Colombia

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 1)

La serie de capacidad instalada en energías renovables entre 2020 y 2024 exhibe un crecimiento continuo, motivado por la implementación de políticas de fomento a la inversión y la entrada en operación de nuevos proyectos solares y eólicos. Dicho comportamiento está respaldado por el marco legal establecido en la Ley 1715 de 2014, que otorga incentivos fiscales y regulatorios para energías limpias.

A pesar de esto, Colombia aún necesita aumentar el ritmo de expansión de renovables no solo para alcanzar las metas planteadas en el escenario de progresión sostenible sino también para alcanzar las metas aún más ambiciosas planteadas bajo la hoja de ruta de transición energética justa planteada por el Ministerio de Minas y Energía.

Sin embargo, el alcance de las metas asociadas a diversificación de las tecnologías y de capacidad instalada depende de diversos factores como la necesidad de agilizar trámites de licenciamiento ambiental, mejorar los procesos de consultas previas y de fortalecer la infraestructura de transmisión.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 1)

Durante 2020 y 2021, el crecimiento de la capacidad instalada fue más bien moderado, en parte debido a la incertidumbre económica global y a las restricciones operativas ocasionadas por la pandemia. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una aceleración, asociada con la reactivación económica y la finalización de proyectos adjudicados en subastas de energías renovables. Para 2023 y 2024, el aumento se hace más evidente gracias a la materialización de nuevos parques solares y eólicos, así como al interés del sector privado y la inversión internacional. Aun así, la brecha con las metas de progresión sostenible se mantiene, lo que subraya la importancia de seguir fortaleciendo los instrumentos de promoción y la coordinación institucional para alcanzar mayores tasas de crecimiento.

Comparación frente al benchmark  (Puntaje: 0.5)

Para esta puntuación se utiliza como referencia el escenario de “Progresión Sostenible” (Transforma, 2024). Este escenario define una trayectoria técnica para cada país que permita alcanzar en 2030 la meta del GST de triplicar la capacidad instalada global de energías renovables, partiendo de su nivel base y su potencial nacional. En el caso colombiano, el benchmark proyecta un crecimiento progresivo desde 12,6 GW en 2020 hasta alcanzar al menos 21,4 GW en 2030.

Colombia alcanzó en 2024 una capacidad renovable instalada de 14,0 GW, frente a los 15,8 GW que proyectaba el escenario de progresión sostenible para ese mismo año. Esto representa un rezago del 8%, lo que marca un punto de quiebre respecto a años anteriores, en los que el país había mantenido una trayectoria alineada con dicha proyección. Esta brecha se refleja también en el índice de entrada de energías renovables, que en 2024 alcanza un valor de 1,02, frente a un valor de 1,15 en el escenario de referencia. 

Así, el puntaje de 0,5 refleja esta situación intermedia: Colombia aún muestra avances importantes en capacidad instalada, pero empieza a alejarse de la senda compatible con el objetivo de triplicación renovable al 2030, por lo que será necesario acelerar los mecanismos de financiamiento, ejecución de proyectos y fortalecimiento institucional que eviten una mayor desviación.

El comportamiento de la capacidad instalada de energías renovables en el periodo 2020-2024 refleja un avance significativo en la transición energética de Colombia. Aun con la tendencia ascendente, la comparación con las metas propuestas por el escenario de progresión sostenible revela la necesidad de:

• Acelerar la ejecución de subastas de largo plazo, que permitan una adjudicación constante de nuevos proyectos.
• Desarrollar infraestructura de transmisión y distribución, vital para integrar la energía renovable al sistema eléctrico nacional.
• Mantener y ampliar los incentivos regulatorios y fiscales, generando confianza en los inversionistas nacionales e internacionales.
• Con un enfoque estratégico y la articulación de todos los actores involucrados, el país podrá reducir la brecha existente y acercarse de forma más contundente a las proyecciones de progresión sostenible.

• Comportamiento tendencial (Puntaje 1)

De acuerdo con el Banco Mundial, el índice de intensidad energética colombiano ha tenido una tendencia a la baja durante las últimas dos décadas logrando una reducción de 26.85% entre 2000 y 2022, comportamiento parecido a la tendencia general de América Latina y el Caribe. Propiamente para el periodo de análisis se evidencia una tendencia positiva en la reducción de la intensidad energética entre 2020 y 2023, con una disminución de 2,42 a 2,18. Durante este período, las mejoras efectivas en EE han mostrado un incremento gradual, alcanzando un 4,6% en 2022 en comparación con 2021. 

En general, el comportamiento de la intensidad energética en Colombia durante el periodo analizado (2020-2023) muestra una tendencia decreciente, lo cual representa un avance positivo en términos de eficiencia energética. En consecuencia, el país ha experimentado un incremento en las mejoras de intensidad energética tanto en la última década como en los últimos años por lo que se considera que el país tiene un avance favorable hacia la transición tanto en la tendencia como en la variación interanual (alcanzando incluso un 6.4% de mejora del 2021 al 2022).  

Con respecto a la meta global, se evidencia también un comportamiento favorable debido a que en los últimos años Colombia ha tenido mejoras en la eficiencia energética que superan el 4% promedio anual.

