Brasil

La meta incluida en el primer balance mundial busca triplicar la capacidad de energías renovables a nivel global, alcanzando una capacidad instalada de 11.000 GW para el año 2030. No obstante, esto no implica que todos los países deban incrementar su capacidad al mismo ritmo. De acuerdo con un análisis realizado por Transforma, Brasil tiene el potencial de aumentar progresivamente su capacidad instalada de energías renovables, alcanzando un mínimo de 276,92 GW para el año 2030.

Para Brasil, si bien no existe una meta nacional explícita de triplicación, los documentos de planificación energética como el Plan Nacional de Energía o el Plan Decenal de Expansión de Energía 2030 (PDEE), indican la necesidad de mantener y expandir su liderazgo regional en fuentes renovables, En el PDEE se estima una participación del 86% de capacidad instalada en energías renovables para el 2030, lo cual representan 203 GW, principalmente en energía eólica.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 1)

La serie de capacidad instalada en Brasil entre 2020 y 2023 muestra un crecimiento continuo. Durante este período, la capacidad aumentó de 151,8 GW a 196,48 GW, reflejando un incremento sostenido impulsado por la incorporación de nueva infraestructura, principalmente en tecnologías solares y eólicas.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 1)

Entre 2020 y 2021, Brasil registró un incremento de aproximadamente 10,5 GW en su capacidad instalada. Durante 2022, el crecimiento se mantuvo, con un aumento de 14,37 GW respecto al año anterior. Para 2023, se observa un incremento de casi 20 GW, alcanzando los 196,48 GW. Estos datos indican un ritmo de expansión constante y positiva para la transición energética entre el período 2020-2023.

• Comparación contra la meta de referencia (Puntaje: 1) 

El crecimiento es consistente al contrastarlo de manera general con el índice de entrada de energías renovables, se observa que el ritmo de expansión ha sido cercano y alineado a las trayectorias previstas en el Escenario de Progresión Sostenible, con una leve diferencia de capacidad por debajo de 1 GW (176,67 GW frente a 178 GW en 2022; 196, 48 GW frente a 197,3 GW en 2023).

En general, el comportamiento de la capacidad instalada en energías renovables en Brasil durante el período 2020-2023 presenta una tendencia creciente a favor de la transición. De manera similar,  al analizar los datos de cada año se observa un aumento constante en la capacidad instalada, especialmente en los sectores solar y eólico, por lo tanto, teniendo en cuenta el comportamiento tendencial e interanual se considera que Brasil presenta una perspectiva positiva en la entrada de energías renovables. 

Aún quedan consideraciones importantes sobre la expansión del uso de la energía solar fotovoltaica y la expansión de la generación descentralizada de energía en el país. Sin embargo, lo central es que el avance de las energías renovables se produjo como una forma de sortear una crisis de suministro eléctrico que asolaba Brasil. En otras palabras, estas no fueron vistas como una estrategia para descarbonizar el sector, en sí misma, sino como una herramienta para aumentar la oferta energética y reducir la pobreza eléctrica. Este escenario provocó que los paradigmas asociados a la sustitución de combustibles fósiles por fuentes renovables tardaran mucho en aparecer en la agenda política nacional, siendo sólo la introducción gradual de renovables considerada suficientemente estratégica.

Conforme a la meta del párrafo 28 del GST, se debería duplicar la tasa anual promedio de mejoras en eficiencia energética para 2030. Para Brasil, su colaboración para alcanzar dicha recomendación ocurre únicamente a través del aumento de la tasa de mejora de la eficiencia energética “inducida”. No existe un objetivo vinculante, sino una aspiración de mejorar la eficiencia energética en un 10% para 2030. Brasil tiene como meta, hasta 2030, mejorar su eficiencia energética en un 10%, siendo un 5% mediante progreso autónomo y otro 5% mediante progreso inducido.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 1 )

Para el periodo de análisis se evidencia una tendencia positiva en la reducción de la intensidad energética entre 2015 y 2022, con una caída sostenida desde 2020, a pesar de que el nivel histórico más bajo de intensidad energética fue en 2011. Las mejoras efectivas en EE han mostrado un incremento gradual, alcanzando un 2,0% en 2022 (Ver gráfico arriba). Esta línea de base implica retos significativos para alcanzar la meta de duplicar las mejoras en eficiencia energética al 2030, especialmente considerando que el perfil de inversión en este ámbito ha sido limitado y focalizado principalmente en el transporte, más que en el sector industrial — responsable de cerca del 38% del consumo energético del país.

Sin embargo, de acuerdo con el Banco Mundial, Brasil mantiene uno de los índices de intensidad energética más altos de América Latina, con un valor promedio de 3,89 megajulios por unidad de PIB (en USD PPA 2017), casi estable en las últimas dos décadas. Esta situación refleja una estructura productiva centrada en industrias de bajo valor agregado y alto consumo energético, agravada por la persistencia de maquinaria obsoleta y una infraestructura de transmisión y distribución con deficiencias regionales.

Aunque entre 2013 y 2023 se invirtieron cerca de R$6 mil millones en I+D+D en eficiencia energética, principalmente con recursos públicos, estos esfuerzos no han logrado transformar estructuralmente el desempeño energético del país. El nivel de eficiencia energética mejoró un 11,8% entre 2005 y 2023, según la metodología ODEX, lo que sugiere avances modestos frente a la ambiciosa meta para 2030.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 1)

Para el comparativo entre los dos últimos periodos se evidencia que el índice de mejoras efectivas en EE se duplicó, pasando de 1% en 2021 a 2% en 2022, reflejando un comportamiento positivo para la transición energética.

• Comparación contra la meta global (Puntaje: 0) 

Al contrastar los avances mencionados previamente con la meta de duplicar la tasa anual promedio de mejora en eficiencia energética, resulta evidente que aún es necesario acelerar el ritmo de reducción de la intensidad energética, para lograr un aumento anual sostenido del 4%, a partir del 2% logrado en 2022. 

