México

Las Gráficas muestran la evolución de la capacidad instalada de energías renovables y del índice de renovabilidad en la capacidad durante el periodo 2020-2024. En conjunto, permiten analizar tanto el crecimiento de la infraestructura renovable como su contribución a la transformación de la matriz eléctrica. La primera gráfica presenta la evolución de la capacidad instalada respecto a la trayectoria de referencia, mientras que la segunda muestra la participación de las energías renovables dentro de la capacidad total del sistema eléctrico.

La evolución reciente muestra una expansión de las energías limpias, particularmente de la generación solar y eólica, mientras que las tecnologías fósiles mantienen una participación significativa en la capacidad instalada y en el suministro energético. Esta trayectoria es consistente con el marco de planeación vinculante vigente, que combina la incorporación de fuentes limpias con el aprovechamiento de infraestructura existente para garantizar la seguridad energética del sistema y el cumplimiento de metas climáticas.    (DOF, 2025).

 El PLADESE prevé que alrededor del 70% de la nueva capacidad incorporada entre 2025 y 2030 corresponda a tecnologías limpias, lo que implica la incorporación de aproximadamente 12 GW de energía solar y 7 GW de energía eólica, además de cerca de 14 GW adicionales de ambas tecnologías hacia 2035. En comparación con escenarios internacionales alineados con trayectorias de descarbonización acelerada, el ritmo de expansión podría resultar moderado; sin embargo, representa tasas medias de crecimiento cercanas al 16% anual para la energía solar fotovoltaica y 12% anual para la eólica entre 2024 y 2030, además de ser consistente con las metas establecidas en la NDC 3.0 y el PLADESE.

Tabla 1. Puntuación de la dimensión

Comportamiento tendencial. La capacidad renovable mantuvo una trayectoria de crecimiento entre 2020 y 2024; sin embargo, este avance no se tradujo en un aumento sostenido de su participación en la matriz eléctrica (18%). Durante el mismo periodo, la capacidad basada en combustibles fósiles creció a un ritmo mayor (25%), por lo que el índice de renovabilidad permaneció prácticamente estable (32%-34%). Esto indica que la transformación de la matriz eléctrica continúa siendo gradual.

Comportamiento interanual. Entre 2023 y 2024, la participación de las energías renovables disminuyó de 34 % a 31 %. Esta variación refleja que la expansión de la capacidad convencional superó el crecimiento de la capacidad renovable durante el último año, evidenciando que la evolución del indicador depende de los cambios en el conjunto de la matriz eléctrica y no únicamente de la incorporación de nuevas tecnologías renovables.  

Comparación benchmark. La trayectoria observada no muestra una convergencia sostenida hacia el benchmark de referencia. Aunque la capacidad renovable continúa expandiéndose, el crecimiento simultáneo de la capacidad convencional mantiene prácticamente estable la brecha respecto al referente, lo que indica que el ritmo de transformación de la matriz eléctrica aún es insuficiente para aproximarse a la trayectoria esperada. 

El comportamiento observado en esta dimensión responde a una expansión del Sistema Eléctrico Nacional en la que la incorporación de energías limpias ha ocurrido junto con el crecimiento de la capacidad convencional. Entre 2019 y 2024, la capacidad total aumentó de 78,447 MW a 90,543 MW, mientras que la capacidad de energías limpias pasó de 26,900 MW a 33,441 MW, elevando su participación de 34.3 % a 36.9 %  (DOF, 2025, SENER, 2025a). 

Dentro de las tecnologías limpias, el mayor dinamismo provino de la energía solar fotovoltaica, que aumentó de 3,646 MW a 7,961 MW, y de la energía eólica, que pasó de 6,050 MW a 7,512 MW. por su parte, la hidroelectricidad (12.6 GW) y la energía nuclear (1.6 GW) se mantuvieron prácticamente estables. Al mismo tiempo, el ciclo combinado creció de 30,402 MW a 35,669 MW, manteniendo el papel del gas natural como soporte principal del sistema eléctrico (SENER, 2025; DOF, 2025). 

 Esta configuración explica por qué el crecimiento de las energías limpias no modifica con mayor rapidez la composición de la matriz eléctrica. La expansión solar y eólica aumenta la participación de tecnologías de bajas emisiones, pero ocurre sobre un sistema donde la capacidad convencional también crece y continúa ocupando una posición central para atender la demanda y respaldar la confiabilidad operativa.

La eficiencia energética muestra una trayectoria variable entre 2020 y 2024, con mejoras que no logran consolidarse de manera sostenida frente al benchmark de referencia. La Gráfica 3 presenta la evolución de la intensidad energética, mientras que la Gráfica 4 muestra la magnitud de sus cambios anuales. 

Los indicadores muestran una evolución inestable de la eficiencia energética. Aunque la intensidad energética registra períodos de mejora, estos no se mantienen de forma sostenida y son seguidos por retrocesos que limitan la consolidación de una trayectoria descendente. 

