México

La evolución del indicador de renovabilidad en México (véase la Tabla 1) es coherente con los instrumentos de política energética vigentes. El PLADESE (DOF, 2025) establece una expansión progresiva de energías limpias sin un cambio disruptivo en la matriz, mientras que el BNE (SENER, 2025a) confirma la persistencia de una base fósil dominante. En conjunto, estos elementos explican una trayectoria de crecimiento renovable sin transformación estructural del sistema.

• Comportamiento tendencial. En el periodo analizado, México presenta una expansión sostenida de la capacidad renovable, con un crecimiento cercano al 18% entre 2020 y 2024 (de 25.6 a 30.2 GW). Sin embargo, esta evolución ocurre junto con un aumento más acelerado de la capacidad fósil (+25%). Como resultado, el índice de renovabilidad se mantiene prácticamente estable (32%–34%), evidenciando una limitada transformación estructural de la matriz eléctrica y una expansión renovable insuficiente para modificar su composición. 

• Comportamiento interanual. La capacidad renovable crece de forma positiva pero irregular, con mayor dinamismo en 2020–2021 y 2023–2024, y una desaceleración intermedia. Por su parte, la capacidad fósil presenta un crecimiento más sostenido, especialmente hacia 2024. Esto se traduce en una reducción del índice de renovabilidad a 31% en el último año, reflejando una pérdida de participación relativa de las renovables y limitando avances consistentes en la descarbonización del sistema eléctrico. 

• Comparación benchmark. México mantiene una brecha persistente en capacidad renovable que no se reduce en el tiempo, pese a registrar tasas de crecimiento similares (~4% anual). La diferencia incluso se amplía ligeramente hacia 2024, lo que evidencia ausencia de convergencia. Este patrón indica que la trayectoria actual es insuficiente para alcanzar niveles más ambiciosos de transición energética, siendo consistente con un modelo de expansión gradual, pero limitado en términos de alineación con metas de mediano plazo.

Durante el periodo 2019–2024, el sistema eléctrico mexicano ha mostrado una expansión sostenida de la capacidad instalada, con avances graduales en la incorporación de energías limpias, pero sin una transformación estructural significativa. La capacidad total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) aumentó de 78,447 MW en 2019 a 90,543 MW en 2024, equivalente a una tasa promedio anual cercana al 2.9% (DOF, 2025). En este mismo periodo, la capacidad de energías limpias creció de 26,900 MW a 33,441 MW, elevando su participación de 34.3% a 36.9%, en línea con lo reportado en el Balance Nacional de Energía (SENER, 2025a).

El crecimiento dentro del bloque limpio ha sido impulsado principalmente por energías renovables variables. De acuerdo con información del PLADESE (DOF, 2025), la energía solar fotovoltaica más que duplicó su capacidad, pasando de 3,646 MW a 7,961 MW, mientras que la eólica creció de 6,050 MW a 7,512 MW, concentrando conjuntamente cerca del 79% del incremento de las tecnologías limpias. Por su parte, las tecnologías limpias firmes como la hidroeléctrica (12.6 GW) y la nuclear (1.6 GW) se han mantenido prácticamente constantes, limitando su contribución a la transformación estructural del sistema. La capacidad fósil también se expandió, particularmente mediante el ciclo combinado, que pasó de 30,402 MW a 35,669 MW, consolidando el papel del gas natural como soporte del sistema eléctrico (SENER, 2025; DOF, 2025). Este patrón evidencia una dinámica de adición sin sustitución, donde la incorporación de nueva capacidad limpia no se acompaña de retiros equivalentes de infraestructura fósil.

Esta información sugiere que México avanza bajo un esquema de transición gradual, en el que la expansión de energías renovables coexiste con una base térmica dominante, lo que condiciona la velocidad de descarbonización y la alineación con metas climáticas de mediano plazo.

Los resultados del indicador (véase la Tabla 2) muestran un desempeño limitado en eficiencia energética, con una puntuación de 5% en la dimensión, lo que sugiere avances marginales y no consolidados. A nivel interanual, el valor de 0 indica ausencia de mejora reciente, consistente con la reversión observada en el último año. El componente tendencial (0.062) sugiere que, en el largo plazo, han existido avances moderados, aunque insuficientes para generar una trayectoria sostenida.

• Comportamiento tendencial: La intensidad energética en México muestra una tendencia ligeramente decreciente entre 2020 y 2023, pasando de 2,972.6 a 2,847.0 MJ/USD, lo que refleja mejoras moderadas en eficiencia. Sin embargo, en 2024 se observa un deterioro significativo, alcanzando 3,014.5 MJ/USD, superando incluso el nivel de 2019 (2,888.9 MJ/USD). En conjunto, la trayectoria sugiere una ausencia de mejora estructural sostenida, con avances temporales que no logran consolidarse en el tiempo. 

• Comportamiento interanual: A nivel interanual, la eficiencia energética presenta un comportamiento volátil. Tras una caída en 2020 (-2.9%), se registran mejoras consecutivas entre 2021 y 2023 (1.4% anual). No obstante, en 2024 se revierte la tendencia con una pérdida de eficiencia de -5.9%, lo que sugiere sensibilidad a factores coyunturales.

• Comparación benchmark: En comparación con el benchmark de mejora en eficiencia energética de 4% anual, México muestra un desempeño claramente insuficiente. Aunque entre 2021 y 2023 se registran mejoras cercanas al 1.4% anual, estas se mantienen muy por debajo del nivel requerido. Además, la caída de -5.9% en 2024 revierte los avances previos. En conjunto, la trayectoria refleja ausencia de convergencia hacia el benchmark, lo que sugiere la necesidad de fortalecer las políticas y acciones actuales en materia de eficiencia energética

La intensidad energética en México muestra alta heterogeneidad sectorial, dominada por el transporte, que presenta los valores más elevados (0.0037–0.0052) y limita mejoras agregadas. El sector agropecuario registra una ligera reducción (0.000339 a 0.000307), indicando avances marginales, mientras que comercial y servicios mantiene niveles bajos y estables (2.5E-05–2.9E-05). Por su parte, construcción y otros muestran una tendencia decreciente desde 2021. La eficiencia energética depende estructuralmente del transporte, con mejoras sectoriales insuficientes para cambiar la tendencia nacional.

El análisis integrado de consumo, PIB e intensidad energética sectorial confirma que la eficiencia energética en México está estructuralmente condicionada por el sector transporte. La Gráfica 5 muestra que el sector transporte presenta los niveles más altos de intensidad (0.0037–0.0052), muy por encima del resto de los sectores analizados, y concentra el mayor consumo energético (6,176 en 2019; pico de 8,098 en 2021; 7,703 en 2023), mientras su PIB crece de 1.66 a 1.81 millones (2019–2023). Esta combinación refleja una alta intensidad persistente, que limita mejoras agregadas.

