Chile

La meta incluida en el primer balance mundial busca triplicar la capacidad de energías renovables a nivel global de manera que se alcance una capacidad instalada de 11.000 GW para el año 2030. Sin embargo, esto no significa que todos los países deban incrementar estrictamente su capacidad al mismo ritmo. A partir de un análisis de Transforma, se encontró que Chile alcanzaría un 96% de generación renovable en su matriz eléctrica para 2030 con un aumento de 27,2 GW en la capacidad instalada de ERNC. La capacidad instalada de energías renovables en 2022 se incrementa 2,28 veces a 2030 y 3,07 veces si se excluyen las hidroeléctricas bajo el escenario de progresión sostenible (Diaz et al., 2024).

Adicionalmente la Política Energética Nacional 2050, actualizada a marzo de 2022, estableció dentro de sus metas principales alcanzar 80% de energías renovables al 2030 y 100% de energías cero emisiones al 2050 en generación eléctrica; 2.000 MW en sistemas de almacenamiento de energía en el Sistema Eléctrico Nacional al 2030 y 6.000 MW al 2050 en tecnologías tales como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido u otras. También se encuentra en tramitación en el Congreso un proyecto de Ley (Boletín N°14755-08) para impulsar una participación de 60% de ERNC al año 2030, y una obligación de 40% por bloques horarios. 

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 1)

En general se observa un comportamiento tendencial positivo, es decir, donde el crecimiento de la capacidad renovable, con mayor participación de la generación eólica y fotovoltaica, muestra un aumento de la capacidad instalada de 13,5 GW en 2020 a 22,1 GW al 2023, representando un incremento de 63,7%. Entre las razones para este crecimiento se encuentran (a) las leyes de cuota; (b) los contratos de suministro con bloques horarios; (c) los compromisos de descarbonización y (d) el costo de inversión competitivo de las fuentes renovables.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 1)

Se observan saltos interanuales relevantes, impulsados tanto por los contratos de suministro a clientes de tarifa regulada, pero también por contratos de grandes clientes mineros cuyo objetivo es “descarbonizar sus contratos” de suministro de electricidad. La evolución de la capacidad de generación alcanzó 22,1 GW a finales del 2023. Los principales aportes provienen de las tecnologías fotovoltaica y eólica, sumando entre ellas un 90,7% del total de la capacidad ERNC instalada al 2024.

• Comparación respecto a la meta de referencia (Puntaje: 1) 

El crecimiento es consistente al contrastarlo de manera general con el índice de entrada de energías renovables. Se observa que el ritmo de expansión ha sido acorde a las trayectorias previstas en el Escenario de Progresión Sostenible.

Chile ha alcanzado un puntaje general de 100, gracias a una evolución sostenida en su transición energética. El país ha mostrado un crecimiento constante en capacidad instalada renovable, principalmente en tecnologías eólica y fotovoltaica, con un aumento del 63,7% entre 2020 y 2023. Este avance responde a un marco regulatorio favorable y a compromisos claros de descarbonización. Interanualmente, el crecimiento ha sido impulsado por contratos de suministro tanto con clientes regulados como grandes consumidores industriales, especialmente del sector minero. A fines de 2023, la capacidad ERNC alcanzó 22,1 GW, de los cuales el 90,7% corresponde a fuentes eólica y solar.

A partir de las leyes de cuotas de energías renovables no convencionales (ERNC), la adecuación de las bases de licitación incluyendo bloques horarios ERNC para suministro de clientes regulados; el acuerdo de las empresas generadoras privadas y el Gobierno para el retiro de las centrales a carbón, las recientes leyes de Eficiencia Energética y de Almacenamiento de Energía, entre los elementos más relevantes; Chile ha establecido una ruta de transición energética hacia una fuente de generación descarbonizada que ha dado pasos firmes y se espera se consolide en los próximos años. 