En general, el comportamiento de la intensidad energética en Brasil durante el periodo 2010-2022 muestra una tendencia decreciente, alcanzando en 2022 su nivel más bajo desde 2010. Esta evolución positiva se ha visto reforzada por una mejora interanual significativa entre 2021 y 2022, con un aumento en el índice de mejoras efectivas en eficiencia energética del 1% al 2%, lo que refleja un impulso reciente hacia la transición energética. No obstante, al comparar estos avances con el benchmark global —que exige un ritmo sostenido de mejora del 4% anual— resulta evidente que Brasil debe acelerar significativamente su progreso para cumplir con las metas internacionales al 2030.

Además, aunque se han invertido aproximadamente R$6 mil millones en investigación y desarrollo en eficiencia energética entre 2013 y 2023, esta inversión ha sido limitada en relación con el tamaño del PIB y ha estado enfocada mayoritariamente en el sector transporte, dejando rezagado al sector industrial, que representa cerca del 38% del consumo energético nacional. A esto se suman desafíos estructurales como la persistencia de maquinaria obsoleta, la infraestructura energética deficiente en algunas regiones y la alta intensidad energética promedio (3,89 MJ/USD PPA), una de las más elevadas de América Latina.

En suma, aunque Brasil ha mostrado avances, su progreso sigue siendo insuficiente en relación con los objetivos globales. El país necesita un esfuerzo mucho mayor y sostenido en la modernización tecnológica del parque industrial y en el fortalecimiento de su infraestructura energética para cerrar la brecha frente a los estándares internacionales de eficiencia.

• Comportamiento tendencial (0.5)

Se percibe un alza tanto en la producción como en el consumo de fósiles entre 2010 y 2023, siendo la producción mayor al consumo. El aumento del consumo interno está directamente relacionado con la recuperación económica nacional tras la reapertura de la economía en 2021. El gráfico destaca el crecimiento que se produjo tanto en las exportaciones como en las importaciones entre 2020 y 2023. Por otro lado, se evidencia un aumento en la exportación con respecto a la importación a partir del 2019, alcanzando la mayor brecha en los años 2022 y 2023.

El aumento de las importaciones desde 2019 se atribuye a la venta de refinerías estratégicas en el parque petroindustrial brasileño, lo que redujo la capacidad de producción de gasolina. La mayoría de las refinerías en Brasil fueron construidas en la década de 1970, cuando el petróleo era principalmente importado, siendo este de tipo ligero. Sin embargo, con el descubrimiento y la extracción de petróleo en la Cuenca de Campos, en esa misma década, las refinerías nacionales tuvieron que adaptarse para procesar el petróleo de origen brasileño, caracterizado por un mayor peso específico. Con la explotación del petróleo presal, proveniente de aguas profundas, Brasil comenzó a producir petróleo ligero, de mayor valor agregado y con características diferenciadas. Sin embargo, debido a la falta de infraestructura adecuada en las refinerías para procesar este tipo de petróleo, el producto comenzó a exportarse.

• Comportamiento interanual (0,375)

Respecto de las variación entre los últimos dos periodos analizados, las importaciones y exportaciones muestran una variación negativa, pasando de 48.045 MUSD y 56.373 MUSD en 2022, a 35.671 MUSD y 54.611 MUSD en 2023 respectivamente. Lo anterior significó un cambio significativo de las importaciones particularmente, que se redujeron en un 25,7%. A pesar de lo anterior, la producción y el consumo interno incrementaron, el primero en un 11% y el segundo en un 3,37% respecto del 2022. Lo anterior impulsado por el consumo de energía en el transporte en 2023, que mostró un aumento del 4,4% en comparación con 2022, principalmente asociado al aumento del consumo de biodiésel (+19,2%) y gasolina (+6,9%).

Durante el periodo analizado, Brasil ha mostrado avances limitados en la transición hacia una matriz energética menos dependiente de los combustibles fósiles. Aunque la inclusión en su NDC 2035 de un compromiso multilateral hacia el abandono gradual de los fósiles representa un paso simbólico positivo, en la práctica, el país ha incrementado tanto la producción como la exportación de petróleo y sus derivados. Este crecimiento se ha acompañado de una expansión del consumo interno, en parte impulsada por la recuperación económica tras la pandemia y por el aumento de la demanda en el sector transporte.

Brasil mantiene una alta dependencia del petróleo en su matriz energética, a pesar de que su matriz eléctrica es una de las más limpias del mundo en términos de participación de renovables. Esta dualidad refleja una baja electrificación del parque de transporte y una relación aún fuerte entre crecimiento económico y demanda de combustibles fósiles. Como medida reciente, el gobierno federal promulgó la Ley nº 14.993/2024, que busca mejorar el perfil de emisiones del transporte mediante el aumento de biocombustibles en la mezcla de gasolina, aunque su impacto estructural aún está por verse.

Entre 2010 y 2023, se ha observado un incremento sostenido en la producción y exportación de fósiles, con una brecha creciente respecto a las importaciones desde 2019. Esta tendencia responde, entre otros factores, a la privatización de refinerías estratégicas, la falta de infraestructura para procesar petróleo ligero del presal y una política orientada a aprovechar la demanda internacional. No obstante, en el último año (2023), las importaciones cayeron un 25,7%, mientras que la producción nacional aumentó un 11%, y el consumo interno un 3,37%, con especial dinamismo en el uso de biodiésel y gasolina.

En suma, aunque Brasil presenta fortalezas importantes en energía renovable eléctrica, su comportamiento en relación con los combustibles fósiles aún muestra una orientación extractiva y exportadora que dificulta su alineación con los compromisos climáticos globales. La falta de infraestructura de refinación adaptada a su producción actual y el rezago en la electrificación del transporte continúan siendo barreras estructurales clave.

