una evaluación sobre su importación y consumo de combustibles secundarios. Los periodos disponibles difieren entre países, por lo que las comparaciones deben leerse como tendencias y no como cifras de un mismo año. Varias de las reducciones observadas responden además a precios internacionales, condiciones hidrológicas o cambios en la actividad económica, y no necesariamente a una sustitución permanente.

Fecha de la última actualización: 07 de Octubre 2026

Fecha de la última actualización: 07 de Octubre 2026

El análisis comparativo de la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México muestra enfoques diferenciados para reducir estas transferencias fiscales, con distintos grados de avance, prioridades políticas y capacidad institucional para apoyar una transición energética justa.

Los seis países obtuvieron calificaciones bajas o muy bajas: Argentina (35), Costa Rica (33), Chile (32) y México (25) en el nivel bajo; Brasil (16) y Colombia (13) en el nivel muy bajo. Los subsidios a los combustibles fósiles siguen siendo una barrera para la transición, y las caídas recientes no deben confundirse con su eliminación.

Entre 2020 y 2024 se distinguen tres comportamientos. Argentina, Chile y México aumentaron su carga fiscal hasta 2021 o 2022 y la redujeron después. Costa Rica mantuvo una carga baja durante todo el periodo. Colombia y, en el último año, Brasil siguieron la dirección contraria.

Argentina presentó la carga más alta de los primeros años del periodo. El indicador pasó del 1,65 % del PIB en 2020 al 3,75 % en 2021 y se mantuvo en el 3,68 % en 2022. Luego bajó al 1,50 % en 2023 y al 0,90 % en 2024. La reducción coincide con ajustes fiscales, pero no permite afirmar por sí sola que los subsidios se hayan eliminado de forma estructural.

México elevó su carga fiscal del 0,74 % del PIB en 2020 al 1,83 % en 2022, y luego la redujo al 0,84 % en 2023 y al 0,68 % en 2024. Por el lado del consumo, desde 2022 aplicó ajustes fiscales que redujeron estos apoyos tras el aumento de 2021. Por el lado de la producción, los subsidios reflejan los intentos de estabilizar las finanzas de PEMEX, la petrolera estatal: al cierre de 2024 sus pasivos eran 1,8 veces el valor de la empresa y sus pérdidas equivalían al 81 % de los apoyos fiscales recibidos, en un contexto de caída de la producción de crudo (11,2 %) y de gas natural (6 %) frente a 2019. El gobierno redujo la tasa del Derecho de Utilidad Compartida (DUC) del 65 % en 2019 al 30 % en 2024 y condonó pagos de este derecho y del Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH). El nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar reemplaza al Derecho de Exploración (DEXPH), al DEXTH y al DUC, además de eliminar el Impuesto sobre la Renta, dentro de la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural. Estimaciones preliminares indican que estos cambios pueden ser insuficientes para lograr el autosostenimiento de PEMEX y que, en cambio, reducirían los ingresos fiscales del Estado. El análisis de 2025 anticipaba un aporte adicional de 136.210 millones de MXN a la deuda de PEMEX durante ese año; ese efecto aún no forma parte de la serie, que llega a 2024. México es el país que más subsidia los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe en términos absolutos, con 16.400 millones de USD.

Chile no otorga subsidios a la producción, porque el petróleo no tiene un papel relevante en su estructura productiva. Su carga fiscal pasó del 0,28 % del PIB en 2020 al 0,84 % en 2022, y bajó al 0,28 % en 2023 y al 0,19 % en 2024. El principal factor del aumento de 2021-2022 fue el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que amortigua las variaciones de precio de la gasolina automotriz, el diésel, el gas licuado vehicular y el gas natural comprimido vehicular. Ante la volatilidad causada por la guerra entre Rusia y Ucrania, el mecanismo requirió tres ampliaciones de su límite de recursos: de 500 a 750 millones de USD en enero, a 1.500 millones en marzo y a 3.000 millones en junio, además de un ajuste de su banda de precios, que usualmente es de ±5 % sobre el precio de referencia. El gasto del MEPCO alcanzó un máximo de 2.470,57 millones de USD en 2022. La reducción posterior respondió a la rapidez con que el gobierno ajustó el mecanismo: cuando los precios internacionales bajaron, el plazo para modificar el precio pasó de semanal a cada tres semanas en enero de 2023 y se permitió una mayor caída del precio del diésel, de modo que el mecanismo recuperara su neutralidad fiscal. Las expectativas para Chile no son de desmonte: sus subsidios seguirán variando con el precio internacional de los combustibles.