De acuerdo con el BNE 2023 (SENER, 2025), el consumo de combustibles en el sector transporte totalizó 2,567.72 PJ en 2023. El autotransporte fue el componente de mayor proporción, con el 90.12%, disminuyendo 4.40% respecto al valor del año anterior. El transporte aéreo fue el segundo con mayor participación, representando el 7.73% del total, seguido del transporte ferroviario con el 1.02%. La estructura del consumo energético en el transporte muestra una alta dependencia del autotransporte, lo que representa una oportunidad para la transición energética. Este contexto abre oportunidades para impulsar acciones orientadas a la electrificación del transporte, la mejora de la eficiencia vehicular y la promoción del cambio modal, con potencial de contribuir a la reducción de emisiones, la seguridad energética y la sostenibilidad del sistema.

Por su parte, el sector comercial y servicios muestra una intensidad significativamente menor (2.5E-05–2.9E-05) y relativamente estable, pese a un incremento en consumo (458 a 528) y crecimiento del PIB (18.0 a 18.6 millones), lo que sugiere una expansión relativamente eficiente. De acuerdo con datos del BNE 2023 (SENER, 2025), el sector comercial alcanzó un consumo de 136.95 PJ en 2023, lo que representa una reducción de 3.04% en comparación con el año previo. La energía eléctrica se destina principalmente a iluminación, climatización, refrigeración y otros servicios, mientras que el GLP se utiliza en la cocción de alimentos y el calentamiento de agua. Otros energéticos, como la energía solar, la leña y el gas seco, también participan en estos usos térmicos.

Por su parte, el sector público, que incluye el uso de energía eléctrica en alumbrado público (24%), bombeo de agua potable y aguas residuales (76%), registró una disminución de 13.01% respecto al año anterior (SENER, 2025). Esta reducción sugiere avances en eficiencia operativa; sin embargo, la alta participación del bombeo indica una dependencia de sistemas intensivos en electricidad. En este contexto, los principales retos se centran en la modernización de infraestructura, reducción de pérdidas y fortalecimiento de la gestión energética subnacional, en línea con medidas de eficiencia en servicios públicos y uso eficiente de la energía planteadas en la Actualización de la Contribución Determinada a nivel Nacional 3.0 de México (NDC 3.0) (Semarnat, 2025).

El sector agropecuario presenta una ligera mejora en intensidad (de 0.000339 a 0.000307), consistente con una reducción del consumo (575.7 a 549.7) y crecimiento moderado del PIB. De los combustibles que se utilizan en este sector, el más importante es el diésel, que representó 67.42% (123.53 PJ) del total de energía consumida, seguido de la energía eléctrica con 30.28% (55.48 PJ), y en menor proporción el gas licuado con el 2.3% (4.21 PJ). De acuerdo con el BNE 2024 (SENER, 2025a). el diésel es uno de los energéticos con mayor déficit comercial en el país, junto con el gas seco y las gasolinas.. Aunque estos cambios reflejan avances en eficiencia, la alta dependencia del diésel limita el potencial de mitigación. Los retos incluyen la electrificación de maquinaria y sistemas de riego, eficiencia en bombeo y acceso a financiamiento (SEMARNAT, 2025).

El sector construcción y otros muestra una intensidad decreciente desde su incorporación en 2021 (0.000707 a 0.000610), con crecimiento simultáneo del PIB, el principal combustible es el diésel (SENER, 2025a). Esta tendencia indica mejoras relativas en eficiencia, aunque persiste una alta dependencia de combustibles fósiles. En este sentido, los retos se concentran en la implementación de estándares de eficiencia, electrificación de procesos y fortalecimiento de marcos regulatorios (SEMARNAT, 2025).

Finalmente, el consumo energético del sector residencial muestra una tendencia creciente, impulsada principalmente por la energía eléctrica, que aumenta de 250.8 a 276.5 PJ, consolidándose como el principal energético. El GLP presenta un comportamiento más volátil, con un incremento hasta 284.8 PJ en 2023, manteniéndose como segundo energético más relevante. La leña muestra una disminución gradual, lo que sugiere una reducción marginal en su uso, aunque aún significativa. El gas seco permanece relativamente estable con ligera tendencia a la baja, mientras que la energía solar crece de forma sostenida, aunque con baja participación (SENER, 2025a). En conjunto, el sector refleja una electrificación progresiva, con disminución parcial de energéticos tradicionales, pero aún con presencia relevante de biomasa. El consumo de energía eléctrica en el sector residencial se asocia principalmente a iluminación, climatización y uso de electrodomésticos. Por su parte, el gas licuado de petróleo (GLP) y la leña predominan en la cocción de alimentos y el calentamiento de agua. La leña constituye uno de los energéticos más utilizados, especialmente en zonas rurales y periurbanas, donde suele emplearse en dispositivos tradicionales que generan emisiones intramuros con impactos negativos en la salud, afectando particularmente a las mujeres (SENER 2025a) En este contexto, se promueve la adopción de tecnologías más eficientes y la ventilación adecuada como parte del Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar, implementado por la Secretaría de Bienestar en coordinación con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el programa promueve la sustitución de fogones tradicionales por tecnologías de cocción más eficientes en zonas rurales. (SENER, 2025b)

La información de la Tabla sugiere que los avances en salida de fósiles son más visibles en el corto plazo que en el largo plazo, lo que sugiere una transición no estructural y dependiente de factores coyunturales.

• Comportamiento tendencial: A nivel tendencial, los resultados son heterogéneos. El consumo (0.884) es el único componente con avance sólido, indicando una trayectoria de reducción sostenida. Las exportaciones en valor (0.795) también muestran una tendencia positiva. En contraste, la producción (0.010) y las importaciones (0.004) presentan valores cercanos a cero, lo que sugiere ausencia de cambio estructural en estos componentes. 

• Comportamiento interanual: La dinámica interanual muestra un comportamiento altamente contrastante. Destaca el desempeño de las exportaciones (1.000), lo que indica una reducción significativa en el corto plazo, consistente con la caída del petróleo. El consumo (0.879) y la producción (0.736) también presentan avances relevantes, sugiriendo una desaceleración reciente en el uso de fósiles. Sin embargo, las importaciones (0.189) muestran un avance limitado y las importaciones en valor (0.000) reflejan ausencia de mejora, evidenciando una persistente dependencia externa.

La evolución del consumo y la producción por energético en México refleja una sustitución progresiva del petróleo por gas natural. El Balance Nacional de Energía (BNE) 2024 documenta la reducción del consumo de petrolíferos y el crecimiento del gas natural, asociado a la expansión de centrales de ciclo combinado y a cambios en la estructura del consumo final (SENER, 2025a). El PLADESE 2025–2039 reconoce al gas natural como un energético de transición, para garantizar confiabilidad y respaldar la integración de energías renovables, lo que consolida su papel en la matriz eléctrica (DOF, 2025). Esta dinámica se da en un contexto de declive en la producción petrolera nacional, lo que incrementa la dependencia de importaciones, particularmente de gas natural.

