Desde el corazón de la Amazonía, lugar donde se llevará a cabo la COP 30, alzamos la voz con un mensaje contundente: la transición energética justa no puede seguir siendo un compromiso abstracto; es el momento de transformarla en una obligación ética, social y política.
A tan solo días de comenzar la COP, América Latina, como uno de los territorios más vulnerables al cambio climático, hace un llamado al mundo a abandonar el modelo extractivista, a construir economías diversificadas y a garantizar que el financiamiento climático sirva para generar transformaciones reales y no aumentar el déficit fiscal de nuestros países. Las organizaciones involucradas en Así va la energía en América Latina abogamos por una hoja de ruta global para la salida progresiva de los combustibles fósiles, vinculada con la justicia social, el empleo digno, la soberanía energética y el desarrollo de modelos energéticos democráticos e inclusivos.
Belém debe ser un símbolo de esperanza y también de acción: un hito para redefinir cómo el mundo financia, gobierna y comparte los beneficios de la transición energética.
Dejar atrás el extractivismo, avanzar hacia una justicia amplia
Durante décadas, nuestra región ha sido sacrificada a costa del desarrollo de otras naciones. Petróleo, carbón, gas y minerales críticos han sostenido economías externas, mientras nuestras comunidades han cargado con los costos ambientales y sociales: desplazamientos, contaminación, pérdida de biodiversidad y precarización laboral. Hoy afirmamos que no habrá justicia climática sin justicia económica y social, y que el futuro de la región debe basarse en la diversificación productiva, la soberanía energética y la restauración ecológica.
Los gobiernos deben comprometerse a establecer hojas de ruta para la reducción progresiva del consumo y producción de combustibles fósiles, con plazos diferenciados según sus niveles de consumo y de producción, pero articuladas en una visión compartida que esté liderada por los países desarrollados. El abandono del modelo extractivista debe ir acompañado de planes de remediación ambiental, transformación productiva, sustitución de ingresos fiscales fósiles por nuevas fuentes sostenibles, y políticas activas de empleo que aseguren que nadie quede atrás.
Asimismo, demandamos que las políticas climáticas integren el vínculo inseparable entre crisis climática y pérdida de biodiversidad, reconociendo que la protección de los ecosistemas es esencial en las estrategias de mitigación y adaptación.
Transición justa: un programa con rostro del Sur global
El Programa de Trabajo sobre Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) debe convertirse en un espacio de acción transformadora que trascienda el ejercicio burocrático. América Latina y el Caribe aportan al mundo una visión de transición que es social, laboral y territorial, a pesar de las brechas de justicia que aún enfrenta la región.
En América Latina aún persisten brechas estructurales en materia de justicia energética. Para 2023, más del 10% de la población de la región (alrededor de 70 millones de personas) no contaba con acceso a cocción limpia, lo que significa que millones de hogares dependen de leña y combustibles fósiles -como el carbón- para satisfacer sus necesidades alimentarias. Estas prácticas provocan contaminación intradomiciliaria y alrededor de 80 mil muertes prematuras al año ocasionadas por enfermedades respiratorias que afectan de forma desproporcionada a mujeres y niñas.
Los datos de la plataforma “Así va la Energía” muestran que, aunque el acceso a la electricidad es casi universal en Brasil (99,9%), Chile (99.8) y México (99,9%), la pobreza energética se manifiesta de otras formas, trascendiendo el acceso eléctrico y afectando a los más vulnerables. En México, el 36,7% de los hogares se considera en situación de pobreza energética; en Chile, el 22,7% de los hogares tendría un gasto excesivo en energía considerando sus ingresos y otros gastos del hogar, en Brasil, las regiones del Norte y Nordeste enfrentan tarifas eléctricas más elevadas y menor calidad del servicio; y en Colombia donde el 36% de la población rural utiliza leña para cocinar.
Bajo ese marco, solicitamos que el JTWP incorpore compromisos concretos que orienten una transición energética justa, basada en la salida ordenada y equitativa de los combustibles fósiles y en el respeto de los derechos humanos. Asimismo, es fundamental que se exprese el compromiso de avanzar hacia esta transición mediante una hoja de ruta que reconozca el liderazgo de los países desarrollados y contemple la salida programada por tipo de combustible y por sector de la economía, dejando por último a los sectores de difícil abatimiento con alta demanda de calor.