El párrafo 28 del GST establece, a este respecto, la eliminación de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, que no abordan la pobreza energética ni las transiciones justas, tan pronto como sea posible.

Brasil carece de una tipología oficial que clasifique los subsidios otorgados a la industria de los combustibles fósiles, diferenciándolos según sus niveles de ineficiencia o que contemplen una transición energética justa.

Siguiendo la tendencia de que la mayor parte de los subsidios son asignados al consumo, el gobierno argumenta que los subsidios nacionales son justos y eficientes para mitigar los aumentos de precios y los choques inflacionarios, no requiriendo revisión o eliminación, como sugiere el GST.

• Comportamiento tendencial (1)

Se percibe una tendencia decreciente, a excepción de los subsidios a consumo que sufrieron un aumento en el 2021. Esto debido a que la mayoría de los subsidios a los combustibles fósiles se movilizan hacia el consumo, y es la tendencia que se ha mantenido de forma consistente desde 2010 hasta 2023, aunque la brecha entre ambos beneficiarios se ha venido cerrando, presentando un monto bastante similar en el 2023  con una distribución de producción 45% respecto de consumo 55%  (IISD & OECD, 2024), van confluyendo respecto de los años previos. 

Adicionalmente, el aumento de los precios internacionales del petróleo, que ocurrió después de la drástica caída de 2020 provocada por la pandemia de COVID-19, resultó en incrementos significativos en los precios internos de la gasolina y el diésel. Este aumento tuvo un impacto directo en la inflación y en el costo de vida. Ante esto, el gobierno adoptó medidas de subsidio para mitigar los efectos de este traslado, buscando evitar una mayor insatisfacción social y garantizar la estabilidad económica.

• Comportamiento interanual (0,5)

Durante el periodo 2021-2023, se observan importantes variaciones en la carga fiscal asociada a los subsidios a los combustibles fósiles en Brasil. En 2021, esta carga superó el 0,35% del PIB, impulsada en parte por programas como el Auxílio-Caminhoneiro y ajustes en los impuestos nacionales (Cide y Pis/Cofins). Sin embargo, tras la finalización de dicho programa y la revisión de tasas impositivas, se registró una disminución progresiva en los dos años siguientes, cayendo por debajo del 0,30% del PIB en 2022 y del 0,20% en 2023. Esta caída también se refleja en la reducción de subsidios tanto al consumo como a la producción, con mayor impacto en los de consumo.

En 2023, Brasil destinó 4,48 mil millones de USD a subsidios a los combustibles fósiles, concentrando el 74,11% en petróleo, seguido por electricidad (12,5%), gas natural (8,71%) y carbón (4,69%). La mayoría de estos subsidios (83%) se ejecutaron mediante mecanismos fiscales indirectos —como reducciones impositivas o tax expenditures—, mientras que el resto se canalizó mediante transferencias presupuestales directas. Esto evidencia una estrategia predominantemente fiscal para sostener el acceso a estos combustibles, con un fuerte sesgo hacia el petróleo.

Este esquema de subsidios se encuentra estrechamente vinculado a la estructura del mercado de combustibles en Brasil, que hasta 2023 mantenía una política de precios atada a los valores internacionales. Esta paridad, promovida por Petrobras, expuso al mercado interno a alta volatilidad, generando presiones sobre los precios domésticos. Ante este escenario, el gobierno se vio obligado a intervenir con medidas fiscales y programas de alivio para mitigar el impacto económico en la población, especialmente durante los picos de precios globales.

Para la perspectiva general, se percibe una disminución en los subsidios dirigidos a producción como a consumo, respecto del PIB, tanto en el comportamiento tendencial como en el comportamiento interanual, solo con la excepción de un incremento en los subsidios a consumo entre 2020 y 2021.

Lo anterior en relación al impacto mundial de la coyuntura de la guerra entre Rusia y Ucrania, que implicó, no sólo para Brasil sino para la mayoría de países tuvieron un pico en los subsidios en el 2022. Se resalta que la proporción de los subsidios dirigidos a consumo y producción se han equiparado para el año 2023, y en general suelen ser mayores los recursos dirigidos a subsidiar consumo que los dirigidos a producción. 

Es relevante señalar que la dificultad para revertir los subsidios está estrechamente vinculada a la alta sensibilidad y complejidad de modificar los precios relativos de los combustibles mencionados. Esta dificultad se debe tanto a la presión ejercida por grupos específicos, bien como a los impactos económicos de los aumentos sobre otros sectores de la economía. La desvinculación de la dependencia de los combustibles fósiles, en este sentido, representa una solución económica para mitigar los altos costos en sectores clave, como el transporte de mercancías y personas, y disminuir el precio promedio de producción en Brasil.

No hay meta de referencia país para esta dimensión

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 0.25)

La tendencia en inversiones para energías renovables en  Brasil entre 2010 y 2023 es a la alta, con crecimientos grandes dos periodos 2010-2012 y 2021-2022 y crecimiento constante a partir del 2016 hasta el 2020.El primer pico de inversión, que se dió entre 2010-2012, se relaciona con la Subasta de Energía de Reserva de 2010. El segundo gran pico de inversión (2021-2022) se puede relacionar con la Subasta de Generación Nueva A-3, A-4, A-5 (2021) y A-6 (2022). 

Las variaciones más notorias se concentran en los años de mayor adjudicación de proyectos o de cambios regulatorios significativos. Por ejemplo, en 2010-2012, la Empresa de Pesquisa Energética (EPE) registró un total de 478 empresas interesadas en participar en la Subasta de Energía de Reserva, que fue realizada por el Gobierno Federal, con un enfoque exclusivo en la viabilidad de fuentes renovables. La fuente de energía que concentró el mayor número de proyectos registrados ante la EPE fue la energía eólica, con 399 parques eólicos y una capacidad instalada total de 10.569 MW. Sin embargo, después del pico de 2010-2012, se observa una caída que alcanza el mínimo de inversiones para el 2016 como reflejo de la crisis económica que azotó al país ese año hasta mediados de 2019. A partir de allí las inversiones tienen una tendencia a la alta. Con una inversión considerable entre 2021-2022, que se debe a las diversas contrataciones de energía nueva, que privilegiaran las energías renovables, por su costo más competitivo.