En resumen, haciendo una ponderación del cambio interanual y del compromiso de largo plazo, se evidencia que Colombia ha ido avanzando de manera alineada con las  las metas globales de eficiencia energética. Sin embargo, si bien la trayectoria reciente es favorable, será necesario fortalecer e intensificar las estrategias nacionales.

• Comportamiento tendencial (Puntaje 0,25)

Para la perspectiva general, se percibe una caída de la producción de fósiles entre 2010 y 2020, y luego vuelve a incrementarse la producción entre 2020 y 2023. Aún así, la producción en 2023 se mantiene por debajo de la producción de 2010 en 10,2 Mtoe. A pesar de esto, el consumo, las exportaciones y las importaciones tienen tendencias a la alza. Por otro lado, el consumo ha incrementado de forma sostenida entre 2010 y 2023, con una diferencia de 12,9 Mtoe entre los dos periodos. Una situación similar se presenta con las importaciones, que han incrementado en $2.633 MUSD en el mismo periodo. Finalmente, las exportaciones han tenido mayor fluctuación, pero desde 2020 lleva una tendencia creciente sostenida, y en el 2023 se presentó un pico de máximo histórico con $32.612 MUSD respecto del 2010 cuando se presentaron exportaciones por $19.432 MUSD. 

Adicionalmente se resalta que en el informe anual de Reservas y Recursos presentado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos de 2024, se mantuvo la relación reservas/producción petrolera por encima de los 7 años aunque la relación de gas disminuyó 1 año pasando a 6.1 años, pero a 31 de diciembre de 2023, el país ha incrementado sus recursos contingentes tanto de petróleo como de gas (18% y 29% respectivamente), y el promedio de descubrimientos entre septiembre de 2022 a mayo de 2024 paso a 7,6 descubrimientos por año, cuando el promedio entre 2014 y agosto 2022 es de 3,6 por año (ANH, 2024). Esto apunta a que en el corto plazo se mantenga la tendencia creciente.

Es importante mencionar que por la agregación de los datos económicos, no se mide cada combustible fósil de manera independiente, ni el carbón que tiene una meta individual en el Balance Mundial, sino que se da una perspectiva agrupada para todos los combustibles fósiles. 

• Comportamiento interanual (Puntaje 0,38)

Las 4 variables analizadas presentan tendencias alcistas en el último año. El consumo incrementó en 1 Mtoe y la producción en 1,5 Mtoe. Las exportaciones incrementaron $1.123 MUSD y las importaciones $129MUSD. El consumo y las importaciones tienen un comportamiento más estable que la producción y las exportaciones, en la medida en que las variables están relacionadas, responden de forma similar a los estímulos. Con la subida de los precios internacionales de los combustibles fósiles en respuesta a la guerra entre Rusia y Ucrania, la producción se vió incentivada al alza para aprovechar los altos precios, en consecuencia el incremento en exportaciones. Aún así, el incremento entre 2022 a 2023 fue menos pronunciado que el año previo. Entre 2021 y 2022 las exportaciones crecieron un 37%  y las importaciones un 28%, mientras que el siguiente año fueron incrementos de 3,5% y 2,5% respectivamente. En producción y consumo el contraste no es tan grande, entre 2021 y 2022 la producción creció un 7% y el consumo un 2,8%, mientras que el siguiente año fueron incrementos de 1,7% y 2,7% respectivamente.

En general, el comportamiento de los combustibles fósiles en los 13 años analizados presenta una tendencia creciente, y al revisar cada variable independiente se perciben máximos históricos en consumo, exportación e importación, y aunque la producción no está en máximos presenta un incremento sostenido los últimos 3 años, por lo que desde el punto de vista de los indicadores hay una perspectiva negativa frente a la transición. Entrando en el detalle del análisis del cambio anual más reciente, se percibe que el último año analizado (2022-2023) mantiene tendencia al alza, aunque tuvo una tasa de crecimiento menor a la del año anterior (2021-2022), por lo que la perspectiva para el índice es positiva frente a la transición.

En resumen, y haciendo una ponderación del cambio interanual y del cambio de un año a otro, no se evidencia un avance de Colombia hacia la eliminación progresiva de los combustibles fósiles. A pesar de las señales que ha dado el gobierno actual para avanzar hacia el alcance del objetivo, el país requiere aún de mucho apoyo para abandonar tanto la producción como el consumo de los combustibles fósiles (carbón, gas y petróleo) de una manera planeada.

• Comportamiento tendencial (puntaje 0)

Para la perspectiva general, se percibe un incremento sostenido desde el 2020 hasta el 2023 tanto en los subsidios dirigidos a producción como a consumo, respecto del PIB. Se resalta que la proporción de los subsidios dirigidos a consumo son significativamente mayores a los de producción, siendo la cantidad de fondos dirigidos a producción el 9% en promedio de lo que se dirige a consumo. Aun así, ambos rubros presentan incrementos, y particularmente se ve un aumento más pronunciado de ambos subsidios en 2022, cuando el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania provocó una subida inmediata en los precios de materias primas (commodities) clave, como el petróleo, gas carbón, entre otros (OCDE, 2023), incrementando la presión sobre la inflación que se traía  por motivo de la pandemia, y requiriendo una respuesta de crisis rápida que evitará la transferencia de esta subida de precios a la población. 

