En el marco de la X semana de la energía de OLADE: La transición no puede medirse solo en gigavatios, debe ser legítima, inclusiva y socialmente justa
Ministras y ministros,
América Latina avanza en su transición energética con trayectorias desiguales, pero con una oportunidad estratégica común: demostrar que la región puede liderar la transformación global si pone en el centro de la estrategia la voluntad política, la sostenibilidad y las comunidades que la viven de cerca. Esa es la conclusión que emerge del análisis de nuestra plataforma Así va la Energía en América Latina, aplicado a Chile, Brasil, Colombia y México.
Chile se presenta como referente regional en cuanto a integración de renovables, con un crecimiento del 64% entre 2020 y 2023, y mejoras en intensidad energética que superan el umbral internacional y el compromiso de duplicarla. Sin embargo, los conflictos socioambientales vinculados al sector energético, 104 a la fecha, originados principalmente por deficientes instrumentos de ordenamiento territorial y ausencia de mecanismos de participación, recuerdan que la transición no puede medirse solo en gigavatios sino que demandan legitimidad social sustentada en una planificación adecuada y en procesos de ordenamiento territorial inclusivos. Adicionalmente, su matriz energética sigue dominada en un 65,5 % por combustibles fósiles importados.
Brasil combina una matriz históricamente limpia, gracias a la hidroelectricidad, con un 29% de crecimiento en renovables no convencionales, más de 529 mil empleos en energías renovables, y una reducción sostenida de los subsidios a combustibles fósiles desde el choque de precios de 2021-2022. Sin embargo, en 2022 exportó más de 50 mil millones de dólares en crudo. Su reto es reconsiderar esa expansión petrolera a la luz de los compromisos climáticos y sociales que promete defender.
Colombia, por otro lado, avanza con un 11% en renovables no convencionales y mejoras en su intensidad energética superiores al 4% desde 2021. Sin embargo, enfrenta obstáculos de tipo estructural, con una economía fiscalmente dependiente de los fósiles y persistentes brechas de acceso energético, con 36 % de hogares rurales cocinando aún con leña. Estos rezagos, sumados al incremento sostenido de subsidios dirigidos a combustibles fósiles (pasaron de 0,18% del PIB en 2020 a 1,93% del PIB en 2023), muestran la urgencia de acelerar la diversificación económica y energética con un fuerte componente social.
México muestra un potencial extraordinario en solar y eólica, que lo coloca en una posición estratégica para avanzar hacia la descarbonización. Sin embargo, entre 2018 y 2023 las inversiones en renovables cayeron un 91,8 %, y hoy se encuentra como el país que más subsidia los combustibles fósiles en América Latina y el Caribe (ALC). De igual forma, la producción de combustibles fósiles, que entre 2011 y 2020 registró caídas, ha mostrado un repunte en los últimos años. En este contexto, la reforma energética de 2025 puede ser un punto de inflexión para la transición energética siempre y cuando la planeación vinculante establezca metas de energías limpias más ambiciosas y los esquemas de financiamiento mixto y las reglas del mercado den certeza a las inversiones públicas y privadas. El reto central es avanzar en la transición energética garantizando seguridad, sostenibilidad y reducción de la pobreza energética.
La transición energética en América Latina será exitosa y legítima solo si incorpora el enfoque de justicia ambiental y social en todas sus dimensiones. Esto significa garantizar que los costos y beneficios no recaigan de manera desproporcionada entre países productores y consumidores, y que se protejan los derechos de las comunidades, los grupos étnicos y los ecosistemas vitales para la producción y reproducción de la vida en los territorios.
La plataforma Así va la Energía evidencia que, a nivel regional, persisten desigualdades en la cobertura, la calidad y la asequibilidad del servicio eléctrico, así como conflictos socioambientales que cuestionan la falta de equidad y legitimidad en la transición energética. Poner a las comunidades y los territorios en el centro es indispensable para que la transformación energética no se limite a un proceso técnico, evaluado solamente a través del desempeño de indicadores técnicos y financieros; sino que se traduzca en mejoras reales en la vida cotidiana de la ciudadanía. Es una misión colectiva rediseñar instituciones, transformar mercados y garantizar que la transición energética repare inequidades históricas y construya un futuro inclusivo.
Por lo anterior, los abajo firmantes planteamos las siguientes recomendaciones a los ministros de energía de América Latina para priorizar en sus agendas de trabajo:
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Interconexión regional: Se debe promover una visión común de largo plazo (2040 ó 2050) regional para la expansión de energías renovables que pueda aportar una mayor certidumbre en la planificación y ayudar a trazar una ruta clara hacia la transición energética. Una meta de este tipo puede contribuir a mejorar la coordinación y alineación de políticas, actualización y expansión de las redes y almacenamiento, inversiones e incentivos entre países, aprovechando economías a escala y facilitando proyectos de interconexión basados en energías renovables.
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Reforma a los subsidios: Que los ministros de energía, en colaboración con sus contrapartes de hacienda, crédito público o de finanzas, avancen en la eliminación progresiva y justa del subsidio a los combustibles fósiles. Proponemos para ello que se desarrolle un inventario nacional de subsidios a los combustibles fósiles que sirva como primer paso en una hoja de ruta específica para su eliminación progresiva y justa en cada país. Esto permitirá priorizar el uso eficiente de los recursos públicos y redirigirlos hacia fondos que apoyen la transición energética justa, por ejemplo, hacia energías renovables, eficiencia energética, protección social en el marco de mejora del acceso a la energía, diversificación económica o medidas de adaptación frente al cambio climático, entre otras.
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Justicia en la transición energética: Avanzar en un marco común de justicia en la transición energética que establezca criterios regionales de participación y ordenamiento territorial que guíen las políticas públicas, proporcionen coherencia a las inversiones y generen confianza en las comunidades. Esto debe incluir el abandono progresivo de los combustibles fósiles y la adopción de salvaguardas sociales y ambientales claras que protejan los derechos humanos y colectivos, mecanismos efectivos de consulta y participación vinculante, protección de los ecosistemas estratégicos, reconocimiento de las desigualdades históricas que afectan a los grupos étnicos, comunidades rurales y trabajadores.
Actuar con decisión nos permitirá, como región, hacer de la transición energética un catalizador de prosperidad compartida para nuestras comunidades y territorios.