A diferencia de otros países de la región (i.e. Colombia) Brasil mantuvo su aumento de inversión del sector energético durante el período de COVID-19, esto puede deberse a la manutención de los subsidios para las renovables. Es relevante señalar que la mayoría absoluta de los incentivos a la producción de fuentes renovables provienen de cargos incluidos en la propia tarifa de electricidad, lo que implica que es el consumidor quien asume el costo. Así que, durante la crisis de la pandemia, todos los consumidores de energía eléctrica en Brasil siguieron incentivando las inversiones en renovables. 

Es importante mencionar que, aunque la tendencia general de inversión en renovables desde 2013 ha sido creciente, la inversión al sector petrolero también ha venido incrementando: entre el 2018 y el 2023 el incremento de las inversiones petroleras fue casi del triple, pasando de 30.038 MUSD a 85.012 MUSD. Más aún, en el 2022, momento en el que las renovables recibieron la mayor cantidad de inversión histórica desde el 2010, los 12.745 MUSD representaron tan solo 20% de las inversiones realizadas  en el sector petrolero para el mismo año.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 0)

A pesar del incremento sostenido que se percibe en el comportamiento tendencial,  tras una inversión considerable entre 2021-2022, la variación entre el año 2022 y 2023 es negativa. Se pasa de una inversión anual de 12.745 MUSD en 2022 a 10.869 MUSD en 2023, cayendo aproximadamente un 15%, lo que se puede asociar a las entregas de proyectos contratados en el pasado, los problemas de sobreoferta de energía renovable y el problema del recorte de distribución, y la inexistencia de nuevas subastas con montos considerables. Por el contrario, las inversiones en el sector petrolero siguen aumentando y pasaron del 20,3% entre 2021 y 2022 a un aumento del 35,5% entre el 2022 y el 2023.

En conjunto, el comportamiento de la serie refleja un crecimiento estructural de la inversión en energías renovables en Brasil, marcado por picos cíclicos que responden a la expansión de las contrataciones público-privadas de suministro de energía. Tras cada pico, se observan descensos que responden a la finalización de inversiones puntuales y a la menor actividad en la adjudicación de nuevos proyectos, pero la tendencia global se mantiene al alza. A pesar de esto, el último periodo refleja un cambio en esa tendencia, ya que hay una caída notable en la inversión a energías renovables, y en cambio, la inversión en el sector petrolero sigue en aumento, aún cuando las renovables equivalen a solo 12,7% de las inversiones en el sector petrolero en Brasil.

Acceso a la electricidad

Contexto y variables analizadas: El primer gráfico muestra la evolución del acceso a la electricidad de en los hogares de Brasil entre 2016 y 2022, desglosado por:

• Acceso total, representado por la línea azul.
• Acceso en zonas urbanas, representado por la línea naranja.
• Acceso en zonas rurales, representado por la línea verde.

Análisis de tendencia:

• Global: El acceso a la electricidad a nivel nacional se ha mantenido estable en 99.8% desde 2016. 
• Urbano: La cabecera presenta altas tasas de electrificación desde el 2016 cercanas al 100%, oscilando entre 99.8% y 99.9% hasta el 2023, lo que indica que se ha mantenido el mismo porcentaje de acceso a la electricidad a pesar de las ampliaciones del sector residencial. 
• Rural: La electrificación en zonas rurales también ha crecido desde un 98.5% en el 2016 hasta 99%, representando un incremento de 0.5 puntos porcentuales. 

Brasil posee una de las tasas de electrificación más altas del mundo; en el año 2023, el 99,8% de los hogares estaban conectados a la red eléctrica. Aunque este índice puede ser considerado un indicador de acceso universal, alrededor de un millón de personas aún viven sin acceso a la electricidad en el país. A pesar de los avances significativos en la universalización del acceso a la energía eléctrica, el país aún enfrenta desafíos, especialmente en las zonas rurales y remotas. En la Región Norte, por ejemplo, 85% de los hogares rurales tiene acceso a la red eléctrica convencional, mientras que el 96,7% cuenta con fuentes alternativas o sistemas aislados.

En este contexto, los principales desafíos, más allá de la garantía del acceso, radican en mantener la calidad del suministro eléctrico y reducir sus costos, de modo que se posibilite un acceso justo y equitativo a un sistema eléctrico estable. Políticas públicas como Luz para Todos y Mais Luz para a Amazônia han contribuido al crecimiento sostenido de la implementación de redes eléctricas urbanas y rurales en los últimos años; sin embargo, el reto sigue siendo el costo y la calidad del servicio, lo cual se refleja en los datos de uso de la energía. Aunque el acceso pueda estar garantizado, su utilización se vuelve, en muchos casos, inviable para una parte de la población que depende de variables económicas.

Cocción de alimentos

Contexto y variables analizadas: El segundo gráfico muestra la evolución del acceso a métodos de cocción mediante distintos energéticos en los hogares de Brasil entre 2019 y 2023.

Análisis de tendencia

El gráfico muestra datos superpuestos de los energéticos utilizados, en éste, se puede observar un decrecimiento del uso de la leña y electricidad en Brasil, mientras el gas natural predomina en la matriz energética de la cocción de alimentos, principalmente en cilindros de GLP. 

Según la organización mundial de la salud, los combustibles y tecnologías que se conocen como limpias están listadas y definidas en el siguiente artículo. De las variables analizadas podemos clasificar los combustibles y tecnologías de la tabla anterior de la siguiente forma: 

Si bien se evidencia que existe un decrecimiento en el uso de la leña, reemplazado por tecnologías limpias, ésta sigue desempeñando un rol importante. Lo cual deriva en afectaciones para la salud ya que cuando se utilizan fuentes contaminantes para cocción o calefacción se aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Calvo et al., 2021). 