Costa Rica mantuvo la carga más baja del grupo, por debajo del 0,30 % del PIB durante todo el periodo. El indicador subió del 0,12 % en 2020 al 0,26 % en 2022 y bajó al 0,22 % en 2023 y al 0,14 % en 2024, cerca de su nivel inicial.

Brasil mantuvo una carga baja entre 2020 y 2023, con valores entre el 0,09 % y el 0,18 % del PIB. Tras el choque de precios de 2021-2022, asociado a la recuperación pospandemia y al conflicto entre Rusia y Ucrania, redujo las exenciones al consumo con el retorno de los gravámenes CIDE y PIS/Cofins a la gasolina, aunque mantuvo la exención para el diésel, cuyos volúmenes comercializados son mayores. En sentido contrario, los subsidios a la producción aumentaron levemente, de 1.930 a 2.000 millones de USD, por la ampliación de las exenciones del Repetro, el régimen aduanero especial para bienes destinados a la exploración y producción de petróleo y gas. En 2024 la carga total subió al 0,38 % del PIB, el valor más alto de su serie. El informe no desagrega qué componente explica este aumento. Hacia adelante, la Ley 15.075 de diciembre de 2024, que otorga incentivos fiscales a la cadena de producción de petróleo y gas, sugiere que la presión al alza desde la producción podría mantenerse.

Colombia registró el mayor aumento de la región. Su carga creció de forma continua del 0,22 % del PIB en 2020 al 1,61 % en 2022, al 2,10 % en 2023 y al 2,27 % en 2024: se multiplicó por más de diez en cuatro años y convirtió al país en el de mayor carga fiscal en 2024. El crecimiento se explica principalmente por los subsidios al consumo, canalizados por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que absorbió el aumento de los precios internacionales entre 2020 y 2022 y acumuló un déficit equivalente al 2,5 % del PIB en 2022. Desde julio de 2022, el gobierno aumentó gradualmente el precio de la gasolina hasta llevarlo a niveles internacionales: El diésel (ACPM) ha requerido más tiempo: los incrementos comenzaron en septiembre de 2024 y, tras negociaciones con los transportadores de carga, el galón pasó de 9.000 COP en 2020 a 10.658 COP en junio de 2025, con un subsidio restante estimado en 1.650 COP por galón. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 previó llevar el diésel a precio internacional para el 28 % del parque que usa este combustible, principalmente vehículos de alta gama, excluyendo el transporte de carga y de pasajeros. Entretanto, el superávit que genera una gasolina con precio superior al internacional contribuye a financiar el subsidio al diésel. Pese a los ajustes iniciados en 2022, la carga fiscal siguió creciendo hasta 2024. La meta de neutralidad fiscal del FEPC para 2027 y el efecto de las medidas de 2025 aún no se reflejan en la serie.

Los subsidios a la producción reflejan con mayor claridad la postura de los gobiernos frente a la salida de los combustibles fósiles. Por eso, las señales de Brasil (incentivos a la cadena petrolera) y de México (apoyos a PEMEX) merecen seguimiento, aun cuando sus cargas totales sean hoy inferiores a la de Colombia. Las reducciones tampoco son, por sí solas, evidencia de reforma. La carga fiscal de los subsidios responde a los precios internacionales de la energía, a los mecanismos de estabilización de precios, a las variaciones cambiarias y a las decisiones fiscales de cada año. Los picos de 2021 y 2022 y las caídas posteriores sugieren que estos apoyos siguen moviéndose con los precios internacionales más que con una decisión de desmonte. Un avance sostenido exige reducir los apoyos generalizados, mejorar la transparencia fiscal y reemplazarlos por instrumentos focalizados que protejan a los hogares vulnerables sin prolongar la dependencia de los fósiles.