Esta dinámica ha derivado en un déficit creciente en la balanza comercial energética, particularmente en términos de gas natural. El Balance Nacional de Energía documenta este proceso al mostrar el aumento de importaciones y la caída relativa de exportaciones, evidenciando una mayor dependencia externa del sistema energético mexicano (SENER, 2025a).

El anuncio en abril de 2026, (Gobierno de México, 2026) sobre la posible reactivación del fracking (fracturación hidráulica) en México responde a la necesidad de reducir la dependencia de importaciones de gas natural, en un contexto donde este energético se ha consolidado como eje del sistema eléctrico. Esta medida busca fortalecer la seguridad energética mediante el aprovechamiento de recursos no convencionales. No obstante, genera preocupaciones por sus impactos ambientales, especialmente en el uso intensivo de agua y riesgos de contaminación. El debate refleja la tensión entre autosuficiencia energética y sostenibilidad ambiental en la política energética nacional. 

• Comportamiento tendencial: La tendencia de largo plazo es débil, con valores bajos en subsidios al consumo (0.070) y moderados en producción (0.142). Esto indica escaso avance estructural en la reducción de subsidios, lo que limita mejoras sostenidas. 

• Comportamiento interanual. La dinámica interanual muestra ajustes relevantes en el corto plazo, con valores similares para subsidios al consumo (0.679) y a la producción (0.687). Esto sugiere modificaciones recientes en los niveles de subsidio, posiblemente asociadas a variaciones en precios. Sin embargo, estos cambios no necesariamente implican una reducción sostenida, sino una respuesta coyuntural.

En México, el comportamiento de los subsidios energéticos está determinado principalmente por factores de corto plazo, con implicaciones relevantes para la sostenibilidad fiscal y la transición energética. Los subsidios al consumo, especialmente en combustibles fósiles, responden a la política de estabilización de precios implementada mediante estímulos al IEPS por la SHCP, lo que permite contener presiones inflacionarias ante la volatilidad de los precios internacionales y del tipo de cambio  (IMF, s.f.). Este enfoque prioriza la protección del consumidor en el corto plazo, pero introduce presión para una reforma estructural.

En paralelo, los subsidios a la producción han reducido su peso relativo, lo que podría interpretarse como un avance parcial. No obstante, estos apoyos persisten a través de mecanismos fiscales y operativos dentro de Petróleos Mexicanos, más que mediante subsidios explícitos (OECD, 2025). Las restricciones presupuestarias han reforzado esta tendencia, al priorizar el gasto social y los subsidios al consumo (SHCP, 2024).

Adicionalmente, los subsidios eléctricos, administrados por la CFE, presentan un carácter más estructural, al estar orientados a objetivos redistributivos y financiados mediante transferencias presupuestarias, particularmente en el sector doméstico (SHCP, 2024).

Esta tendencia sugiere una brecha entre estabilización y transición, mientras los subsidios cumplen una función social relevante, su diseño actual limita la generación de señales económicas consistentes con la descarbonización. Esto abre oportunidades para intervenciones orientadas a mejorar la focalización, fortalecer la transparencia fiscal y diseñar mecanismos de transición que permitan reducir subsidios de forma gradual sin comprometer objetivos sociales (IFM, s.f.; OECD, 2025).

Se espera que la tendencia mostrada se fortalezca con la implementación de los proyectos incluidos en la planeación sectorial a 2035, donde se prevén inversiones de gran escala lideradas por el sector público. En el ámbito eléctrico, el PLADESE contempla la incorporación de 29,074 MW hacia 2030, con inversiones superiores a USD 22 mil millones en generación, además de recursos adicionales en transmisión y distribución. Por su parte, PEMEX proyecta entre USD 9 y 11 mil millones de inversión en refinación y entre USD 6 y 7 mil millones en petroquímica, lo que evidencia una asignación significativa de recursos a hidrocarburos.

El resultado agregado (33%) refleja una transición incipiente, donde las renovables avanzan en el largo plazo, pero los fósiles mantienen relevancia en el corto plazo.

• Comportamiento tendencial: La tendencia de largo plazo favorece claramente a las energías renovables (1.000), indicando una trayectoria sostenida de expansión. Por el contrario, los fósiles (0.011) muestran una ausencia de crecimiento estructural. 

• Comportamiento interanual: La dinámica interanual muestra un comportamiento diferenciado entre renovables y fósiles. La inversión en fósiles (0.510) presenta un mayor dinamismo reciente, mientras que en renovables (0.040) el avance es limitado, lo que sugiere una desaceleración en el corto plazo de este tipo de inversiones 

Entre 2019 y 2024, la implementación de proyectos energéticos en México muestra una predominancia de proyectos fósiles sobre renovables, consistente con la dinámica de inversión observada. De acuerdo con la información asociada al PLADESE (DOF, 2025), la expansión reciente del sistema eléctrico ha estado dominada por centrales de ciclo combinado a gas natural, que forman parte de una base instalada superior a 35,600 MW, mientras que las energías renovables presentan una participación más acotada, con capacidades aproximadas de 7,961 MW en solar y 7,512 MW en eólica hacia los últimos años del periodo. En términos de ejecución, la inversión en renovables refleja alta volatilidad, con montos que pasan de USD 5 mil millones  en 2019 a cerca de USD 2 mil millones  en 2021, con recuperación parcial en 2022 (USD 2 mil millones) y nueva caída en 2023 (USD 1 mil millones), lo que sugiere una implementación discontinua de proyectos. En contraste, los proyectos fósiles mantienen mayor estabilidad relativa, con un pico de inversión en 2021 (cerca de  USD 2 mil millones ) y continuidad en años posteriores. En cuanto a la localización geográfica de los proyectos renovables, de acuerdo con datos de la Convocatoria para esquemas de desarrollo mixto de CFE (SENER, 2026), se identifican proyectos en desarrollo por un total de 1,073 MW de capacidad fotovoltaica, localizados en Baja California (CFV Cerro Prieto, 215 MW) y la región noreste (CFV Concepción Mendizábal, 858 MW) . Adicionalmente, la convocatoria define un requerimiento agregado de 6,500 MW de nueva capacidad, compuesto por 3,550 MW fotovoltaicos, 2,850 MW eólicos y 100 MW termosolares, con distribución regional en todo el país, destacando el noreste (2,260 MW), noroeste (1,000 MW), occidente (1,540 MW) y oriental (600 MW), así como participaciones en Baja California, norte y peninsular . El esquema contempla una estructura de capital indicativa de 54% CFE y 46% socio privado, con financiamiento predominantemente vía deuda (70–80%) y mecanismos contractuales que aseguran la bancabilidad del proyecto, incluyendo contratos de compraventa de energía (PPA) y operación y mantenimiento. En el caso de proyectos de Transmisión y distribución, el Plan de Expansión de la CFE 2025–2030 (CFE 2026) presenta una cartera de 58 proyectos agrupados en 49 paquetes, orientados al fortalecimiento de la red de transmisión y transformación a nivel nacional, con 2,702.9 km de líneas, 10,530 MVA de capacidad y 5,038.1 MVAr de compensación reactiva. Los proyectos se distribuyen en todo el país, con presencia en el noroeste (Baja California, Sonora, Sinaloa), norte (Chihuahua, Coahuila, Durango), occidente (Jalisco, Nayarit), centro (Estado de México, Querétaro, Guanajuato), oriente (Veracruz, Puebla) y sur-sureste (Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán), e incluyen tanto intervenciones puntuales de refuerzo (compensación reactiva, modernización y sustitución de equipos) como proyectos estructurales de mayor escala, como la integración de la red Noroeste–Norte (1,625 MVA y 1,175.9 km) y ampliaciones en zonas de alta demanda como Querétaro, Irapuato y el sureste.