Tabla 2. Puntuación de la dimensión

Comportamiento tendencial: La intensidad energética no muestra una reducción sostenida durante el periodo analizado, lo que refleja una evolución gradual con avances temporales que posteriormente se revierten. Entre 2020 y 2023 el indicador disminuyó de 2,972.6 a 2,847.0 MJ/USD, mientras que en 2024 aumentó a 3,014.5 MJ/USD, superando el nivel observado al inicio del periodo. Esta trayectoria explica la baja puntuación tendencial de la dimensión y muestra un amplio margen de convergencia respecto al benchmark de referencia, además responde principalmente a cambios en la composición sectorial de la economía. (INEGI, 2023; SENER, 2025a; IEA, 2022).

Comportamiento interanual: El desempeño observado en 2024 muestra que las mejoras registradas en años anteriores no lograron consolidarse frente al benchmark de referencia. El incremento de la intensidad energética durante el último año revirtió la tendencia descendente observada desde 2021, situando el indicador nuevamente por encima del nivel registrado al inicio del periodo analizado. Este comportamiento explica la puntuación interanual de la dimensión (-5.9%) y refleja la limitada estabilidad de las mejoras alcanzadas

Comparación benchmark: Aunque el indicador registra avances parciales durante algunos años del periodo analizado, estos no se sostienen en el tiempo y son revertidos por el deterioro observado en 2024. Como resultado, la distancia respecto al benchmark (4% anual) permanece prácticamente sin cambios, reflejando un amplio margen para acelerar las mejoras en eficiencia energética

El comportamiento de la eficiencia energética en México está determinado principalmente por la estructura sectorial del consumo de energía. Los sectores con mayor demanda energética concentran también los mayores niveles de intensidad, por lo que su evolución tiene una influencia decisiva sobre el desempeño agregado del indicador (véase la Gráfica 5). En este contexto, las mejoras observadas en sectores de menor consumo resultan insuficientes para modificar de forma sostenida la intensidad energética nacional, lo que explica la limitada convergencia hacia el benchmark de referencia.

Como se observa en la Gráfica, el sector transporte constituye el principal determinante de la intensidad energética nacional al concentrar el mayor consumo de energía y mantener una elevada dependencia de combustibles derivados del petróleo, lo que condiciona la evolución del indicador agregado (SENER, 2025). Por su parte, el sector comercial y de servicios presenta una intensidad energética relativamente baja y un comportamiento estable, contribuyendo positivamente al desempeño energético de la economía, aunque con un efecto limitado debido a su menor participación en el consumo nacional (SENER, 2025). El sector público registra avances operativos en el uso eficiente de la energía; sin embargo, su peso relativo dentro del consumo energético hace que su contribución al comportamiento agregado sea moderada (SEMARNAT, 2025).

La Gráfica también muestra que el potencial de mejora permanece concentrado en sectores con una elevada dependencia de combustibles fósiles. En el sector agropecuario, el uso intensivo de diésel para mecanización y bombeo condiciona los niveles de intensidad energética, por lo que la electrificación de estos procesos y la incorporación de tecnologías más eficientes representan oportunidades para fortalecer su desempeño (SENER, 2025a; SEMARNAT, 2025). De forma similar, el sector construcción presenta avances graduales, aunque mantiene una participación relevante de combustibles fósiles, lo que sugiere la importancia de fortalecer los estándares de eficiencia y la electrificación de procesos (SENER, 2025a; SEMARNAT, 2025). Finalmente, el sector residencial muestra avances asociados con la electrificación de los usos finales de la energía y una reducción parcial del uso de biomasa; no obstante, persisten brechas en el acceso a tecnologías eficientes. En este contexto, el Programa de Estufas Eficientes de Leña para el Bienestar contribuye a impulsar la adopción de tecnologías de cocción más eficientes en los hogares rurales (SENER, 2025a; SENER, 2025b). En conjunto, los datos sugieren que el desempeño de la eficiencia energética en México está condicionado por los sectores con mayor intensidad energética. En consecuencia, la convergencia hacia el benchmark dependerá principalmente de la capacidad para reducir el consumo específico de energía en las actividades que concentran la mayor demanda energética.

La evolución de los combustibles fósiles en México no ha sido homogénea entre tecnologías, mientras el petróleo y el carbón mineral reducen gradualmente su participación en el balance energético, el gas natural mantiene un papel predominante en el consumo y fortalece su relevancia dentro del sistema energético (véase la Gráfica). Esta evolución permite analizar los cambios en la estructura del balance energético y de la balanza comercial asociados a la transición de los combustibles fósiles.

La evolución de los indicadores muestra avances en la reducción de algunos combustibles fósiles; sin embargo, la creciente relevancia del gas natural limita la transformación estructural del balance energético. 

Tabla 3. Puntuación de la dimensión

Comportamiento tendencial: La salida de combustibles fósiles en México presenta un desempeño intermedio (58/100), reflejando una transición caracterizada por cambios diferenciados entre los principales energéticos fósiles más que por una reducción estructural de su dependencia. Los indicadores muestran avances en el consumo de combustibles fósiles (88/100), la producción (74/100) y las exportaciones (75/100), mientras que las importaciones (14/100) y, particularmente, el valor de las importaciones (0/100) continúan limitando el desempeño de la dimensión. Esta diferencia evidencia que, aunque algunos componentes del sistema energético reducen gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles, la seguridad del abastecimiento sigue condicionada por el comercio exterior.

