México

De acuerdo con la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (Estrategia), para el año 2024, se mantiene la meta establecida en la Ley de Transición Energética: alcanzar una participación mínima de 35% de energías limpias en la generación eléctrica total. Esta meta incluye tanto tecnologías renovables (como solar, eólica, hidráulica y geotérmica) como otras formas de generación limpia reconocidas por la normatividad nacional. Desde IDEA se modeló el Escenario no Condicionado a 2030 en el que se aspira llegar a una capacidad instalada de 75 GW a 2030, lo que equivale a un aumento de más del doble de la capacidad instalada en el  2023. 

Finalmente, para el año 2050, se plantea como objetivo alcanzar al menos el 50% de participación de energías limpias en la generación eléctrica total. Esta meta de largo plazo está en consonancia con los esfuerzos globales por descarbonizar los sistemas energéticos y transitar hacia economías bajas en emisiones. Su cumplimiento dependerá de diversos factores, incluyendo el ritmo de inversión pública y privada, el fortalecimiento de redes eléctricas, el desarrollo tecnológico y la implementación de políticas de transición energética justas e inclusivas.

• Comportamiento tendencial (1)

La serie de capacidad instalada en México entre 2020 y 2023 muestra un crecimiento continuo. Durante este período, la capacidad aumentó de 27,13 GW a 31,89 GW, reflejando un incremento sostenido. El impulso a las energías renovables en México se ha fortalecido con un marco de políticas públicas, como la Reforma Energética de 2013 que abrió el mercado eléctrico a nuevos participantes, permitió el acceso abierto a redes de transmisión y distribución, y estableció mecanismos como las subastas de largo plazo para contratación de energías limpias. Posteriormente, la Ley de Transición Energética de 2015 fijó metas específicas de participación de energías limpias en la matriz eléctrica nacional, fortaleciendo el marco normativo para el impulso de tecnologías renovables. Durante los siguientes años, estos instrumentos permitieron un crecimiento importante en la instalación de proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos. Sin embargo, a partir de 2019, cambios en la orientación de la política energética priorizaron el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un enfoque basado en el uso de gas natural, lo que limitó el ritmo de expansión de nuevas plantas renovables.

• Comportamiento interanual (1)

Entre 2020 y 2021, México registró un incremento de aproximadamente 1,81 GW en su capacidad instalada. Durante 2022, el crecimiento se redujo, con 1,2 GW respecto al año anterior. Para 2023, se observa un incremento de casi 1.8 GW, alcanzando los 31,89 GW. Estos datos indican un ritmo de expansión relativamente constante y positiva para la transición energética entre el período 2020-2023.  A pesar del avance, el crecimiento de nuevas capacidades ha sido moderado en los últimos dos años, con un promedio de incremento de 5,24%, debido principalmente a cambios en la política energética y en los mecanismos de inversión.

• Comparación contra la meta de referencia (1)

El crecimiento es consistente al contrastarlo de manera general con el índice de entrada de energías renovables, se observa que el ritmo de expansión ha sido superior a la meta de referencia del Escenario No Condicionado.

Entre 2020 y 2023, México ha mantenido un crecimiento sostenido en la capacidad instalada de energías renovables, aunque con un ritmo moderado. Esta tendencia refleja una expansión positiva, pero con riesgo de que en los próximos años esté por debajo del potencial del país y de lo necesario para cumplir con las metas de transición energética. A pesar de ciertas fluctuaciones interanuales, el avance ha sido constante, con un promedio de crecimiento que indica estabilidad, aunque limitada por factores estructurales.

El marco normativo que impulsó este desarrollo se consolidó en la década pasada con reformas como la Reforma Energética de 2013 y la Ley de Transición Energética de 2015, las cuales facilitaron la inversión privada, el acceso a redes y establecieron metas claras de participación de energías limpias. Gracias a estos instrumentos, México experimentó un auge en proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos.

No obstante, desde 2019, un cambio en la orientación de la política energética ha puesto énfasis en fortalecer el rol de la Comisión Federal de Electricidad y en priorizar el uso de gas natural. Este giro ha ralentizado el ritmo de incorporación de nuevas plantas renovables y ha generado incertidumbre en el sector, principalmente por la centralización de decisiones y la reducción de oportunidades para la inversión privada.

En comparación con escenarios internacionales de referencia, el ritmo de crecimiento en este periodo ha sido relativamente favorable. Sin embargo, alcanzar metas como una participación del 35% de energías limpias en el corto plazo enfrenta serios riesgos si no se acelera la instalación de nueva capacidad y no se optimiza el despacho de estas tecnologías en el sistema eléctrico nacional.

El nuevo marco legal reconoce estos desafíos y plantea oportunidades al hacer obligatorias las metas de renovables y mejorar la planeación del sector. Sin embargo, su éxito dependerá de su implementación efectiva, de la capacidad de modernización de la CFE y de la creación de condiciones regulatorias claras y atractivas para la inversión.

A nivel global, la meta establecida en el primer Balance Mundial (GST) es duplicar la tasa media anual de mejora en eficiencia energética para 2030. lo que contribuiría significativamente a la mitigación del cambio climático. Adicionalmente, el  Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (PROURE) menciona que la meta es  reducir la intensidad energética del país de 2.23 (TJ/MM$) en 2019 a 1.60 (TJ/MM$) a 2030. 

En México, la meta nacional de eficiencia energética en términos de intensidad de consumo final es de 2.2%  al 2035  y de 2.5% a 2050 (SENER, 2024); sin embargo, existe un  estancamiento en 2020 y un incremento observado en 2021 (promedio anual de +0.5%) que implica un retroceso neto. Esta desviación en los objetivos de eficiencia energética es atribuible principalmente a las alteraciones provocadas por la pandemia, que modificaron las dinámicas sociales, el comportamiento del sector transporte y la actividad de los sectores productivos, tanto por los efectos económicos como por las restricciones del confinamiento.

