México

De acuerdo con la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios (Estrategia), para el año 2024, se mantiene la meta establecida en la Ley de Transición Energética: alcanzar una participación mínima de 35% de energías limpias en la generación eléctrica total. Esta meta incluye tanto tecnologías renovables (como solar, eólica, hidráulica y geotérmica) como otras formas de generación limpia reconocidas por la normatividad nacional. Desde IDEA se modeló el Escenario no Condicionado a 2030 en el que se aspira llegar a una capacidad instalada de 75 GW a 2030, lo que equivale a un aumento de más del doble de la capacidad instalada en el  2023. 

Finalmente, para el año 2050, se plantea como objetivo alcanzar al menos el 50% de participación de energías limpias en la generación eléctrica total. Esta meta de largo plazo está en consonancia con los esfuerzos globales por descarbonizar los sistemas energéticos y transitar hacia economías bajas en emisiones. Su cumplimiento dependerá de diversos factores, incluyendo el ritmo de inversión pública y privada, el fortalecimiento de redes eléctricas, el desarrollo tecnológico y la implementación de políticas de transición energética justas e inclusivas.

• Comportamiento tendencial (1)

La serie de capacidad instalada en México entre 2020 y 2023 muestra un crecimiento continuo. Durante este período, la capacidad aumentó de 27,13 GW a 31,89 GW, reflejando un incremento sostenido. El impulso a las energías renovables en México se ha fortalecido con un marco de políticas públicas, como la Reforma Energética de 2013 que abrió el mercado eléctrico a nuevos participantes, permitió el acceso abierto a redes de transmisión y distribución, y estableció mecanismos como las subastas de largo plazo para contratación de energías limpias. Posteriormente, la Ley de Transición Energética de 2015 fijó metas específicas de participación de energías limpias en la matriz eléctrica nacional, fortaleciendo el marco normativo para el impulso de tecnologías renovables. Durante los siguientes años, estos instrumentos permitieron un crecimiento importante en la instalación de proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos. Sin embargo, a partir de 2019, cambios en la orientación de la política energética priorizaron el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y un enfoque basado en el uso de gas natural, lo que limitó el ritmo de expansión de nuevas plantas renovables.

• Comportamiento interanual (1)

Entre 2020 y 2021, México registró un incremento de aproximadamente 1,81 GW en su capacidad instalada. Durante 2022, el crecimiento se redujo, con 1,2 GW respecto al año anterior. Para 2023, se observa un incremento de casi 1.8 GW, alcanzando los 31,89 GW. Estos datos indican un ritmo de expansión relativamente constante y positiva para la transición energética entre el período 2020-2023.  A pesar del avance, el crecimiento de nuevas capacidades ha sido moderado en los últimos dos años, con un promedio de incremento de 5,24%, debido principalmente a cambios en la política energética y en los mecanismos de inversión.

• Comparación contra la meta de referencia (1)

El crecimiento es consistente al contrastarlo de manera general con el índice de entrada de energías renovables, se observa que el ritmo de expansión ha sido superior a la meta de referencia del Escenario No Condicionado.

Entre 2020 y 2023, México ha mantenido un crecimiento sostenido en la capacidad instalada de energías renovables, aunque con un ritmo moderado. Esta tendencia refleja una expansión positiva, pero con riesgo de que en los próximos años esté por debajo del potencial del país y de lo necesario para cumplir con las metas de transición energética. A pesar de ciertas fluctuaciones interanuales, el avance ha sido constante, con un promedio de crecimiento que indica estabilidad, aunque limitada por factores estructurales.

El marco normativo que impulsó este desarrollo se consolidó en la década pasada con reformas como la Reforma Energética de 2013 y la Ley de Transición Energética de 2015, las cuales facilitaron la inversión privada, el acceso a redes y establecieron metas claras de participación de energías limpias. Gracias a estos instrumentos, México experimentó un auge en proyectos solares, eólicos e hidroeléctricos.

No obstante, desde 2019, un cambio en la orientación de la política energética ha puesto énfasis en fortalecer el rol de la Comisión Federal de Electricidad y en priorizar el uso de gas natural. Este giro ha ralentizado el ritmo de incorporación de nuevas plantas renovables y ha generado incertidumbre en el sector, principalmente por la centralización de decisiones y la reducción de oportunidades para la inversión privada.