El petróleo concentra gran parte de los avances observados en la dimensión. Entre 2010 y 2023, su producción disminuyó de 6,101 a 4,449 PJ (-27 %), el consumo pasó de 2,867 a 2,022 PJ (-29 %) y las exportaciones descendieron de 3,168 a 2,423 PJ (-24 %). Esta evolución explica el desempeño favorable de los indicadores de producción y exportaciones, al reflejar una menor participación del petróleo dentro del balance energético nacional (SENER, 2025a).

El gas natural, en contraste, continúa consolidándose como el principal combustible fósil del sistema energético. Su consumo se mantuvo elevado durante todo el periodo (entre 2,200 y 2,800 PJ), mientras que las importaciones aumentaron de 579 PJ en 2010 a más de 2,100 PJ en 2023. El Balance Nacional de Energía identifica además al gas seco como el energético con el mayor déficit de la balanza comercial (−2,569 PJ), lo que explica la baja calificación de los indicadores asociados a las importaciones. Esta evolución responde al papel estratégico del gas natural en la generación eléctrica mediante ciclos combinados, así como en diversos procesos industriales, donde continúa siendo el principal combustible de respaldo (SENER, 2025a).

El carbón mineral presenta una disminución sostenida tanto en producción como en consumo, manteniendo una participación cada vez menor dentro del sistema energético. Aunque esta tendencia contribuye a mejorar el desempeño general de la dimensión, su incidencia es menor debido a que su utilización se concentra en la generación termoeléctrica y algunos procesos industriales específicos (SENER, 2025a).

En conjunto, la evidencia muestra que la transición fósil en México responde principalmente a una sustitución entre combustibles fósiles, donde el petróleo y el carbón reducen gradualmente su participación mientras el gas natural fortalece su papel dentro del sistema energético. Esta dinámica explica que los mayores retos para mejorar el desempeño de la dimensión no se concentren en el consumo o la producción, sino en disminuir la dependencia de las importaciones de gas natural y avanzar en la sustitución de combustibles fósiles en los sectores de transporte, industria y generación eléctrica.

Comportamiento interanual: El desempeño interanual confirma que los avances recientes en la salida de combustibles fósiles se concentran en el consumo, mientras la estructura de producción y comercio exterior permanece prácticamente sin cambios. De acuerdo con la Tabla 3, el indicador de consumo alcanza 88/100, en contraste con la producción (1/100), las exportaciones (1/100) y las importaciones (0/100), que muestran variaciones mínimas respecto al año anterior. Este comportamiento es consistente con la evolución de la balanza comercial, donde las importaciones disminuyeron respecto al máximo registrado en 2022 (74,114 MUSD), pero el déficit continúa debido a la dependencia del gas natural importado. En consecuencia, los cambios observados durante el último año responden principalmente a ajustes en el consumo, sin modificar la estructura de dependencia fósil del sistema energético mexicano.

La evolución del consumo y la producción por energético en México refleja una sustitución progresiva del petróleo por gas natural. El Balance Nacional de Energía (BNE) 2024 documenta la reducción del consumo de petrolíferos y el crecimiento del gas natural, asociado a la expansión de centrales de ciclo combinado y a cambios en la estructura del consumo final (SENER, 2025a). El PLADESE 2025–2039 reconoce al gas natural como un energético de transición, para garantizar confiabilidad y respaldar la integración de energías renovables, lo que consolida su papel en la matriz eléctrica (DOF, 2025). Esta dinámica se da en un contexto de declive en la producción petrolera nacional, lo que incrementa la dependencia de importaciones, particularmente de gas natural.

Esta dinámica ha derivado en un déficit creciente en la balanza comercial energética, particularmente en términos de gas natural. El Balance Nacional de Energía documenta este proceso al mostrar el aumento de importaciones y la caída relativa de exportaciones, evidenciando una mayor dependencia externa del sistema energético mexicano (SENER, 2025a).

El anuncio en abril de 2026, (Gobierno de México, 2026) sobre la posible reactivación del fracking (fracturación hidráulica) en México responde a la necesidad de reducir la dependencia de importaciones de gas natural, en un contexto donde este energético se ha consolidado como eje del sistema eléctrico. Esta medida busca fortalecer la seguridad energética mediante el aprovechamiento de recursos no convencionales. No obstante, genera preocupaciones por sus impactos ambientales, especialmente en el uso intensivo de agua y riesgos de contaminación. El debate refleja la tensión entre autosuficiencia energética y sostenibilidad ambiental en la política energética nacional.

Las Gráficas muestran la evolución de los subsidios a los combustibles fósiles en México y la magnitud de sus variaciones anuales durante el periodo analizado. En conjunto, permiten identificar que la política de subsidios en México se concentra principalmente en el consumo de derivados del petróleo y responde a mecanismos de estabilización de precios, más que a una trayectoria sostenida de eliminación de apoyos a los combustibles fósiles.

Las gráficas muestran que los subsidios continúan orientados principalmente a la estabilización de precios y la seguridad energética, por lo que las señales económicas para reducir de manera estructural el uso de combustibles fósiles permanecen limitadas.