Por su parte, el Plan Estratégico de PEMEX (PEMEX, 2025) confirma que, en este periodo, la prioridad ha sido el fortalecimiento de la infraestructura fósil, mediante la rehabilitación de refinerías, el desarrollo de campos y la recuperación petroquímica. Aunque las inversiones más cuantificadas corresponden al periodo proyectado (2025–2035), se establece una trayectoria que incluye proyectos estratégicos como Ixachi, Quesqui y desarrollos en aguas profundas, así como la rehabilitación industrial, que posteriormente se traduce en inversiones proyectadas entre los USD 9 y 11 mil  millones  en refinación y alrededor de USD 6 – 7 mil millones  en petroquímica. Asimismo, el Plan plantea integrar a Petróleos Mexicanos como generador estratégico de carga base en el sistema eléctrico mediante proyectos de cogeneración, iniciando con la incorporación de la capacidad del CPG Nuevo Pemex al Mercado Eléctrico Mayorista mediante el aprovechamiento de excedentes.  En cuanto a la distribución regional, el Plan presenta una focalización geográfica en el Golfo de México y la región sur-sureste del país. En exploración y producción, destacan desarrollos como Zama y Trion en aguas del Golfo, así como la reactivación de campos maduros y la exploración en áreas fronterizas a nivel nacional. En gas natural, se plantea una meta de producción de entre 4,700 y 5,000 MMpcd hacia 2028, mientras que la expansión de infraestructura se concentra en el sureste mediante proyectos de gasoductos como el Interoceánico (Oaxaca–Veracruz–Tabasco), Conexión Maya y Coatzacoalcos II (Veracruz). En refinación y petroquímica, las inversiones se ubican principalmente en polos industriales existentes del sur-sureste, incluyendo Tula (Hidalgo), Minatitlán (Veracruz), Salina Cruz (Oaxaca), Madero (Tamaulipas), Cangrejera y Morelos (Veracruz), Pajaritos (Veracruz) y Escolín (Veracruz).  

A mediano plazo, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se prevé el desarrollo de nuevas centrales con entrada en operación a partir de 2030 y una capacidad conjunta superior a 2,100 MW. Destacan tres proyectos: Cogeneración Tula, con excedentes de hasta 650 MW (5,500 GWh); Salina Cruz, con aproximadamente 600 MW (5,000 GWh); y Cangrejera, con hasta 900 MW (7,500 GWh). Estos proyectos buscan fortalecer la oferta eléctrica y el desarrollo regional.

La planeación energética en México para el periodo 2025–2035 refleja una estrategia dual que combina la expansión del sector eléctrico con el fortalecimiento del sector hidrocarburos. Por un lado, el PLADESE 2025–2039 (DOF, 2025) prevé una expansión significativa del sistema eléctrico, con una adición estimada de 29,074 MW hacia 2030, de los cuales 22,674 MW serán desarrollados por CFE y al menos 6,400 MW por inversión privada en energías limpias. Esta expansión implica inversiones superiores a USD 22 mil millones en generación, además de USD 3 mil millones en distribución, la misma cifra en transmisión, con un enfoque en confiabilidad operativa y crecimiento de la capacidad renovable.

Esta trayectoria coexiste con una política en hidrocarburos, en donde el Plan Estratégico de PEMEX 2025–2035 (PEMEX, 2025) contempla inversiones relevantes en exploración y extracción, buscando sostener la producción mediante inversiones en campos existentes y nuevos desarrollos, incluyendo esquemas mixtos. Esta coexistencia implica una transición gradual y no lineal, lo cual plantea desafíos en términos de alineación con objetivos climáticos y eficiencia en la asignación de recursos, particularmente en un contexto de restricciones fiscales y volatilidad en los mercados energéticos.

En México no existen metas oficiales en materia de pobreza energética, justicia climática o empleos. Sin embargo, entre los programas públicos más representativos destacan iniciativas de electrificación con energías renovables en comunidades sin conexión a la red. Desde 2017, el Fondo de Servicio Universal (FSUE) ha financiado la instalación de más de 10.000 sistemas fotovoltaicos domiciliarios en localidades rurales dispersas (SENER, 2017). De forma paralela, se han anunciado nuevas estrategias de cocinas limpias y subsidios para equipos eficientes, orientadas a reducir la dependencia de la leña. Esto cobra especial importancia considerando que, según la Agencia Internacional de Energía, alrededor del 15% de los hogares mexicanos todavía utiliza combustibles sólidos como leña o carbón para cocinar (IEA, 2023), lo cual representa un riesgo para la salud y un obstáculo para la equidad de género. Asimismo, el programa Sol del Norte, lanzado por la Secretaría de Energía (SENER) el 29 de marzo de 2025 (SENER, 2025), tiene por objetivo promover la justicia energética al instalar sistemas fotovoltaicos en los techos de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad en Mexicali, Baja California. Esta iniciativa contempla una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos para desplegar 5 500 paneles solares en hogares subsidiados bajo la Tarifa 1F, con estimaciones de ahorrar hasta un 70 % en su recibo de electricidad, mejorar el acceso a energía eléctrica durante períodos de alta demanda y reducir emisiones de dióxido de carbono (4. 864 tCO₂/año) (Global Energy, 2025).