La Secretaría de Energía actualizó las metas mediante el escenario de Transición Energética Soberana (TES 2.0), estableciendo una reducción anual de 2.9% en la intensidad energética de consumo final para el periodo 2022–2036. Esta meta considera los retos estructurales existentes y las oportunidades técnicas que permitirían desvincular el crecimiento económico del consumo energético. Se estima un potencial técnico de ahorro energético del 31.2% hacia 2036, con una participación predominante de los sectores transporte e industrial, que en conjunto podrían aportar hasta el 84% del ahorro proyectado. Para lograr estos objetivos, se identifican obstáculos como la carencia de un marco legal vinculante, la insuficiencia de financiamiento, la limitada disponibilidad de información estadística y la interrupción de programas como el PETE 2019–2024.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 0)

De acuerdo con el Banco Mundial, el índice de intensidad energética de México ha oscilado entre 3.7 y 2.9 las últimas dos décadas, con un aumento de intensidad energética en la primera década (2000-2010) que puede deberse al ciclo de crecimiento económico e industrialización dependiente de los combustibles fósiles como fuente de energía, así como a pocas inversiones en infraestructura energética que fuese a la par del crecimiento de demanda de energía para la industria y el transporte [explicar]. Con respecto a la tendencia entre 2010 y 2022, se observa una ligera disminución, con un pico de aumento en la intensidad energética en el 2020 y 2021 que puede estar relacionado con los efectos de la pandemia COVID-19 en el cambio de uso de energía en entre sectores residencial e industrial.

De esta forma, la intensidad energética México se ha mantenido constante entre el periodo 2019-2022, aumentando de 2.97 MJ/PIB a 3,00 MJ/PIB. Las ligeras fluctuaciones se encuentran asociadas a la falta de inversión en infraestructura eficiente y a un modelo económico intensivo en energía fósil. Aunque sectores como el industrial, comercial y agropecuario lograron algunas reducciones en su intensidad, el aumento en el sector transporte, uno de los mayores consumidores, ha limitado el desempeño agregado.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 0)

Para el comparativo entre los dos últimos periodos (2021-2022) se evidencia que el índice de mejoras efectivas en EE se redujo, pasando de 1,7% en 2021 a -0.3% en 2022, reflejando un comportamiento negativo para la transición energética. Entre los factores que limitan el avance se encuentran la alta dependencia de combustibles fósiles, la necesidad de mayores inversiones en infraestructura eficiente, la falta de incentivos regulatorios y de políticas específicas en sectores clave, así como la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación periódica.

• Comparación contra la meta global (Puntaje: 0) 

Al contrastar los avances mencionados previamente con la meta de duplicar la tasa anual promedio de mejora en eficiencia energética, resulta evidente que aún es necesario acelerar el ritmo de reducción de la intensidad energética, para lograr un aumento anual sostenido del 4%, a partir del 1,7% del 2019 y el -0.3% logrado en 2022. Esto indica medidas insuficientes para alcanzar las metas establecidas tanto nacionales como globales.

La eficiencia energética en México enfrenta importantes desafíos para cumplir con las metas establecidas hacia 2035 y 2050. A pesar de ciertos avances normativos, los resultados recientes muestran un progreso limitado, con un estancamiento en la mejora del desempeño energético. La intensidad energética se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, reflejando una fuerte dependencia del uso de combustibles fósiles y una insuficiente inversión en infraestructura eficiente, especialmente en sectores como el transporte, que concentra una parte significativa del consumo energético.

El nuevo marco legal aprobado en 2025 representa una oportunidad para revertir esta tendencia, al hacer obligatoria la planeación energética e integrar la eficiencia como eje prioritario de la política nacional. No obstante, alcanzar las metas planteadas requerirá acelerar la implementación de tecnologías más eficientes, ampliar el financiamiento disponible y diseñar políticas sectoriales más específicas. También será clave mejorar la calidad de los datos y los sistemas de seguimiento para evaluar avances de forma precisa y oportuna.

A nivel internacional, México aún se encuentra por debajo de los niveles deseables en materia de eficiencia energética, y el rezago observado hace evidente la necesidad de incrementar el ritmo de mejora. Cumplir con los compromisos nacionales e internacionales demandará una estrategia más ambiciosa, que combine planificación, inversión y regulación, y que reduzca progresivamente la intensidad energética de sectores clave sin depender exclusivamente del crecimiento económico ligado a fuentes fósiles.

El Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés) plantea como meta acelerar la eliminación del uso de carbón en generación eléctrica cuando este no cuente con tecnologías de captura de emisiones, junto con un llamado general a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles. 

En la COP 26 México respaldó de manera general el “Glasgow Climate Pact“, pero sin asumir compromisos adicionales o metas nacionales específicas sobre carbón. México no firmó los acuerdos adicionales de la “Powering Past Coal Alliance” ni los compromisos específicos de eliminación acelerada del carbón. Por tanto,  a la fecha, no existen metas nacionales oficiales,

• Comportamiento tendencial (0.75)

Entre 2012 y 2023, México registró una reducción tanto en la producción como en el consumo de combustibles fósiles, aunque la producción se mantuvo por encima del consumo, siendo la producción mayor al consumo. El aumento de la producción en este periodo es de 1.923 PJ, por otra parte, el consumo se redujo a 1.233 PJ. A pesar de un aumento neto en la producción de energía primaria en este periodo, la producción de petróleo crudo mostró una tendencia descendente, pasando de 2.5 a 1.7 millones de barriles diarios, debido al agotamiento de campos maduros y a restricciones en la inversión para nuevos desarrollos. Según la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2023–2037, se anticipa una recuperación moderada de la producción hacia 2037, impulsada por mejoras en campos terrestres y en aguas someras, con un papel central de PEMEX.

En paralelo, las reservas de hidrocarburos también han disminuido. Las reservas probadas (1P) de petróleo crudo equivalente se situaron en 6,253 millones de barriles al cierre de 2022. Aunque reflejan cierta estabilidad respecto al año anterior, representan una contracción considerable frente a los niveles observados una década atrás. En gas natural (SENER 2023), las reservas probadas (1P) sumaron alrededor de 8.5 billones de pies cúbicos (Tcf) en 2022, mostrando un comportamiento similar: una disminución gradual por la falta de descubrimientos significativos. Se espera que la producción de petrolíferos aumente con la expansión de la capacidad de refinación, apoyada en proyectos como la Refinería de Dos Bocas y la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR). Sin embargo, la producción nacional de gas natural ha caído de 5,676 MMpcd en 2012 a 4,085.8 MMpcd en 2022, y aunque se espera una recuperación parcial, no será suficiente para cubrir la demanda proyectada, consolidándose así una alta dependencia de las importaciones, principalmente desde Estados Unidos.