Tabla 4. Puntuación de la dimensión

Comportamiento tendencial: Los indicadores tendenciales presentan valores bajos tanto para el consumo (0.070) como para la producción (0.142. La carga fiscal de los subsidios al consumo aumentó de 0.28 % del PIB en 2020 a 1.19 % en 2022, para posteriormente reducirse a 0.48 % en 2024. De forma similar, los subsidios a la producción alcanzaron un máximo de 0.65 % del PIB en 2022 y disminuyeron hasta alrededor de 0.20 % del PIB en 2024. Por combustible, el petróleo concentró la mayor parte de la carga fiscal, con participaciones superiores al 80 % en los subsidios al consumo y al 90 % en los subsidios a la producción durante 2022, mientras que la electricidad representó entre 20 % y 40 % de los subsidios al consumo, el gas mantuvo participaciones inferiores al 10 % y el carbón fue marginal 

Comportamiento interanual. Durante el último año, los subsidios al consumo (0.679) y a la producción (0.687) registraron desempeños similares, reflejando ajustes recientes en ambos componentes. Sin embargo, éstos responden principalmente a cambios en los estímulos fiscales aplicados a los combustibles, por lo que no modifican la trayectoria de la dimensión. 

La evolución de los indicadores responde principalmente al diseño de la política de subsidios energéticos en México. En los combustibles fósiles, los apoyos se concentran en el consumo mediante estímulos fiscales al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), cuyo objetivo es amortiguar el efecto de la volatilidad de los precios internacionales y contener presiones inflacionarias (IMF, s.f.; SHCP, 2025). Esta orientación ha priorizado los subsidios al consumo sobre los destinados a la producción, tendencia que también refleja restricciones presupuestarias y ajustes en la política fiscal (OECD, 2025; SHCP, 2025). Como resultado, la reducción observada en los subsidios a la producción responde principalmente a una reasignación del esfuerzo fiscal, más que a una eliminación progresiva de los apoyos a los combustibles fósiles.

En el sector eléctrico, los subsidios presentan una lógica distinta. Se concentran principalmente en el sector doméstico mediante transferencias presupuestarias destinadas a mantener tarifas de bajo consumo y esquemas estacionales, respondiendo a objetivos de política social y protección del poder adquisitivo de los hogares (SHCP, 2024). En conjunto, la política de subsidios combina instrumentos de estabilización económica y redistribución social, más que una estrategia orientada a reducir de manera gradual los apoyos a los combustibles fósiles.

Este diseño refleja que los subsidios contribuyen a proteger a los consumidores frente a la volatilidad de los precios de la energía y a mantener la asequibilidad del servicio eléctrico; además, limitan la generación de señales económicas que incentiven la sustitución de combustibles fósiles por alternativas de menor intensidad de carbono. En este contexto, avanzar hacia una transición energética requerirá fortalecer la focalización y transparencia de los subsidios, de manera que sea posible reducir gradualmente los apoyos a los combustibles fósiles sin comprometer los objetivos de protección social y estabilidad económica (OECD, 2025; IMF, s.f.).

Las Gráficas muestran la evolución de las inversiones en transición energética por tipo de tecnología y sector, así como su comportamiento durante el periodo analizado. En conjunto, permiten identificar la distribución de los recursos entre infraestructura renovable, redes eléctricas y actividades vinculadas a combustibles fósiles, sugiriendo que la transición energética depende tanto de la expansión de tecnologías limpias como de la ejecución efectiva de las inversiones programadas (SENER, 2025a; IEA, 2025).

Se espera que la tendencia mostrada se fortalezca con la implementación de los proyectos incluidos en la planeación sectorial a 2035, donde se prevén inversiones de gran escala lideradas por el sector público. En el ámbito eléctrico, el PLADESE contempla la incorporación de 29,074 MW hacia 2030, con inversiones superiores a USD 22 mil millones en generación, además de recursos adicionales en transmisión y distribución. Por su parte, PEMEX proyecta entre USD 9 y 11 mil  millones de inversión en refinación y entre USD 6 y 7 mil millones  en petroquímica, lo que evidencia una asignación significativa de recursos a hidrocarburos.

Tabla 5. Puntuación de la dimensión

Comportamiento tendencial: : La evolución de largo plazo muestra una reasignación gradual de las inversiones hacia tecnologías compatibles con la transición energética, aunque con una trayectoria aún heterogénea entre sectores. Los indicadores tendenciales reflejan un desempeño reducido para las inversiones en energías renovables (0.04) y una participación significativamente mayor de las inversiones asociadas a hidrocarburos (0.51). Esta dinámica es consistente con la estrategia nacional de desarrollo energético, que combina la expansión de generación renovable, redes de transmisión y almacenamiento con inversiones destinadas a fortalecer la producción de hidrocarburos y la confiabilidad del sistema eléctrico (SENER, 2025a; CFE, 2025). En consecuencia, la tendencia observada muestra una transición gradual en la composición de las inversiones, más que una sustitución acelerada entre tecnologías.