Por otro lado, el sector privado también ha comenzado a asumir un rol más activo en la agenda de justicia energética. Por ejemplo, el programa Luces de Esperanza de Iberdrola ha instalado sistemas solares en comunidades indígenas de Oaxaca y San Luis Potosí (Iberdrola, 2021), mientras que Oaxaca Brilla ha promovido la eficiencia energética en espacios públicos comunitarios (Iberdrola México, 2023).

El papel de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales ha sido igualmente fundamental. Diversas organizaciones han documentado la falta de consulta previa en megaproyectos renovables, especialmente en regiones como el Istmo de Tehuantepec, y han exigido procesos de planeación más participativos (AIDA, 2020). En respuesta, la reforma energética de marzo de 2025 contempla mecanismos de gobernanza más incluyentes y transparentes, que buscan garantizar que las comunidades no solo sean beneficiarias, sino también actores activos en la toma de decisiones que afectan sus territorios.

Un claro ejemplo de las actividades realizadas por la sociedad civil lo marca Iniciativa Climática de México (ICM), quien ha desempeñado un papel relevante en el impulso de una transición energética justa en el país, mediante el diseño de propuestas normativas, acompañamiento técnico a políticas públicas, generación de modelos comunitarios y fortalecimiento de capacidades institucionales. Entre sus principales iniciativas se encuentra el modelo Ejido Solar, que promueve proyectos fotovoltaicos en tierras comunales con participación directa de ejidos en la gobernanza y beneficios económicos, implementado en estados como Sonora, Guanajuato y Jalisco (ICM, 2023a; UK PACT, 2023). Asimismo, ICM e IDEA se encuentran colaborando con la Secretaría de Energía en la definición metodológica del programa piloto Techos Solares para el Bienestar, destinado a reducir la pobreza energética mediante sistemas solares domésticos en hogares de bajos ingresos, como en Mexicali, Baja California (ICM, 2023b). Además, la organización ha promovido espacios de diálogo multiactor, como el Encuentro Subnacional por una Transición Justa (ICM/IDEA 2024), y ha producido análisis sobre financiamiento climático y marcos legales, incluyendo lineamientos para orientar fondos públicos hacia soluciones energéticas incluyentes (Climate Transparency, 2024).

La pobreza energética es la situación en la que un hogar no dispone de energéticos modernos o carece de la capacidad económica para cubrir el costo que implica la satisfacción de servicios energéticos básicos. Esto se traduce en impactos sobre el bienestar de las personas, como falta de confort térmico, reducción de la renta disponible para otros bienes y servicios, malas condiciones de habitabilidad, riesgo de impago y desconexión, entre otros (CONUEE 2022).

El gasto en energía es también una carga en el presupuesto familiar: en 2016, aproximadamente el 10,6 % de los hogares destinaba más del 10 % de sus ingresos al servicio eléctrico, situación que marca otra vertiente de pobreza energética relacionada no con el acceso, sino con el estrés financiero asociado al costo operativo  (CONUEE 2022). Esta situación es más aguda en regiones específicas, como la frontera norte, donde cerca del 18 % de los hogares atraviesan ese umbral de gasto energético.

Las consecuencias de esta pobreza energética trascienden el ámbito económico e incluyen problemas de salud (especialmente enfermedades respiratorias asociadas al uso de leña), inequidades de género (pues mujeres e infancias dedican más tiempo a tareas domésticas) y riesgos estructurales derivados de una infraestructura energética deficiente (CONUEE 2022).

Finalmente, el fenómeno presenta un patrón territorial: se agrava en hogares rurales y en estados con condiciones sociales desfavorables, aunque también es muy relevante en zonas urbanas, donde se estima que 4,5 millones de viviendas estarían en pobreza energética (≈ 16 % del total rural y ~27 % urbano) (CEPAL, 2014) . Esto demuestra que la pobreza energética no se resuelve únicamente con electrificar, sino que requiere enfoques multidimensionales que incluyan calidad del hogar, acceso a aparatos eficientes, financiamiento, equidad de género y capacidad de pago.

Acceso a la electricidad

Análisis de tendencia

El gráfico 8 muestra la evolución del acceso a la electricidad de los hogares mexicanos entre 2016 y 2022 de forma nacional.

El acceso a la electricidad a nivel nacional se ha mantenido de forma estable con un crecimiento del 0,1% desde 2016 a 2022. Este crecimiento está reflejando esfuerzos en la expansión de la infraestructura eléctrica y electrificación de zonas rurales. En especial, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) tiene como objetivo mejorar el acceso a la electricidad en comunidades rurales y zonas marginadas de México. En 2022, se completaron 2.197 proyectos de electrificación, beneficiando a 204,966 habitantes en 29 estados, con una inversión de 2.014,53 millones de pesos. Además, el Comité Técnico del FUSE aprobó 2.358 proyectos de electrificación para construirse en 2023, por una inversión de 1581,87 MDP, para beneficiar a 141.356 habitantes, de los cuales 1.673 proyectos corresponden al componente de Extensiones de Redes Generales de Distribución y 685 al componente de Instalación de Sistemas Aislado (CFE SSB 2023).

En términos de justicia, la alta cobertura eléctrica en México (que pasó de 99,5% a 99,6% a nivel nacional) genera impactos positivos en el desarrollo económico y social, reflejando el fortalecimiento de las estrategias de la CFE Suministrador de Servicios Básicos, en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. En el marco de la nueva legislación en materia energética, los instrumentos de planeación del sector eléctrico, como la Estrategia Nacional de Transición Energética (SENER 2025), se convierten en el eje principal de la política energética a mediano y largo plazo, volviéndose vinculantes. Incorporan metas de justicia energética, energías limpias y renovables, eficiencia energética, reducción de la pobreza energética, electrificación y disminución de emisiones, todo esto alineado con compromisos internacionales para reducir gases de efecto invernadero. Además, destacan la necesidad de actualizar la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) para cumplir con los objetivos de cambio climático.

Composición de energéticos en la cocción de alimentos

Según la Organización Mundial de la Salud, los combustibles y tecnologías consideradas como limpias están listadas y definidas en el siguiente artículo. De las variables analizadas podemos clasificar los combustibles y tecnologías de la tabla anterior de la siguiente forma:

Análisis de tendencia

En este sentido, la adopción de combustibles y tecnologías de cocción limpia en los hogares mexicanos aumentó del 83,9% en 2016 al 84,6% en 2022, lo que refleja una disminución de 0,5 puntos porcentuales en el uso de tecnologías contaminantes.

Si bien se evidencia que predomina el uso de tecnologías limpias, la leña sigue desempeñando un rol importante. Esto deriva en afectaciones para la salud ya que cuando se utilizan fuentes contaminantes para cocción o calefacción se aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Calvo et al., 2021). 