El consumo de petrolíferos en México alcanzó 1,327.9 mil barriles diarios en 2022, y se estima que crecerá a 1,382.1 mil barriles diarios hacia 2037, impulsado principalmente por el sector transporte, aunque con un ritmo moderado debido a la transición hacia vehículos más eficientes y la electrificación de parte del transporte público y privado. En cuanto al gas natural, su consumo nacional alcanzó alrededor de 6,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2022, concentrándose en el sector eléctrico que representó cerca del 60% de la demanda. Se prevé un crecimiento constante hasta alcanzar aproximadamente 7,500 MMpcd en 2037, impulsado por la expansión de la generación eléctrica a partir de ciclos combinados y el uso industrial.

El gráfico destaca el crecimiento que se produjo tanto en las exportaciones como en las importaciones entre 2020 y 2023. Por otro lado, se evidencia un aumento en la exportación con respecto a la importación a partir del 2019, alcanzando la mayor brecha en los años 2022 y 2023,

• Comportamiento interanual (0,63)

Respecto de las variación entre los últimos dos periodos analizados, las importaciones y exportaciones muestran una variación negativa, pasando de 74,114 MUSD y 38.934  MUSD en 2022, a 51,754 MUSD y 33.194 MUSD en 2023 respectivamente. Lo anterior significó un cambio significativo de las importaciones particularmente, que se redujeron en un 43,20% y las exportaciones un 17,29% . A pesar de lo anterior, la producción incrementó un 0,78% respecto del 2022. Por otra parte, el consumo se redujo -4,38% respecto al último año.

Durante el periodo 2011–2023, el comportamiento del sector energético fósil en México muestra avances parciales frente a las metas oficiales definidas por la Secretaría de Energía (SENER). La producción nacional de combustibles fósiles registró una caída sostenida hasta 2020, seguida por una ligera recuperación en años recientes. Este repunte está alineado con las proyecciones de SENER, que prevén alcanzar una producción de 1.98 millones de barriles diarios de petróleo crudo en 2024. Sin embargo, el ritmo de recuperación aún está por debajo del requerido para cumplir plenamente con dicha meta.

En contraste, el consumo de energía fósil se ha mantenido estable, sin reducciones significativas, lo cual limita el cumplimiento de los objetivos climáticos y de diversificación energética establecidos en los planes sectoriales. La demanda interna sigue fuertemente ligada a los combustibles fósiles, especialmente en el transporte y la generación eléctrica.

Las importaciones, particularmente de gasolinas, diésel y gas natural, crecieron de forma sostenida, alcanzando un máximo histórico en 2022. Este comportamiento contrasta con la meta de autosuficiencia energética planteada por el gobierno federal. Aunque la entrada en operación de la refinería Dos Bocas y otras rehabilitaciones buscan revertir esta tendencia, los resultados aún no son visibles en los datos observados hasta 2023. Por otro lado, las exportaciones de petróleo crudo han disminuido progresivamente, en concordancia con la política de priorizar el abasto al mercado interno. Este descenso es consistente con el objetivo de refinar más petróleo en México para reducir la dependencia de combustibles importados.

Existe una vulnerabilidad energética y México enfrenta el reto de sostener la seguridad energética nacional mientras se avanza hacia la transición energética. Para ello, es importante fortalecer la eficiencia energética, expandir la infraestructura de refinación y transporte, e impulsar con mayor determinación las fuentes renovables que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles importados.

El párrafo 28 del GST establece, a este respecto, la eliminación de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, que no abordan la pobreza energética ni las transiciones justas, tan pronto como sea posible. No existen metas oficiales, sin embargo México ha reconocido de manera general la necesidad de racionalizar o eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles en varios compromisos multilaterales, tales como:

• G20: México se adhirió al compromiso general del G20 de “eliminar subsidios ineficientes a combustibles fósiles a mediano plazo”, desde 2009.
• Acuerdo de París: México reconoce en su Contribución Nacional Determinada (NDC) la importancia de revisar incentivos que favorezcan combustibles fósiles.
• Glasgow Climate Pact (COP26): México firmó el pacto que llama a “reducir subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”, pero sin metas cuantificadas.

• Comportamiento tendencial (0,5)

Se percibe una tendencia decreciente en los subsidios al consumo, con una variación de la carga sobre el PIB de 0,28% al 0,06% del PIB en relacion al periodo 2020-2024. En relación a la producción, los subsidios a consumo han tendido a la alza entre el periodo 202-2024. Esto debido a que la mayoría de los subsidios a los combustibles fósiles se movilizan hacia el consumo, y es la tendencia que se ha mantenido de forma consistente desde 2010 hasta 2023.

Esto se debe a que, históricamente, los subsidios al consumo —como los otorgados a combustibles automotrices — han sido mucho más altos en monto y alcance que los subsidios a la producción de hidrocarburos. En particular, en México, los subsidios al consumo alcanzaron su punto máximo en 2012, representando alrededor del 1.6% del PIB (equivalente a 244 mil millones de pesos), mientras que los apoyos a la producción, como las transferencias directas o las exenciones fiscales a empresas productoras, fueron más acotados y focalizados. Además, los subsidios al consumo tienden a ser más visibles socialmente y políticamente sensibles, lo que históricamente ha dificultado su eliminación completa (Transforma 2025). Sin embargo, se ve un aumento en el 2021 que puede deberse a las medidas de emergencia implementadas para enfrentar el alza internacional de los precios energéticos tras la recuperación económica post-pandemia. En ese contexto, el gobierno mexicano reactivó subsidios al consumo mediante la expansión de los estímulos fiscales aplicados al IEPS de gasolinas y diésel, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario sobre los precios internos de los combustibles. Esta decisión respondió tanto a presiones económicas como sociales, ante el riesgo de que aumentos abruptos en los precios del transporte y los bienes de consumo afectan de manera directa a la población. Como resultado, aunque la tendencia general ha sido de reducción de subsidios, el año 2021 registró un repunte transitorio en el volumen de recursos destinados a subsidiar el consumo de combustibles fósiles (Transforma 2025).