Comportamiento interanual: : Durante el último año se observa un cambio favorable en la orientación de las inversiones hacia proyectos de transición energética. El indicador interanual para energías renovables alcanza 1.00, mientras que las inversiones en hidrocarburos registran 0.01, lo que refleja una mayor concentración de los recursos recientes en infraestructura de menor intensidad de carbono. Este comportamiento corresponde principalmente a la incorporación de nuevos proyectos de generación y redes eléctricas previstos en la planeación sectorial, por lo que aún será necesario consolidar su ejecución para modificar de forma sostenida la composición del sistema energético (CFE, 2025; SENER, 2025a).

La evolución de las inversiones en transición energética refleja la coexistencia de dos objetivos de política energética: acelerar la incorporación de infraestructura para energías limpias y, al mismo tiempo, fortalecer la seguridad energética mediante inversiones en hidrocarburos y en infraestructura estratégica. Esta combinación explica la calificación de la dimensión (33/100) y el contraste entre el comportamiento tendencial y el interanual.

Entre 2019 y 2024, la inversión en proyectos renovables pasó de USD 5,190 millones a USD 2,290 millones, con reducciones importantes en 2021 (USD 1,830 millones) y 2023 (USD 1,300 millones), seguidas de recuperaciones parciales. Esta evolución muestra que el principal desafío no radica únicamente en movilizar recursos, sino en mantener una trayectoria sostenida de ejecución. (IEA, 2025).

Por su parte, las inversiones en proyectos fósiles mantuvieron un comportamiento relativamente más estable, alcanzando un máximo cercano a USD 1,728 millones en 2021, lo que evidencia que la inversión en hidrocarburos ha mantenido una mayor continuidad durante el periodo analizado. (IEA, 2025).

La planeación sectorial muestra que existe una cartera de proyectos con capacidad para acelerar la transición energética. El PLADESE 2025-2039 contempla la incorporación de 29,074 MW de nueva capacidad hacia 2030, con inversiones superiores a USD 22 mil millones en generación y aproximadamente USD 6 mil millones destinados al fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución (DOF, 2025).

De manera complementaria, la convocatoria para esquemas de desarrollo mixto incorpora 6,500 MW adicionales de capacidad renovable —3,550 MW fotovoltaicos, 2,850 MW eólicos y 100 MW termosolares— mediante un esquema integrado por 54 % de participación de la CFE y 46 % de inversión privada, respaldado por contratos de compraventa de energía y mecanismos de financiamiento para facilitar la ejecución de los proyectos. (SENER, 2026).

Paralelamente, la estrategia energética nacional mantiene inversiones relevantes en hidrocarburos como parte de su objetivo de fortalecer la seguridad energética. (PEMEX, 2025). Para ello, PEMEX proyecta inversiones de entre USD 9 y 11 mil millones en refinación y entre USD 6 y 7 mil millones en petroquímica durante el periodo de planeación. (PEMEX, 2025).

Asimismo, el Programa de Expansión de la CFE 2025-2030 considera 58 proyectos, agrupados en 49 paquetes, que incorporan 2,702.9 km de nuevas líneas de transmisión, 10,530 MVA de capacidad de transformación y 5,038.1 MVAr de compensación reactiva para fortalecer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. (CFE, 2026).

En conjunto, la evidencia muestra que México ya dispone de una cartera de proyectos y de instrumentos de planeación con capacidad para impulsar la transición energética. (SENER, 2025a). El principal desafío consiste en transformar esa cartera en inversiones ejecutadas y en infraestructura operativa que incremente de manera sostenida la participación de tecnologías de bajas emisiones y reduzca progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles. (IEA, 2025).

Entre 2017 y 2024, los indicadores de continuidad del servicio eléctrico en México muestran una mejora sostenida en la calidad y confiabilidad del suministro. El Índice de Duración Promedio de Interrupción del Sistema (SAIDI) disminuyó de 29.264 horas en 2017 a 16.708 horas en 2024, equivalente a una reducción aproximada de 43 %, mientras que el Índice de Frecuencia Promedio de Interrupciones del Sistema (SAIFI) pasó de 0.575 a 0.375 interrupciones por usuario, una disminución cercana a 35 %. La tendencia refleja que los usuarios experimentaron menos interrupciones y de menor duración.

Los informes anuales de la CFE (CFE, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) asocian estas mejoras con programas de mantenimiento, expansión y modernización de infraestructura en transmisión y distribución, así como con el fortalecimiento operativo de las redes eléctricas. Entre las acciones reportadas destacan la construcción y ampliación de subestaciones, nuevas líneas de transmisión y distribución, modernización de medidores, automatización de redes y reforzamiento de sistemas de respuesta ante fallas y contingencias. Sin embargo, los informes también mencionan que la infraestructura eléctrica continúa expuesta a riesgos asociados a fenómenos climáticos extremos, particularmente huracanes, tormentas y frentes fríos, que generan afectaciones masivas a usuarios y daños relevantes en redes eléctricas.

Los resultados son consistentes con estudios recientes sobre pobreza energética y calidad del servicio eléctrico, los cuales identifican la continuidad del suministro como un componente relevante del bienestar energético de los hogares. Soriano-Hernández et al. (2022) señalan que la calidad y estabilidad del servicio influyen directamente en las condiciones de habitabilidad, conservación de alimentos, iluminación y funcionamiento de equipos esenciales.