Este avance se ve reflejado en el notable crecimiento de la capacidad renovable observada en los últimos años, principalmente en tecnologías eólica y fotovoltaica, lo que ha permitido que el país mantenga una trayectoria de expansión coherente con los escenarios de sostenibilidad previstos. La descarbonización de la matriz de generación y la electrificación de la demanda son pilares fundamentales sobre los cuales se basan las metas y compromisos internacionales, a los cuales Chile aspira llegar con anticipación a las fechas comprometidas.

El Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022-2026 de Chile establece una serie de compromisos y objetivos para promover el uso eficiente de la energía. El compromiso es reducir el consumo de energía en un 20% para 2026 en comparación con sus proyecciones de consumo, a través de la implementación de medidas de eficiencia energética en diversos sectores.

Se establecen las siguientes metas de reducción de la intensidad energética respecto al año 2019:

• Al 2026: 6% (1,82 Tcal por miles de millones de pesos)
• Al 2030: 15% (1,65 Tcal por miles de millones de pesos)
• Al 2050: 35% (1,25 Tcal por miles de millones de pesos)

El Plan se divide en cuatro sectores: Sectores Productivos, Transporte, Edificaciones y Ciudadanía, para los cuales se especifican las siguientes medidas principales. 

Sectores Productivos: Implementación de sistemas de gestión de energía, promoción de la electrificación de usos térmicos y motrices en la industria y minería, fortalecimiento de la formación de especialistas, difusión de resultados y beneficios.

• Reducir en un 4% la intensidad energética de los grandes consumidores al 2026, respecto al año 2021.
• Reducir en un 25% la intensidad energética de los grandes consumidores al 2050, respecto al año 2021.

Sector Transporte: Establecimiento de estándares de eficiencia energética para vehículos, impulso a la electromovilidad y fortalecimiento de la formación de especialistas.

• Duplicar el rendimiento de los vehículos livianos nuevos que entran al país al año 2035, respecto del año 2019.
• Cuadruplicar el rendimiento de los vehículos livianos nuevos que entran al país al 2050, respecto del año 2019.

Sector Edificaciones: Actualización de los estándares de eficiencia energética, impulso a la renovación energética y reacondicionamiento térmico, calificación energética de edificaciones, habilitación de la energía distrital y fortalecimiento de la formación de especialistas.

• Las nuevas viviendas lograrán un ahorro promedio de 30% en su demanda de energía térmica al año 2026, respecto del año 2021.
• Las nuevas edificaciones lograrán un ahorro promedio de 50% en su demanda de energía térmica al año 2050, respecto del año 2021.

Sector Ciudadanía (Equipos y Consumo): Difusión de información ciudadana, fortalecimiento del programa educativo, actualización y ampliación de etiquetado y estándares de artefactos.

• El 70% de las principales categorías de artefactos y equipos que se venden en el mercado corresponden a equipos energéticamente eficientes al año 2035.
• El 100% de las principales categorías de artefactos y equipos que se venden en el mercado corresponden a equipos energéticamente eficientes al año 2050.

Estas metas sectoriales no hacen parte de las metas evaluadas por esta herramienta de monitoreo, dado que se evalúa con respecto a mejoras en eficiencia energética global. Sin embargo, se agregan para consulta.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 1)

Para el periodo de análisis se evidencia una tendencia positiva en la reducción de la intensidad energética entre 2010 y 2022, con una caída sostenida desde 2019, además del nivel histórico más bajo de intensidad energética desde 2010. Las mejoras efectivas en eficiencia energética han mostrado un incremento acelerado, con mejoras anuales del 3%, 6% y 8% para los años 2020, 2021 y 2022 respectivamente.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 1)

Hasta donde alcanza a mostrar la serie estadística el comportamiento interanual, este es positivo, ya que se observa un descenso constante en la intensidad energética, es decir, el país en general muestra una mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios.