• Comportamiento interanual (1)

Durante el periodo 2021-2023, se observan importantes variaciones en la carga fiscal asociada a los subsidios a los combustibles fósiles en México. En 2021, esta carga superó el 1,24% del PIB, Para la perspectiva general, se percibe una disminución en los subsidios dirigidos a producción como a consumo, respecto del PIB. Se resalta que la proporción de los subsidios dirigidos a consumo y producción se han equiparado para el año 2023, y en general suelen ser mayores los recursos dirigidos a subsidiar consumo que los dirigidos a producción.

En México, los subsidios a los combustibles fósiles han estado históricamente dominados por los destinados al consumo, particularmente a gasolinas y diésel, que han sido más altos y políticamente sensibles que los apoyos a la producción. Aunque se ha observado una tendencia general a reducir estos subsidios, eventos extraordinarios como la pandemia de COVID-19 y la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania provocaron repuntes temporales. En 2021, el gobierno mexicano reactivó subsidios al consumo mediante estímulos fiscales al IEPS para contener el alza de precios, y en 2022 el gasto alcanzó un nuevo pico debido al impacto internacional en los precios del petróleo. Estas medidas, aunque efectivas para evitar un mayor costo social, refuerzan la necesidad de diseñar mecanismos alternativos de respuesta a crisis que no dependan de subsidios generalizados.

Por otro lado, se ha comenzado a dar mayor peso a los subsidios a la producción en los análisis, valorando positivamente su disminución relativa al PIB. Una perspectiva favorable en este ámbito indica que, aunque los subsidios al consumo puedan mantenerse o fluctuar por razones coyunturales, la reducción de subsidios a la producción representa un avance estructural. A futuro, se espera que los países, incluido México, avancen hacia esquemas más sostenibles que desvinculen la estabilidad económica de los subsidios fósiles, estableciendo marcos fiscales y energéticos más resilientes ante choques de precios globales.

En México no existen metas oficiales en materia de pobreza energética, justicia climática o empleos. Sin embargo, entre los programas públicos más representativos destacan iniciativas de electrificación con energías renovables en comunidades sin conexión a la red. Desde 2017, el FSUE ha financiado la instalación de más de 10,000 sistemas fotovoltaicos domiciliarios en localidades rurales dispersas (SENER, 2017). De forma paralela, se han anunciado nuevas estrategias de cocinas limpias y subsidios para equipos eficientes, orientadas a reducir la dependencia de la leña. Esto cobra especial importancia considerando que, según la Agencia Internacional de Energía, alrededor del 15% de los hogares mexicanos todavía utiliza combustibles sólidos como leña o carbón para cocinar (IEA, 2023), lo cual representa un riesgo para la salud y un obstáculo para la equidad de género. Asimismo, el programa Sol del Norte, lanzado por la Secretaría de Energía (SENER) el 29 de marzo de 2025 (SENER, 2025), tiene por objetivo promover la justicia energética al instalar sistemas fotovoltaicos en los techos de viviendas de familias en situación de vulnerabilidad en Mexicali, Baja California. Esta iniciativa contempla una inversión de aproximadamente 200 millones de pesos para desplegar 5 500 paneles solares en hogares subsidiados bajo la Tarifa 1F, con estimaciones de ahorrar hasta un 70 % en su recibo de electricidad, mejorar el acceso a energía eléctrica durante períodos de alta demanda y reducir emisiones de dióxido de carbono (4 864 tCO₂/año) (Global Energy, 2025).

Por otro lado, el sector privado también ha comenzado a asumir un rol más activo en la agenda de justicia energética. Por ejemplo, el programa Luces de Esperanza de Iberdrola ha instalado sistemas solares en comunidades indígenas de Oaxaca y San Luis Potosí (Iberdrola, 2021), mientras que Oaxaca Brilla ha promovido la eficiencia energética en espacios públicos comunitarios (Iberdrola México, 2023).

El papel de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales ha sido igualmente fundamental. Diversas organizaciones han documentado la falta de consulta previa en megaproyectos renovables, especialmente en regiones como el Istmo de Tehuantepec, y han exigido procesos de planeación más participativos (AIDA, 2020). En respuesta, la reforma energética de marzo de 2025 contempla mecanismos de gobernanza más incluyentes y transparentes, que buscan garantizar que las comunidades no solo sean beneficiarias, sino también actores activos en la toma de decisiones que afectan sus territorios.

Un claro ejemplo de las actividades realizadas por la sociedad civil lo marca Iniciativa Climática de México (ICM), quien ha desempeñado un papel relevante en el impulso de una transición energética justa en el país, mediante el diseño de propuestas normativas, acompañamiento técnico a políticas públicas, generación de modelos comunitarios y fortalecimiento de capacidades institucionales. Entre sus principales iniciativas se encuentra el modelo Ejido Solar, que promueve proyectos fotovoltaicos en tierras comunales con participación directa de ejidos en la gobernanza y beneficios económicos, implementado en estados como Sonora, Guanajuato y Jalisco (ICM, 2023a; UK PACT, 2023). Asimismo, ICM/IDEA se encuentran colaborando con la Secretaría de Energía en la definición metodológica del programa piloto Techos Solares para el Bienestar, destinado a reducir la pobreza energética mediante sistemas solares domésticos en hogares de bajos ingresos, como en Mexicali, Baja California (ICM, 2023b). Además, la organización ha promovido espacios de diálogo multiactor, como el Encuentro Subnacional por una Transición Justa (ICM/IDEA 2024), y ha producido análisis sobre financiamiento climático y marcos legales, incluyendo lineamientos para orientar fondos públicos hacia soluciones energéticas incluyentes (Climate Transparency, 2024).

La pobreza energética es la situación en la que un hogar no dispone de energéticos modernos o carece de la capacidad económica para cubrir el costo que implica la satisfacción de servicios energéticos básicos. Esto se traduce en impactos sobre el bienestar de las personas, como falta de confort térmico, reducción de la renta disponible para otros bienes y servicios, malas condiciones de habitabilidad, riesgo de impago y desconexión, entre otros (CONUEE 2022).