Asimismo, investigaciones de Weiss et al. (2022) y Guzmán-Rosas et al. (2023) muestran que la confiabilidad del suministro adquiere mayor relevancia en regiones con altas temperaturas y creciente uso de sistemas de climatización residencial. En estos contextos, menores tiempos de interrupción pueden contribuir a mejorar las condiciones de confort térmico y reducir afectaciones asociadas a eventos prolongados de falla eléctrica.

El porcentaje de hogares que utilizan gas (1) aumentó de 83.9 % en 2018 a 86.6 % en 2024, equivalente a un incremento de 2.7 puntos porcentuales. El uso de leña o carbón disminuyó de 14.4 % a 11.2 %, una reducción de 3.2 % durante el mismo periodo. El uso de otros energéticos se mantuvo relativamente estable, oscilando entre 1.6 % y 1.9 %. 

La tendencia observada sugiere una mejora gradual en las condiciones de acceso energético residencial, complementada por programas públicos orientados a reducir el uso de biomasa tradicional. Entre estas acciones, destaca el Programa de Estufas Eficientes de leña para el Bienestar (SENER, 2025), enfocado en la sustitución de fogones tradicionales por tecnologías de cocción más eficientes en hogares rurales y comunidades con uso intensivo de leña, con el objetivo de disminuir exposición al humo intradomiciliario y mejorar las condiciones de bienestar energético.

(1)  Aunque el gas es clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un combustible de cocción limpia por sus menores impactos sobre la salud frente a la biomasa tradicional, no puede considerarse una tecnología limpia dentro de la transición energética debido a su origen fósil y sus emisiones asociadas.

Entre 2018 y 2025, México registró una mejora sostenida en la accesibilidad económica a la electricidad para hogares vinculados al salario mínimo. Durante este periodo, el salario mínimo general aumentó de $88 a $279 diarios, mientras que la cantidad de electricidad que puede adquirirse destinando el 10 % de ese ingreso pasó de 8 kWh a 17 kWh. Esto representa un incremento aproximado de 112 % en la capacidad adquisitiva energética de los hogares de menores ingresos.

La evolución más significativa ocurrió entre 2018 y 2023, cuando la tarifa promedio doméstica de bajo consumo se mantuvo cercana a 1 $/kWh y el indicador de accesibilidad aumentó de 8 a 15 kWh. Incluso después del ajuste tarifario observado en 2024 y 2025, el crecimiento salarial permitió mantener una trayectoria positiva, incrementando el indicador de 16 a 17 kWh.

Los resultados coinciden con estudios recientes sobre gasto energético en México. Labeaga et al. (2021) identifican que 25.8 % de los hogares destinan más del 10 % de sus ingresos al consumo energético doméstico. Por su parte, Soriano-Hernández et al. (2022) estiman que 36.7 % de los hogares presentan condiciones asociadas a pobreza energética, particularmente en estados con menores ingresos y viviendas con baja eficiencia térmica.

Estudios de Weiss et al. (2022) y Guzmán-Rosas et al. (2023) muestran que las viviendas con aislamiento térmico deficiente incrementan el consumo eléctrico destinado a enfriamiento, especialmente en regiones cálidas del norte del país. En estos casos, aun con mejoras salariales, el gasto eléctrico puede aumentar debido a mayores necesidades de climatización.

En resumen, los incrementos salariales recientes han contribuido a mejorar la asequibilidad del consumo eléctrico básico; sin embargo, los datos también indican que la reducción de la pobreza energética requiere medidas complementarias orientadas a eficiencia energética, calidad de vivienda, acceso a tecnologías eficientes y mecanismos de protección frente a incrementos tarifarios.

La literatura especializada identifica al menos 267 proyectos con algún tipo de conflictividad socioambiental en México y 25 casos en América relacionados con minerales para la transición energética (Hernández-Cedeño et al., 2021; Walter et al., 2023). Los conflictos se concentran en regiones como el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y zonas mineras del norte del país (Portador García & Solórzano Tello, 2024; Torres, 2025). Entre las principales causas destacan mecanismos de consulta insuficientes, impactos sobre agua y biodiversidad, y distribución desigual de beneficios (Zárate-Toledo et al., 2021). Hernández-Cedeño et al. (2021) estiman que esta conflictividad puede reducir entre 10 % y 39 % la probabilidad de éxito de los proyectos energéticos. A futuro, la expansión de infraestructura energética podría incrementar riesgos sociales y ambientales en territorios vulnerables; sin embargo, instrumentos como la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE) y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) representan oportunidades para fortalecer procesos de participación, mitigación y seguimiento de impactos.  

México cuenta con un conjunto amplio de mecanismos de participación pública en materia ambiental, climática y energética que abarcan distintas etapas del ciclo de política pública y de los proyectos, desde procesos de planeación territorial y consulta climática hasta mecanismos de evaluación ambiental, participación comunitaria y acceso a la justicia.