• Comportamiento con respecto a la meta de referencia (Puntaje: 1)

Al contrastar los avances mencionados previamente con la meta de duplicar la tasa anual promedio de mejora en eficiencia energética con respecto a la meta global del 4%, Chile ha superado la misma con un 6% y 8% en los años 2021 y 2022.

La evaluación general del desempeño en eficiencia energética de Chile entre 2010 y 2022 muestra un comportamiento tendencial claramente positivo. Desde 2019, la intensidad energética ha disminuido de forma sostenida, alcanzando su nivel más bajo desde 2010. Este descenso refleja avances concretos en la implementación de políticas y medidas que han incentivado una mayor eficiencia en el uso de la energía, particularmente a partir del marco normativo establecido por la Ley de Eficiencia Energética y el Plan Nacional 2022–2026.

El país ha demostrado un progreso constante, con mejoras en eficiencia energética. Esta tendencia confirma una consolidación del compromiso nacional hacia un uso más racional de los recursos energéticos en sectores clave como el productivo, transporte, edificaciones y ciudadanía. 

Estos resultados posicionan al país en un camino favorable para cumplir la meta global del 4% y su meta nacional del 6% de reducción de la intensidad energética al 2026 y lo acercan a su objetivo de carbono neutralidad al 2050, mostrando un uso más eficiente de la energía en relación con su crecimiento económico.

El Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés) plantea como meta acelerar la eliminación del uso de carbón en generación eléctrica cuando este no cuente con tecnologías de captura de emisiones, junto con un llamado general a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles. En línea con este objetivo, Chile mantiene un compromiso voluntario de retiro del carbón de la matriz eléctrica hacia 2040.

Actualmente, el plan de descarbonización eléctrica es la única política nacional que establece una meta concreta para eliminar el uso de combustibles fósiles. Este plan se basa en un acuerdo voluntario entre el gobierno y las empresas generadoras para retirar gradualmente las centrales a carbón. De las 28 unidades originalmente en operación (5.287 MW), a marzo de 2025 se han cerrado 11, quedando 17 unidades activas con una capacidad de 3712 MW. Entre 2025 y 2029, hay nueve centrales con compromisos de cierre o reconversión por un total de 2.025 MW, mientras que ocho unidades (1.687 MW) aún no cuentan con una fecha de cierre definida.

En contraste, no existen metas específicas para el retiro de plantas a gas o diésel, aunque se espera que su operación futura se limite principalmente a funciones de respaldo.

Por otra parte, la Política Energética Nacional 2022 contempla metas ambiciosas para la movilidad sostenible. Estas incluyen que al 2040 el 100% de los buses y taxis de transporte urbano —tanto público como privado— sean vehículos cero emisiones; al 2050, que al menos el 60% del parque vehicular particular y comercial esté compuesto por este tipo de vehículos; y que para 2035, todas las ventas de vehículos livianos y medianos nuevos, así como las nuevas incorporaciones al transporte público urbano, correspondan a unidades cero emisiones.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 0.5)

El uso de combustibles fósiles en las actividades económicas del país muestra una tendencia general creciente. El consumo de combustibles se ha mantenido estable desde 2012, pero con una leve tendencia al alza a partir del 2020, recuperando la caída que se había dado entre 2019 y 2020. Por otro lado, la producción, que aunque también se ha mantenido estable, tiene una tendencia levemente a la baja, sosteniendo la caída que se dió entre 2019 y 2020.  Respecto de la balanza comercial, las importaciones han tenido un mayor incremento a partir de 2020 que incrementaron de 6.815 MUSD en 2020 a 15.918 MUSD en 2023, significando una subida de más del doble. 

• Comportamiento interanual (Puntaje: 0.5)

Respecto de las variación entre los últimos dos periodos analizados, las importaciones muestran un decrecimiento pasando de 22.292 MUSD en 2022 y 15.918 MUSD en 2023. Lo anterior significó un cambio de las exportaciones que se redujeron en un 27.48%.  El consumo aumentó en 11%, pasando de 834,15 PJ a 936.64 PJ. Finalmente, la producción aumentó en un 16.38%, pasando  de 56.18 PJ a 67.19 PJ.