• Comportamiento interanual (puntaje o)

Tanto la carga fiscal total de los subsidios a los combustibles fósiles (incluye subsidios a la producción y al consumo) ha aumentado los últimos años. Entre 2021 y 2022 se triplicó pasando de 0,47% del PIB en 2021 a 1,51% del PIB en 2022, mientras que de 2020 a 2021 había incrementado 0,29% y de 2022 a 2023 0,41%. Lo anterior ha sido jalonado principalmente por los subsidios al consumo, por la coyuntura mencionada previamente. Aunque el aumento en la cantidad de fondos dirigidos a producción tiene el mismo comportamiento entre 2021 y 2022, el año anterior y el siguiente mantienen un movimiento más estable. Entre 2022 y 2023 pasaron de 0,10% del PIB a 0,11% del PIB, de manera que se percibe una ralentización en los subsidios a la producción de combustibles fósiles. 

En general, el comportamiento de los subsidios a combustibles fósiles en los 4 años analizados presenta una tendencia creciente, y al revisar los fondos desagregados por consumo y producción, se percibe que en todo el periodo han incrementado ambos, por lo que desde el punto de vista del indicador (valor del subsidio) y del índice (carga total sobre el PIB) hay una perspectiva negativa frente a la transición. Entrando en el detalle de los movimientos año a año, se percibe que los subsidios a producción, han tenido un incremento menor en el último periodo (2022-2023)  respecto de los cambios entre los años anteriores. A pesar de que esta puede ser una buena señal dado que los subsidios dirigidos a la producción deberían priorizarse para su eliminación por encima de los subsidios al consumo en los países en desarrollo, esto no cambia la perspectiva negativa dado el avance casi nulo que tiene Colombia frente a la eliminación de subsidios a los combustibles fósiles.

Es importante mencionar que por la agregación de los datos económicos, no se mide cada combustible fósil de manera independiente, sino que se da una perspectiva agrupada para todos los combustibles fósiles. 

Comportamiento tendencial (Puntaje: 1)

Entre 2002 y 2010, la inversión en energías renovables en Colombia se mantuvo relativamente baja e incluso negativa en algunos años. Esto coincide con una etapa en la que el país se enfoca principalmente en la generación hidroeléctrica y en menor medida en centrales térmicas, sin darle todavía un lugar relevante a las fuentes no convencionales de energía. 

A partir de 2011 se empieza a observar un crecimiento moderado, impulsado por la  necesidad de diversificar la matriz energética para hacerla más sostenible. Un hito decisivo fue la Ley 1715 de 2014, que estableció incentivos fiscales y regulatorios para promover las energías renovables no convencionales. Este marco legal preparó el terreno para que, hacia 2016 y 2017, la inversión en el sector se disparara, reflejando la confianza de los inversionistas y la inclusión de proyectos solares y eólicos en los planes de expansión (Plan de Expansión de Referencia Generación – Transmisión 2015-2029 de la UPME).

El segundo gran pico de inversión (2019-2020) se puede relacionar con las Subastas de Contratación de Largo Plazo de 2019, que adjudicó más de 1 GW en proyectos solares y eólicos, impulsando una importante inyección de capital al sector. Tras este punto, se aprecia una caída en la serie, atribuible en parte a la finalización de los desembolsos iniciales de los proyectos adjudicados y a los efectos de la pandemia en la ejecución de nuevas obras. Aun así, la línea de tendencia (representada por la curva punteada) muestra un incremento sostenido en el largo plazo.

Comportamiento interanual (Puntaje: 0)

Las variaciones interanuales más notorias se concentran en los años de mayor adjudicación de proyectos o de cambios regulatorios significativos. Por ejemplo, en 2016-2017, el salto en la inversión se asocia con la puesta en marcha de varios parques eólicos en La Guajira y con el auge de la generación solar distribuida. Posteriormente, en 2019-2020, la Subasta de Renovables marcó un nuevo récord de inversión, reflejado en la serie como un pico significativo.

Sin embargo, después de cada pico, se observan caídas interanuales que coinciden con la finalización de las inversiones iniciales y la ausencia temporal de nuevos proyectos de gran escala. El periodo posterior a 2020, además, estuvo marcado por la pandemia de COVID-19, que afectó los tiempos de construcción y la llegada de capital extranjero. Aunque en 2021 se llevó a cabo otra Subasta de Renovables, esta no alcanzó la magnitud de la de 2019, lo cual explica una menor variación positiva en la serie.

En la etapa 2022-2023, se ha visto cierta recuperación asociada con la reactivación económica y el enfoque del gobierno en la transición energética, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, los ritmos de ejecución y la volatilidad en los mercados energéticos internacionales mantienen fluctuaciones en los flujos de inversión.