Según los datos del último informe Tracking SDG7, para el año 2022 el 97% de la población de Brasil tiene acceso a métodos de cocción limpios (clean cooking). Aunque los métodos eléctricos de cocción están en franco crecimiento en el país, especialmente con el uso de electrodomésticos como el microondas, el gas licuado de petróleo (GLP) sigue siendo el método más tradicional y prevalente en la vida cotidiana de las familias brasileñas. Esto se debe tanto a la instalación convencional de los hogares como a los incentivos fiscales y programas de asistencia, como el auxílio-gás. Por otro lado, no existen incentivos tecnológicos ni financieros orientados a facilitar la transición y adaptación de las familias al uso de la energía eléctrica como sustituto del GLP.

 Equidad del servicio eléctrico

Contexto y variables analizadas:

• Las variables analizadas en el tercer gráfico son el Salario Mínimo, un dato grueso como la tarifa promedio anual (como una media nacional de las distintas empresas comercializadoras de energía) y la cantidad de energía en kWh que se puede adquirir con el 10% del ingreso mensual.
• Entre 2017 y 2023, el salario mínimo en Brasil experimentó un aumento sostenido, pasando de R$ 937 a R$ 1,302. Sin embargo, este crecimiento no siempre se tradujo en una mejora constante del poder adquisitivo energético. Durante los primeros años del periodo, el incremento en las tarifas promedio de electricidad que subieron de R$ 0.45/kWh en 2017 a R$ 0.66/kWh en 2023 superó al alza del salario mínimo, lo que redujo la cantidad de energía que podía adquirirse destinando el 10 % del ingreso mensual: de 207 kWh en 2017 cayó a 175 kWh en 2021, marcando el punto más bajo del periodo. A partir de 2022, sin embargo, se observa una recuperación en el poder adquisitivo energético, alcanzando los 198 kWh en 2023. Aunque este valor aún no supera el nivel de 2017, representa una mejora del 13 % respecto al mínimo de 2021.

Análisis de tendencia:

Iniciativas del gobierno federal buscan reducir la pobreza energética y promover la inclusión, como la Tarifa Social de Energía Eléctrica (TSEE), vigente desde 2010 y que actualmente beneficia a 40 millones de personas. El programa contempla a familias con un consumo de hasta 220 kilovatios/hora (kWh) y con ingresos mensuales de hasta medio salario mínimo por persona, ofreciendo descuentos proporcionales y criterios específicos para poblaciones indígenas y quilombolas. El programa es financiado por la Cuenta de Desarrollo Energético (CDE), que en 2024 alcanzó un total de R$ 6,4 mil millones en subsidios.

La falta de adaptación de la matriz eléctrica nacional, compuesta mayoritariamente por fuentes hidroeléctricas, a los nuevos regímenes de precipitaciones, implica una mayor dependencia del accionamiento de las termoeléctricas. Estas, además de generar mayores emisiones por utilizar combustibles fósiles, también presentan un costo más elevado para el consumidor final. Este costo adicional se incorpora en la tarifa eléctrica y se distribuye de forma equitativa entre todos los consumidores, lo que impacta de manera más significativa en el costo de vida de las familias de bajos ingresos. Para el año 2025, la activación de las termoeléctricas podría provocar un aumento de hasta el 13% en la factura de electricidad, debido al incremento del Costo Marginal de Operación (CMO). Las revisiones tarifarias también inciden en el índice de uso de la energía eléctrica; en los últimos años, los reajustes han sido más elevados en los estados de la región amazónica, lo que ha llevado a que las tarifas de esta región se sitúen entre las más altas del país. Esta situación evidencia la ausencia de una perspectiva de justicia climática en la distribución de los costos del sistema eléctrico.

Estos factores explican la tendencia a la disminución en el uso de electricidad: aunque el acceso al servicio sea prácticamente universal, el alto costo del recurso puede hacer inviable su consumo para las poblaciones en situación de vulnerabilidad social.

La diversificación de la matriz renovable también constituye una herramienta clave para una transición justa. La mayoría de los municipios brasileños presenta altos índices de incidencia solar durante gran parte del año. Por lo tanto, garantizar la seguridad energética a nivel local mediante inversiones en energía fotovoltaica representa una solución replicable para superar la pobreza energética, especialmente en regiones de difícil acceso y en comunidades aisladas. El complemento a la red tradicional a través de mecanismos como la generación distribuida (GD) ofrece una gran oportunidad para generar empleo e ingresos en las comunidades, incluyendo a poblaciones históricamente marginadas por la falta de acceso a la red eléctrica convencional.

Medidas como el Marco Legal de la Generación Distribuida (Ley nº 14.300/2022) contribuyen positivamente al equilibrio entre las demandas del sector fotovoltaico y los requisitos de las distribuidoras de energía eléctrica. Esta ley, aprobada en 2022, regula las modalidades de generación, el Sistema de Compensación de Energía Eléctrica (SCEE) y el Programa de Energía Renovable Social (PERS). No obstante, el acceso a los paneles solares sigue estando limitado a una pequeña parte de la población. Se están desarrollando mecanismos de financiación promovidos por bancos públicos e iniciativas de empresas sociales, con el objetivo de escalar la transición energética e incluir la producción de energía solar como herramienta de transición justa y de generación de ingresos.

Brasil ha logrado una electrificación casi universal, con el 99,8% de los hogares conectados a la red en 2023. Sin embargo, esta cifra oculta desigualdades persistentes, especialmente en regiones rurales y amazónicas donde el acceso aún depende de soluciones aisladas. A pesar de la disminución en el uso de combustibles contaminantes como leña y carbón, estos siguen siendo relevantes en la cocción de alimentos, lo que plantea riesgos para la salud y revela una transición incompleta hacia tecnologías limpias. 