En México, el uso de leña o carbón para la cocción de alimentos se concentra principalmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, una situación asociada a zonas rurales o indígenas con acceso limitado al gas y la electricidad. (ENIHG 2022). Actualmente, el Gobierno Federal implementa el programa Estufas para el Bienestar que busca mejorar la calidad de vida en comunidades rurales e indígenas al sustituir los fogones tradicionales de leña por estufas ecológicas y eficientes. Estas

estufas están diseñadas para reducir el consumo de leña, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la salud de las familias al reducir la exposición al humo tóxico. El programa tiene como objetivo instalar un millón de estufas en hogares de zonas prioritarias, comenzando con comunidades purépechas en Michoacán. Además, se enfoca en empoderar a las mujeres jefas de familia y fortalecer la economía local, ya que las estufas son fabricadas e instaladas por los mismos habitantes de las comunidades (SENER 2025).

En México, cerca del 12% de las viviendas utilizan leña para cocinar o calentar alimentos, pero el nivel de electrificación es muy alto en comparación con los valores globales, ya que 99,1% de los hogares dispone de electricidad. Algunos estudios estiman que 36,7% de los hogares en México sufre pobreza energética, lo que implica que aproximadamente 46,6 millones de mexicanos no tienen un acceso pleno a energéticos de calidad, ya sean combustibles o electricidad (CONUEE 2022). Si bien en México aún no existe un indicador que mida la pobreza energética, la reforma energética recientemente publicada, introduce el concepto de  Pobreza Energética (LESE y LPTE). Se trata de la situación en la que una vivienda no puede satisfacer sus necesidades energéticas. Además, la planeación energética será ahora vinculante para todos los actores del sector, por lo que obliga a incorporar el principio de Justicia Energética en el diseño de programas y proyectos; y crea el Sistema Integrado de Información Energética, que permitirá mejorar la transparencia, el seguimiento y la focalización de políticas para cerrar brechas como la pobreza energética.

La asequibilidad energética es un componente central de la justicia distributiva dentro de la transición energética justa. En esta categoría se evalúa la relación entre el salario mínimo legal y el costo promedio nacional del kWh de electricidad, a través de un índice que estima cuánta energía puede adquirirse con el 10% del ingreso de un trabajador formal. Este indicador permite evaluar si las tarifas de energía evolucionan en concordancia con la capacidad adquisitiva de los hogares, ofreciendo así una aproximación al principio de “energía como derecho y no como privilegio”.

El índice de asequibilidad, calculado como energía adquirida con el 10% del salario mínimo,  expresa directamente el poder de compra energética de un trabajador formal a nivel nacional. No obstante, al estar construido con promedios nacionales, no refleja la importante dispersión tarifaria existente entre departamentos, donde las diferencias de costo por kWh pueden ser significativas debido a factores como el régimen tarifario aplicable, los niveles de pérdidas, la calidad de la infraestructura o las condiciones de acceso. Esta variabilidad entre territorios implica que el poder de compra energética real puede diferir sustancialmente en distintas regiones del país. 

Análisis de tendencia

Entre 2020 y 2024, el crecimiento del salario mínimo en México superó significativamente el incremento en la tarifa promedio nacional de electricidad. Esta dinámica ha contribuido a mejorar la asequibilidad del servicio eléctrico para quienes perciben ingresos equivalentes al salario mínimo. Aunque el precio promedio por kWh aumentó durante el mismo periodo, el poder adquisitivo energético también mostró una tendencia positiva. El volumen de energía eléctrica que puede adquirirse destinando el 10 % del ingreso mensual pasó de 317 kWh en 2020 a 496 kWh en 2024, lo que representa un incremento del 56,7 %.

Estos datos sugieren que las políticas de incremento al salario mínimo han tenido un impacto favorable en el acceso económico a la energía, al menos en términos del costo relativo de la electricidad respecto al ingreso disponible. Esta mejora contribuye a reducir la carga financiera del consumo energético básico en los hogares con menores ingresos. La electricidad se ha vuelto más asequible para quienes perciben el salario mínimo, aunque este indicador no refleja la situación de personas en el sector informal o sin ingresos. La mejora en asequibilidad no elimina la pobreza energética, que también involucra calidad del servicio, infraestructura del hogar y acceso a tecnologías limpias. Por ello, este índice debe complementarse con otros enfoques para comprender plenamente las desigualdades en el acceso a la energía.

El SAIDI (System Average Interruption Duration Index) y el SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) son indicadores utilizados en la industria eléctrica para evaluar la calidad del servicio. El primero mide la duración promedio de las interrupciones por cliente y el segundo la duración promedio de la frecuencia de las mismas. Un decrecimiento del SAIDI o SAIFI bajo sugieren una reducción de las interrupciones o frecuencia del servicio.

A nivel nacional, ambos índices han registrado una reducción significativa: el SAIDI disminuyó un 41% en 2023 respecto a 2016, mientras que el SAIFI lo hizo en un 44% en el mismo periodo. Aunque se trata de cifras globales, reflejan una mejora en la calidad del servicio. Esto, podría estar reflejando los esfuerzos de la empresa subsidiaria CFE Distribución para realizar proyectos y obras de inversión orientados al fortalecimiento de su infraestructura. Estas acciones responden tanto a metas de inversión como a criterios de solución técnica adecuados para cada caso. Entre los principales propósitos se encuentra mejorar la confiabilidad operativa de las RGD, así como optimizar su equipamiento técnico para asegurar un desempeño eficiente. Asimismo, se impulsa la incorporación y expansión de las Redes Eléctricas Inteligentes (REI) dentro de estas redes, lo que contribuye a una gestión más moderna y flexible del sistema eléctrico. Otro eje prioritario es incrementar la cobertura del servicio eléctrico en zonas atendidas por las RGD, además de satisfacer oportunamente la demanda incremental que se presenta como resultado del crecimiento poblacional y económico en las regiones donde operan (CFE Distribución 2024).

En México, a pesar de que la cobertura eléctrica alcanzó el 99,6% en 2022, una parte considerable de la población (alrededor del 36,7% de los hogares) se encuentra en situación de pobreza energética cuando se consideran factores más amplios que el acceso formal. Esta condición incluye dificultades para cubrir los costos del servicio sin afectar otros gastos básicos, así como el uso de tecnologías contaminantes en el hogar.

El acceso a tecnologías limpias para cocinar ha mostrado una mejora marginal en los últimos años, al pasar del 83,9% en 2016 al 84,6% en 2022. No obstante, el 12% de los hogares continúa utilizando leña o carbón, principalmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Estas prácticas están asociadas a riesgos para la salud y reflejan condiciones de desigualdad territorial y social.