Los mecanismos preventivos (ex ante), como el ordenamiento ecológico participativo y la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), representan oportunidades relevantes para identificar riesgos sociales y ambientales antes de la ejecución de proyectos. En particular, la MISSE incorpora procesos de evaluación social y consulta en proyectos energéticos, lo que puede contribuir a reducir conflictividad y mejorar la aceptación territorial. De forma complementaria, los instrumentos de política climática y los consejos consultivos permiten incorporar perspectivas de actores sociales, académicos y comunitarios en procesos de planeación nacional.

Sin embargo, varios mecanismos mantienen un carácter consultivo o parcialmente vinculante, lo que limita su capacidad de incidencia efectiva en decisiones finales. Asimismo, algunos instrumentos, como la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), suelen implementarse cuando los proyectos ya se encuentran definidos técnica y financieramente, reduciendo el margen para ajustes sustantivos y aumentando el riesgo de judicialización o retrasos.

Los mecanismos con mayor fortaleza jurídica corresponden al acceso a la información y al acceso a la justicia, incluyendo plataformas de transparencia, denuncias ambientales y juicios de amparo. Estos instrumentos funcionan como salvaguardas institucionales, aunque generalmente operan de manera reactiva.

En resumen, el marco mexicano cuenta con una base institucional relevante para fortalecer la gobernanza ambiental y energética. Sin embargo, persisten oportunidades para mejorar la articulación entre instrumentos sociales y ambientales, ampliar la participación temprana y fortalecer la implementación efectiva de mecanismos preventivos, particularmente en regiones con alta sensibilidad social y ambiental.

El marco legal mexicano en materia ambiental, social y energética incorpora diversos instrumentos de evaluación, consulta y autorización aplicables al desarrollo de proyectos de infraestructura y energía. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), respaldada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (SEMARNAT, 1988), tiene como objetivo identificar, prevenir y mitigar impactos sobre aire, agua, biodiversidad y ecosistemas antes de la ejecución de los proyectos. El procedimiento incorpora mecanismos de consulta pública y reuniones informativas que buscan fortalecer la transparencia y la participación ciudadana.

En el sector energético, la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético (MISSE), prevista en la Ley del Sector Eléctrico (DOF, 2025a), tiene como objetivo evaluar impactos sociales y comunitarios asociados a proyectos energéticos. Este instrumento incorpora procesos de consulta social estructurada y medidas de mitigación orientadas a reducir riesgos de conflictividad territorial y social, particularmente en comunidades potencialmente afectadas.

El Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF), regulado por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (DOF, 2024), autoriza o condiciona la remoción de vegetación forestal para proyectos de infraestructura y energía. Aunque su enfoque es predominantemente técnico y administrativo, constituye un mecanismo para la protección de ecosistemas y recursos forestales.

México también cuenta con la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas que tiene fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Finalmente, los permisos regulatorios energéticos previstos en la Ley del Sector Eléctrico (DOF, 2025a) y su reglamento (DOF, 2025b) autorizan actividades como generación, autoconsumo e interconexión. Aunque tienen un carácter principalmente técnico, forman parte del entramado institucional que define la viabilidad legal de los proyectos energéticos. En el caso de los proyectos de generación sujetos a permiso, la obtención de la autorización correspondiente requiere, además del aspecto técnico, la evaluación previa de la MISSE, la cual incluye consideraciones sociales para su implementación y aceptación territorial

Estos instrumentos ofrecen oportunidades para fortalecer la articulación entre mecanismos sociales y ambientales, ampliar la incidencia de los procesos de consulta y consolidar la implementación de mecanismos preventivos en territorios con alta sensibilidad socioambiental.  

De acuerdo con estimaciones de International Renewable Energy Agency (IRENA, 2026), el empleo en energías renovables en México disminuyó de 111,268 puestos en 2020 a 78,521 en 2024, equivalente a una reducción acumulada aproximada de 29.4 %. La mayor caída ocurrió entre 2020 y 2021, cuando el empleo total se redujo cerca de 26 %, reflejando una desaceleración en el desarrollo de nuevos proyectos renovables.

La energía solar fotovoltaica se mantuvo como la principal fuente de empleo renovable, aunque pasó de 34,490 empleos en 2020 a 23,700 en 2024 (-31 %). La energía eólica presentó la mayor contracción, al reducirse de 26,000 a 5,900 empleos (-77 %). En contraste, la hidroelectricidad aumentó de 17,328 a 20,131 empleos (+16 %), mientras que la geotermia y la biomasa sólida permanecieron estables. La tendencia refleja una alta sensibilidad del empleo renovable al ritmo de inversión y expansión de proyectos.

Entre 2010 y 2025, el empleo asociado a actividades fósiles en México mostró una tendencia general de disminución, pasando de 156,131 empleos en 2010 a 128,509 en 2025, equivalente a una reducción acumulada cercana a 17.7 %. El nivel más alto de la serie se registró en 2013, con 162,441 empleos, mientras que el valor mínimo se observó en 2022, con 123,380 puestos de trabajo (INEGI, 2026; PEMEX, 2026).

La reducción del empleo fósil está asociada no sólo a menor actividad laboral directa, sino también a presiones financieras, pasivos laborales, obligaciones pensionarias, modernización operativa, riesgos ambientales y riesgos de transición energética. Pemex reconoce exposición a riesgos climáticos, posibles mayores costos regulatorios y presión por descarbonización, factores que pueden afectar inversión, operación y empleo futuro(PEMEX, 2026).