El uso de combustibles fósiles en las actividades económicas de Chile mantiene una presencia significativa, con una tendencia general creciente en su participación, especialmente a partir de 2020. Aunque el consumo se había estabilizado desde 2012, la reciente alza —impulsada por la recuperación económica post-pandemia— se acompaña de una leve pero sostenida disminución en la producción local. Asimismo, hay una alta dependencia del país respecto a las importaciones de fósiles, que se duplicaron entre 2020 y 2023. Esta situación impacta negativamente la balanza comercial energética y refuerza la urgencia de una transición hacia fuentes limpias, en línea con las metas del Plan Nacional de Eficiencia Energética.

En cuanto al comportamiento interanual, el año 2023 presentó señales mixtas, las importaciones disminuyeron en un 27,5% respecto a 2022, el consumo interno creció un 11% y la producción local un 16%. Esto refleja una leve recuperación de la actividad interna y evidencia que, sin medidas estructurales más profundas, la demanda seguirá anclada a fuentes fósiles. El caso del transporte es paradigmático: a pesar de los avances con buses eléctricos y taxis, la electrificación completa del sector es aún una meta lejana, pero clave para la descarbonización del país.

El Estado de Chile ha implementado desde 2014 el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), con el objetivo de reducir la volatilidad de precios en productos como la gasolina, el diésel, el gas licuado de petróleo y el gas natural comprimido. Este mecanismo, que sucedió al Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo (FEPC), ha sido ampliado en distintas ocasiones para responder a escenarios de alza sostenida en los precios internacionales de los combustibles. En enero de 2022, el MEPCO operaba con un límite de 500 millones USD; este monto se incrementó a 1.500 millones USD en marzo del mismo año, y posteriormente a 3.000 millones USD a fines de mayo de 2022. Si bien su diseño original contemplaba la estabilización temporal frente a fluctuaciones bruscas del mercado, en la práctica el MEPCO ha terminado funcionando como un subsidio indirecto, ya que no se han generado períodos de baja de precios que permitan recuperar los fondos públicos invertidos. A la fecha, no existe una estrategia definida por parte del Estado sobre cómo reducir o eliminar progresivamente este subsidio, lo que plantea desafíos tanto fiscales como ambientales.

Paralelamente, el Estado mantiene la aplicación del Impuesto Específico a los Combustibles (IEC), el cual grava la venta de gasolina, diésel y gas, con el objetivo de recaudar ingresos fiscales y promover un uso más eficiente de estos recursos. Según datos del Servicio de Impuestos Internos, entre los años 2009 y 2020 este impuesto representó en promedio un 5,3% del total de los ingresos tributarios del país, reflejando su importancia en la estructura fiscal nacional. Sin embargo, el diseño del IEC ha sido objeto de ajustes a lo largo del tiempo, influido por factores económicos, sociales y políticos, y su efectividad como herramienta de desincentivo ambiental ha sido limitada por exenciones tributarias vigentes. En particular, el sector transporte accede a un subsidio indirecto a través de dichas exenciones, las cuales se estiman en un costo fiscal de entre  300 y 400 millones USD anuales. Aunque han existido propuestas para eliminar estos beneficios, no se ha avanzado en la presentación de un proyecto de ley que busque su eliminación o modificación. En este contexto, persiste como una meta pendiente del Estado el establecer una revisión integral del régimen de subsidios e incentivos relacionados con los combustibles, en línea con objetivos de sostenibilidad fiscal, equidad tributaria y transición energética.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 0)

Desde el 2020, los subsidios al consumo de combustibles fósiles venía en incremento, pasando de una gasto de 124.91 MUSD (0.05% del PIB) en 2020 a un gasto de 2470.57 USD en 2022 (0.82% del PIB), con un incremento de casi 19 veces. Esta tendencia parece estar sufriendo un proceso de reversión, con una caída en 2023 al 0.05% del PIB (151.48 MUSD) equiparable al punto de partida del 2020.  Es importante resaltar que el pico resultante en el 2022, se da en respuesta a la medida que tomaron múltiples países ante la crisis de precios de combustibles asociada a la guerra entre Rusia y Ucrania.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 1)