Fecha de la última actualización: 07 de Octubre 2026

Los seis países analizados muestran trayectorias disímiles en cuanto a inversiones en transición energética, influenciadas por decisiones de política, entornos regulatorios y acceso al financiamiento.

En 2024, la inversión en energías renovables se mantuvo por debajo del 1 % del PIB en los seis países. Brasil registró la relación más alta (0,79 %), seguido por Chile (0,27 %), Argentina y Colombia (0,18 %), México (0,12 %) y Costa Rica (0,08 %). Más que una trayectoria regional, los datos muestran una movilización de recursos volátil: entre 2023 y 2024 la relación aumentó en Colombia, Costa Rica y México, y disminuyó en Argentina, Brasil y Chile.

México enfrenta un escenario contradictorio: posee un alto potencial solar (30 GW al 2030), pero su inversión renovable cayó de USD 5.190 millones en 2019 a USD 2.290 millones en 2024. La relación con el PIB se recuperó del 0,07 % en 2023 al 0,12 % en 2024, aunque sigue por debajo del 0,24 % registrado en 2020. Existen iniciativas como Ejido Solar y proyectos relevantes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero la tendencia del periodo refleja desinversión y desconfianza del sector privado tras los cambios normativos regresivos de la administración 2018-2024. La Ley del Sector Eléctrico de 2025, con esquemas de inversión mixta, y el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, que incluye 7 parques eólicos y 9 fotovoltaicos de la CFE y obras de refuerzo de la transmisión, pueden impulsar una recuperación. Su efecto dependerá de la certidumbre que ofrezcan a los actores financieros y de su peso frente a las inversiones que la planeación nacional mantiene en refinación, petroquímica e hidrocarburos.

Colombia presenta un patrón de inversión intermitente, con picos asociados a hitos regulatorios (Ley 1715, subastas de 2019) y caídas ligadas a la ejecución irregular y a coyunturas externas como la pandemia. Su relación entre inversión renovable y PIB aumentó del 0,10 % en 2023 al 0,18 % en 2024, impulsada principalmente por proyectos solares, entre ellos desarrollos en la región Caribe por cerca de USD 425 millones. El país ha avanzado en instrumentos financieros como la línea CCLIP del BID y las líneas de redescuento de Bancóldex, orientados a proyectos de pequeña escala. No obstante, la banca local aún prioriza portafolios dominados por proyectos fósiles: más del 60 % del financiamiento energético se destina a actividades fósiles y menos del 40 % a fuentes renovables, incluida la hidroelectricidad. A esto se suma la inversión extranjera directa en petróleo y gas, equivalente al 0,49 % del PIB en 2024, y los cuellos de botella administrativos que retrasan entre 3 y 7 años la entrada en operación de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER). Su expansión futura depende de inversiones en transmisión, distribución y flexibilidad que permitan conectar y operar la nueva capacidad.

Chile consolidó una arquitectura institucional robusta y acumuló más de USD 19.000 millones de inversión en energías renovables entre 2018 y 2023, aunque con una tendencia decreciente desde 2019. El país combina programas públicos, como el Plan de Eficiencia Energética y la estrategia de hidrógeno verde, con un peso mayoritario del capital privado; la inversión pública se orienta a la inclusión energética y al desarrollo territorial. Tras un aumento del 14 % entre 2022 y 2023, que revirtió la tendencia decreciente, la serie comparativa ubica la inversión renovable en el 0,89 % del PIB en 2023 y en el 0,27 % en 2024. Su calificación de 0 puntos responde a limitaciones temporales y metodológicas de la información disponible, no a la ausencia de inversión renovable.