La información sugiere la necesidad de fortalecer políticas de transición justa orientadas a reconversión laboral, capacitación técnica y diversificación económica en territorios dependientes de actividades fósiles.

De acuerdo con (Jiménez Torres et al, 2026), la pobreza energética en el sureste de México está asociada con bajos ingresos, viviendas precarias y alta exposición climática; el estudio identifica que más de 65% de los municipios presenta alta vulnerabilidad energética y que más de 70% del territorio requiere enfriamiento significativo. (Hernandez & Patino-Echeverri, 2022) señalan que los hogares de mayores ingresos concentran una proporción importante de los subsidios eléctricos, mientras que los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos al pago de electricidad. Asimismo, (Rosas Flores et al, 2024) indican que la eliminación de subsidios energéticos tendría efectos regresivos sobre hogares vulnerables, aunque mecanismos compensatorios podrían mitigar dichos impactos. En Oaxaca, (Martínez Mendoza et al, 2025) identifican que sólo 7.2% de los hogares supera el umbral del 10% del ingreso destinado a energía, aunque persisten limitaciones relevantes de confort térmico y alta dependencia de leña en zonas rurales; mientras (Adli et al, 2024) estiman que entre 4.9 y 7.2 millones de hogares requieren aire acondicionado pero no cuentan con él, principalmente en regiones tropicales y en hogares de bajo nivel socioeconómico.

Por su parte, los análisis sobre vivienda y consumo energético sugieren que las condiciones constructivas y la baja eficiencia energética incrementan significativamente la vulnerabilidad de los hogares, particularmente en contextos climáticos extremos (Alba Gómez & Rogel Villalba, 2024). Asimismo, (Soriano-Hernández et al, 2022) identifican que la pobreza energética combina restricciones de acceso y asequibilidad, afectando aproximadamente al 61% de los hogares mexicanos. Por su parte, (Labeaga et al, 2021) estiman que alrededor del 25.8% de los hogares destina más del 10% de su ingreso a energía. En una dimensión estructural, (Guzmán-Rosas, 2022) muestra que la población indígena enfrenta mayores niveles de pobreza y esfuerzo energético, pese a que la cobertura eléctrica nacional supera el 98%. Complementariamente, (Weiss et al, 2024) demuestran que la regulación de calidad redujo significativamente los indicadores SAIDI y SAIFI en América Latina. Además, (Ferrall et al, 2022) señalan que las métricas tradicionales de confiabilidad son insuficientes, ya que las interrupciones económicas pueden multiplicar hasta por cuatro la falta de confiabilidad experimentada por los hogares.

Los conflictos socioambientales en proyectos energéticos no son eventos aislados, sino el resultado de la interacción entre modelos de desarrollo, marcos regulatorios y relaciones de poder asimétricas entre el Estado, las empresas y las comunidades (Hernández-Cedeño et al., 2021; Olmedo Neri, 2021). En México se han documentado al menos 267 proyectos con algún tipo de conflictividad, así como 25 casos en América vinculados a minerales para la transición energética (Hernández-Cedeño et al., 2021; Walter et al., 2023). Estos conflictos tienden a concentrarse en regiones con alta riqueza de recursos naturales y presencia de pueblos indígenas, como el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán y zonas mineras del norte de México (Portador García & Solórzano Tello, 2024; Torres, 2025).

Las causas estructurales son consistentes en la literatura e incluyen la falta de consulta efectiva y participación informada, los impactos ambientales, especialmente sobre el agua y la biodiversidad, la distribución desigual de beneficios y la reconfiguración del territorio para fines productivos o energéticos (Hernández-Cedeño et al., 2021; Zárate-Toledo et al., 2021). Diversos estudios advierten que los proyectos de transición energética pueden reproducir dinámicas extractivas, al priorizar la rentabilidad económica sobre los derechos territoriales y ambientales (Alonso Serna, 2022; Walter et al., 2023).

En términos de impactos, se documentan procesos de deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y degradación de ecosistemas, así como desplazamiento, fragmentación comunitaria y afectaciones a medios de vida tradicionales y prácticas culturales (Torres, 2025; Portador García & Solórzano Tello, 2024). Esta conflictividad incide directamente en la viabilidad de los proyectos energéticos, reduciendo su probabilidad de éxito entre un 10% y un 39%, lo que posiciona el riesgo social como un factor crítico en la planeación energética (Hernández-Cedeño et al., 2021).

En este contexto, el marco legal vigente en México integra instrumentos para prevenir y gestionar conflictos socioambientales en proyectos energéticos. La Ley del Sector Eléctrico (DOF, 2025a) y su reglamento (DOF, 2025b), establecen la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), que permite identificar y mitigar impactos sociales desde etapas tempranas, incorporando participación comunitaria (arts. 50 y 54). Complementariamente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (SEMARNAT, 1988) regula la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para evaluar y mitigar riesgos ambientales (arts. 28–35). La articulación de ambos instrumentos fortalece la transparencia, la participación informada y la gestión adaptativa, reduciendo conflictos; sin embargo, su efectividad depende de su adecuada implementación y coordinación institucional.