El acceso efectivo a la electricidad también está condicionado por su costo: aunque programas como la Tarifa Social de Energía Eléctrica han beneficiado a millones de personas, las tarifas elevadas y la activación de termoeléctricas han disminuido la cantidad de energía asequible para hogares vulnerables. 

Si bien la calidad del servicio ha mejorado, su distribución sigue siendo desigual. En conjunto, la pobreza energética en Brasil adopta hoy formas más estructurales, vinculadas a la asequibilidad, calidad e inequidad territorial del sistema energético.

Contexto y variables analizadas:

El DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) y el FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) son indicadores utilizados en la industria eléctrica de Brasil para evaluar la calidad del servicio. El primero mide la duración promedio de las interrupciones por cliente y el segundo la duración promedio de la frecuencia de las mismas. Un decrecimiento del DEC o FEC bajo sugieren una reducción de las interrupciones o frecuencia del servicio.

Análisis de tendencia: 

• De forma nacional, ambos índices se han reducido de forma considerable, en el caso del DEC decrece en un 14% para el 2022 en relación al 2016, y para el FEC un 25% para el 2022 en relación al 2016. Estas cifras, aunque son un número grueso, indican una mejora en la calidad del servicio.

El avance observado en los últimos años es el resultado de un conjunto de acciones adoptadas por la Aneel, como: la implementación de nuevas reglas de calidad en los contratos de concesión de las distribuidoras, el establecimiento de compensaciones económicas para los consumidores, la creación de incentivos tarifarios a través del Componente de Calidad, la adopción de planes de resultados para las distribuidoras con desempeño insatisfactorio, el fortalecimiento de las fiscalizaciones por parte de la Agencia y la definición de límites de interrupciones cada vez más estrictos para las concesionarias. Así los indicadores del DEC y FEC observados han mantenido una tendencia a la baja en 2023. En comparación con los años anteriores, registraron sus valores más bajos en 2023, ubicándose también por debajo de los límites definidos por la ANEEL.

Aunque ha habido mejoras a lo largo de los años, todavía existen regiones, especialmente en el Norte y el Nordeste, con un desempeño por debajo del ideal. La infraestructura eléctrica brasileña es desigual: mientras que las zonas urbanas e industrializadas (como el Sudeste y el Sur) cuentan con una mejor calidad en el suministro, las regiones más remotas o menos desarrolladas enfrentan cortes frecuentes, inestabilidad en la tensión y largos tiempos de restablecimiento. Esta disparidad afecta la competitividad regional y la calidad de vida. 

Los principales desafíos, más allá de la garantía del acceso, radican en mantener la calidad del suministro eléctrico y reducir sus costos, de modo que se posibilite un acceso justo y equitativo a un sistema eléctrico estable. El desafío es garantizar un suministro confiable, estable y equitativo en todo el territorio nacional, integrando las fuentes renovables y el flujo de la generación distribuida.

Si bien los mecanismos de participación están contemplados en las normativas vigentes, su implementación no ha sido efectivamente conducida de manera inclusiva ni transparente. La legislación que regula el proceso de licenciamiento ambiental en Brasil establece que todo emprendimiento localizado en las cercanías de áreas protegidas, territorios de pueblos y comunidades tradicionales, o en zonas de alta sensibilidad ambiental, debe someterse a un proceso de consulta libre, previa e informada, conforme a los compromisos asumidos por el Estado brasileño en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, se exige la elaboración de planes de relacionamiento y la ejecución de ciclos de monitoreo y evaluación.

En 2023 se instalaron 5.481 km de líneas de transmisión del Sistema Interconectado Nacional de Brasil. Aunque este indicador es considerado relevante para la expansión de la red eléctrica, el proceso de implementación de estas grandes infraestructuras genera impactos socioambientales frecuentemente desatendidos. En casos en que las líneas de transmisión atraviesan áreas protegidas, como unidades de conservación o territorios indígenas, se evidencia que los procedimientos legales para el proceso de licenciamiento, incluyendo la consulta libre, previa e informada (Convenio 169 de la OIT), no son aplicados de manera adecuada. Además, las concesionarias de energía eléctrica no muestran disposición para revisar los proyectos con el fin de minimizar los impactos sobre estas comunidades, priorizando cuestiones financieras.

Un caso emblemático en Brasil es el Linhão do Tucuruí, concebido como una solución al aislamiento eléctrico del estado de Roraima y a las frecuentes interrupciones del suministro, este proyecto, iniciado en 2022, se ha convertido en un foco constante de conflictos debido a que atraviesa territorios indígenas, tierras de comunidades rurales, bosques públicos y áreas protegidas. Esta situación ha generado profundas preocupaciones entre las poblaciones afectadas, que ven amenazados sus derechos, su modo de vida y la conservación de sus territorios.

No obstante la relevancia estratégica del proyecto para la seguridad energética de la región, no se ha desarrollado una aproximación integrada que equilibre adecuadamente las necesidades de suministro eléctrico con la protección social y ambiental. La falta de una planificación que contemple de manera conjunta la seguridad energética, los derechos de las comunidades locales y la conservación del medio ambiente ha contribuido a la generación de conflictos y a la vulneración de los territorios afectados. 

De manera general, los conflictos socioambientales actuales relacionados con la transición energética en Brasil se concentran en la región amazónica, debido a la explotación de minerales críticos, y en el noreste brasileño, en la región conocida como los corredores eólicos, donde los impactos de los parques eólicos recaen sobre las comunidades locales. Además de estos modelos más recientes, en diversas regiones del país, comunidades rurales, tradicionales y pueblos indígenas han sido afectados por la construcción de centrales hidroeléctricas desde la década de 1980. La construcción de las represas ha resultado en la pérdida de territorios y bosques, lo que ha conllevado a la expropiación, el desplazamiento y la precarización de los medios de vida, con indemnizaciones que no han sido reparadoras.