En comparación con escenarios internacionales de referencia, el ritmo de crecimiento en este periodo ha sido relativamente favorable. Sin embargo, alcanzar metas como una participación del 35% de energías limpias en el corto plazo enfrenta serios riesgos si no se acelera la instalación de nueva capacidad y no se optimiza el despacho de estas tecnologías en el sistema eléctrico nacional.

El nuevo marco legal reconoce estos desafíos y plantea oportunidades al hacer obligatorias las metas de renovables y mejorar la planeación del sector. Sin embargo, su éxito dependerá de su implementación efectiva, de la capacidad de modernización de la CFE y de la creación de condiciones regulatorias claras y atractivas para la inversión.

A nivel global, la meta establecida en el primer Balance Mundial (GST) es duplicar la tasa media anual de mejora en eficiencia energética para 2030. lo que contribuiría significativamente a la mitigación del cambio climático. Adicionalmente, el  Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía (PROURE) menciona que la meta es  reducir la intensidad energética del país de 2.23 (TJ/MM$) en 2019 a 1.60 (TJ/MM$) a 2030. 

En México, la meta nacional de eficiencia energética en términos de intensidad de consumo final es de 2.2%  al 2035  y de 2.5% a 2050 (SENER, 2024); sin embargo, existe un  estancamiento en 2020 y un incremento observado en 2021 (promedio anual de +0.5%) que implica un retroceso neto. Esta desviación en los objetivos de eficiencia energética es atribuible principalmente a las alteraciones provocadas por la pandemia, que modificaron las dinámicas sociales, el comportamiento del sector transporte y la actividad de los sectores productivos, tanto por los efectos económicos como por las restricciones del confinamiento.

La Secretaría de Energía actualizó las metas mediante el escenario de Transición Energética Soberana (TES 2.0), estableciendo una reducción anual de 2.9% en la intensidad energética de consumo final para el periodo 2022–2036. Esta meta considera los retos estructurales existentes y las oportunidades técnicas que permitirían desvincular el crecimiento económico del consumo energético. Se estima un potencial técnico de ahorro energético del 31.2% hacia 2036, con una participación predominante de los sectores transporte e industrial, que en conjunto podrían aportar hasta el 84% del ahorro proyectado. Para lograr estos objetivos, se identifican obstáculos como la carencia de un marco legal vinculante, la insuficiencia de financiamiento, la limitada disponibilidad de información estadística y la interrupción de programas como el PETE 2019–2024.

• Comportamiento tendencial (Puntaje: 0)

De acuerdo con el Banco Mundial, el índice de intensidad energética de México ha oscilado entre 3.7 y 2.9 las últimas dos décadas, con un aumento de intensidad energética en la primera década (2000-2010) que puede deberse al ciclo de crecimiento económico e industrialización dependiente de los combustibles fósiles como fuente de energía, así como a pocas inversiones en infraestructura energética que fuese a la par del crecimiento de demanda de energía para la industria y el transporte [explicar]. Con respecto a la tendencia entre 2010 y 2022, se observa una ligera disminución, con un pico de aumento en la intensidad energética en el 2020 y 2021 que puede estar relacionado con los efectos de la pandemia COVID-19 en el cambio de uso de energía en entre sectores residencial e industrial.

De esta forma, la intensidad energética México se ha mantenido constante entre el periodo 2019-2022, aumentando de 2.97 MJ/PIB a 3,00 MJ/PIB. Las ligeras fluctuaciones se encuentran asociadas a la falta de inversión en infraestructura eficiente y a un modelo económico intensivo en energía fósil. Aunque sectores como el industrial, comercial y agropecuario lograron algunas reducciones en su intensidad, el aumento en el sector transporte, uno de los mayores consumidores, ha limitado el desempeño agregado.

• Comportamiento interanual (Puntaje: 0)

Para el comparativo entre los dos últimos periodos (2021-2022) se evidencia que el índice de mejoras efectivas en EE se redujo, pasando de 1,7% en 2021 a -0.3% en 2022, reflejando un comportamiento negativo para la transición energética. Entre los factores que limitan el avance se encuentran la alta dependencia de combustibles fósiles, la necesidad de mayores inversiones en infraestructura eficiente, la falta de incentivos regulatorios y de políticas específicas en sectores clave, así como la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación periódica.

