La COP 4 del Acuerdo de Escazú, que se celebrará en Nassau entre el 21 y el 24 de abril de 2026, representa un hito clave para el tratado. Ocho años después de su adopción y cinco después de su entrada en vigor, el desafío ya no pasa por ampliar el consenso político que lo originó, sino por demostrar que sus compromisos se traducen en condiciones reales para el ejercicio efectivo de los derechos de acceso (información, participación y justicia) y en la protección de las personas defensoras en asuntos ambientales.
El mapa regional: avances y ausencias
Hasta ahora, el Acuerdo ha sido firmado por 24 países y ratificado por 19 Estados de América Latina y el Caribe. Si bien esta cifra sigue ampliándose, el ritmo de nuevas adhesiones sigue siendo gradual. En este contexto, Trinidad y Tobago se adhirió en enero de 2026, mientras que Bahamas, país anfitrión de la COP, ratificó el tratado en junio de 2025.
No obstante, las ausencias siguen siendo significativas.
Entre los países que aún no han ratificado figuran Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Esta cobertura incompleta limita la capacidad para establecer estándares comunes en materia de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, en una región donde los conflictos ambientales y las presiones sobre los territorios trascienden fronteras.
El desafío de proteger a quienes defienden el ambiente
Uno de los avances centrales de la COP 3, celebrada en Santiago en 2024, fue la adopción del Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Este plan establece líneas de trabajo orientadas a la generación de conocimiento y el seguimiento y evaluación de medidas de protección.
La COP 4 deberá revisar los avances en su implementación en un contexto regional preocupante. Según Global Witness, en 2024 al menos 120 personas defensoras ambientales fueron asesinadas o desaparecidas en América Latina, lo que representa el 82 % de los casos documentados a nivel mundial. Colombia registró 48 de estos casos, Guatemala 20 y México 18.
Este panorama no es nuevo. Desde la adopción del Acuerdo en 2018, cerca de mil defensores ambientales han sido asesinados o desaparecidos en la región, lo que evidencia la persistencia de riesgos estructurales y la brecha entre los compromisos asumidos y su implementación efectiva.
El mecanismo de cumplimiento
Nassau también marcará un momento relevante para el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (CAAC), órgano creado para facilitar y promover la implementación del Acuerdo, a través de un enfoque no contencioso, no judicial y de carácter consultivo. Antes del inicio formal de la conferencia, el Comité celebrará una nueva sesión, en la que se revisará el tratamiento de comunicaciones presentadas por el público, conforme a su mandato.
Este proceso representa un paso clave en la puesta en marcha del mecanismo de supervisión previsto por el Acuerdo. Su funcionamiento será observado de cerca, ya que su credibilidad, independencia y capacidad de respuesta dependerá en gran medida su aporte a la implementación efectiva del tratado.
La implementación nacional
Algunos países comienzan a registrar avances en la implementación del Acuerdo de Escazú: Colombia sometió a consulta pública en febrero de 2026 una hoja de ruta que incluye medidas de debida diligencia en derechos humanos en asuntos ambientales. Por su parte, Chile aprobó en 2024 su Plan Nacional de Implementación 2024–2030.
Sin embargo, estos avances siguen siendo puntuales. Diversos informes advierten que el tratado continúa siendo poco conocido por amplios sectores de la población, lo que limita su aprobación y el ejercicio de los derechos de acceso que consagra.
Lo que Nassau debe demostrar
La COP 4 del Acuerdo de Escazú se perfila como un punto de inflexión para el tratado. Más allá del espacio diplomático, se esperan avances verificables: nuevas ratificaciones, progresos en la implementación a nivel nacional y un mecanismo de cumplimiento que opere con credibilidad e independencia.
En una región marcada por conflictos socioambientales y expansión de proyectos energéticos, Escazú representa un marco habilitante para fortalecer la transparencia, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. La cuestión de fondo es si los Estados están en capacidad, y tienen voluntad, de traducir estos compromisos en prácticas institucionales efectivas.