El gasto en energía es también una carga en el presupuesto familiar: en 2016, aproximadamente el 10.6 % de los hogares destinaba más del 10 % de sus ingresos al servicio eléctrico, situación que marca otra vertiente de pobreza energética relacionada no con el acceso, sino con el estrés financiero asociado al costo operativo (CONUEE 2022). Esta situación es más aguda en regiones específicas, como la frontera norte, donde cerca del 18 % de los hogares atraviesa ese umbral de gasto energético.

Las consecuencias de esta pobreza no se limitan al ámbito económico. Viven preocupaciones de salud —en particular enfermedades respiratorias por el uso de leña—, inequidad de género —mujeres e infancias invierten más tiempo en obligaciones domésticas— y riesgos estructurales por mala infraestructura energética (CONUEE 2022).

Finalmente, el fenómeno presenta un patrón territorial: se agrava en hogares rurales y en estados con condiciones sociales desfavorables, aunque también es muy relevante en zonas urbanas, donde se estima que 4.5 millones de viviendas estarían en pobreza energética (≈ 16 % del total rural y ~27 % urbano) (CEPAL, 2014) . Esto demuestra que la pobreza energética no se resuelve únicamente con electrificar, sino que requiere enfoques multidimensionales —que incluyan calidad del hogar, acceso a aparatos eficientes, financiamiento, equidad de género y capacidad de pago.

Acceso a la electricidad 

Contexto y variables analizadas: El primer gráfico muestra la evolución del acceso a la electricidad de los hogares mexicanos entre 2016 y 2022 de forma nacional.

Análisis de tendencia:

• Global: El acceso a la electricidad a nivel nacional se ha mantenido de forma estable con un crecimiento del 0.1% desde 2016 a 2022. Este crecimiento está reflejando esfuerzos en la expansión de la infraestructura eléctrica y electrificación de zonas rurales. En especial, el Fondo de Servicio Universal Eléctrico (FSUE) tiene como objetivo mejorar el acceso a la electricidad en comunidades rurales y zonas marginadas de México. En 2022, se completaron 2,197 proyectos de electrificación, beneficiando a 204,966 habitantes en 29 estados, con una inversión de 2014.53 millones de pesos. Además, el Comité Técnico del FUSE aprobó 2.358 proyectos de electrificación para construirse en 2023, por una inversión de 1581.87 MDP, para beneficiar a 141.356 habitantes, de los cuales 1.673 proyectos corresponden al componente de Extensiones de Redes Generales de Distribución y 685 al componente de Instalación de Sistemas Aislado (CFE SSB 2023).

• En términos de justicia, el alto acceso a la electricidad (de 99.5% a 99.6% a nivel nacional) tiene implicaciones positivas en el desarrollo económico y social, reflejando un aumento en las políticas de las estrategias de CFE Suministrador de Servicios Básicos que mantienen alineación con el Plan Nacional de Desarrollo, En el marco de la nueva legislación en materia energética, los instrumentos de planeación del sector eléctrico, como la Estrategia Nacional de Transición Energética (SENER 2025), se convierten en el eje principal de la política energética a mediano y largo plazo, volviéndose vinculantes. Incorporan metas de justicia energética, energías limpias y renovables, eficiencia energética, reducción de la pobreza energética, electrificación y disminución de emisiones, todo esto alineado con compromisos internacionales para reducir gases de efecto invernadero. Además, destacan la necesidad de actualizar la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) para cumplir con los objetivos de cambio climático.

Composición de los energéticos utilizados en la cocción de alimentos

Contexto y variables analizadas: El segundo gráfico muestra la evolución del acceso a métodos de cocción mediante distintos energéticos en los hogares mexicanos entre 2016 y 2022.. 

Según la organización mundial de la salud, los combustibles y tecnologías que se conocen como limpias están listadas y definidas en el siguiente artículo. De las variables analizadas podemos clasificar los combustibles y tecnologías de la tabla anterior de la siguiente forma: 

Análisis de tendencia

En este sentido, la penetración de los combustibles o tecnologías de cocción limpia ha crecido en los hogares mexicanos de un 83.9% en el 2016 hasta un 84.6% en 2022. Indicando una reducción de 0.5 puntos porcentuales en el uso de tecnologías de polución.

Si bien se evidencia que predomina el uso de tecnologías limpias, la leña sigue desempeñando un rol importante. Lo cual deriva en afectaciones para la salud ya que cuando se utilizan fuentes contaminantes para cocción o calefacción se aumenta la probabilidad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias (Calvo et al., 2021). 

El uso de la leña o carbón como combustible para la cocción de alimentos en México, está caracterizado por y se concentra en….estados como: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, lo que puede relacionarse con zonas rurales o indígenas donde hay acceso limitado a gas y electricidad (ENIHG 2022). Actualmente, el Gobierno Federal implementa el programa Estufas para el Bienestar que busca mejorar la calidad de vida en comunidades rurales e indígenas al sustituir los fogones tradicionales de leña por estufas ecológicas y eficientes. Estas estufas están diseñadas para reducir el consumo de leña, disminuir las emisiones contaminantes y mejorar la salud de las familias al reducir la exposición al humo tóxico. El programa tiene como objetivo instalar un millón de estufas en hogares de zonas prioritarias, comenzando con comunidades purépechas en Michoacán. Además, se enfoca en empoderar a las mujeres jefas de familia y fortalecer la economía local, ya que las estufas son fabricadas e instaladas por los mismos habitantes de las comunidades (SENER 2025).

En México, cerca del 12% de las viviendas utilizan leña para cocinar o calentar alimentos, pero el nivel de electrificación es muy alto en comparación con los valores globales, ya que 99.1% de los hogares dispone de electricidad. Algunos estudios estiman que 36.7% de los hogares en México sufre pobreza energética, lo que implica que aproximadamente 46.6 millones de mexicanos no tienen un acceso pleno a energéticos de calidad, ya sean combustibles o electricidad.  (CONUEE 2022). Si bien en México aún no existe un indicador que mida la pobreza energética, la reforma energética recientemente publicada, introduce el concepto de  Pobreza Energética (LESE y LPTE). Se trata de la situación en la que una vivienda no puede satisfacer sus necesidades energéticas. Además,  la planeación energética será ahora vinculante para todos los actores del sector, por lo que obliga a incorporar el principio de Justicia Energética en el diseño de programas y proyectos; y crea el Sistema Integrado de Información Energética, que permitirá mejorar la transparencia, el seguimiento y la focalización de políticas para cerrar brechas como la pobreza energética.