Brasil combina la mayor inversión renovable de la región en relación con su PIB con una intensificación de las inversiones fósiles. Las renovables han sido impulsadas históricamente por programas como PROINFA, y el país sostuvo esta inversión durante la pandemia gracias a subsidios tarifarios. Sin embargo, las inversiones en petróleo fueron casi ocho veces mayores que las renovables entre 2018 y 2023. Tras alcanzar su máximo en 2022, la inversión renovable cayó un 15 % en 2023 y volvió a reducirse en 2024, de USD 27.400 millones a USD 24.300 millones (del 0,95 % al 0,79 % del PIB). La inversión fósil también cayó un 14 % en el último año, pero solo la inversión extranjera directa en petróleo y gas equivalió al 2,38 % del PIB, tres veces la inversión renovable total. Estas caídas pueden reflejar sobreoferta, retrasos en subastas y desalineación entre inversión y planificación, con el riesgo de que la expansión fósil desplace la atención política y financiera de la transición.

La inversión renovable de Argentina alcanzó su máximo en 2023 y retrocedió en 2024, del 0,28 % al 0,18 % del PIB, mientras la inversión extranjera directa en petróleo y gas llegó al 0,38 %. Los incentivos recientes se concentran en minería, hidrocarburos y proyectos energéticos de gran escala, y las renovables descentralizadas mantienen un desarrollo limitado y discontinuo.

En Costa Rica, la inversión renovable pasó de un valor cercano a cero en 2023 al 0,08 % del PIB en 2024. La recuperación parte de una base excepcionalmente baja y se concentra en generación eléctrica: entre 2019 y 2024, el 73 % de la inversión renovable se dirigió a la hidroelectricidad, en un sistema que ya es altamente renovable, mientras el financiamiento para transformar el transporte sigue siendo reducido.

Las calificaciones ubican a Colombia (63) y Argentina (62) en el nivel alto, a Brasil (52) en el medio y a Costa Rica (36) y México (33) en el bajo; Chile obtuvo 0 puntos por limitaciones de información. Estos puntajes reflejan sobre todo la tendencia del periodo, por lo que Argentina mantiene un nivel alto pese a la caída de 2024. También deben leerse junto con la orientación del financiamiento: en Argentina, Brasil y Colombia, solo la inversión extranjera directa en petróleo y gas superó en 2024 a toda la inversión renovable registrada. México y Brasil comparten un patrón de contradicción estructural. México perdió tracción por decisiones que limitaron el rol del sector privado, pese a su altísimo potencial solar, y Brasil mantiene una base renovable amplia, eclipsada por una estrategia de expansión petrolera que podría comprometer los logros alcanzados. Ambos países necesitan redefinir su narrativa energética para generar un entorno confiable que favorezca la transición justa.

En síntesis, la región aún no logra sostener flujos de inversión compatibles con las necesidades de descarbonización, pese a tener condiciones técnicas, recursos naturales e instrumentos emergentes. La prioridad debe apuntar a consolidar arquitecturas financieras verdes, lograr marcos regulatorios estables y desincentivar las inversiones fósiles mediante señales claras y coordinadas desde los gobiernos. También se requiere información más homogénea, que distinga entre inversión pública, privada y extranjera, y entre proyectos anunciados, financiados y efectivamente construidos. La coherencia entre metas climáticas e inversión efectiva es un eje central para acelerar una transición energética justa en América Latina.

Fecha de la última actualización: 07 de octubre de 2026

En Argentina, la cobertura eléctrica es cercana al 100 %, pero la asequibilidad sigue condicionada por las tarifas y el ingreso real, aunque mostró una mejora reciente. La conflictividad socioambiental se asocia principalmente a hidrocarburos, minería y grandes proyectos energéticos. El país ratificó el Acuerdo de Escazú, pero los mecanismos de participación enfrentan consultas tardías e información difícil de utilizar. En materia laboral, el empleo renovable se concentra en la hidroelectricidad, y el país carece de una estrategia integral de reconversión laboral para los trabajadores del sector fósil.