En términos de asequibilidad, el poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo ha mejorado. Entre 2020 y 2024, el volumen de energía eléctrica que puede adquirirse destinando el 10% del salario mínimo mensual aumentó de 317 a 496 kilowatt-hora, lo que representa un incremento del 56,7%. Esta evolución no necesariamente refleja la situación de personas sin ingreso fijo o del sector informal. De manera paralela, el porcentaje del ingreso familiar destinado a energía se mantuvo entre 3,3% y 3,7% entre 2018 y 2022, aunque existen regiones, como la frontera norte, donde hasta el 18% de los hogares destina más del 10% de su ingreso a este rubro.

Los indicadores de calidad del servicio eléctrico también registraron avances. Entre 2016 y 2023, la duración promedio de las interrupciones (SAIDI) disminuyó en un 41%, y la frecuencia (SAIFI) se redujo en un 44%. Estas cifras reflejan mejoras en la infraestructura de distribución y en la confiabilidad del suministro.

En conjunto, los resultados muestran avances en cobertura, asequibilidad y calidad del servicio, pero también señalan que la pobreza energética continúa como un problema estructural. La reforma energética de 2025 incorpora por primera vez este concepto en la legislación y establece que la planeación energética debe contemplar criterios de justicia social.

Según una investigación sobre conflictos socioambientales en México, entre el 2006 y 2018, (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019) la minería aparece como la actividad que genera el mayor número de conflictos, con 374 eventos conflictivos asociados a 134 proyectos mineros. Le siguen en frecuencia los conflictos vinculados a la extracción de hidrocarburos (como campos petroleros y gasoductos), luego las instalaciones hidroeléctricas y, en menor medida, los desarrollos eólicos. En la mayoría de los casos reportados registrados, los conflictos relacionados con minería, hidrocarburos e hidroeléctricas están asociados a impactos ambientales. En contraste, en el caso de los proyectos eólicos, la principal causa de conflicto tiene que ver con disputas sobre el ordenamiento territorial. Además, en el sector minero también se reporta una alta incidencia de conflictos de carácter laboral.

En el caso de los gasoductos, se registra el mayor promedio de incidentes conflictivos, con casi cinco por proyecto. Les siguen las hidroeléctricas, con 3,8; los proyectos eólicos, con 3,3; las explotaciones mineras, con 2,7; y, en último lugar, los campos petroleros, con cerca de dos incidentes por campo (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019).

En términos de distribución geográfica, los estados que concentran la mayor cantidad de eventos violentos vinculados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán. En el caso de la extracción petrolera, la conflictividad se localiza principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Respecto a los gasoductos, los tramos con mayor número de hechos violentos corresponden a las regiones de Puebla-Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa y Chihuahua-Sinaloa. Por otro lado, los estados con más conflictos relacionados con proyectos hidroeléctricos son Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Finalmente, los conflictos por desarrollos eólicos se concentran especialmente en Oaxaca y Yucatán (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019).

La base de datos de la investigación también recoge información sobre las acciones emprendidas por comunidades, gobiernos y empresas involucradas, así como el rol que desempeñan los mecanismos de participación (como la consulta previa, las consultas públicas y las asambleas ejidales o comunales) dentro de estos conflictos. Los datos recopilados muestran que, en contra de lo que comúnmente se afirma, las comunidades que se oponen a megaproyectos suelen recurrir principalmente a canales institucionales, como los juicios o los recursos de amparo. En cambio, aquellas que combinan estas vías con acciones no institucionalizadas (como la toma de instalaciones, oficinas públicas o privadas, o la retención de funcionarios) suelen buscar la negociación de beneficios. Por otro lado, son los actores gubernamentales, muchas veces en coordinación con las empresas, quienes aparecen con mayor frecuencia vinculados a prácticas informales o ilegales. También resalta el papel de los medios de comunicación como herramienta utilizada por las comunidades para hacer públicos sus reclamos: de los 669 eventos registrados que incluyen repertorios de acción comunitaria, en 336 casos (50,2%) se identificó el uso de medios periodísticos (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019).

Estos datos pueden complementarse con la información del Atlas de Justicia Ambiental, que para México documenta 217 conflictos socioambientales activos, de los cuales 32 están directamente vinculados con los combustibles fósiles y la justicia climática. Entre los más relevantes en el ámbito de exploración y explotación de petróleo se encuentran el ducto Puerta al Sureste y la terminal de GNL en Coatzacoalcos, Veracruz; la planta de licuefacción de gas de Sempra Energy en Ensenada, Baja California; la refinería Dos Bocas, Tabasco; y el megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos (PIM). En el sector de energías renovables destacan el Parque Fotovoltaico Ticul A y B, Yucatán; el Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán, Yucatán; y el Parque Fotovoltaico Yucatán Solar, Valladolid.

En vínculo con la sección de conflictos socioambientales, una forma de dar solución a estos conflictos es por medio de los mecanismos de participación ciudadana. En México, la transición energética ha comenzado a incorporar mecanismos de participación local y consulta, especialmente en comunidades directamente afectadas por proyectos energéticos. Entre los más relevantes se encuentra la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, establecida en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos por la falta de claridad, accesibilidad y legitimidad de los procesos.

También destaca la Evaluación de Impacto Social (EvIS), obligatoria en proyectos como centrales eléctricas y gasoductos, que permite identificar afectaciones sociales y diseñar estrategias de atención. La EvIS es un instrumento que permite integrar la voz de las comunidades en el desarrollo de proyectos de infraestructura, al identificar y atender los posibles efectos sociales que estos pueden generar. A través de consultas, talleres y entrevistas, las y los ciudadanos pueden expresar sus preocupaciones, compartir información sobre su entorno y participar en la definición de medidas para mitigar impactos negativos. Esta participación se considera un mecanismo de participación ciudadana porque reconoce a las comunidades como actores activos en la toma de decisiones, promueve la transparencia y fortalece la legitimidad de los proyectos. Además, fomenta el diálogo entre sectores y contribuye a prevenir conflictos sociales, al asegurar que los proyectos se desarrollen con base en el respeto a los derechos y al contexto local. Adicionalmente, la Manifestación de Impacto Ambiental puede dar lugar a consultas públicas, especialmente en proyectos con alto impacto ambiental.

En México, la Secretaría de Energía (SENER) ha implementado diversos mecanismos de participación en proyectos energéticos, entre los que destacan las consultas previas a comunidades indígenas. 

Entre 2014 y 2017, se realizaron 14 consultas previas, involucrando a 83 comunidades en 11 estados. De las nueve consultas concluidas, ocho obtuvieron el consentimiento de las comunidades participantes. Estas consultas se llevaron a cabo en torno a diversos proyectos energéticos, incluyendo parques eólicos, hidroeléctricos, gasoductos y parques solares (Gobierno de México, 2018).