 Equidad del servicio eléctrico

Contexto y variables analizadas:

• La variable analizada en el tercer gráfico es el Índice de Asequibilidad del Servicio, que analiza la capacidad de compra de electricidad para los hogares que perciben un salario mínimo en México entre 2020 y 2024. 

Análisis de tendencia:

Entre 2020 y 2024, el crecimiento del salario mínimo en México superó significativamente el incremento en la tarifa promedio nacional de electricidad. Esta dinámica ha contribuido a mejorar la asequibilidad del servicio eléctrico para quienes perciben ingresos equivalentes al salario mínimo. Aunque el precio promedio por kWh aumentó durante el mismo periodo, el poder adquisitivo energético también mostró una tendencia positiva. El volumen de energía eléctrica que puede adquirirse destinando el 10 % del ingreso mensual pasó de 317 kWh en 2020 a 496 kWh en 2024, lo que representa un incremento del 56.7 %.

Estos datos sugieren que las políticas de incremento al salario mínimo han tenido un impacto favorable en el acceso económico a la energía, al menos en términos del costo relativo de la electricidad respecto al ingreso disponible. Esta mejora contribuye a reducir la carga financiera del consumo energético básico en los hogares con menores ingresos. La electricidad se ha vuelto más asequible para quienes perciben el salario mínimo, aunque este indicador no refleja la situación de personas en el sector informal o sin ingresos. La mejora en asequibilidad no elimina la pobreza energética, que también involucra calidad del servicio, infraestructura del hogar y acceso a tecnologías limpias. Por ello, este índice debe complementarse con otros enfoques para comprender plenamente las desigualdades en el acceso a la energía.

Calidad del servicio eléctrico

Contexto y variables analizadas:

El SAIDI (System Average Interruption Duration Index) y el SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) son indicadores utilizados en la industria eléctrica para evaluar la calidad del servicio. El primero mide la duración promedio de las interrupciones por cliente y el segundo la duración promedio de la frecuencia de las mismas. Un decrecimiento del SAIDI o SAIFI bajo sugieren una reducción de las interrupciones o frecuencia del servicio.

Análisis de tendencia: 

• De forma nacional, ambos índices se han reducido de forma considerable, en el caso del SAIDI decrece en un 41% para el 2023 en relación al 2016, y para el SAIFI un 44% para el 2023 en relación al 2016. Estas cifras, aunque son un número grueso, indican una mejora en la calidad del servicio. Lo cual, podría estar reflejando los esfuerzos de la empresa subsidiaria CFE Distribución para realizar proyectos y obras de inversión orientados al fortalecimiento de su infraestructura. Estas acciones responden tanto a metas de inversión como a criterios de solución técnica adecuados para cada caso. Entre los principales propósitos se encuentra mejorar la confiabilidad operativa de las RGD, así como optimizar su equipamiento técnico para asegurar un desempeño eficiente. Asimismo, se impulsa la incorporación y expansión de las Redes Eléctricas Inteligentes (REI) dentro de estas redes, lo que contribuye a una gestión más moderna y flexible del sistema eléctrico. Otro eje prioritario es incrementar la cobertura del servicio eléctrico en zonas atendidas por las RGD, además de satisfacer oportunamente la demanda incremental que se presenta como resultado del crecimiento poblacional y económico en las regiones donde operan (CFE Distribución 2024).

En México, a pesar de que la cobertura eléctrica alcanzó el 99.6% en 2022, una parte considerable de la población —alrededor del 36.7% de los hogares— se encuentra en situación de pobreza energética cuando se consideran factores más amplios que el acceso formal. Esta condición incluye dificultades para cubrir los costos del servicio sin afectar otros gastos básicos, así como el uso de tecnologías contaminantes en el hogar.

El acceso a tecnologías limpias para cocinar ha mostrado una mejora marginal en los últimos años, al pasar del 83.9% en 2016 al 84.6% en 2022. No obstante, el 12% de los hogares continúa utilizando leña o carbón, principalmente en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Estas prácticas están asociadas a riesgos para la salud y reflejan condiciones de desigualdad territorial y social.

En términos de asequibilidad, el poder adquisitivo de quienes perciben el salario mínimo ha mejorado. Entre 2020 y 2024, el volumen de energía eléctrica que puede adquirirse destinando el 10% del salario mínimo mensual aumentó de 317 a 496 kilowatt-hora, lo que representa un incremento del 56.7%. Esta evolución no necesariamente refleja la situación de personas sin ingreso fijo o del sector informal. De manera paralela, el porcentaje del ingreso familiar destinado a energía se mantuvo entre 3.3% y 3.7% entre 2018 y 2022, aunque existen regiones, como la frontera norte, donde hasta el 18% de los hogares destina más del 10% de su ingreso a este rubro.

Los indicadores de calidad del servicio eléctrico también registraron avances. Entre 2016 y 2023, la duración promedio de las interrupciones (SAIDI) disminuyó en un 41%, y la frecuencia (SAIFI) se redujo en un 44%. Estas cifras reflejan mejoras en la infraestructura de distribución y en la confiabilidad del suministro.

En conjunto, los resultados muestran avances en cobertura, asequibilidad y calidad del servicio, pero también señalan que la pobreza energética continúa como un problema estructural. La reforma energética de 2025 incorpora por primera vez este concepto en la legislación y establece que la planeación energética debe contemplar criterios de justicia social. 

  Conflictos socioambientales

Según una investigación sobre conflictos socioambientales en México, entre el 2006 y 2018, (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019) la minería aparece como la actividad que genera el mayor número de conflictos, con 374 eventos conflictivos asociados a 134 proyectos mineros. Le siguen en frecuencia los conflictos vinculados a la extracción de hidrocarburos (como campos petroleros y gasoductos), luego las instalaciones hidroeléctricas y, en menor medida, los desarrollos eólicos. En la mayoría de los casos reportados registrados, los conflictos relacionados con minería, hidrocarburos e hidroeléctricas están asociados a impactos ambientales. En contraste, en el caso de los proyectos eólicos, la principal causa de conflicto tiene que ver con disputas sobre el ordenamiento territorial. Además, en el sector minero también se reporta una alta incidencia de conflictos de carácter laboral.