En Brasil, la justicia en la transición energética presenta un panorama dual. El país ha alcanzado niveles casi universales de acceso a electricidad y redujo el uso de leña y carbón para cocinar, aunque sin eliminar las brechas rurales. Persisten desigualdades en la calidad del servicio y en la equidad tarifaria, mientras la asequibilidad se mantuvo estable. Los mecanismos de participación y de distribución de beneficios existen, pero requieren comprender mejor las problemáticas territoriales e incluir a las comunidades afectadas: el 56 % de los conflictos energéticos identificados corresponde a centrales hidroeléctricas, y el país mantiene pendiente la ratificación del Acuerdo de Escazú. Brasil concentra el mayor empleo renovable de la región, con predominio de los biocombustibles y la hidroelectricidad, aunque este dinamismo no se traduce en garantías de transición para los trabajadores del sector fósil, por la falta de coordinación federal en la reconversión laboral.

En Chile, la cobertura eléctrica alcanza el 99,6 %, pero la capacidad de compra de electricidad de los hogares disminuyó después de 2023. La biomasa mantiene un peso relevante en la cocción en zonas rurales. Las tensiones socioambientales se relacionan con la localización de proyectos solares y eólicos y con el cierre y desmantelamiento de centrales termoeléctricas a carbón. El país avanza en la implementación del Acuerdo de Escazú, aunque los mecanismos de participación no son vinculantes. En 2024 registró 7.781 empleos renovables frente a 3.874 fósiles, y formuló planes para cinco zonas en transición, todavía sin financiamiento específico.

En Colombia, la dimensión de justicia refleja avances parciales y desigualdades territoriales marcadas. Es el único país del grupo con una brecha de acceso significativa: en 2024 la cobertura fue del 98,7 % en zonas urbanas y del 75,9 % en zonas rurales, con cerca de 1,3 millones de viviendas sin electricidad. La leña y el carbón todavía representan el 29,9 % de la cocción en zonas rurales, lo que afecta la salud y la equidad de género, y la asequibilidad retrocedió en 2024 por aumentos tarifarios. El país registra altos niveles de conflictividad, concentrada en hidrocarburos y minería, y la consulta previa carece de un marco legal robusto para garantizar incidencia en las decisiones, pese a la ratificación del Acuerdo de Escazú. El empleo renovable es el segundo mayor de la región; la reconversión laboral se incorporó en la NDC, pero sin metas verificables ni un programa de cierre de brechas de género.

En Costa Rica, la cobertura eléctrica es cercana al 100 % y la asequibilidad mejoró con claridad. La electricidad tiene la mayor participación en la cocción de la región, aunque disminuyó mientras aumentaba el gas licuado. Las tensiones socioambientales se asocian principalmente a proyectos hidroeléctricos y sus efectos territoriales, y el país aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú. No dispone de información de empleo desagregada por fuente de energía, lo que impide evaluar la dimensión laboral de su transición.

En México, la justicia energética fue incorporada al marco normativo con la reforma de 2025, que reconoce explícitamente la pobreza energética y la participación social como ejes de la transición. La cobertura eléctrica es prácticamente universal y la asequibilidad mejoró con claridad, en parte por el aumento del salario mínimo. Sin embargo, persisten retos estructurales: el 36,7 % de los hogares se clasifica en pobreza energética multidimensional, y el uso de leña y carbón se redujo sin eliminar las brechas rurales. Los conflictos se asocian a proyectos energéticos y mineros con consultas insuficientes y una distribución desigual de beneficios. El empleo renovable cayó un 29,4 % entre 2020 y 2024, y la participación femenina en el empleo energético se mantiene en 16 %.