Los conflictos actuales van más allá de la violación de los derechos territoriales; los parques eólicos también han provocado especulación inmobiliaria, lo que ha aumentado el costo de vida para las comunidades locales. Otra cuestión muy presente es el incremento de casos de violencia contra mujeres y niñas, especialmente durante la fase de construcción de los parques eólicos, que moviliza principalmente a trabajadores hombres hacia pequeños municipios brasileños.

En el estado de Ceará, se ha observado en las comunidades quilombolas con parques eólicos instalados un aumento en los casos de embarazo y posterior abandono de los padres al finalizar las obras, situación conocida como “Hijos del Viento”. En el estado de Bahía, las comunidades de al menos 11 municipios mantienen conflictos con empresas del sector, algunos de ellos con disputas que se extienden por más de una década. En la Amazonía, la minería de minerales críticos y estratégicos para la transición energética amenaza la continuidad de las tierras indígenas y ejerce presión sobre las poblaciones ribereñas y extractivistas, provocando inseguridad y alteraciones en la dinámica de vida de estas comunidades.

Casos como estos evidencian el racismo ambiental y la falta de responsabilidad socioambiental, incompatibles con los principios de justicia climática, dado que las empresas no garantizan la seguridad ni la preservación de los modos de vida de las localidades donde se ubican los emprendimientos, además de que los beneficios generados no se distribuyen de manera equitativa entre las comunidades locales, que muchas veces continúan en situación de inseguridad energética.

No obstante, a pesar del marco jurídico establecido, los procedimientos actualmente aplicados se revelan insuficientes. Las comunidades afectadas no son adecuadamente integradas en los procesos decisorios, ni informadas de manera amplia, contextualizada y culturalmente adecuada sobre los posibles impactos y perjuicios de los emprendimientos en sus territorios. En un contexto marcado por profundas desigualdades sociales, los procesos de consulta deben ser concebidos como instrumentos de promoción de la justicia climática, mediante la incorporación de prácticas participativas, formativas y transparentes que garanticen una participación plena, efectiva y representativa.

La carencia de criterios e indicadores de justicia climática dentro de los procesos de licenciamiento ambiental, así como la ausencia de datos unificados que permitan evaluar el grado de participación social en la concepción de los emprendimientos, imposibilita una evaluación cabal y objetiva de la situación en Brasil. Dada la extensión continental del país y el contexto de diversidades sociales y geográficas, resulta inviable realizar un mapeo exhaustivo de los conflictos socioambientales vinculados a la transición energética. Gran parte de las situaciones conflictivas son monitoreadas por organizaciones de la sociedad civil, aunque de manera fragmentada y localizada. En consecuencia, cualquier intento de cuantificación de esta problemática estará necesariamente subestimado.

Como si no fuera suficiente, el parlamento brasileño está impulsando iniciativas legislativas que buscan facilitar y acelerar los procesos de licenciamiento ambiental para emprendimientos económicos. Estas propuestas, bajo el argumento de promover el desarrollo económico y la inversión, tienden a flexibilizar los requisitos legales y reducir los frágiles mecanismos de control y participación social establecidos. Esta postura genera graves riesgos socioambientales, poniendo en riesgo territorios protegidos, la biodiversidad, así como los derechos de comunidades indígenas y tradicionales. Además, la reducción de los espacios de consulta pública y participación comunitaria debilita la posibilidad de garantizar una transición energética justa y respetuosa con los principios de justicia climática. O sea, visto el contexto nacional, la facilitación del licenciamiento sin los debidos controles puede profundizar las desigualdades sociales y ambientales ya existentes en Brasil.

La transición justa depende directamente de la capacitación y el desarrollo de nuevas habilidades para los trabajadores de la industria de combustibles fósiles. En los últimos años, se ha observado una tendencia al alza en la generación de empleos vinculados a la transición energética en Brasil. En 2023, se registró el mayor crecimiento mundial, con un aumento del 18%, situando a Brasil en el tercer lugar del ranking global.

Brasil no dispone, de manera oficial, de datos desagregados lo suficientemente robustos como para que se pueda conocer con precisión cuántas personas están empleadas, directa o indirectamente, en sectores fósiles o altamente dependientes de combustibles fósiles, como los servicios asociados a la mecánica automotriz y las tiendas de conveniencia instaladas en estaciones de servicio.

De todos modos, se sabe que la exportación de petróleo es el principal producto de exportación del país, y Petrobras, la empresa pública dedicada a la exploración, refinación y comercialización de hidrocarburos, sigue siendo una campeona nacional en materia de inversiones y de transferencia de fondos tributarios al erario público. Para ser más preciso, esta empresa estatal de capital abierto no solo lidera la producción de petróleo y gas en el país, sino que también articula una extensa cadena de valor que abarca actividades de exploración, producción, refinación, transporte y logística.

Según su Plan Estratégico 2024–2028, Petrobras estima que sus inversiones generarán aproximadamente 280 mil empleos directos e indirectos por año. Actualmente, Petrobras reporta más de 45 mil empleados directos en su estructura organizativa, lo cual da cuenta de su peso institucional y operativo. 

Es sabido que Petrobras ha financiado históricamente una amplia gama de proyectos de desarrollo en Brasil, desempeñando un papel crucial en la economía nacional. Sin embargo, en un contexto global marcado por la expectativa de reducción en la demanda de petróleo y por la urgente necesidad de generar empleos verdes, la falta de ambición climática de la compañía y su insistencia en expandir la infraestructura fósil representan un riesgo significativo.