Al hacer una evaluación de la dimensión, se destaca que hubo un incremento en la inversión en energías renovables en Colombia en los últimos años que igual necesita incrementarse si se quiere propender por una entrada acelerada de energías renovables. La adjudicación de proyectos en subastas y la llegada de capital privado e internacional han contribuido al crecimiento observado en la inversión. Tras cada pico, se observan descensos que responden a la finalización de inversiones puntuales y a la menor actividad en la adjudicación de nuevos proyectos, pero la tendencia global se mantiene al alza.

La pobreza energética representa una forma crítica de exclusión que impide el acceso equitativo a servicios esenciales para una vida digna. Más allá de la simple ausencia de conexión eléctrica, esta condición afecta la capacidad de los hogares para satisfacer necesidades básicas como la cocción de alimentos, lo que repercute directamente en la salud física y mental de sus integrantes. Aunque en áreas urbanas la mayoría de los hogares utilizan tecnologías limpias, en las zonas rurales el uso de leña sigue siendo predominante, lo que incrementa la exposición a enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Calvo et al., 2021). Esta desigualdad territorial evidencia la urgencia de abordar la pobreza energética desde un enfoque de justicia social.

Asimismo, la pobreza energética tiene un marcado componente de género. En muchos contextos rurales, la falta de acceso a fuentes sostenibles obliga a las mujeres a asumir tareas adicionales como la recolección de leña, lo que limita su tiempo para otras actividades y aumenta su vulnerabilidad a riesgos físicos y sanitarios (Calvo et al., 2021). Estas desigualdades se agravan al considerar que el rol de gestoras de la energía doméstica asignado a las mujeres implica una mayor exposición a ambientes contaminados, temperaturas extremas y demandas de cuidado (Siles y Rojas, 2014; Amigo et al., 2018). Por tanto, superar la pobreza energética requiere políticas que no solo amplíen la cobertura, sino que también garanticen la calidad y asequibilidad del servicio, en el marco de una transición energética verdaderamente justa.

Acceso a la Energía

Contexto y variables analizadas: El primer gráfico presentado (Acceso a la electricidad) muestra la evolución del acceso a la electricidad de los hogares colombianos entre 2015 y 2022.

Análisis de tendencia

Nacional: Entre 2015 y 2022, el porcentaje de hogares con acceso a electricidad disminuyó en 2.43 puntos porcentuales, lo que equivale a una caída relativa del 2.54% respecto al valor de 2015. Luego de un aumento sostenido hasta 2017, se observa una tendencia descendente sostenida a partir de 2018, con variaciones interanuales negativas casi constantes, lo cual indica un retroceso en cobertura.

En el último año analizado (2022), el acceso a electricidad cayó 0.99 puntos porcentuales frente a 2021. Según la UPME en su Boletín de Cálculo del ICEE publicado en 2024, hubo un  incremento de 208 mil viviendas sin servicio entre 2021 y 2022, lo cual indica que el crecimiento de las viviendas totales fue superior al crecimiento de las viviendas con servicio. Eso refleja un descenso del índice de cobertura de energía eléctrica, señalando que es necesario aumentar el ritmo de expansión de la infraestructura eléctrica para poder mantener los niveles de acceso aún con el incremento en las viviendas.

Composición de energéticos en la cocción de alimentos

Contexto y variables analizadas: El segundo gráfico (Composición de energéticos en la cocción de alimentos) muestra la evolución del acceso a métodos de cocción mediante distintos energéticos en los hogares de Colombia entre 2015 y 2023, desagregado entre el total de los hogares, la zona rural y la urbana. 

Según la organización mundial de la salud, los combustibles y tecnologías que se conocen como limpias están listadas y definidas en el siguiente artículo. De las variables analizadas podemos clasificar los combustibles y tecnologías de la tabla anterior de la siguiente forma: 

Análisis de tendencia

En este sentido, la penetración de los combustibles o tecnologías de cocción limpia ha crecido en los hogares colombianos de un 90.2% en el 2018 hasta un 91.22% en 2023. Indicando una reducción de un punto porcentual en el uso de tecnologías de polución.

• Urbana: Casi el 99% de los hogares en la cabecera tienen acceso a tecnologías limpias, donde predomina el gas natural, en relación a este, el incremento de hogares conectados a la red de gasoductos ha crecido un 8% desde 2015 a 2023, reemplazando principalmente a la distribución de GLP. 

El alto acceso a la electricidad en la cabecera podría ser un factor determinante para comenzar a electrificar la cocción de alimentos para reducir el consumo de gas natural. 

• En relación a la zona rural, el acceso al gas como combustible de cocción limpia ha crecido en un 7%. Esto se debe a un incremento en los hogares con conexión a gas por tubería. Por otro lado, aunque el consumo de leña ha disminuido del 42.3% al 36% en el periodo analizado, aún tiene un papel importante en la matriz energética de la cocción de alimentos en la zona rural.