• Comparación contra la meta global (Puntaje: 0) 

Al contrastar los avances mencionados previamente con la meta de duplicar la tasa anual promedio de mejora en eficiencia energética, resulta evidente que aún es necesario acelerar el ritmo de reducción de la intensidad energética, para lograr un aumento anual sostenido del 4%, a partir del 1,7% del 2019 y el -0.3% logrado en 2022. Esto indica medidas insuficientes para alcanzar las metas establecidas tanto nacionales como globales.

La eficiencia energética en México enfrenta importantes desafíos para cumplir con las metas establecidas hacia 2035 y 2050. A pesar de ciertos avances normativos, los resultados recientes muestran un progreso limitado, con un estancamiento en la mejora del desempeño energético. La intensidad energética se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, reflejando una fuerte dependencia del uso de combustibles fósiles y una insuficiente inversión en infraestructura eficiente, especialmente en sectores como el transporte, que concentra una parte significativa del consumo energético.

El nuevo marco legal aprobado en 2025 representa una oportunidad para revertir esta tendencia, al hacer obligatoria la planeación energética e integrar la eficiencia como eje prioritario de la política nacional. No obstante, alcanzar las metas planteadas requerirá acelerar la implementación de tecnologías más eficientes, ampliar el financiamiento disponible y diseñar políticas sectoriales más específicas. También será clave mejorar la calidad de los datos y los sistemas de seguimiento para evaluar avances de forma precisa y oportuna.

A nivel internacional, México aún se encuentra por debajo de los niveles deseables en materia de eficiencia energética, y el rezago observado hace evidente la necesidad de incrementar el ritmo de mejora. Cumplir con los compromisos nacionales e internacionales demandará una estrategia más ambiciosa, que combine planificación, inversión y regulación, y que reduzca progresivamente la intensidad energética de sectores clave sin depender exclusivamente del crecimiento económico ligado a fuentes fósiles.

El Balance Mundial (GST, por sus siglas en inglés) plantea como meta acelerar la eliminación del uso de carbón en generación eléctrica cuando este no cuente con tecnologías de captura de emisiones, junto con un llamado general a reducir progresivamente el uso de combustibles fósiles. 

En la COP 26 México respaldó de manera general el “Glasgow Climate Pact“, pero sin asumir compromisos adicionales o metas nacionales específicas sobre carbón. México no firmó los acuerdos adicionales de la “Powering Past Coal Alliance” ni los compromisos específicos de eliminación acelerada del carbón. Por tanto,  a la fecha, no existen metas nacionales oficiales,

• Comportamiento tendencial (0.75)

Entre 2012 y 2023, México registró una reducción tanto en la producción como en el consumo de combustibles fósiles, aunque la producción se mantuvo por encima del consumo, siendo la producción mayor al consumo. El aumento de la producción en este periodo es de 1.923 PJ, por otra parte, el consumo se redujo a 1.233 PJ. A pesar de un aumento neto en la producción de energía primaria en este periodo, la producción de petróleo crudo mostró una tendencia descendente, pasando de 2.5 a 1.7 millones de barriles diarios, debido al agotamiento de campos maduros y a restricciones en la inversión para nuevos desarrollos. Según la Prospectiva de Petróleo Crudo y Petrolíferos 2023–2037, se anticipa una recuperación moderada de la producción hacia 2037, impulsada por mejoras en campos terrestres y en aguas someras, con un papel central de PEMEX.

En paralelo, las reservas de hidrocarburos también han disminuido. Las reservas probadas (1P) de petróleo crudo equivalente se situaron en 6,253 millones de barriles al cierre de 2022. Aunque reflejan cierta estabilidad respecto al año anterior, representan una contracción considerable frente a los niveles observados una década atrás. En gas natural (SENER 2023), las reservas probadas (1P) sumaron alrededor de 8.5 billones de pies cúbicos (Tcf) en 2022, mostrando un comportamiento similar: una disminución gradual por la falta de descubrimientos significativos. Se espera que la producción de petrolíferos aumente con la expansión de la capacidad de refinación, apoyada en proyectos como la Refinería de Dos Bocas y la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación (SNR). Sin embargo, la producción nacional de gas natural ha caído de 5,676 MMpcd en 2012 a 4,085.8 MMpcd en 2022, y aunque se espera una recuperación parcial, no será suficiente para cubrir la demanda proyectada, consolidándose así una alta dependencia de las importaciones, principalmente desde Estados Unidos.