Esta estrategia puede conducir al desperdicio de recursos valiosos en forma de activos varados (stranded assets), comprometiendo tanto a la competitividad futura de la empresa como al papel transformador que podría desempeñar en una transición energética justa y sostenible. De hecho, su Plan Estratégico 2050 aunque contempla metas de neutralidad en las emisiones operacionales y expansión en áreas como biocombustibles, petroquímica de base renovable y captura de carbono, está claramente desalineado con el papel de liderazgo que la empresa debería asumir para mantenerse como un verdadero tesoro nacional del pueblo brasileño.

Al insistir en perpetuar negocios ambientalmente destructivos, en un escenario de evidente reducción de precios derivada de la caída esperada en la demanda global, Petrobras obstaculiza una transición justa en Brasil. Renuncia, así, a liderar por el ejemplo, al dejar pasar la oportunidad de convertirse en una petrolera descarbonizada que exporta su modelo de negocio al mundo, genera capitales alineados con el clima, impulsa la creación de empleos verdes y en sectores de bajo carbono, comercializa energía renovable de forma sostenible y fortalece el soft power climático de Brasil en el escenario internacional.

Brasil se posiciona como uno de los países más relevantes en términos de empleo en energías renovables a nivel global, concentrando aproximadamente el 10% de los empleos totales del sector en el mundo. Este liderazgo se explica no solo por su matriz energética históricamente diversificada, sino también por su política activa de promoción de fuentes renovables y su amplia base industrial.

Según datos de IRENA para 2023, Brasil reportó un total estimado de 1,566,590 personas empleadas en todas las tecnologías renovables, destacándose por su gran volumen en comparación con otros países de la región.

Entre las tecnologías con mayor generación de empleo destacan:

• Energía solar fotovoltaica, con 264.000 empleos estimados, se consolida como la segunda fuente de empleo renovable en el país. Este crecimiento refleja tanto la expansión acelerada de la capacidad instalada como el fortalecimiento de una cadena de valor nacional, especialmente en la instalación y mantenimiento de sistemas distribuidos. 
• Energía hidroeléctrica, a pesar de su madurez y menor expansión reciente, sigue representando una fuente relevante de ocupación, con 177.325 empleos. La operación de grandes centrales y la gestión de recursos hídricos contribuyen a mantener estos niveles. 
• Energía eólica generó 80.300 empleos en 2023, con un crecimiento del 18% respecto al año anterior. Este dinamismo sigue la tendencia global, y se asocia tanto a la construcción de nuevos parques en el noreste del país como al fortalecimiento de proveedores locales. Cabe destacar que Brasil concentra el 6% del empleo global en esta tecnología, lo que lo posiciona como un actor clave en su cadena de suministro internacional. 
• Sistemas de calefacción solar (solar térmica), aunque con menor visibilidad, representaron 50.700 empleos, destacando su papel en usos residenciales y comerciales. 
• Si bien Brasil no reporta empleos significativos en tecnologías como geotermia, energía oceánica, bombas de calor o residuos, el conjunto de tecnologías solares, hidráulicas y eólicas ya conforma una base laboral robusta, con potencial de crecimiento adicional hacia 2030. 
• Empleos en biocombustibles: A pesar de ocupar el primer lugar en términos de empleo total con 994.260 personas empleadas en biocombustibles líquidos, esta categoría merece un tratamiento especial. Los biocombustibles han sido históricamente uno de los pilares de la política energética brasileña, particularmente en el sector transporte. Sin embargo, su inclusión como tecnología “renovable” ha sido objeto de creciente debate debido a los impactos ambientales y sociales asociados, como el uso intensivo de tierras, el desplazamiento de cultivos alimentarios y las emisiones indirectas vinculadas al cambio de uso de suelo.

Los datos históricos sobre los empleos generados por el sector de energía fósil no están disponibles en bases unificadas y actualizadas, lo que lleva a comparaciones y análisis imprecisos. Algunas asociaciones realizan esfuerzos de recopilación de datos, como es el caso de ABESPetro. Los datos indican una tendencia a la baja en los puestos de trabajo directos e indirectos durante la década de 2012-2021. Aunque en 2021 los puestos de trabajo mostraron un leve aumento, se mantuvieron estables en torno a los 500 mil desde 2016, cuando se produjo la caída más significativa de la década. Dado el escenario de crecimiento del sector de energías renovables y la no recuperación del nivel de empleo de 2021 en el sector fósil, el mercado laboral del sector de petróleo y gas tiende a perder espacio frente al sector de renovables aún en esta década.

El análisis comparado entre el sector fósil y el renovable en Brasil revela una transformación progresiva, aunque aún parcial, del perfil ocupacional del sistema energético nacional. Si bien el sector de combustibles fósiles, liderado por Petrobras, continúa siendo una fuente significativa de empleo directo e indirecto, las energías renovables ya superan ampliamente al sector fósil en términos de volumen total de empleos generados, especialmente si se incluye la cadena de biocombustibles.

Según estimaciones recientes, el sector renovable emplea a más de 1,56 millones de personas, frente a un rango estimado de alrededor de 500.000 empleos fósiles, cifra que no ha logrado recuperarse desde la caída registrada en 2016. 

No obstante, es necesario matizar la interpretación del liderazgo renovable: el 63% de los empleos en renovables provienen de los biocombustibles líquidos, una tecnología cuya sostenibilidad está en entredicho. Los impactos socioambientales asociados  al uso intensivo de tierras, presión sobre sistemas agrícolas y emisiones indirectas  limitan su consideración como vector prioritario de transición justa. Por ello, aunque su peso laboral es significativo, su inclusión debe leerse con cautela en términos de justicia ambiental.

En conjunto, los datos disponibles sugieren una reconfiguración del mercado laboral energético brasileño, en la que las renovables están ganando terreno frente al estancamiento del empleo fósil. Sin embargo, esta transición no es automática ni lineal: exige políticas activas de formación técnica, reconversión laboral y desarrollo industrial local. De no mediar estas estrategias, el país corre el riesgo de reproducir desigualdades territoriales y sectoriales, incluso dentro de un sistema energético en transformación.