En este contexto, Colombia ha incorporado el uso de tecnologías limpias para la cocción de alimentos como una medida específica dentro de sus compromisos climáticos. El Objetivo 27 de su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) plantea la sustitución de fogones tradicionales de leña por estufas más eficientes, con el fin de reducir el uso de este combustible en hogares rurales y prevenir la degradación de bosques. La meta establecida es alcanzar un millón de estufas eficientes entre 2021 y 2030, lo que permitiría evitar la emisión de aproximadamente 2,29 MtCO₂. Esta línea de acción se complementa con el Plan Nacional de Sustitución de Leña (PNSL), publicado por la UPME en 2023, el cual traza una hoja de ruta para sustituir completamente, para el año 2050, el uso de leña y otros combustibles ineficientes y contaminantes (CIAC) en la cocción doméstica. Este plan promueve el acceso a alternativas más limpias, eficientes y sostenibles, con un énfasis particular en zonas rurales donde aún persiste el uso intensivo de leña.

Por su parte, la hoja de ruta Transforma enfatiza que las intervenciones deben centrarse en el reemplazo de tecnologías de cocción, es decir, sustituir fogones de leña por estufas más eficientes y no exclusivamente en cambiar el energético por GLP. Esto responde a una distinción clave: la leña, si se gestiona de manera sostenible, puede considerarse un recurso renovable, mientras que el GLP es un derivado fósil no renovable. Esta perspectiva busca alinear las soluciones tecnológicas con criterios de sostenibilidad de largo plazo y justicia energética.

 Equidad del servicio eléctrico

La asequibilidad energética es un componente central de la justicia distributiva dentro de la transición energética justa. En esta categoría se evalúa la relación entre el salario mínimo legal y el costo promedio nacional del kWh de electricidad, a través de un índice que estima cuánta energía puede adquirirse con el 10% del ingreso de un trabajador formal. Este indicador permite evaluar si las tarifas de energía evolucionan en concordancia con la capacidad adquisitiva de los hogares, ofreciendo así una aproximación al principio de “energía como derecho y no como privilegio”.

Contexto y variables analizadas:

El índice se construye a partir de dos variables principales:

• Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV): ha presentado un crecimiento real moderado entre 2017 y 2021, y un incremento nominal histórico en 2022 del 10,07%, alcanzando 1.000.000 COP. Este crecimiento respondió tanto a presiones inflacionarias como a un pacto entre gobierno, empleadores y trabajadores orientado a proteger el poder adquisitivo de los hogares.
• Tarifa Promedio Nacional de Electricidad ($/kWh): ha tenido una evolución más volátil. En 2017 alcanzó su pico (700 $/kWh), pero entre 2018 y 2021 registró descensos graduales por efecto de la Opción Tarifaria y medidas regulatorias transitorias para estabilizar precios. Sin embargo, en 2022 volvió a incrementarse hasta 606 $/kWh, en medio de presiones externas como el aumento del precio del gas, la devaluación del peso y fenómenos de sequía (MinEnergía, 2024) .

El índice de asequibilidad —calculado como energía adquirida con el 10% del salario mínimo— expresa directamente el poder de compra energética de un trabajador formal a nivel nacional. No obstante, al estar construido con promedios nacionales, no refleja la importante dispersión tarifaria existente entre departamentos, donde las diferencias de costo por kWh pueden ser significativas debido a factores como el régimen tarifario aplicable, los niveles de pérdidas, la calidad de la infraestructura o las condiciones de acceso. Esta variabilidad entre territorios implica que el poder de compra energética real puede diferir sustancialmente en distintas regiones del país.

Análisis de tendencia:

Durante el periodo analizado (2017-2022), el índice de asequibilidad energética ha mostrado una tendencia general positiva, pasando de 105 kWh en 2017 a 165 kWh en 2022. Esto significa que, con el 10% de un salario mínimo, una persona trabajadora pudo adquirir 57% más energía eléctrica en 2022 que en 2017.

Los principales hitos de esta tendencia son:

• 2017–2018: la mejora más significativa ocurre entre 2017 (105 kWh) y 2018 (132 kWh), como resultado de una disminución de la tarifa promedio de 700 a 592 $/kWh, mientras el salario mínimo crece 5,9%.
• 2019–2021: se mantiene una trayectoria de mejora moderada, con pequeños incrementos anuales en la energía adquirida (hasta 154 kWh en 2021), favorecida por aumentos reales del salario mínimo y tarifas estables.
• 2022: a pesar del alza tarifaria hasta 606 $/kWh, el incremento histórico del salario mínimo permite un nuevo salto del índice hasta 165 kWh, el valor más alto del periodo.

Esta evolución refleja un aumento progresivo de la capacidad de compra energética formal, aunque es importante considerar que la experiencia del usuario final varía en función del lugar de residencia. En departamentos con tarifas más altas, la cantidad de energía que puede adquirirse con el mismo ingreso es considerablemente menor que en zonas con tarifas más bajas. 

Calidad del servicio eléctrico

Contexto y variables analizadas:

El SAIDI (System Average Interruption Duration Index) y el SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) son indicadores utilizados en la industria eléctrica para evaluar la calidad del servicio. El primero mide la duración promedio de las interrupciones por cliente y el segundo la duración promedio de la frecuencia de las mismas. Un decrecimiento del SAIDI o SAIFI bajo sugieren una reducción de las interrupciones o frecuencia del servicio.