De igual forma, la transición justa debe integrarse en todos los instrumentos y diálogos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), incluyendo las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés), Estrategias de Largo Plazo (LTS, por sus siglas en inglés) y Planes Nacionales de Adaptación (NAPs, por sus siglas en inglés), así como en la agenda de financiamiento, asegurando medios de implementación adecuados: financiamiento concesional que no genere deuda, desarrollo y transferencia tecnológica, y fortalecimiento de capacidades para países en desarrollo, en línea con sus prioridades de desarrollo sostenible y en complementariedad con los Artículos 2.1c y 9.1.
La transformación energética no puede limitarse a un cambio tecnológico. Debe asegurar empleo digno, protección social, remediación ambiental, reconversión laboral y participación efectiva de las personas trabajadoras, las comunidades locales, los pueblos indígenas y los gobiernos subnacionales en el diseño e implementación de dichas políticas. En línea con eso, el JTWP debería fortalecerse incorporando una línea de trabajo, particularmente relevante para el Sur Global, sobre minerales para la transición, que reconozca su papel estratégico en las energías renovables y garantice salvaguardas sociales y ambientales que eviten la reproducción de desigualdades y la degradación ambiental.
Por consiguiente, es necesario establecer arreglos institucionales sólidos que garanticen la implementación efectiva del JTWP más allá de 2026. Estos arreglos deben articularse con los órganos constituidos de la CMNUCC y generar sinergias con instancias internacionales relevantes, asegurando que la transición justa sea un eje transversal en la implementación del Acuerdo de París.
Finalmente, para consolidar estos objetivos, se requieren marcos regulatorios sólidos que integren la descarbonización con la protección de los derechos sociales y ambientales, fortaleciendo la gobernanza democrática del sector energético. Esto es especialmente relevante para América Latina y el Caribe, que no puede ser percibida únicamente como proveedora de materias primas, mientras sus ecosistemas y poblaciones asumen los impactos de la transición.
La hoja de ruta Bakú-Belém: transformar promesas en recursos
La COP30 debe marcar el punto de partida para una hoja de ruta global de financiamiento climático que cumpla las promesas vacías del pasado y asegure 1,3 billones de dólares anuales hacia 2030. Pero más allá de la cifra, lo urgente es un cambio de paradigma: los flujos financieros deben ser previsibles, accesibles, equitativos y socialmente justos, orientados a la transformación estructural de las economías del Sur Global, no a restringir aún más su espacio fiscal ni su autonomía de desarrollo.
Estos recursos deben financiar la reconversión productiva, la reducción de emisiones y la resiliencia económica, priorizando proyectos que fortalezcan la autonomía energética, la reducción de la pobreza y la creación de empleos verdes. Para ello, es indispensable reformar la arquitectura financiera internacional, hoy anclada en la deuda y la subordinación, garantizando que los países de América Latina y el Caribe puedan invertir en tecnologías limpias, infraestructura resiliente e integración energética regional.
Se requieren reglas claras sobre el uso y destino del financiamiento climático, mecanismos que reduzcan la vulnerabilidad financiera y aseguren transferencias reales de tecnología, junto con la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles y la canalización de los recursos de las instituciones multilaterales hacia una transición inclusiva y justa.
La hoja de ruta Bakú-Belém debe integrar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, reconociendo que las transiciones deben ser tan diversas como los territorios que las emprenden, y que la gran mayoría de los países en desarrollo necesitan de apoyo para la transición. América Latina y el Caribe pueden convertirse en un laboratorio global de la transición justa, con una de las matrices más limpias del mundo, abundancia de recursos renovables y conocimiento ancestral sobre coexistencia con la naturaleza. Pero ese potencial solo se materializará si el financiamiento se alinea con las prioridades sociales y ambientales de la región, no con los intereses extractivos del pasado.
Un llamado para el mundo
Belém no es solo la sede de la COP30, debe convertirse en un símbolo de resistencia y esperanza. Por ello, desde aquí hacemos un llamado a los líderes del mundo a adoptar una hoja de ruta global para la salida justa y ordenada de los combustibles fósiles, sustentada en el respeto a los derechos humanos, la biodiversidad y la soberanía de los pueblos.
La transición debe convertirse en un derecho colectivo para quienes han protegido la vida, y por ello, cada compromiso asumido en Belém se tiene que traducir en empleo, justicia y dignidad para nuestras comunidades y territorios.