Asimismo, cabe resaltar también que el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) establece que la SENER es responsable de llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con comunidades y pueblos indígenas cuando se desarrollen proyectos de infraestructura eléctrica que puedan afectar sus derechos o territorios. Este proceso busca garantizar la participación efectiva de estas comunidades en decisiones relacionadas con proyectos energéticos, respetando sus derechos y promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible (Mentado, 2020). En algunos casos, se han promovido mesas de diálogo comunitario o consejos ciudadanos en estados como Oaxaca o Baja California, lo que refleja un avance hacia una transición más participativa. No obstante, el reto sigue siendo garantizar procesos incluyentes, transparentes y culturalmente adecuados.

En México, diversos estudios han señalado que los conflictos socioambientales relacionados con proyectos energéticos suelen estar vinculados a impactos ambientales y territoriales, con una incidencia particular en regiones habitadas por pueblos indígenas y comunidades rurales. En este contexto, los mecanismos de participación adquieren relevancia, ya que las comunidades frecuentemente utilizan canales institucionales como el amparo o el litigio para manifestar su oposición. En algunos casos, estas acciones se combinan con repertorios más disruptivos, como la toma de instalaciones. Esta dinámica revela tanto la capacidad de agencia de las comunidades como las limitaciones del Estado para garantizar mecanismos efectivos y legítimos de participación.

Si bien México ha incorporado herramientas como la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, y la Evaluación de Impacto Social, su aplicación enfrenta diversos desafíos.  Entre estos se encuentran la falta de claridad normativa, la limitada accesibilidad y la escasa legitimidad de los procesos lo cual puede afectar la confianza en las instituciones.  Si bien existen experiencias positivas (como las consultas organizadas por la SENER entre 2014 y 2017), aún es necesario fortalecer la transparencia, la inclusión y el enfoque intercultural de estos mecanismos. Garantizar una transición energética justa implica no solo mitigar los impactos de los proyectos, sino también asegurar una participación comunitaria efectiva que respete los derechos colectivos y promueva alternativas sostenibles desde los territorios.

La información sobre empleo en el sector energético de México presenta limitaciones significativas, especialmente en el caso de las energías renovables. Si bien los reportes de sustentabilidad de PEMEX incluyen datos sobre empleos directos en la empresa y sus subsidiarias, no consideran al personal de filiales ni al empleo indirecto asociado a la cadena de proveeduría, lo que excluye una parte sustancial de la fuerza laboral vinculada al sector fósil. En contraste, los datos disponibles sobre empleo en energías renovables son escasos y discontinuos, lo que impide construir una serie histórica y caracterizar el tipo de ocupaciones en este segmento. Además, México carece de datos que identifiquen la distribución regional, el perfil de género o la naturaleza del empleo en este sector.

Por otro lado, la reforma energética de marzo de 2025 busca cerrar estas brechas al establecer el Sistema Integrado de Información Energética (LPTE, 2025). Este instrumento obliga a las instituciones del sector a generar y publicar datos actualizados, comparables y desagregados sobre distintos aspectos de la transición energética, incluyendo el empleo. Al otorgar carácter vinculante a la planeación energética, la reforma crea condiciones para mejorar el monitoreo de la dimensión laboral, aunque su eficacia dependerá del fortalecimiento institucional, la colaboración intersectorial y el desarrollo de metodologías adecuadas.

En el primer trimestre de 2025, la industria extractiva y eléctrica en México registró 384.723 empleos, equivalentes a aproximadamente el 0,7% del total nacional de ocupados (INEGI, 2025), de los cuales el 77% correspondió a hombres y el resto a mujeres. Entre 2022 y 2024, el sector experimentó una expansión del empleo, seguida de una contracción en 2025. Esta evolución estuvo acompañada por un incremento sostenido en la participación femenina, que alcanzó su nivel más alto en el primer trimestre de 2025 (INEGI, 2025).

En el ámbito fósil, Pemex contaba con cerca de 124 mil empleados al cierre de 2024, de los cuales el 80 por ciento son trabajadores sindicalizados (El Financiero, 2025). Por su parte, al primer semestre de 2023, la CFE reporta 91,565 personas laborando, de las cuales el 74,1% son hombres y 25,9% mujeres (CFE 2024). Durante la construcción de la Refinería Olmeca, se generaron más de 207 mil empleos directos e indirectos, principalmente durante la fase de obra (Energy & Commerce, 2022).

En México, la información disponible sobre el empleo en el sector de energías renovables es limitada y fragmentada. Las estimaciones, generalmente elaboradas por asociaciones industriales, no permiten identificar con precisión cuántas personas trabajan en este sector, en qué regiones, bajo qué condiciones o en qué tecnologías específicas. Por ejemplo, el sector solar reportó en 2024 más de 115.000 empleos a lo largo de su cadena de valor (ASOLMEX, 2025), mientras que la energía eólica registró 9.500 empleos en 2023 (AMDEE 2024). Estas cifras evidencian una dinámica vinculada al potencial de generación con fuentes renovables. En este sentido, se estima que la instalación de 46 GW adicionales de capacidad solar y eólica en el país podría generar más de 434.000 empleos directos, de los cuales alrededor de 419.000 corresponderían a la fase de construcción y 15.000 serían permanentes para la operación y mantenimiento de las plantas durante al menos dos décadas. Adicionalmente, al considerar empleos indirectos e inducidos, el número total de personas empleadas durante la construcción podría superar las 816.000, mientras que en operación se sumarían cerca de 37.000 empleos (EMBER, 2025).

En el contexto antes expuesto, la escasez de técnicos capacitados para las nuevas tecnologías, los procesos administrativos complejos para el desarrollo de proyectos renovables, y las desigualdades de género persistentes limitan la equidad en la distribución de los beneficios laborales. Además, la mayor centralización del sector tras la reforma puede reducir el dinamismo del empleo en segmentos donde antes predominaba la inversión privada, afectando la velocidad de despliegue de nuevas plantas y la generación de empleos asociados. La incertidumbre regulatoria y la capacidad limitada de inversión estatal podrían actuar como factores restrictivos si no se acompañan de mecanismos ágiles de financiamiento, cooperación y formación.

El proceso de transformación del empleo en el sector energético mexicano se enmarca en una serie de implicaciones estructurales derivadas tanto de la transición tecnológica como de los recientes cambios normativos. La reforma energética aprobada en marzo de 2025 redefine el rol del Estado en el sector, otorgando mayor centralidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), estableciendo un modelo más centralizado y de control público. Esta reforma, al priorizar la generación estatal y limitar la participación privada, tiene implicaciones directas sobre la configuración del empleo, al influir en el ritmo y tipo de inversiones en infraestructura energética. La transición hacia fuentes renovables abre oportunidades para la creación de empleo formal, especializado y regionalmente distribuido, particularmente en proyectos solares y eólicos. Sin embargo, también plantea desafíos para asegurar una transición justa, en términos de reconversión laboral, inclusión social y sostenibilidad de las condiciones de trabajo.