Cabe destacar que, en los gasoductos, se informa el mayor número de hechos conflictivos por proyecto (casi 5 hechos conflictivos por proyecto), seguidos por las hidroeléctricas (3.8 por proyecto), las eólicas (3.3 por proyecto), las mineras (2.7 por proyecto) y, finalmente, los campos petroleros (casi 2 hechos por campo) (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019).

En términos de distribución geográfica, los estados que concentran la mayor cantidad de eventos violentos vinculados a la minería son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Zacatecas, Puebla, Coahuila, Sonora, Durango y Michoacán. En el caso de la extracción petrolera, la conflictividad se localiza principalmente en Tabasco, Chiapas y Veracruz. Respecto a los gasoductos, los tramos con mayor número de hechos violentos corresponden a las regiones de Puebla-Tlaxcala-Morelos, Sonora-Sinaloa y Chihuahua-Sinaloa. Por otro lado, los estados con más conflictos relacionados con proyectos hidroeléctricos son Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. Finalmente, los conflictos por desarrollos eólicos se concentran especialmente en Oaxaca y Yucatán (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019).

La base de datos de la investigación también recoge información sobre las acciones emprendidas por comunidades, gobiernos y empresas involucradas, así como el rol que desempeñan los mecanismos de participación —como la consulta previa, las consultas públicas y las asambleas ejidales o comunales— dentro de estos conflictos. Los datos recopilados muestran que, en contra de lo que comúnmente se afirma, las comunidades que se oponen a megaproyectos suelen recurrir principalmente a canales institucionales, como los juicios o los recursos de amparo. En cambio, aquellas que combinan estas vías con acciones no institucionalizadas —como la toma de instalaciones, oficinas públicas o privadas, o la retención de funcionarios— suelen buscar la negociación de beneficios. Por otro lado, son los actores gubernamentales, muchas veces en coordinación con las empresas, quienes aparecen con mayor frecuencia vinculados a prácticas informales o ilegales. También resalta el papel de los medios de comunicación como herramienta utilizada por las comunidades para hacer públicos sus reclamos: de los 669 eventos registrados que incluyen repertorios de acción comunitaria, en 336 casos (50.2%) se identificó el uso de medios periodísticos (Guarneros-Meza y Zaremberg, 2019).

Estos datos pueden complementarse con la información reportada por el Atlas de Justicia Ambiental que, en el caso de  México, documenta 217 conflictos socioambientales activos, de los cuales 32 están directamente relacionados con los combustibles fósiles y la justicia climática. Entre estos conflictos se destacan los relacionados a la exploración y explotación de petróleo: El ducto Puerta al Sureste y la terminal de LNG terminal in Coatzacoalcos, Veracruz; la Planta de licuefacción de gas de Sempra Energy en Ensenada, Baja California; la Refinería Dos Bocas, Tabasco, y el Megaproyecto energético Proyecto Integral Morelos (PIM). En el tema de energías renovables destacan el Parque Fotovoltaico Ticul A y B, Yucatán; el Parque Fotovoltaico Oxcum-Umán, Yucatán, y el Parque Fotovoltaico Yucatán Solar, Valladolid.

 Mecanismos de Participación

En vínculo con la sección anterior, una forma de dar solución a estos conflictos es por medio de los mecanismos de participación ciudadana. En México, la transición energética ha comenzado a incorporar mecanismos de participación local y consulta, especialmente en comunidades directamente afectadas por proyectos energéticos. Entre los más relevantes se encuentra la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, establecida en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, su aplicación enfrenta desafíos por la falta de claridad, accesibilidad y legitimidad de los procesos.

También destaca la Evaluación de Impacto Social (EvIS), obligatoria en proyectos como centrales eléctricas y gasoductos, que permite identificar afectaciones sociales y diseñar estrategias de atención. La EvIS es un instrumento que permite integrar la voz de las comunidades en el desarrollo de proyectos de infraestructura, al identificar y atender los posibles efectos sociales que estos pueden generar. A través de consultas, talleres y entrevistas, las y los ciudadanos pueden expresar sus preocupaciones, compartir información sobre su entorno y participar en la definición de medidas para mitigar impactos negativos. Esta participación se considera un mecanismo de participación ciudadana porque reconoce a las comunidades como actores activos en la toma de decisiones, promueve la transparencia y fortalece la legitimidad de los proyectos. Además, fomenta el diálogo entre sectores y contribuye a prevenir conflictos sociales, al asegurar que los proyectos se desarrollen con base en el respeto a los derechos y al contexto local. Adicionalmente, la Manifestación de Impacto Ambiental puede dar lugar a consultas públicas, especialmente en proyectos con alto impacto ambiental.

En México, la Secretaría de Energía (SENER) ha implementado diversos mecanismos de participación en proyectos energéticos, entre los que destacan las consultas previas a comunidades indígenas. 

Entre 2014 y 2017, se realizaron 14 consultas previas, involucrando a 83 comunidades en 11 estados. De las nueve consultas concluidas, ocho obtuvieron el consentimiento de las comunidades participantes. Estas consultas se llevaron a cabo en torno a diversos proyectos energéticos, incluyendo parques eólicos, hidroeléctricos, gasoductos y parques solares (Gobierno de México, 2018)

Asimismo, cabe resaltar también que el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) establece que la SENER es responsable de llevar a cabo consultas previas, libres e informadas con comunidades y pueblos indígenas cuando se desarrollen proyectos de infraestructura eléctrica que puedan afectar sus derechos o territorios. Este proceso busca garantizar la participación efectiva de estas comunidades en decisiones relacionadas con proyectos energéticos, respetando sus derechos y promoviendo un desarrollo inclusivo y sostenible (Mentado, 2020) En algunos casos, se han promovido mesas de diálogo comunitario o consejos ciudadanos en estados como Oaxaca o Baja California, lo que refleja un avance hacia una transición más participativa. No obstante, el reto sigue siendo garantizar procesos incluyentes, transparentes y culturalmente adecuados.