El consumo de petrolíferos en México alcanzó 1,327.9 mil barriles diarios en 2022, y se estima que crecerá a 1,382.1 mil barriles diarios hacia 2037, impulsado principalmente por el sector transporte, aunque con un ritmo moderado debido a la transición hacia vehículos más eficientes y la electrificación de parte del transporte público y privado. En cuanto al gas natural, su consumo nacional alcanzó alrededor de 6,000 millones de pies cúbicos diarios (MMpcd) en 2022, concentrándose en el sector eléctrico que representó cerca del 60% de la demanda. Se prevé un crecimiento constante hasta alcanzar aproximadamente 7,500 MMpcd en 2037, impulsado por la expansión de la generación eléctrica a partir de ciclos combinados y el uso industrial.

El gráfico destaca el crecimiento que se produjo tanto en las exportaciones como en las importaciones entre 2020 y 2023. Por otro lado, se evidencia un aumento en la exportación con respecto a la importación a partir del 2019, alcanzando la mayor brecha en los años 2022 y 2023,

• Comportamiento interanual (0,63)

Respecto de las variación entre los últimos dos periodos analizados, las importaciones y exportaciones muestran una variación negativa, pasando de 74,114 MUSD y 38.934  MUSD en 2022, a 51,754 MUSD y 33.194 MUSD en 2023 respectivamente. Lo anterior significó un cambio significativo de las importaciones particularmente, que se redujeron en un 43,20% y las exportaciones un 17,29% . A pesar de lo anterior, la producción incrementó un 0,78% respecto del 2022. Por otra parte, el consumo se redujo -4,38% respecto al último año.

Durante el periodo 2011–2023, el comportamiento del sector energético fósil en México muestra avances parciales frente a las metas oficiales definidas por la Secretaría de Energía (SENER). La producción nacional de combustibles fósiles registró una caída sostenida hasta 2020, seguida por una ligera recuperación en años recientes. Este repunte está alineado con las proyecciones de SENER, que prevén alcanzar una producción de 1.98 millones de barriles diarios de petróleo crudo en 2024. Sin embargo, el ritmo de recuperación aún está por debajo del requerido para cumplir plenamente con dicha meta.

En contraste, el consumo de energía fósil se ha mantenido estable, sin reducciones significativas, lo cual limita el cumplimiento de los objetivos climáticos y de diversificación energética establecidos en los planes sectoriales. La demanda interna sigue fuertemente ligada a los combustibles fósiles, especialmente en el transporte y la generación eléctrica.

Las importaciones, particularmente de gasolinas, diésel y gas natural, crecieron de forma sostenida, alcanzando un máximo histórico en 2022. Este comportamiento contrasta con la meta de autosuficiencia energética planteada por el gobierno federal. Aunque la entrada en operación de la refinería Dos Bocas y otras rehabilitaciones buscan revertir esta tendencia, los resultados aún no son visibles en los datos observados hasta 2023. Por otro lado, las exportaciones de petróleo crudo han disminuido progresivamente, en concordancia con la política de priorizar el abasto al mercado interno. Este descenso es consistente con el objetivo de refinar más petróleo en México para reducir la dependencia de combustibles importados.

Existe una vulnerabilidad energética y México enfrenta el reto de sostener la seguridad energética nacional mientras se avanza hacia la transición energética. Para ello, es importante fortalecer la eficiencia energética, expandir la infraestructura de refinación y transporte, e impulsar con mayor determinación las fuentes renovables que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles importados.

El párrafo 28 del GST establece, a este respecto, la eliminación de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, que no abordan la pobreza energética ni las transiciones justas, tan pronto como sea posible. No existen metas oficiales, sin embargo México ha reconocido de manera general la necesidad de racionalizar o eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles en varios compromisos multilaterales, tales como:

• G20: México se adhirió al compromiso general del G20 de “eliminar subsidios ineficientes a combustibles fósiles a mediano plazo”, desde 2009.
• Acuerdo de París: México reconoce en su Contribución Nacional Determinada (NDC) la importancia de revisar incentivos que favorezcan combustibles fósiles.
• Glasgow Climate Pact (COP26): México firmó el pacto que llama a “reducir subsidios ineficientes a los combustibles fósiles”, pero sin metas cuantificadas.