Analizando la variación de los dos últimos períodos, se ve una caída importante, pasando de un gasto de 0,82% del PIB a 0.05% del PIB entre 2022 y 2023, lo cual puede estar asociado a un rápido ajuste del gobierno tras el alza de 2022 que sigue la tendencia de muchos países tanto de la región como del mundo.

Dado que la totalidad de los subsidios otorgados en Chile a los combustibles fósiles están orientados al consumo, es crucial analizar si estos recursos benefician efectivamente a los sectores más vulnerables que requieren apoyo para acceder a energía a precios accesibles. La marcada disminución del gasto en subsidios durante el último año refleja un giro significativo respecto a la tendencia al alza de años anteriores, lo que sugiere una respuesta rápida del gobierno ante un contexto excepcional de crisis energética global. Sin embargo, este ajuste plantea desafíos importantes, ya que podría afectar a los hogares y sectores que aún dependen de combustibles fósiles para satisfacer necesidades básicas.

En este contexto, se mantienen mecanismos de apoyo específicos en ciertas regiones extremas del país, como Magallanes, donde los altos costos de transporte y calefacción justifican subsidios directos al precio de los combustibles y tarifas eléctricas preferenciales. Estas políticas buscan garantizar la equidad territorial en el acceso a la energía, aunque también revelan la complejidad de eliminar por completo los subsidios sin generar impactos sociales significativos. A pesar de los avances en políticas energéticas más limpias, como la expansión de sistemas solares térmicos o fotovoltaicos, no existe aún un compromiso formal con el término definitivo de estos subsidios. Las discusiones en torno a la eliminación del impuesto específico a los combustibles o la reformulación de los beneficios al transporte público continúan sin consensos, lo que muestra que la transición hacia una matriz energética más sustentable aún enfrenta obstáculos tanto políticos como sociales.

No se cuenta con una meta país en esta dimensión.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 1)

Entre 2018 y 2023 se ha invertido en Chile 19.783,08 MUSD en diversos programas relacionados con la Transición Energética, presentando el mayor monto invertido en el 2019, con 5.022,18 MUSD en proyectos de energías renovables; presentando una tendencia decreciente a partir de ese momento.

• Comportamiento interanual ( Puntaje: 0)

Respecto de la variación entre los dos últimos períodos, las inversiones en renovables incrementaron en un 14%. Este incremento, se define muy modesto respecto del histórico de inversiones en renovables que se han visto en el país. Esto puede deberse a las entregas de proyectos contratados en el pasado y a sus procesos actuales de operación en los que se concentra presupuesto. 

Entre 2018 y 2023, se puede apreciar un camino de transformación en el que Chile inició con mayor impulso, combinando una apuesta fuerte por la energía limpia con el fortalecimiento de su tradicional sector minero, pero se ha ralentizado. Al hablar de energías renovables, la historia se remonta a la Ley de Fomento a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) de 2008, que abrió las puertas a proyectos solares y eólicos en un país con altos niveles de radiación y buenos recursos de viento. Esta ley sentó las bases para que, en 2018, con la presentación de la Estrategia Energía 2050, se definieron objetivos claros para un futuro energético más diversificado y sostenible. Luego, en 2020, la Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde entró en juego, impulsando la idea de una industria que, además de renovable, sea innovadora y menos contaminante.

En paralelo, el sector público, a través del Ministerio de Energía, ha canalizado recursos hacia iniciativas de fomento de energías renovables no convencionales, desarrollo energético rural, implementación del Plan de Eficiencia Energética y otros programas que buscan ampliar el acceso y sostenibilidad del sistema energético nacional.