En México, diversos estudios han señalado que los conflictos socioambientales relacionados con proyectos energéticos suelen estar vinculados a impactos ambientales y territoriales, con una incidencia particular en regiones habitadas por pueblos indígenas y comunidades rurales. .  En este contexto, los mecanismos de participación adquieren relevancia, ya que las comunidades frecuentemente utilizan canales institucionales como el amparo o el litigio para manifestar su oposición. , En algunos casos, estas acciones se combinan con repertorios más disruptivos, como la toma de instalaciones. Esta dinámica revela tanto la capacidad de agencia de las comunidades como las limitaciones del Estado para garantizar mecanismos efectivos y legítimos de participación.

Si bien México ha incorporado herramientas como la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, y la Evaluación de Impacto Social, su aplicación enfrenta diversos desafíos.  Entre estos se encuentran la falta de claridad normativa, la limitada accesibilidad y la escasa legitimidad de los procesos lo cual puede afectar la confianza en las instituciones.  Si bien existen experiencias positivas —como las consultas organizadas por la SENER entre 2014 y 2017—, aún es necesario fortalecer la transparencia, la inclusión y el enfoque intercultural de estos mecanismos. Garantizar una transición energética justa implica no solo mitigar los impactos de los proyectos, sino también asegurar una participación comunitaria efectiva que respete los derechos colectivos y promueva alternativas sostenibles desde los territorios.

La información sobre empleo en el sector energético de México presenta limitaciones significativas, especialmente en energías renovables. Mientras que se cuenta con información sobre los empleos directos de PEMEX y sus empresas subsidiarias, incluida en su reporte de sustentabilidad, no se incluye personal de filiales ni el empleo indirecto asociado a la cadena de proveeduría, lo cual deja fuera una parte sustancial de la fuerza laboral vinculada al sector fósil. En contraste, los datos sobre empleo en energías renovables son escasos y discontinuos.  y no permiten establecer una serie histórica ni caracterizar el tipo de ocupaciones. Además, México carece de datos que identifiquen la distribución regional, el perfil de género o la naturaleza del empleo en este sector.

Por otro lado, la reforma energética de marzo de 2025 busca cerrar estas brechas al establecer el Sistema Integrado de Información Energética (LPTE, 2025). Este instrumento obliga a las instituciones del sector a generar y publicar datos actualizados, comparables y desagregados sobre distintos aspectos de la transición energética, incluyendo el empleo. Al otorgar carácter vinculante a la planeación energética, la reforma crea condiciones para mejorar el monitoreo de la dimensión laboral, aunque su eficacia dependerá del fortalecimiento institucional, la colaboración intersectorial y el desarrollo de metodologías adecuadas.

En el primer trimestre de 2025(1T 2025), la Industria extractiva y electricidad en México reporta un total de 384,723 empleos (aproximadamente el 0.7% del total nacional de ocupados) (INEGI, 2025), de los cuales 77% son hombres y el resto mujeres. Este sector mostró una expansión laboral entre 2022 y 2024, seguida de una contracción en 2025. Esta dinámica estuvo acompañada de una tendencia sostenida de crecimiento en la participación femenina, que alcanzó su nivel más alto en el 1T de 2025 (INEGI, 2025).

En el ámbito fósil, Pemex contaba con cerca de 124 mil empleados al cierre de 2024, de los cuales el 80 por ciento son trabajadores sindicalizados (El Financiero, 2025). Por su parte, al primer semestre de 2023, la CFE reporta 91,565 personas laborando, de las cuales el 74.1% son hombres y 25.9% mujeres (CFE 2024). Durante la construcción de la Refinería Olmeca, se generaron más de 207 mil empleos directos e indirectos, principalmente durante la fase de obra (Energy & Commerce, 2022).

El proceso de transformación del empleo en el sector energético mexicano se enmarca en una serie de implicaciones estructurales derivadas tanto de la transición tecnológica como de los recientes cambios normativos. La reforma energética aprobada en marzo de 2025 redefine el rol del Estado en el sector, otorgando mayor centralidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y estableciendo un modelo más centralizado y de control público. Esta reforma, al priorizar la generación estatal y limitar la participación privada, tiene implicaciones directas sobre la configuración del empleo, al influir en el ritmo y tipo de inversiones en infraestructura energética. La transición hacia fuentes renovables abre oportunidades para la creación de empleo formal, especializado y regionalmente distribuido, particularmente en proyectos solares y eólicos. Sin embargo, también plantea desafíos para asegurar una transición justa, en términos de reconversión laboral, inclusión social y sostenibilidad de las condiciones de trabajo.

En este contexto, la escasez de técnicos capacitados para las nuevas tecnologías, los procesos administrativos complejos para el desarrollo de proyectos renovables, y las desigualdades de género persistentes limitan la equidad en la distribución de los beneficios laborales. Además, la mayor centralización del sector tras la reforma puede reducir el dinamismo del empleo en segmentos donde antes predominaba la inversión privada, afectando la velocidad de despliegue de nuevas plantas y la generación de empleos asociados. La incertidumbre regulatoria y la capacidad limitada de inversión estatal podrían actuar como factores restrictivos si no se acompañan de mecanismos ágiles de financiamiento, cooperación y formación.

El sector solar reporta más 115,000 empleos generados en la cadena de valor en 2024 (ASOLMEX, 2025), y la energía eólica reporta 9500 empleos en 2023 (AMDEE 2024). A nivel nacional, se estima que la instalación de 46 GW de capacidad renovable adicional podría generar 434 mil nuevos empleos directos hacia 2030 (Ember, 2023).

El informe “Renewables point the way to Mexico’s energy security” (EMBER, 2025), destaca que alcanzar el objetivo de 45% de generación eléctrica a partir de fuentes limpias para el año 2030—mediante la instalación de 46 GW de nueva capacidad solar y eólica—permitiría la creación de más de 434,000 empleos directos, de los cuales 419,000 se generarían en la fase de construcción y 15,000 serían permanentes para operación y mantenimiento de las plantas durante al menos dos décadas. Adicionalmente, al considerar empleos indirectos e inducidos, el número total de personas empleadas durante la construcción podría superar las 816,000, mientras que en operación se sumarían cerca de 37,000 empleos.