Análisis de tendencia: 

• De forma nacional, ambos índices se han reducido de forma considerable, en el caso del SAIDI decrece en un 40% para el 2022 en relación al 2019, y para el SAIFI un 51% para el 2022 en relación al 2019. Estas cifras, aunque son un número grueso, indican una mejora en la calidad del servicio.

Las mejoras en la calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia durante el año 2022 se explican principalmente por la implementación y seguimiento del esquema regulatorio establecido en la Resolución CREG 015 de 2018. Este marco regulatorio introdujo indicadores de calidad media (SAIDI y SAIFI) e individual (DIU y FIU), así como metas anuales y un sistema de incentivos y compensaciones. Las empresas que superan los umbrales de calidad deben compensar a los usuarios afectados, mientras que aquellas que logran mejoras sostenidas pueden beneficiarse económicamente. La existencia de metas claras ha generado incentivos regulatorios que han promovido un mejor desempeño por parte de los operadores de red (OR).

Estos valores representan una mejora respecto a los años anteriores y se encuentran por debajo de las metas establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para ese año. Esto sugiere una tendencia favorable en la continuidad y confiabilidad del servicio.

A esta evolución positiva se suma un fortalecimiento en las labores de monitoreo y vigilancia ejercidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), que ha intensificado la verificación del cumplimiento regulatorio, especialmente en lo relacionado con la exclusión de eventos por causas justificadas, como catástrofes naturales. Este control busca evitar que los operadores subestimen los indicadores de calidad mediante reportes inadecuados.

Aunque el incremento en el uso de tecnologías limpias para la cocción de alimentos es un avance significativo en el camino hacia una transición energética justa, es evidente que se requieren políticas complementarias que tomen en cuenta las desigualdades de género y las diferencias urbano-rurales. Las políticas de electrificación o sustitución por gas natural deben estar orientadas a garantizar una distribución equitativa de los beneficios, asegurando no solo el acceso al energético, sino también la calidad y asequibilidad del mismo. Colombia tiene planes a largo plazo sobre la sustitución de la leña por energéticos que considera limpios, de esta forma, es necesario contar con planes y acciones detalladas para hacer seguimiento a la implementación para lograr sus objetivos propuestos tanto en su NDC como su Plan de Sustitución de Leña. 

En 2022, la calidad del servicio de energía eléctrica en Colombia mostró una mejora sostenida, atribuida principalmente al fortalecimiento del esquema regulatorio establecido por la Resolución CREG 015 de 2018, que introdujo indicadores técnicos precisos (SAIDI, SAIFI, DIU, FIU), metas anuales y un sistema de incentivos y compensaciones que ha promovido un mejor desempeño por parte de los operadores de red. Esta tendencia refleja avances en la continuidad y confiabilidad del servicio, con resultados que se sitúan por debajo de los umbrales exigidos, en parte gracias a una mayor vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, lo que ha reforzado la transparencia en el reporte de eventos y la rendición de cuentas. Sin embargo, persisten desafíos relevantes, especialmente en zonas rurales y dispersas donde la calidad del servicio sigue siendo heterogénea, lo que plantea riesgos de profundizar brechas territoriales si no se refuerzan las capacidades locales y se diseñan mecanismos diferenciados de supervisión y apoyo. Desde una perspectiva de justicia en la transición energética, estas mejoras regulatorias constituyen un avance en la garantía de un servicio más equitativo, pero también evidencian la necesidad de asegurar que los beneficios de la calidad no se concentren en zonas urbanas o de alta rentabilidad, sino que se extiendan de manera efectiva a los territorios históricamente marginados del sistema eléctrico.

La evolución del índice de asequibilidad entre 2017 y 2022 refleja un avance importante en la relación entre ingresos formales y acceso al servicio eléctrico, evidenciado en un aumento del 57% en la cantidad de energía que puede adquirirse con el 10% del salario mínimo. Sin embargo, al utilizar tarifas promedio nacionales, el índice no visibiliza la amplia dispersión tarifaria que existe entre departamentos, especialmente en regiones con mayores pérdidas técnicas, infraestructuras más costosas o menor densidad de usuarios. Esta heterogeneidad territorial implica que, en la práctica, la asequibilidad energética sigue siendo desigual en función del lugar de residencia. Por tanto, al igual que en el caso de la calidad del servicio, la transición hacia un acceso equitativo y justo a la energía requiere mecanismos diferenciados de política tarifaria, monitoreo y subsidios focalizados que atiendan las realidades particulares de los territorios más vulnerables y con menor capacidad de pago. Solo así se garantizará que los avances en asequibilidad no se traduzcan en nuevas brechas entre lo urbano y lo rural, ni entre regiones con distinta conectividad e infraestructura energética.

Conflictos socioambientales

Según el Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2022 y febrero de 2024, se presentaron 249 hechos conflictivos relacionados con el sector minero-energético; de 3948 que se desarrollaron en el país durante ese mismo periodo. De estos hechos, 122 estuvieron relacionados con el subsector de los hidrocarburos, 102 con el de minería y 25 con el de energía. 