• Comportamiento tendencial (0,5)

Se percibe una tendencia decreciente en los subsidios al consumo, con una variación de la carga sobre el PIB de 0,28% al 0,06% del PIB en relacion al periodo 2020-2024. En relación a la producción, los subsidios a consumo han tendido a la alza entre el periodo 202-2024. Esto debido a que la mayoría de los subsidios a los combustibles fósiles se movilizan hacia el consumo, y es la tendencia que se ha mantenido de forma consistente desde 2010 hasta 2023.

Esto se debe a que, históricamente, los subsidios al consumo —como los otorgados a combustibles automotrices — han sido mucho más altos en monto y alcance que los subsidios a la producción de hidrocarburos. En particular, en México, los subsidios al consumo alcanzaron su punto máximo en 2012, representando alrededor del 1.6% del PIB (equivalente a 244 mil millones de pesos), mientras que los apoyos a la producción, como las transferencias directas o las exenciones fiscales a empresas productoras, fueron más acotados y focalizados. Además, los subsidios al consumo tienden a ser más visibles socialmente y políticamente sensibles, lo que históricamente ha dificultado su eliminación completa (Transforma 2025). Sin embargo, se ve un aumento en el 2021 que puede deberse a las medidas de emergencia implementadas para enfrentar el alza internacional de los precios energéticos tras la recuperación económica post-pandemia. En ese contexto, el gobierno mexicano reactivó subsidios al consumo mediante la expansión de los estímulos fiscales aplicados al IEPS de gasolinas y diésel, con el objetivo de mitigar el impacto inflacionario sobre los precios internos de los combustibles. Esta decisión respondió tanto a presiones económicas como sociales, ante el riesgo de que aumentos abruptos en los precios del transporte y los bienes de consumo afectan de manera directa a la población. Como resultado, aunque la tendencia general ha sido de reducción de subsidios, el año 2021 registró un repunte transitorio en el volumen de recursos destinados a subsidiar el consumo de combustibles fósiles (Transforma 2025).

• Comportamiento interanual (1)

Durante el periodo 2021-2023, se observan importantes variaciones en la carga fiscal asociada a los subsidios a los combustibles fósiles en México. En 2021, esta carga superó el 1,24% del PIB, Para la perspectiva general, se percibe una disminución en los subsidios dirigidos a producción como a consumo, respecto del PIB. Se resalta que la proporción de los subsidios dirigidos a consumo y producción se han equiparado para el año 2023, y en general suelen ser mayores los recursos dirigidos a subsidiar consumo que los dirigidos a producción.

En México, los subsidios a los combustibles fósiles han estado históricamente dominados por los destinados al consumo, particularmente a gasolinas y diésel, que han sido más altos y políticamente sensibles que los apoyos a la producción. Aunque se ha observado una tendencia general a reducir estos subsidios, eventos extraordinarios como la pandemia de COVID-19 y la crisis energética derivada del conflicto entre Rusia y Ucrania provocaron repuntes temporales. En 2021, el gobierno mexicano reactivó subsidios al consumo mediante estímulos fiscales al IEPS para contener el alza de precios, y en 2022 el gasto alcanzó un nuevo pico debido al impacto internacional en los precios del petróleo. Estas medidas, aunque efectivas para evitar un mayor costo social, refuerzan la necesidad de diseñar mecanismos alternativos de respuesta a crisis que no dependan de subsidios generalizados.

Por otro lado, se ha comenzado a dar mayor peso a los subsidios a la producción en los análisis, valorando positivamente su disminución relativa al PIB. Una perspectiva favorable en este ámbito indica que, aunque los subsidios al consumo puedan mantenerse o fluctuar por razones coyunturales, la reducción de subsidios a la producción representa un avance estructural. A futuro, se espera que los países, incluido México, avancen hacia esquemas más sostenibles que desvinculen la estabilidad económica de los subsidios fósiles, estableciendo marcos fiscales y energéticos más resilientes ante choques de precios globales.