Los medios más usados por la ciudadanía para expresar su inconformidad frente a las decisiones u omisiones del Estado en temas minero-energéticos fueron: bloqueos (59%), plantones (23%), marchas (10%), cese de actividades (3%), toma de instalaciones (2%), acciones que comprometieron la integridad física de las personas manifestantes (2%), disturbios (1%) y minga (1%). Los actores principales de estos hechos fueron: las comunidades de las áreas de influencia de los proyectos (41%), personas trabajadoras e integrantes de sindicatos (17%), mineros/as tradicionales (11%), comunidades indígenas (4%), ambientalistas (4%), transportadores (2%), múltiples actores (2%) y otros (2%). 

En cuanto a la ubicación geográfica, estos hechos se presentaron en 115 municipios de 23 departamentos y Bogotá, como ciudad capital del país. Los departamentos con mayor número de eventos fueron: Antioquia (14%), La Guajira (14%), Santander (13%), Meta (10%), Boyacá (7%), Casanare (6%), Córdoba (5%), Arauca (4%) y Caquetá (3%). 

Mecanismos de Participación

Una vía para tramitar los conflictos asociados al sector minero-energético es el uso de los mecanismos de participación ciudadana. De acuerdo al artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, estos instrumentos permiten a los ciudadanos ejercer su soberanía e incidir en la toma de decisiones sobre asuntos que los afectan directamente. Entre los mecanismos actualmente vigentes en Colombia se encuentran: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.

La consulta popular se ha convertido en uno de los mecanismos de participación más utilizados por la ciudadanía para manifestar su posición frente a proyectos minero-energéticos. Según la Ley 134 de 1994, “Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana”, el artículo octavo define la consulta popular como:

“[…] la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, es sometido por el Presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto. 

En todos los casos, la decisión del pueblo es obligatoria”. 

A corte de mayo de 2025, se han realizado más de cincuenta consultas populares en Colombia, de las cuales más de diez han estado relacionadas con proyectos minero-energéticos. El año 2017 fue el de mayor actividad en este tema, con siete consultas realizadas. En la mayoría de estos procesos, más del 90 % de los votantes rechazaron la implementación de proyectos minero-energéticos en sus territorios.

Debido al uso intensivo de este mecanismo en un mismo año y sus efectos para las finanzas públicas, diversos actores solicitaron a la Corte Constitucional revisar el alcance de la consulta popular como herramienta para aprobar o rechazar proyectos de interés nacional, como la exploración y explotación de recursos del subsuelo. En la sentencia SU-095 de 2018, la Corte estableció que, aunque las consultas populares son vinculantes en asuntos locales, no pueden prohibir actividades de interés nacional, como la explotación de recursos naturales no renovables. 

Además, la Corte, a través de la misma Sentencia, exhortó al Congreso de la República a aprobar, en el menor tiempo posible, una ley de coordinación y concurrencia en la que se establezcan las instancias y los procedimientos para que el Estado, representado a través de sus instituciones respectivas, junto con las autoridades municipales y departamentales, acuerden la realización de proyectos extractivos en los territorios. Así mismo, la ley debe establecer mecanismos de participación que le permitan a la ciudadanía expresar su opinión y ser tenida en cuenta en los procesos de toma de decisiones. A la fecha, el Congreso no ha logrado aprobar la ley y la participación ciudadana en asuntos minero-energéticos no se encuentra reglamentada. 

La información presenta un panorama complejo para Colombia en términos de conflictividad socioambiental, especialmente relacionado al sector minero-energético. Según los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo, el 6.3% de los hechos conflictivos presentados en el país entre enero de 2022 y febrero de 2024, están relacionados con este sector.  De estos hechos, el 49% se vinculan con el subsector de los hidrocarburos, el 41% con el de minería y el 10% con el de energía.

Las acciones más frecuentes son bloqueos, seguido por los plantones, las marchas y el cese de actividades. Los principales actores involucrados en estos hechos son las comunidades aledañas a los proyectos minero-energéticos, seguidos por los trabajadores e integrantes de sindicatos, los mineros tradicionales y las comunidades indígenas. 

En términos de distribución espacial de la conflictividad, la información recopilada indica que en el 71% de los departamentos y en más del 10% de los municipios del país, se adelantaron hechos de expresión de inconformismo sobre las decisiones u omisiones del Estado en asuntos minero-energéticos. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, La Guajira,  Santander y Meta, cada uno con más del 10% de los hechos conflictivos. 

En materia de participación ciudadana, la Constitución Política de Colombia establece siete mecanismos, cada uno con reglas específicas para su aplicación en asuntos de orden nacional, departamental o local. Entre ellos, la consulta popular se ha convertido en el más utilizado por la ciudadanía para manifestar su posición frente a proyectos del sector minero-energético. El año 2017 marcó un hito, al registrarse el mayor número de consultas populares en torno a este tema.

No obstante, debido a los efectos económicos y jurídicos derivados de los resultados de dichas consultas, la Corte Constitucional profirió la Sentencia SU-095 de 2018, en la que restringe el alcance de este mecanismo. En dicha decisión, el alto tribunal estableció que los ciudadanos, desde el nivel municipal, no pueden utilizar la consulta popular para vetar actividades de exploración y explotación de recursos del subsuelo, por tratarse de competencias exclusivas de la Nación.

Además, la Corte hizo un llamado urgente al Congreso de la República para que expidiera una ley de coordinación y concurrencia, que defina las instancias, procedimientos y formas de participación de los distintos niveles de gobierno en decisiones sobre proyectos extractivos. Sin embargo, siete años después, dicha ley aún no ha sido aprobada, lo que ha generado un vacío normativo que limita la participación efectiva de municipios y departamentos en decisiones que afectan directamente sus territorios.

En conclusión, aunque la consulta popular sigue siendo un mecanismo legítimo de participación en Colombia, su aplicación en el sector extractivo se encuentra restringida. Las decisiones sobre la explotación de los recursos del subsuelo permanecen bajo la competencia exclusiva del Estado central, lo que representa un desafío para la descentralización efectiva y la garantía de los derechos de participación ciudadana en los territorios.

Entre 2010 y 2013, el empleo en el sector fósil en Colombia supera los 300 mil puestos, con una tendencia al alza, atribuida a que los datos integraban tanto hidrocarburos como minería. A partir de 2014, la cifra cae considerablemente debido a un cambio metodológico que limita el dato a petróleo y gas, estabilizado desde entonces por encima de los 100 mil empleos, con un repunte en 2018. Las fluctuaciones entre 2014 y 2021 están asociadas a la volatilidad de los precios internacionales de los hidrocarburos, cuyo colapso en 2014 afectó la viabilidad económica de múltiples proyectos extractivos. Este patrón confirma la alta vulnerabilidad del empleo fósil a los ciclos de precios globales y a decisiones corporativas centralizadas, lo que plantea riesgos para la estabilidad laboral de las comunidades dependientes de esta industria. A pesar de su peso histórico, el sector muestra señales de estancamiento estructural que podrían intensificarse en contextos de descarbonización acelerada.

Los datos disponibles sobre empleo en energías renovables en Colombia muestran una evolución dispar entre tecnologías y revelan importantes discrepancias según la fuente consultada. Para los años 2020 y 2021, el hub de Energía ofrece un desglose detallado: La energía hidráulica fue el mayor generador de empleos renovables, con 51.300 en 2020 y 42.730 en 2021, seguida por la biomasa sólida con 18260 empleos. En contraste, la solar fotovoltaica, a pesar de su crecimiento reciente en capacidad instalada, registró apenas 360 empleos en 2020 y 2830 en 2021. lo que evidencia una alta concentración en las tecnologías renovables convencionales.

En cuanto a la energía eólica, los datos muestran una caída drástica de 2.100 empleos en 2020 a apenas 56 en 2021, posiblemente debido al carácter intermitente de la construcción de proyectos o a diferencias metodológicas. Para 2023, IRENA reporta cifras más agregadas: 49.000 empleos en hidroeléctrica y 19.000 en biomasa, sin especificar otras tecnologías ni detallar el método de estimación, lo que limita la comparabilidad directa con los datos del HUB de Energía.

La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) publicó un estudio en 2025 que refuerza la importancia del componente laboral en la transición energética justa. Mediante un modelo de inteligencia artificial (basado en el algoritmo Extra Trees Regressor), la UPME estimó que los proyectos solares y eólicos ya instalados o en prueba han generado cerca de 27.600 empleos. Las proyecciones para 2030 son significativamente mayores: se estima que los proyectos con capacidad asignada podrían superar los 200.000 empleos. En un escenario de expansión alineado con los planes nacionales de largo plazo, el empleo acumulado en estas tecnologías podría alcanzar entre 203.000 y 219.000 empleos en 2030, y hasta 624.000 para 2050.

Estos beneficios laborales se concentran geográficamente en departamentos como La Guajira y el Cesar, donde se proyectan los desarrollos solares y eólicos a gran escala. Esta dimensión regional del empleo renovable subraya el potencial de transformación productiva en territorios históricamente marginados, aunque también plantea retos en términos de preparación laboral, capacidades locales y cadenas de suministro.

El contraste entre ambos sectores evidencia una transformación incipiente pero significativa del perfil laboral del sector energético colombiano. Mientras el empleo fósil enfrenta una trayectoria descendente o estancada, el empleo en energías renovables muestra un crecimiento acelerado que podría configurarse como una alternativa viable de reconversión laboral. Sin embargo, este cambio no garantiza automáticamente una transición justa. Aún persisten desafíos estructurales en términos de inclusión laboral, capacitación, y regionalización del empleo renovable. Para evitar la profundización de desigualdades existentes, incluyendo brechas de género, territoriales y de acceso a oportunidades es fundamental implementar políticas activas de reconversión, programas de formación técnica, y marcos de gobernanza laboral inclusivos. La transición energética, para ser justa, debe contemplar no sólo la creación neta de empleos, sino su calidad, estabilidad y distribución equitativa entre regiones, sectores y grupos sociales históricamente marginados.